sábado, 3 de noviembre de 2007
miércoles, 31 de octubre de 2007
Isaura Navarro denuncia la irresponsabilidad del gobierno respecto a la persecución de los inmigrantes
Nuestro Grupo Parlamentario tiene serias dudas acerca de la necesidad y la conveniencia de reformar el art. 23.4 de la LOPJ para incluir un nuevo supuesto que permita la persecución extraterritorialidad del tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
Nuestro Grupo quiere poner de manifiesto al menos su posición crítica respecto a un proyecto de ley que pretende aprobarse por la vía rápida.
Creemos que hay motivos suficientes como para cuestionar la oportunidad de la iniciativa del gobierno y el fondo del propio proyecto a pesar de su brevedad (un solo artículo). Hay argumentos políticos y reparos técnicos.
Por un lado, este proyecto de ley a nuestro juicio refleja el sometimiento del gobierno al modelo de política de inmigración basado en la represión de la inmigración irregular relegando los aspectos sociales y los derechos humanos a un segundo plano,
aunque en la exposición de motivos (al final, por la puerta de atrás) se pretenda relacionar la reforma con “el trato digno a los inmigrantes y la protección de los derechos humanos.
Parece que el Gobierno se resigna a jugar el papel de policía – gendarme de la puerta de Europa.
Y esto, aunque lo hayamos puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, no deja de preocuparnos viniendo de un gobierno progresista.
Por otro lado, entrando en el debate técnico, hemos de señalar:
1) El proyecto de ley trata de resolver por la vía legislativa una cuestión “sub iudice”, una cuestión que actualmente es objeto de varios recursos de casación ante el T. Supremo.
2) Los informes tanto del CGPJ como el de la Fiscalía General del Estado cuestionan la inclusión de un nuevo supuesto en el apartado 4 del art. 23 (principio de justicia universal), considerando que hubiera sido más ajustado incorporarlo en el apartado 3 del mismo artículo que confiere jurisdicción a los órganos jurisdiccionales españoles para juzgar delitos cometidos en el extranjero por afectar a intereses esenciales.
A nuestro juicio, este proyecto esconde una interpretación extensiva del Derecho Penal del Enemigo, aplicada a la inmigración irregular.
De forma coloquial parece que el Gobierno quiere “matar moscas a cañonazos” o en palabras como apunta el informe de la FGE “es discutible que tales problemas justifiquen una solución tal radical” o más técnicamente como recoge el citado informe “ la interceptación o salvamento de embarcaciones fura de las aguas jurisdiccionales españolas y la persecución de los traficantes de personas puede ser resuelta sin recurrir a una nueva ampliación del principio de jurisdicción universal”
Al final, de forma resumida, esta reforma corre el riesgo ( o a lo mejor esa es la intención) de aplicar a la simple inmigración irregular las reglas del tráfico ilegal de seres humanos y convertirla en un delito de persecución universal. Y esto es difícilmente aceptable.
Como en aguas internacionales impera la regla del Derecho Internacional Público de Libertad de Navegación, y como en aguas territoriales de otros países impera la regla de la propia soberanía, se trata de salvar tales obstáculos para así poder actuar de policía-gendarme global, y capturar las embarcaciones tanto en aguas internacionales como de soberanía de otros países.
Conviene no olvidar que actualmente y desde hace más de dos años, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, ya están violando reglas básicas del Derecho Internacional Público y actuando en aguas internacionales y de soberanía de terceros países para así interceptar capturar a los inmigrantes irregulares.
Si se le intercepta y captura no lejos de los límites de las aguas españolas se les traslada a territorio español, y si lo son en zonas lejanas se les traslada a los países que como Senegal, Marruecos y Mauritania con los que se ha firmado convenios.
Queremos recordar que tales prácticas suponen en numerosas ocasiones una vulneración de reglas elementales del Derecho Internacional Público, como por ejemplo, el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio o el artículo 14-1 de la Declaración Universal en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.
De este modo, ha ocurrido que muchas personas se han visto impedidas de solicitar asilo al ser devueltos o bien a su país de origen o bien a terceros países como Marruecos o Mauritania donde a su vez se les retorna al país que arbitrariamente se les mande o simplemente se les abandona en zonas desérticas.
Por otra parte, y como la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas sino a lo sumo de favorecimiento de la inmigración irregular, el Proyecto pretende asimilar el simple transporte irregular al delito de tráfico ilegal de seres humanos, que tiene su razón de ser exclusiva para casos como los de tráfico para la prostitución forzada, o el tráfico para la venta de personas o para la esclavitud.
El informe de la FGE habla de los riesgos y problemas que pueden generar “foros exorbitantes”, y en todo caso concluye que pueden estar justificados en supuestos de delitos de máxima gravedad pero no lo están en supuestos como el de inmigración clandestina, donde no tiene porque estar vinculada a una organización criminal.
Conviene recordar la Sentencia reciente del T. Supremo que recogiendo la doctrina del derecho internacional público condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una conexión de los hechos con el Estado que se trate para hacerlos compatible con los principios de no intervención y proporcionalidad (STS 645/2006 de 20 de Junio)
Además el proyecto parece olvidar la propia realidad de los cayucos en los que son identificados como patrones en un gran número de casos son inmigrantes que asumen esa responsabilidad a cambio de una reducción del coste del viaje concedida por el dueño de la embarcación
Del mismo modo no creemos que se pueda equiparar el esclavismo y la coacción que conforma al conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos, con el complejo fenómeno de la inmigración irregular o “sin papeles” para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente, apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo a las mismas.
El Proyecto de Ley está muy alejado de la sensibilidad humanitaria que trata de predicar y parece desconocer que la mayoría de los inmigrantes “sin papeles” y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados a hacerlo, ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.
Ciertamente la salida y el transporte o viaje en tales medios no en aviones o autobuses, constituyen modos irregulares de transporte-viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son los propios inmigrantes quienes construyen o compran sus embarcaciones, mediante aportaciones colectivas de diversa índole, y son los propios inmigrantes quienes con rudimentarios conocimientos de navegación, y el auxilio de los instrumentos de navegación tratan de alcanzar las costas europeas.
¿Que queremos decir con esto? Que es cierto que operan las mafias y que existen redes organizadas que organizan inmigración clandestina pero tampoco podemos caer en la trampa, y utilizar esta coartada para justificarnos ante la opinión pública por la adopción de medidas represivas o policiales, cuando todos sabemos que la realidad va mucho más allá y las soluciones requieren una verdadera sensibilidad humanitaria, sin maquillajes.
Lamentablemente de forma consciente o inconciente se esta contribuyendo a la intensificación de la seudo-cultura del miedo y a la confusión en partes importantes de la ciudadanía, mediante la infundiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular o “sin papeles”.
Nuestras enmiendas tratan de trasladar las objeciones técnicas que encontramos, fundamentalmente, en el Informe de la FGE. Tres enmiendas
La primera trata de buscar la conexión razonable que justifique la jurisdicción de nuestro Tribunales, y para ello, debe introducirse una redacción que incluya la necesidad de indicios racionales de que el tráfico ilegal tiene como destina España.
La segunda cuestiona que deba ser la Audiencia Nacional la que conozca de estos asuntos excepto cuando se acredite la participación de bandas organizadas o mafias, siendo necesario excepcionar la competencia de la Audiencia Nacional para abrir la posibilidad de que a través de la reforma oportuna de la LECRIM la competencia sea de los Juzgados de Instrucción más próximos al lugar de los hechos y de las fuentes de prueba, en aras a una mayor agilidad y eficacia en la instrucción.
La tercera es meramente técnica porque incorpora una disposición final de entrada en vigor que no había previsto el texto inicial del proyecto de Ley.
Finalmente nuestro Grupo Parlamentario ha aprovechado este proyecto de ley para introducir la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad para dar cumplimiento con una deuda histórica con el colectivo de nietos de españoles residentes en el exterior y responder al mismo tiempo a un compromiso gubernamental en la presente legislatura.
Nuestro Grupo quiere poner de manifiesto al menos su posición crítica respecto a un proyecto de ley que pretende aprobarse por la vía rápida.
Creemos que hay motivos suficientes como para cuestionar la oportunidad de la iniciativa del gobierno y el fondo del propio proyecto a pesar de su brevedad (un solo artículo). Hay argumentos políticos y reparos técnicos.
Por un lado, este proyecto de ley a nuestro juicio refleja el sometimiento del gobierno al modelo de política de inmigración basado en la represión de la inmigración irregular relegando los aspectos sociales y los derechos humanos a un segundo plano,
aunque en la exposición de motivos (al final, por la puerta de atrás) se pretenda relacionar la reforma con “el trato digno a los inmigrantes y la protección de los derechos humanos.
Parece que el Gobierno se resigna a jugar el papel de policía – gendarme de la puerta de Europa.
Y esto, aunque lo hayamos puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, no deja de preocuparnos viniendo de un gobierno progresista.
Por otro lado, entrando en el debate técnico, hemos de señalar:
1) El proyecto de ley trata de resolver por la vía legislativa una cuestión “sub iudice”, una cuestión que actualmente es objeto de varios recursos de casación ante el T. Supremo.
2) Los informes tanto del CGPJ como el de la Fiscalía General del Estado cuestionan la inclusión de un nuevo supuesto en el apartado 4 del art. 23 (principio de justicia universal), considerando que hubiera sido más ajustado incorporarlo en el apartado 3 del mismo artículo que confiere jurisdicción a los órganos jurisdiccionales españoles para juzgar delitos cometidos en el extranjero por afectar a intereses esenciales.
A nuestro juicio, este proyecto esconde una interpretación extensiva del Derecho Penal del Enemigo, aplicada a la inmigración irregular.
De forma coloquial parece que el Gobierno quiere “matar moscas a cañonazos” o en palabras como apunta el informe de la FGE “es discutible que tales problemas justifiquen una solución tal radical” o más técnicamente como recoge el citado informe “ la interceptación o salvamento de embarcaciones fura de las aguas jurisdiccionales españolas y la persecución de los traficantes de personas puede ser resuelta sin recurrir a una nueva ampliación del principio de jurisdicción universal”
Al final, de forma resumida, esta reforma corre el riesgo ( o a lo mejor esa es la intención) de aplicar a la simple inmigración irregular las reglas del tráfico ilegal de seres humanos y convertirla en un delito de persecución universal. Y esto es difícilmente aceptable.
Como en aguas internacionales impera la regla del Derecho Internacional Público de Libertad de Navegación, y como en aguas territoriales de otros países impera la regla de la propia soberanía, se trata de salvar tales obstáculos para así poder actuar de policía-gendarme global, y capturar las embarcaciones tanto en aguas internacionales como de soberanía de otros países.
Conviene no olvidar que actualmente y desde hace más de dos años, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, ya están violando reglas básicas del Derecho Internacional Público y actuando en aguas internacionales y de soberanía de terceros países para así interceptar capturar a los inmigrantes irregulares.
Si se le intercepta y captura no lejos de los límites de las aguas españolas se les traslada a territorio español, y si lo son en zonas lejanas se les traslada a los países que como Senegal, Marruecos y Mauritania con los que se ha firmado convenios.
Queremos recordar que tales prácticas suponen en numerosas ocasiones una vulneración de reglas elementales del Derecho Internacional Público, como por ejemplo, el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio o el artículo 14-1 de la Declaración Universal en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.
De este modo, ha ocurrido que muchas personas se han visto impedidas de solicitar asilo al ser devueltos o bien a su país de origen o bien a terceros países como Marruecos o Mauritania donde a su vez se les retorna al país que arbitrariamente se les mande o simplemente se les abandona en zonas desérticas.
Por otra parte, y como la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas sino a lo sumo de favorecimiento de la inmigración irregular, el Proyecto pretende asimilar el simple transporte irregular al delito de tráfico ilegal de seres humanos, que tiene su razón de ser exclusiva para casos como los de tráfico para la prostitución forzada, o el tráfico para la venta de personas o para la esclavitud.
El informe de la FGE habla de los riesgos y problemas que pueden generar “foros exorbitantes”, y en todo caso concluye que pueden estar justificados en supuestos de delitos de máxima gravedad pero no lo están en supuestos como el de inmigración clandestina, donde no tiene porque estar vinculada a una organización criminal.
Conviene recordar la Sentencia reciente del T. Supremo que recogiendo la doctrina del derecho internacional público condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una conexión de los hechos con el Estado que se trate para hacerlos compatible con los principios de no intervención y proporcionalidad (STS 645/2006 de 20 de Junio)
Además el proyecto parece olvidar la propia realidad de los cayucos en los que son identificados como patrones en un gran número de casos son inmigrantes que asumen esa responsabilidad a cambio de una reducción del coste del viaje concedida por el dueño de la embarcación
Del mismo modo no creemos que se pueda equiparar el esclavismo y la coacción que conforma al conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos, con el complejo fenómeno de la inmigración irregular o “sin papeles” para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente, apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo a las mismas.
El Proyecto de Ley está muy alejado de la sensibilidad humanitaria que trata de predicar y parece desconocer que la mayoría de los inmigrantes “sin papeles” y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados a hacerlo, ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.
Ciertamente la salida y el transporte o viaje en tales medios no en aviones o autobuses, constituyen modos irregulares de transporte-viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son los propios inmigrantes quienes construyen o compran sus embarcaciones, mediante aportaciones colectivas de diversa índole, y son los propios inmigrantes quienes con rudimentarios conocimientos de navegación, y el auxilio de los instrumentos de navegación tratan de alcanzar las costas europeas.
¿Que queremos decir con esto? Que es cierto que operan las mafias y que existen redes organizadas que organizan inmigración clandestina pero tampoco podemos caer en la trampa, y utilizar esta coartada para justificarnos ante la opinión pública por la adopción de medidas represivas o policiales, cuando todos sabemos que la realidad va mucho más allá y las soluciones requieren una verdadera sensibilidad humanitaria, sin maquillajes.
Lamentablemente de forma consciente o inconciente se esta contribuyendo a la intensificación de la seudo-cultura del miedo y a la confusión en partes importantes de la ciudadanía, mediante la infundiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular o “sin papeles”.
Nuestras enmiendas tratan de trasladar las objeciones técnicas que encontramos, fundamentalmente, en el Informe de la FGE. Tres enmiendas
La primera trata de buscar la conexión razonable que justifique la jurisdicción de nuestro Tribunales, y para ello, debe introducirse una redacción que incluya la necesidad de indicios racionales de que el tráfico ilegal tiene como destina España.
La segunda cuestiona que deba ser la Audiencia Nacional la que conozca de estos asuntos excepto cuando se acredite la participación de bandas organizadas o mafias, siendo necesario excepcionar la competencia de la Audiencia Nacional para abrir la posibilidad de que a través de la reforma oportuna de la LECRIM la competencia sea de los Juzgados de Instrucción más próximos al lugar de los hechos y de las fuentes de prueba, en aras a una mayor agilidad y eficacia en la instrucción.
La tercera es meramente técnica porque incorpora una disposición final de entrada en vigor que no había previsto el texto inicial del proyecto de Ley.
Finalmente nuestro Grupo Parlamentario ha aprovechado este proyecto de ley para introducir la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad para dar cumplimiento con una deuda histórica con el colectivo de nietos de españoles residentes en el exterior y responder al mismo tiempo a un compromiso gubernamental en la presente legislatura.
Isaura Navarro defiende la posición de IU sobre la LISI
Creo que daremos un paso importante si se vota afirmativamente a la ley porque tendremos la oportunidad de poner las bases para futuros progresos
El proyecto de la LISI, enviado por el Ministerio de Industria al Congreso fue valorado desde el principio por parte de la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente.
El texto iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática. Poco más.
Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba en su articulado una reforma sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos. (En la anterior ley no quedaba claro cómo y quién tiene potestad para censurar servicios y contenidos en internet, dado que establece que será “la autoridad competente” sin que tuviera porqué ser ésta el poder judicial)
Este hecho ha generado durante los últimos cinco años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la Sociedad de la Información no ha evolucionado a buen ritmo en nuestro país. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer dicho impulso de la Sociedad de la Información.Así, con las enmiendas de todos los grupos hemos conseguido mejorar sustancialmente la ley que votaremos a favor.Una de nuestras reivindicaciones ha sido y es que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica, este tutelada por los juzgados y tribunales siempre que se realice por medios telemáticos. Esto es, que un secuestro o restricción deun servicio telemático sólo pueda ser realizado por un juez. La enmienda transaccional presentada por GPS ha ido en la dirección de establecer que en algunos casos, aquellas autoridades competentes que tengan legalmente atribuidas las funciones que expresamente se determinan puedan restringir los servicios y publicaciones telemáticas que contra ellas atenten. Respetando, en todo caso, las garantías, normas y procedimiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información cuando estos pudieran resultar afectados. Esto no es lo que Iu pedía, pero es un avance respecto a nuestras pretensiones que aspiran a que Internet se convierta en un derecho de los ciudadanos y no solo en un servicio más del que pueda diponer en función o no de la oferta comercial. Fue esta razón la que nos impulsó a incluir la petición de que la LISIestableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario (la llamada ‘neutralidad de red’ o net neutrality). Este, sin embargo, es un tema que no ha sido abordado por GPS a pesar de la gran importancia que tiene y del hecho de que no regularlo puede llegar a permitir que compañías tecnológicas tengan incluso más atribuciones que los jueces y las autoridades competentes al tener posibilidades técnicas para restringir servicios y contenidos por sus propios intereses comerciales o por acuerdos con terceros. Por ejemplo, las empresas podrían bloquear accesos a servicios situados en determinados paises, los servicios prestados sobredeterminados protocolos o con una temática concreta a través del mecanismo de penalizar determinado tráfico hasta el punto de que lo hagan inservible. El hecho de votar afirmativamente no quita para que se REIVINDIQUE con total claridad que para hacer que Internet sea un derecho ciudadano es imprescindible que se establezca la Net Neutrality por ley y que Internet es hoy dia el espacio público por excelencia por lo que el conocimiento de titularidad pública debe estar publicado concediendo libertad para ser usado, copiado, modificado y redistribuido, con o sin cambios, siempre que la obra derivada cite al autor y se licencie en los mismos términos. No logramos la net neutrality pero si que hemos avanzado sustancialmente en el llamado copyleft. Por otra parte, nuestra reivindicación de que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho ciudadanos y no la prerrogativa de las compañías de telecomunicaciones en su estrategia comercial es fundamental para consolidar el objetivo político de Internet como un derecho y en este sentido es de celebrar que hayamos logrado establecer fechas concretas (dic 2008) y compromisos claros con que la banda ancha será una realidad como servicio universal, independientemente de la tecnología utilizada y la localización geográfica del ciudadano. Hay que tener en cuenta también que la normativa europea establece una serie de minimos y la ley General de Telecomunicaciones una serie de mecanismos para compensar el posible dolo que la obligatoriedad de atender este servicio universal de Banda Ancha puede producir a las compañías incumbentes. El otro gran objetivo político es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. Algo que, a pesar de ser obvio, ningún gobierno lo ha realizado hasta el momento. Es un principio básico de un Estado de Derecho el hecho de que los ciudadanos dispongan, en su máxima amplitud posible, de los bienes, servicios, derechos y espacios públicos y son las Administraciones públicas quienes tienen la función de gestionarlos, conservarlos y protegerlos para procurarlo y es por ello que son "titulares" de los derechos sobre ese "conjunto de lo público". En el caso de la propiedad intelectual, se trata de bienes y derechos no consuntivos (no se gasta con el uso y es replicable sin coste) y se da la circunstancia de que las entidades públicas son titulares de dichos derechos (de propiedad Intelectual) siendo en realidad la ciudadanía los verdaderos y legítimos dueños de la misma ya que cada ciudadano ha sufragado solidariamente la creación de dichos contenidos y de dicho conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Es por ello que el hecho de poner la propiedad intelectual de titularidad pública a disposición de la sociedad con total libertad para que sea aprovechada por cualquier ciudadano es un acto de completa justicia y la formula de copyleft es la más adecuada para distribuir el conocimiento público porque este conocimiento debe estar disponible para que los ciudadanos puedan usarlo con cualquier propósito , copiarlo, modificarlo y redistribuirlo, con o sin cambios, siempre que la obra derivada se licencie en los mismos términos y cite al autor original. Logrando así, además, proteger el conocimiento público de expolios y expropiaciones, a la vez que se reconocen los méritos delcreador de la misma. El hecho de que se autorice la modificación de conocimiento por parte de los ciudadanos no quiere decir que se pierda la atribución o firma de la entidad pública que elaboro el original. Cuando una entidad pública libera un contenido o dato, firma que ha sido elaborado por ella pero cuando alguien modifica esa información firma que es una transformación y que la información original proviene de esa determinada fuente (entidad pública).Tampoco es posible que se confunda información original e información modificada ya que el que la transforma está obligado a firmar la obra y citar el autor del original. El autor original autoriza la explotación de la obra en forma de transformación bajo unas condiciones (atribución y licenciamiento igual) por lo que para que otro pueda ejercer dicha transformación debe someterse a ellas o abstenerse de realizarla. Permitir la modificación sin licenciamiento igual supondría propiciar el expolio de ese espacio público. Sin embargo un autor podría incorporar a una obra propia partes copiadas o modificadas de obras públicas licenciadas bajo copyleft y sin embargo dicha obra compuesta es independiende y puede licenciarse en los términos que el autor estipule y comercializarlo como le plazca sin perjuicio de que esa partes públicas si pueden ser usadas por otros en otras obras en base a su propia licencia copyleft. Es evidente que en cada obra compuesta deben estar estipuladas las licencias del conjunto y de las partes. En este momento tanto el conocimiento del que las entidades públicas son titulares exclusivos de los derechos de propiedad intelectual como aquel que se encuentra en dominio público no es posible que sea reutilizado en condiciones propicias para su mejora y reaprovechamiento ya que en el primer caso ni siquiera se puede usar o copiar y en el segundo la obra es inalterable por ley. Evidentemente el hecho de distribuir el conocimiento de tutularidad pública como copyleft, sobre todo debido a que permite la modificación, fomenta extraordinariamente la creatividad e innovación al poner gran cantidad de material didactico, científico y tecnológico a disposición de pensadores, investigadores y, en general, de cualquier persona dado que todos somos capaces de procesar inteligentemente el conocimiento adquirido. Además es un excelente mecanismo de extensión de nuestra cultura puesto que gran cantidad de material estará disponible para ser usado directamente y para ser traducido a otros idiomas (recordemos que España es un estado plurilingüe). Sin embargo el hecho de que el conocimiento de titularidad pública se distribuya como copyleft no implica que todas las personas esten obligadas a licenciar su obra como copyleft ya que pueden seguir construyendo obras originales a través de sus propios medios o adquiriendo derechos exclusivos sobre obras privadas. Solo si deciden aprovecharse de una obra pública ya creada estan obligados a licenciar como copyleft pero pueden seguir optandopor no hacerlo. Hay que destacar que el proyecto de ley sobre la reutilización de lainformación del sector público está aún en trámite (Senado) y algunas de las propuestas han ido en el sentido de que la información puesta a disposición de los ciudadanos y empresas debería ser licenciada como copyleft porque esto genera total transparencia en el reaprovechamiento, un mercado libre y competitivo (sin concesiones en exclusiva) y porque recuperar para los ciudadanos un espacio público que les pertenece debería ser una linea politica fundamental de este gobierno progresista dado que, además, es una apuesta estratégica que logrará que nuestra cultura y conocimiento se expanda por todo el mundo creando nuevas oportunidades de negocio. Desde Iu hacemos una apuesta decidida por una sociedaddel conocimiento de todos y para todos en la que los ciudadanos sean protagonistas y no se los relegue a meros expectadores. De ahí la relevancia de incluir el derecho de los ciudadanos a modificar el conocimiento de titularidad pública siempre que luego los redistribuyan en las mismas condiciones que lo recibieron. Por último el hecho de que CENATIC, gracias a la incorporación de una enmienda de IU, vaya a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad es un hecho significativo ya que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de Software Libre y de fuentes abiertas en la AGE y en prácticamente todas las CCAA
Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las Administraciones Públicas, o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WIFI que permitan al vecindario conectarse a internet.
IUICV recogió todas las propuestas y ha luchado por ellas junto a Hispalinux para conseguir que tuvieran reflejo en el texto legal que hoy aprobamos. Ha sido un largo camino de reuniones, llamadas y reivindicaciones que tiene un buen final con la aprobación hoy de esta ley gracias también al buen hacer de la portavoz socialista Lourdes Muñoz que se ha esforzado por conquistar el necesario consenso en esta ley.
Ley que ha sufrido cambios sustanciales incluso durante la tramitación, pues de cada transaccional hemos tenido que ir peleando junto a las asociaciones defensoras del software libre, presionando a un grupo socialista reticente aunque dialogante.
En este contexto de negociación hoy, por fin, después de haber hecho público un manifiesto de apoyo a nuestra enmienda en defensa de las TV de proximidad gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, se nos ha propuesto una transaccional que espero recoja el respaldo de todos los grupos parlamentarios y que significa precisamente una regulación imprescindible para asegurar la supervivencia de las TV de proximidad, la supervivencia de unos medios, cuya normalización jurídica ha venido siendo sistemáticamente postergada. Que se encuentra bajo el riesgo de desaparición consecuencia del inminente apagón analógico, con la consiguiente reducción de un pluralismo efectivo y la destrucción de un patrimonio cultural con más de 25 años de trayectoria.
Estamos hablando de medios comunitarios que ocupan una parte mínima del espacio público radioeléctrico y lo hacen para un uso social, cultural y educativo. Estamos hablando de hacer lo que se pregona.
Hasta ahora la mayoría de las Tv de proximidad son reconocidas, valoradas, pero se les desconoce legalmente. Si el espíritu de la TDT y del servicio público es profundizar sobre el pluralismo y dado que evidentemente los medios comunitarios son expresión de aquello, no es posible discutir sobre la TDT sin poner en la mesa la legalización de estos medios y la planificación de frecuencias específicas en el espectro radioeléctrico.
Es por ello fundamental que hoy se apruebe esta enmienda de IU, para que podamos seguir disfrutando de la labor encomiable que se realiza desde estas TV que sin ánimo de lucro y con el objetivo de realizar una función propia de un servicio público llevaban años funcionando sin ningún reconocimiento legal de su particular categoría.
En la tramitación parlamentaria también se ha incluido una enmienda transaccional que reduce nuestras reivindicaciones, pero que al menos hace referencia al fomento de la participación ciudadana en la sociedad de la información, disponiendo la obligación de establecer apoyo al desarrollo de servicios de la sociedad e la información sin finalidad lucrativa promovidos por entidades ciudadanas. Falta la referencia expresa a la reserva e espacio radioelectrico para este tipo de entidades, las radios libres.
El proyecto de la LISI, enviado por el Ministerio de Industria al Congreso fue valorado desde el principio por parte de la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente.
El texto iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática. Poco más.
Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba en su articulado una reforma sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos. (En la anterior ley no quedaba claro cómo y quién tiene potestad para censurar servicios y contenidos en internet, dado que establece que será “la autoridad competente” sin que tuviera porqué ser ésta el poder judicial)
Este hecho ha generado durante los últimos cinco años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la Sociedad de la Información no ha evolucionado a buen ritmo en nuestro país. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer dicho impulso de la Sociedad de la Información.Así, con las enmiendas de todos los grupos hemos conseguido mejorar sustancialmente la ley que votaremos a favor.Una de nuestras reivindicaciones ha sido y es que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica, este tutelada por los juzgados y tribunales siempre que se realice por medios telemáticos. Esto es, que un secuestro o restricción deun servicio telemático sólo pueda ser realizado por un juez. La enmienda transaccional presentada por GPS ha ido en la dirección de establecer que en algunos casos, aquellas autoridades competentes que tengan legalmente atribuidas las funciones que expresamente se determinan puedan restringir los servicios y publicaciones telemáticas que contra ellas atenten. Respetando, en todo caso, las garantías, normas y procedimiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información cuando estos pudieran resultar afectados. Esto no es lo que Iu pedía, pero es un avance respecto a nuestras pretensiones que aspiran a que Internet se convierta en un derecho de los ciudadanos y no solo en un servicio más del que pueda diponer en función o no de la oferta comercial. Fue esta razón la que nos impulsó a incluir la petición de que la LISIestableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario (la llamada ‘neutralidad de red’ o net neutrality). Este, sin embargo, es un tema que no ha sido abordado por GPS a pesar de la gran importancia que tiene y del hecho de que no regularlo puede llegar a permitir que compañías tecnológicas tengan incluso más atribuciones que los jueces y las autoridades competentes al tener posibilidades técnicas para restringir servicios y contenidos por sus propios intereses comerciales o por acuerdos con terceros. Por ejemplo, las empresas podrían bloquear accesos a servicios situados en determinados paises, los servicios prestados sobredeterminados protocolos o con una temática concreta a través del mecanismo de penalizar determinado tráfico hasta el punto de que lo hagan inservible. El hecho de votar afirmativamente no quita para que se REIVINDIQUE con total claridad que para hacer que Internet sea un derecho ciudadano es imprescindible que se establezca la Net Neutrality por ley y que Internet es hoy dia el espacio público por excelencia por lo que el conocimiento de titularidad pública debe estar publicado concediendo libertad para ser usado, copiado, modificado y redistribuido, con o sin cambios, siempre que la obra derivada cite al autor y se licencie en los mismos términos. No logramos la net neutrality pero si que hemos avanzado sustancialmente en el llamado copyleft. Por otra parte, nuestra reivindicación de que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho ciudadanos y no la prerrogativa de las compañías de telecomunicaciones en su estrategia comercial es fundamental para consolidar el objetivo político de Internet como un derecho y en este sentido es de celebrar que hayamos logrado establecer fechas concretas (dic 2008) y compromisos claros con que la banda ancha será una realidad como servicio universal, independientemente de la tecnología utilizada y la localización geográfica del ciudadano. Hay que tener en cuenta también que la normativa europea establece una serie de minimos y la ley General de Telecomunicaciones una serie de mecanismos para compensar el posible dolo que la obligatoriedad de atender este servicio universal de Banda Ancha puede producir a las compañías incumbentes. El otro gran objetivo político es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. Algo que, a pesar de ser obvio, ningún gobierno lo ha realizado hasta el momento. Es un principio básico de un Estado de Derecho el hecho de que los ciudadanos dispongan, en su máxima amplitud posible, de los bienes, servicios, derechos y espacios públicos y son las Administraciones públicas quienes tienen la función de gestionarlos, conservarlos y protegerlos para procurarlo y es por ello que son "titulares" de los derechos sobre ese "conjunto de lo público". En el caso de la propiedad intelectual, se trata de bienes y derechos no consuntivos (no se gasta con el uso y es replicable sin coste) y se da la circunstancia de que las entidades públicas son titulares de dichos derechos (de propiedad Intelectual) siendo en realidad la ciudadanía los verdaderos y legítimos dueños de la misma ya que cada ciudadano ha sufragado solidariamente la creación de dichos contenidos y de dicho conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Es por ello que el hecho de poner la propiedad intelectual de titularidad pública a disposición de la sociedad con total libertad para que sea aprovechada por cualquier ciudadano es un acto de completa justicia y la formula de copyleft es la más adecuada para distribuir el conocimiento público porque este conocimiento debe estar disponible para que los ciudadanos puedan usarlo con cualquier propósito , copiarlo, modificarlo y redistribuirlo, con o sin cambios, siempre que la obra derivada se licencie en los mismos términos y cite al autor original. Logrando así, además, proteger el conocimiento público de expolios y expropiaciones, a la vez que se reconocen los méritos delcreador de la misma. El hecho de que se autorice la modificación de conocimiento por parte de los ciudadanos no quiere decir que se pierda la atribución o firma de la entidad pública que elaboro el original. Cuando una entidad pública libera un contenido o dato, firma que ha sido elaborado por ella pero cuando alguien modifica esa información firma que es una transformación y que la información original proviene de esa determinada fuente (entidad pública).Tampoco es posible que se confunda información original e información modificada ya que el que la transforma está obligado a firmar la obra y citar el autor del original. El autor original autoriza la explotación de la obra en forma de transformación bajo unas condiciones (atribución y licenciamiento igual) por lo que para que otro pueda ejercer dicha transformación debe someterse a ellas o abstenerse de realizarla. Permitir la modificación sin licenciamiento igual supondría propiciar el expolio de ese espacio público. Sin embargo un autor podría incorporar a una obra propia partes copiadas o modificadas de obras públicas licenciadas bajo copyleft y sin embargo dicha obra compuesta es independiende y puede licenciarse en los términos que el autor estipule y comercializarlo como le plazca sin perjuicio de que esa partes públicas si pueden ser usadas por otros en otras obras en base a su propia licencia copyleft. Es evidente que en cada obra compuesta deben estar estipuladas las licencias del conjunto y de las partes. En este momento tanto el conocimiento del que las entidades públicas son titulares exclusivos de los derechos de propiedad intelectual como aquel que se encuentra en dominio público no es posible que sea reutilizado en condiciones propicias para su mejora y reaprovechamiento ya que en el primer caso ni siquiera se puede usar o copiar y en el segundo la obra es inalterable por ley. Evidentemente el hecho de distribuir el conocimiento de tutularidad pública como copyleft, sobre todo debido a que permite la modificación, fomenta extraordinariamente la creatividad e innovación al poner gran cantidad de material didactico, científico y tecnológico a disposición de pensadores, investigadores y, en general, de cualquier persona dado que todos somos capaces de procesar inteligentemente el conocimiento adquirido. Además es un excelente mecanismo de extensión de nuestra cultura puesto que gran cantidad de material estará disponible para ser usado directamente y para ser traducido a otros idiomas (recordemos que España es un estado plurilingüe). Sin embargo el hecho de que el conocimiento de titularidad pública se distribuya como copyleft no implica que todas las personas esten obligadas a licenciar su obra como copyleft ya que pueden seguir construyendo obras originales a través de sus propios medios o adquiriendo derechos exclusivos sobre obras privadas. Solo si deciden aprovecharse de una obra pública ya creada estan obligados a licenciar como copyleft pero pueden seguir optandopor no hacerlo. Hay que destacar que el proyecto de ley sobre la reutilización de lainformación del sector público está aún en trámite (Senado) y algunas de las propuestas han ido en el sentido de que la información puesta a disposición de los ciudadanos y empresas debería ser licenciada como copyleft porque esto genera total transparencia en el reaprovechamiento, un mercado libre y competitivo (sin concesiones en exclusiva) y porque recuperar para los ciudadanos un espacio público que les pertenece debería ser una linea politica fundamental de este gobierno progresista dado que, además, es una apuesta estratégica que logrará que nuestra cultura y conocimiento se expanda por todo el mundo creando nuevas oportunidades de negocio. Desde Iu hacemos una apuesta decidida por una sociedaddel conocimiento de todos y para todos en la que los ciudadanos sean protagonistas y no se los relegue a meros expectadores. De ahí la relevancia de incluir el derecho de los ciudadanos a modificar el conocimiento de titularidad pública siempre que luego los redistribuyan en las mismas condiciones que lo recibieron. Por último el hecho de que CENATIC, gracias a la incorporación de una enmienda de IU, vaya a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad es un hecho significativo ya que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de Software Libre y de fuentes abiertas en la AGE y en prácticamente todas las CCAA
Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las Administraciones Públicas, o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WIFI que permitan al vecindario conectarse a internet.
IUICV recogió todas las propuestas y ha luchado por ellas junto a Hispalinux para conseguir que tuvieran reflejo en el texto legal que hoy aprobamos. Ha sido un largo camino de reuniones, llamadas y reivindicaciones que tiene un buen final con la aprobación hoy de esta ley gracias también al buen hacer de la portavoz socialista Lourdes Muñoz que se ha esforzado por conquistar el necesario consenso en esta ley.
Ley que ha sufrido cambios sustanciales incluso durante la tramitación, pues de cada transaccional hemos tenido que ir peleando junto a las asociaciones defensoras del software libre, presionando a un grupo socialista reticente aunque dialogante.
En este contexto de negociación hoy, por fin, después de haber hecho público un manifiesto de apoyo a nuestra enmienda en defensa de las TV de proximidad gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, se nos ha propuesto una transaccional que espero recoja el respaldo de todos los grupos parlamentarios y que significa precisamente una regulación imprescindible para asegurar la supervivencia de las TV de proximidad, la supervivencia de unos medios, cuya normalización jurídica ha venido siendo sistemáticamente postergada. Que se encuentra bajo el riesgo de desaparición consecuencia del inminente apagón analógico, con la consiguiente reducción de un pluralismo efectivo y la destrucción de un patrimonio cultural con más de 25 años de trayectoria.
Estamos hablando de medios comunitarios que ocupan una parte mínima del espacio público radioeléctrico y lo hacen para un uso social, cultural y educativo. Estamos hablando de hacer lo que se pregona.
Hasta ahora la mayoría de las Tv de proximidad son reconocidas, valoradas, pero se les desconoce legalmente. Si el espíritu de la TDT y del servicio público es profundizar sobre el pluralismo y dado que evidentemente los medios comunitarios son expresión de aquello, no es posible discutir sobre la TDT sin poner en la mesa la legalización de estos medios y la planificación de frecuencias específicas en el espectro radioeléctrico.
Es por ello fundamental que hoy se apruebe esta enmienda de IU, para que podamos seguir disfrutando de la labor encomiable que se realiza desde estas TV que sin ánimo de lucro y con el objetivo de realizar una función propia de un servicio público llevaban años funcionando sin ningún reconocimiento legal de su particular categoría.
En la tramitación parlamentaria también se ha incluido una enmienda transaccional que reduce nuestras reivindicaciones, pero que al menos hace referencia al fomento de la participación ciudadana en la sociedad de la información, disponiendo la obligación de establecer apoyo al desarrollo de servicios de la sociedad e la información sin finalidad lucrativa promovidos por entidades ciudadanas. Falta la referencia expresa a la reserva e espacio radioelectrico para este tipo de entidades, las radios libres.
viernes, 19 de octubre de 2007
IU muestra su "total discrepancia" con una iniciativa que está basada en la "represión" de la inmigración
El Congreso de los Diputados aprobó hoy con el apoyo de todos los grupos del Congreso, a excepción de IU-ICV, que se abstuvo, una reforma del Código Penal con el fin de que se pueda castigar a los responsables de las mafias de la inmigración y a los patrones de embarcaciones ilegales, cuando éstas se intercepten fuera de las aguas territoriales españolas, incluso si el destino final del cayuco es otro país de la Unión Europea distinto a España.
Esta iniciativa equipara el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. La reforma será introducida a través de una enmienda al proyecto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal modo que se pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expuso que además de ser una medida que refuerza las fronteras, sirve para "proteger los derechos humanos de las víctimas de esta explotación del siglo XXI".
La iniciativa pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con inmigrantes irregulares.
"TOTAL DISCREPANCIA" DE IU-ICV
Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro mostró su "total discrepancia" con la medida por ser una iniciativa "radical" que está basada en la "represión" de la inmigración. Navarro añadió que es una "medida regresiva" en materia migratoria, que busca capturar las embarcaciones de inmigrantes irregulares y "matar moscas a cañonazos". "El Gobierno parece que se siente a gusto jugando de policía-gendarme en la puerta de Europa", sentenció Navarro.
Mientras, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal criticó el proyecto porque, a su modo de ver, el Ejecutivo "es incapaz de dar respuesta" al fenómeno de la inmigración. Para el PP, existe una "relación directa entre la regularización masiva realizada por el Gobierno socialista y la llegada de cayucos".
"Si las costas no son protegidas, España seguirá siendo en coladero de Europa. Nuestras costas tienen que estar vigiladas", apuntó el diputado 'popular', quien además puso de manifiesto la necesidad de que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en esta materia "para construir un proyecto político de futuro".
Por su parte, Jordi Ramón (ERC) subrayó que este proyecto de ley porque "contribuye a perseguir la mafias y el tráfico ilegal de las personas", que ha producido que muchas personas "se dejen la vida" en el mar.
Mientras, el diputado del PSOE Pedro José Muñoz se defendió de estas críticas y apostó por la prevención de la salida de las pateras a través del control fronterizo y por las repatriación de los inmigrantes que lleguen a las costas españolas a sus países de origen.
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071018160302&ch=00313
Esta iniciativa equipara el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. La reforma será introducida a través de una enmienda al proyecto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal modo que se pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expuso que además de ser una medida que refuerza las fronteras, sirve para "proteger los derechos humanos de las víctimas de esta explotación del siglo XXI".
La iniciativa pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con inmigrantes irregulares.
"TOTAL DISCREPANCIA" DE IU-ICV
Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro mostró su "total discrepancia" con la medida por ser una iniciativa "radical" que está basada en la "represión" de la inmigración. Navarro añadió que es una "medida regresiva" en materia migratoria, que busca capturar las embarcaciones de inmigrantes irregulares y "matar moscas a cañonazos". "El Gobierno parece que se siente a gusto jugando de policía-gendarme en la puerta de Europa", sentenció Navarro.
Mientras, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal criticó el proyecto porque, a su modo de ver, el Ejecutivo "es incapaz de dar respuesta" al fenómeno de la inmigración. Para el PP, existe una "relación directa entre la regularización masiva realizada por el Gobierno socialista y la llegada de cayucos".
"Si las costas no son protegidas, España seguirá siendo en coladero de Europa. Nuestras costas tienen que estar vigiladas", apuntó el diputado 'popular', quien además puso de manifiesto la necesidad de que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en esta materia "para construir un proyecto político de futuro".
Por su parte, Jordi Ramón (ERC) subrayó que este proyecto de ley porque "contribuye a perseguir la mafias y el tráfico ilegal de las personas", que ha producido que muchas personas "se dejen la vida" en el mar.
Mientras, el diputado del PSOE Pedro José Muñoz se defendió de estas críticas y apostó por la prevención de la salida de las pateras a través del control fronterizo y por las repatriación de los inmigrantes que lleguen a las costas españolas a sus países de origen.
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071018160302&ch=00313
Congreso aprueba perseguir el tráfico de personas fuera de territorio español
El Congreso de los Diputados ha aprobado para su envío al Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá que la Justicia española pueda perseguir el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas aún cuando el delito se cometa fuera del territorio nacional.Hasta ahora, los tribunales españoles no podían juzgar a los detenidos por tráfico de seres humanos en aguas internacionales si la finalidad del delito no era la explotación sexual; una limitación a la que se pondrá fin con esta reforma.El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha defendido ante el pleno el proyecto como una medida necesaria para aumentar la protección de los derechos humanos de las víctimas de esos delitos.En opinión de Fernández Bermejo, el aumento del número de embarcaciones de inmigrantes que llegan a nuestro país ha destapado una nueva forma de explotación, que ha definido como 'la esclavitud del siglo XXI', contra la que hay que luchar.El ministro, al igual que ha hecho después el diputado socialista Pedro Muñoz, ha agradecido el esfuerzo de todos los grupos que ha permitido aprobar la reforma con el máximo consenso.Con esta iniciativa, el tráfico de personas se equipara en su tipificación, según la legislación penal española, a delitos como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución o corrupción de menores.En el proyecto de Ley Orgánica, aprobado con 293 votos a favor, ninguno en contra y la única abstención de IU, se han introducido algunas enmiendas, entre ellas, la que establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el BOE.Sólo IU ha mostrado su discrepancia con la reforma a la que la diputada Isaura Navarro ha calificado como 'racismo institucional'.Según Navarro, el Gobierno ha asumido el discurso alarmista e interesado del PP al ampliar el principio de Justicia Universal al delito de tráfico ilegal de inmigrantes, sin que tales problemas -ha dicho- justifiquen una solución 'tan radical'.Pese a que el PP ha votado a favor del proyecto, el diputado Guillermo Mariscal ha aprovechado su intervención para criticar duramente la política de inmigración del Gobierno socialista.Ha culpado al Ejecutivo de llevar a cabo 'regularizaciones masivas' de inmigrantes que, a su juicio, son las peores señales que se pueden trasladar a las mafias, ya que interpretan que pueden llegar a su destino y que, además, se va a garantizar su regularización.El Grupo Popular entiende que hay una relación directa entre dicha regularización masiva y el aumento de la llegada de cayucos a las costas españolas.Por ello, ha invitado al PSOE a rectificar su política y a tomar decisiones responsables y sensatas con acuerdos con el PP como se hizo en el 2003 con la Ley de Extranjería.Tanto CiU como el PNV, ERC y CC mostraron durante el pleno su acuerdo con el proyecto que, a su juicio, va a favorecer la persecución de las mafias que trafican con personas y son responsables de que muchos inmigrantes pierdan la vida en el mar.
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/congreso_aprueba_perseguir_trafico_territorio_1939045.htm
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/congreso_aprueba_perseguir_trafico_territorio_1939045.htm
miércoles, 3 de octubre de 2007
El Ministro Solbes reconoce la deuda con el Pais Valenciano
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO HA EQUILIBRADO EL GOBIERNO LA INVERSIÓN TERRITORIALIZADA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2008 EN EL PAÍS VALENCIANO EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS TERRITORIOS DEL ESTADO, SU POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL? (Número de expediente 180/02069.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isaura Navarro.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para facilitar el diálogo presupuestario, desde Izquierda Unida hemos exigido un nítido compromiso económico con el giro social y ambiental. Por su parte el reflejo que tienen sus presupuestos en el País Valenciano tienen nombre de cemento.
FIN
PLENO TURNO 5
03/10/2007
(Termina la señora Navarro)
Más desaladoras que garanticen seguir construyendo apartamentos en la costa, el trasvase Xúquer-Vinalopó, más carreteras pero con peaje en la sombra y, por supuesto, cuando hablamos de ferrocarril todo va dirigido al tren de élite, depredador del medio ambiente, cuya marca comercial es AVE y que usa una minoría, con respecto al tren convencional, que queda absolutamente abandonado, el tren del día a día. Su Gobierno socialista ha caído en la trampa del Partido Popular. Ustedes están cumpliendo los objetivos políticos del Partido Popular, precisamente sus adversarios políticos. Son unos presupuestos de cemento para un territorio que lo que necesita es salir de la demagogia del Partido Popular y obtener unos presupuestos desde aquí, desde una mayoría progresista, que miren hacia allá con un giro social y medioambiental. Eso es lo que desde Izquierda Unida reivindicamos. Así, antes de adjudicar desaladoras podrían plantearse hacia dónde va esa agua. Por ejemplo, la desaladora de Oropesa es para que Marina d'Or siga creciendo. No sé si usted ha visto el anuncio, pero va para allá el agua de la desaladora.
Mientras tanto, lo que nosotros reivindicamos es que se invierta más en el cuidado de nuestros ríos, en el Xúquer, en el Segura, donde no paran de aparecer peces muertos. Es muy irónico que ustedes recojan las demandas del Partido Popular y que mientras tanto a lo que ellos se dediquen sea a buscar cómo protestar sus presupuestos. Hasta que allí se aclaren, le pregunto si el Gobierno piensa publicar las balanzas fiscales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de régimen común que clarifiquen la discriminación histórica que venimos padeciendo. Los datos con los que contamos dicen que la inversión realizada entre los años 1997 y 2003 demuestra que la media adscrita al País Valenciano solo alcanza el 5,15 por ciento del total, una cifra muy lejana a la población y al PIB del País Valenciano.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos discutido muchas veces de las balanzas fiscales y sabe S.S. en qué estado se encuentra la cuestión. En cuanto a las inversiones en la Comunidad Valenciana, es cierto que durante el período de 1997 a 2004 solo en un año, en el año 2003, se llegó a una inversión del 8 por ciento y que los restantes años ha estado entre el 4,60 y el seis y pico por ciento; sin embargo, no es menos cierto que en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 ha habido cifras que superan el 8 y se aproximan al 9 por ciento y que en el anteproyecto del año 2008 se supera el 9,50 por ciento.
A partir de ahí, haré un comentario más general sobre los temas que S.S. ha planteado. Los Presupuestos Generales del Estado se basan, lógicamente, en las inversiones que el Estado debe realizar y lo que hemos hecho ha sido respetar los estatutos y, de acuerdo con los criterios de cohesión y de rentabilidad social, decidir aquellas inversiones que nos parecen más coherentes. Las inversiones en Valencia aumentan de forma significativa; aumentan en cemento -usted lo ha dicho, es verdad, pero son las obras que están en marcha y que también son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana-, pero aumentan también en agua, así como en otro tipo de temas medioambientales y, sin duda alguna, para aquellos proyectos que puedan ser necesarios estamos dispuestos a aportar los recursos que puedan hacer frente a esa situación. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es dejar de poner en marcha una serie de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo le invito a compensar esa deuda histórica que reconoce invirtiendo más en estos presupuestos: pero no invirtiendo en cemento sino apostando por una distribución más ordenada de los recursos. Apueste por el giro social y medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señoría, eso es lo que hemos hecho. Este año llegamos a una cifra del 9,6 por ciento, prácticamente igual o muy aproximada a la participación en el PIB nacional, y ese es el esfuerzo que queremos realizar.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isaura Navarro.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para facilitar el diálogo presupuestario, desde Izquierda Unida hemos exigido un nítido compromiso económico con el giro social y ambiental. Por su parte el reflejo que tienen sus presupuestos en el País Valenciano tienen nombre de cemento.
FIN
PLENO TURNO 5
03/10/2007
(Termina la señora Navarro)
Más desaladoras que garanticen seguir construyendo apartamentos en la costa, el trasvase Xúquer-Vinalopó, más carreteras pero con peaje en la sombra y, por supuesto, cuando hablamos de ferrocarril todo va dirigido al tren de élite, depredador del medio ambiente, cuya marca comercial es AVE y que usa una minoría, con respecto al tren convencional, que queda absolutamente abandonado, el tren del día a día. Su Gobierno socialista ha caído en la trampa del Partido Popular. Ustedes están cumpliendo los objetivos políticos del Partido Popular, precisamente sus adversarios políticos. Son unos presupuestos de cemento para un territorio que lo que necesita es salir de la demagogia del Partido Popular y obtener unos presupuestos desde aquí, desde una mayoría progresista, que miren hacia allá con un giro social y medioambiental. Eso es lo que desde Izquierda Unida reivindicamos. Así, antes de adjudicar desaladoras podrían plantearse hacia dónde va esa agua. Por ejemplo, la desaladora de Oropesa es para que Marina d'Or siga creciendo. No sé si usted ha visto el anuncio, pero va para allá el agua de la desaladora.
Mientras tanto, lo que nosotros reivindicamos es que se invierta más en el cuidado de nuestros ríos, en el Xúquer, en el Segura, donde no paran de aparecer peces muertos. Es muy irónico que ustedes recojan las demandas del Partido Popular y que mientras tanto a lo que ellos se dediquen sea a buscar cómo protestar sus presupuestos. Hasta que allí se aclaren, le pregunto si el Gobierno piensa publicar las balanzas fiscales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de régimen común que clarifiquen la discriminación histórica que venimos padeciendo. Los datos con los que contamos dicen que la inversión realizada entre los años 1997 y 2003 demuestra que la media adscrita al País Valenciano solo alcanza el 5,15 por ciento del total, una cifra muy lejana a la población y al PIB del País Valenciano.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos discutido muchas veces de las balanzas fiscales y sabe S.S. en qué estado se encuentra la cuestión. En cuanto a las inversiones en la Comunidad Valenciana, es cierto que durante el período de 1997 a 2004 solo en un año, en el año 2003, se llegó a una inversión del 8 por ciento y que los restantes años ha estado entre el 4,60 y el seis y pico por ciento; sin embargo, no es menos cierto que en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 ha habido cifras que superan el 8 y se aproximan al 9 por ciento y que en el anteproyecto del año 2008 se supera el 9,50 por ciento.
A partir de ahí, haré un comentario más general sobre los temas que S.S. ha planteado. Los Presupuestos Generales del Estado se basan, lógicamente, en las inversiones que el Estado debe realizar y lo que hemos hecho ha sido respetar los estatutos y, de acuerdo con los criterios de cohesión y de rentabilidad social, decidir aquellas inversiones que nos parecen más coherentes. Las inversiones en Valencia aumentan de forma significativa; aumentan en cemento -usted lo ha dicho, es verdad, pero son las obras que están en marcha y que también son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana-, pero aumentan también en agua, así como en otro tipo de temas medioambientales y, sin duda alguna, para aquellos proyectos que puedan ser necesarios estamos dispuestos a aportar los recursos que puedan hacer frente a esa situación. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es dejar de poner en marcha una serie de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo le invito a compensar esa deuda histórica que reconoce invirtiendo más en estos presupuestos: pero no invirtiendo en cemento sino apostando por una distribución más ordenada de los recursos. Apueste por el giro social y medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señoría, eso es lo que hemos hecho. Este año llegamos a una cifra del 9,6 por ciento, prácticamente igual o muy aproximada a la participación en el PIB nacional, y ese es el esfuerzo que queremos realizar.
Gracias. (Aplausos.)
martes, 18 de septiembre de 2007
Isaura Navarro pide a la Generalitat que se cumpla la legalidad en la protección del patrimonio ante el "vaciado" de conventos
La diputada del grupo parlamentario de IU-ICV en el Congreso Isaura Navarro ha presentado una proposición no de ley en la que pide a la Generalitat que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico y ejerza "sus obligaciones" recogidas en este sentido en el Estatuto de autonomía.
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".
sábado, 15 de septiembre de 2007
jueves, 13 de septiembre de 2007
Isaura Navarro interviene en el debate sobre la reforma de las pensiones cuestionando la política social del gobierno
Intervención completa:
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
martes, 4 de septiembre de 2007
Intervención completa Isaura Navarro incendios Castellón y Canarias
Señor Presidente, Señorías
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.
Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.
Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),
una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.
Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.
Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.
Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.
Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.
Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.
Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.
Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.
Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.
Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.
El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.
Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.
Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.
Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.
Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.
Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.
Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?
Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.
Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.
En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.
Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.
Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),
una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.
Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.
Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.
Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.
Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.
Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.
Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.
Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.
Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.
Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.
El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.
Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.
Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.
Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.
Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.
Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.
Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?
Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.
Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.
En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.
jueves, 28 de junio de 2007
Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la Guardia civil
LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES GUARDIA CIVIL
Señorías, estamos ante un proyecto de ley,
ante una regulación fundamental para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar,
muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida,
la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas,
con absoluto respeto a la Constitución y al resto OJ.
Desde IU hemos querido aprovechar su tramitación para mejorar su contenido
con el objetivo de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Hemos querido empujar para conquistar algo que quiere la mayoría de la guardia civil, la ciudadanía plena,
Escuchar a sus gentes como debe hacer la representación de la soberanía, no a los altos mandos, no a unos pocos q quieren seguir mandando sobre la mayoria,
Asi podemos celebrar q por fin, después de 30 años de las primeras elecc legislativas q celebramos recientemente,
la constitución entre en los cuarteles de la guardia civil. Entra de lado, pues el sindicalismo como tal se quedó en la puerta, pero entra.
Nuestras enmiendas han pretendido trasladar sus reivindicaciones, sus demandas históricas y las recientes, sus necesidades,
Y del conjunto de la ley nos podemos sentir satisfechos, no es todo lo que queríamos, no es la clara desmilitarización y el pleno reconocimiento del sindicalismo, que es lo que nosotros pedimos y reivindicamos, pero del texto que propuso el gobierno al que hoy remitimos al senado ha habido una mejora sustancial.
Gracias a los ponentes del grupo socialista por escuchar nuestras peticiones con atención y disponibilidad.
Les invitamos a seguir trabajando en esta línea de dialogo para lo que queda de tramitación y asi seguir introduciendo mejoras en el texto.
Como sabemos, esta ley no parte de la nada, en este congreso hemos trabajado con iniciativas, comparecencias,
Viene de un largo debate y muchas promesas incumplidas, la AUGC tiene el listado de ellas.
Ningun sentido tenia mantener una legislación que trataba a la gc como un apéndice de las Fuerzas Armadas,
Y no como lo que es en su día a día, como el trabajo que desarrollan sus miembros en la cotidianeidad:
un Cuerpo de Seguridad del Estado,
en el que se debe potenciar la democracia interna,
los mecanismos de participación de sus miembros
y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
Todo ello dejando atrás la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos que solo se sustentan en la pura nostalgia.
Dicho lo anterior, no quiero dejar de señalar que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Es más IU quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles,
entre ellos el del asociacionismo profesional.
Derechos que hoy por fin garantizamos.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación de la institución
y por la conquista de derechos que van a ser ley
todo ello partiendo de su negación absoluta.
Personas que hoy pueden sentirse aun más satisfechas por los cambios que ha sufrido el texto legal en su tramitación parlamentaria.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos, que en definitiva es la conquista de todos los que nos sentimos demócratas.
Por ello es inaceptable e incoherente que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Le pedimos al Gobierno los paralice, que acabe con esa persecución y acoso a los guardias civiles que se han significado con el asociacionismo y con la constitución.
Que se libere de las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido. Pura nostalgia.
Por nuestra parte, nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles,
en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV esta ley es un punto de partida,
es una puerta para hacer posible el ejercicio pleno de derechos constitucionales de asociación, reunión, manifestación sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España.
es un pilar para la conquista de la democracia en la gc, porque aunq no se ha conquistado el sindicalismo, estas asociaciones se pueden constituir para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales gracias a la enmienda de IU.
Faltaran medios para ejercer este derecho que han sido negados, como locales en los cuarteles,
pero no faltaran ganas.
-enmienda 91.- Se refiere al artículo 39. En el párrafo segundo del texto transaccional se insiste en que la relación con organizaciones internacionales lo será con las de su mismo carácter. NO ES ADMISIBLE, DEBEN SER DE ANÁLOGO CARÁCTER. De otra manera se condena a las asociaciones profesionales de guardias civiles a quedar al margen de las organizaciones europeas o internacionales de policías.-
Se ha mejorado el derecho de reunión en las dependencias de la institución,
Si bien se dispone expresamente la negación de derechos al mismo tiempo: prohibido
“reunión o manifestación de carácter político o sindical” ¿q es político? Una reunión sobre mejora de condiciones de trabajo sería ilegal? Reconozcamos señorías q es bastante absurdo.
Negación de derecho junto al art. 11 q niega el derecho de sindicación. Desde IU consideramos que las leyes que regulan y reconocen derechos no son compatibles con este tipo de preceptos de negación de derechos.
Nace la obligación de informar con antelación del cuadrante horario y la compensación por alteración de la jornada
Se mejoran los mecanismos para trasladar quejas,
Se recogen derecho de conocimiento y prevención de riesgos,
Se impide la discriminación por orientación sexual, a celebrar hoy dia del orgullo.
como digo faltan medios para el ejercicio de todos estos derechos, pero el desarrollo de esta ley puede ser un medio para ello.
IU estará del lado de esas reivindicaciones.
con respecto al consejo asesor, se ha mejorado sustancialmente gracias a nuestras enmiendas y las de otros grupos…
gracias a una enmienda de IU: presidencia ministerio de interior
las funciones y derechos han sufrido un cambio radical, que lo convierten en un verdadero órgano de representación, con garantías de exigencia de participar con carácter previo en las decisiones que afecten a las materias que explícitamente se enumeran.
Así se han ampliado las competencias del Consejo de la GC a cuestiones económicas, sociales y profesionales, admitiendo una enmienda de IU.
Era importante y necesario ampliar a los ámbitos económicos y sociales, que son los ámbitos de trabajo y actuación de las asociaciones de GC. Además así lo reconoció el TC en sentencia de 2001, refiriéndose al ámbito de actuación de las asociaciones militares.
Un órgano por tanto que recuerda a los que se dan en el ámbito de la función pública en sus relaciones con los sindicatos y que se aleja del fallido Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad. Recordemos que en las últimas elecciones votó el 1,63% de la plantilla.
Precisamente por ello satisfacción al haberse aceptado nuestra enmienda que adelanta las elecciones de este nuevo órgano a 9 meses, con el objetivo de que esta representatividad de los derechos e intereses de la gc esté en funcionamiento lo antes posible.
Asimismo nos parece que en consecuencia el consejo asesor debería dejar de existir y por tanto eliminar cualquier referencia al mismo de las dos leyes.
Y por tanto se debería eliminar que la función de informar sobre los expedientes disciplinarios por falta muy grave que tiene atribuida el Consejo Superior de la GC pase al Consejo de la GC que se diseña en esta Ley. Una enmienda de IU q no fue aceptada.
Lo normal es que esta competencia esté en el máximo órgano consultivo de la GC que es el Consejo de la GC presidido por el Ministro de Interior y no por un órgano residual, que se mantiene por mimetismo con las FFAA.
señorías, este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Este proyecto de ley que avanza en su tramitación significa abrir las puertas de la gc al debate, a la crítica
y con estos instrumentos a su mejor funcionamiento
y el respeto a todos y cada uno de sus miembros.
esta ley apuesta por el reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual,
También por la mejora de la prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
Y eso, señorías, nos interesa a todos.
Por una guardia civil que avanza hacia la desmilitarización
Por una guardia civil civil,
por una guardia civil más digna,
que avanza en derechos.
Señorías, estamos ante un proyecto de ley,
ante una regulación fundamental para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar,
muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida,
la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas,
con absoluto respeto a la Constitución y al resto OJ.
Desde IU hemos querido aprovechar su tramitación para mejorar su contenido
con el objetivo de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Hemos querido empujar para conquistar algo que quiere la mayoría de la guardia civil, la ciudadanía plena,
Escuchar a sus gentes como debe hacer la representación de la soberanía, no a los altos mandos, no a unos pocos q quieren seguir mandando sobre la mayoria,
Asi podemos celebrar q por fin, después de 30 años de las primeras elecc legislativas q celebramos recientemente,
la constitución entre en los cuarteles de la guardia civil. Entra de lado, pues el sindicalismo como tal se quedó en la puerta, pero entra.
Nuestras enmiendas han pretendido trasladar sus reivindicaciones, sus demandas históricas y las recientes, sus necesidades,
Y del conjunto de la ley nos podemos sentir satisfechos, no es todo lo que queríamos, no es la clara desmilitarización y el pleno reconocimiento del sindicalismo, que es lo que nosotros pedimos y reivindicamos, pero del texto que propuso el gobierno al que hoy remitimos al senado ha habido una mejora sustancial.
Gracias a los ponentes del grupo socialista por escuchar nuestras peticiones con atención y disponibilidad.
Les invitamos a seguir trabajando en esta línea de dialogo para lo que queda de tramitación y asi seguir introduciendo mejoras en el texto.
Como sabemos, esta ley no parte de la nada, en este congreso hemos trabajado con iniciativas, comparecencias,
Viene de un largo debate y muchas promesas incumplidas, la AUGC tiene el listado de ellas.
Ningun sentido tenia mantener una legislación que trataba a la gc como un apéndice de las Fuerzas Armadas,
Y no como lo que es en su día a día, como el trabajo que desarrollan sus miembros en la cotidianeidad:
un Cuerpo de Seguridad del Estado,
en el que se debe potenciar la democracia interna,
los mecanismos de participación de sus miembros
y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
Todo ello dejando atrás la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos que solo se sustentan en la pura nostalgia.
Dicho lo anterior, no quiero dejar de señalar que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Es más IU quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles,
entre ellos el del asociacionismo profesional.
Derechos que hoy por fin garantizamos.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación de la institución
y por la conquista de derechos que van a ser ley
todo ello partiendo de su negación absoluta.
Personas que hoy pueden sentirse aun más satisfechas por los cambios que ha sufrido el texto legal en su tramitación parlamentaria.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos, que en definitiva es la conquista de todos los que nos sentimos demócratas.
Por ello es inaceptable e incoherente que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Le pedimos al Gobierno los paralice, que acabe con esa persecución y acoso a los guardias civiles que se han significado con el asociacionismo y con la constitución.
Que se libere de las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido. Pura nostalgia.
Por nuestra parte, nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles,
en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV esta ley es un punto de partida,
es una puerta para hacer posible el ejercicio pleno de derechos constitucionales de asociación, reunión, manifestación sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España.
es un pilar para la conquista de la democracia en la gc, porque aunq no se ha conquistado el sindicalismo, estas asociaciones se pueden constituir para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales gracias a la enmienda de IU.
Faltaran medios para ejercer este derecho que han sido negados, como locales en los cuarteles,
pero no faltaran ganas.
-enmienda 91.- Se refiere al artículo 39. En el párrafo segundo del texto transaccional se insiste en que la relación con organizaciones internacionales lo será con las de su mismo carácter. NO ES ADMISIBLE, DEBEN SER DE ANÁLOGO CARÁCTER. De otra manera se condena a las asociaciones profesionales de guardias civiles a quedar al margen de las organizaciones europeas o internacionales de policías.-
Se ha mejorado el derecho de reunión en las dependencias de la institución,
Si bien se dispone expresamente la negación de derechos al mismo tiempo: prohibido
“reunión o manifestación de carácter político o sindical” ¿q es político? Una reunión sobre mejora de condiciones de trabajo sería ilegal? Reconozcamos señorías q es bastante absurdo.
Negación de derecho junto al art. 11 q niega el derecho de sindicación. Desde IU consideramos que las leyes que regulan y reconocen derechos no son compatibles con este tipo de preceptos de negación de derechos.
Nace la obligación de informar con antelación del cuadrante horario y la compensación por alteración de la jornada
Se mejoran los mecanismos para trasladar quejas,
Se recogen derecho de conocimiento y prevención de riesgos,
Se impide la discriminación por orientación sexual, a celebrar hoy dia del orgullo.
como digo faltan medios para el ejercicio de todos estos derechos, pero el desarrollo de esta ley puede ser un medio para ello.
IU estará del lado de esas reivindicaciones.
con respecto al consejo asesor, se ha mejorado sustancialmente gracias a nuestras enmiendas y las de otros grupos…
gracias a una enmienda de IU: presidencia ministerio de interior
las funciones y derechos han sufrido un cambio radical, que lo convierten en un verdadero órgano de representación, con garantías de exigencia de participar con carácter previo en las decisiones que afecten a las materias que explícitamente se enumeran.
Así se han ampliado las competencias del Consejo de la GC a cuestiones económicas, sociales y profesionales, admitiendo una enmienda de IU.
Era importante y necesario ampliar a los ámbitos económicos y sociales, que son los ámbitos de trabajo y actuación de las asociaciones de GC. Además así lo reconoció el TC en sentencia de 2001, refiriéndose al ámbito de actuación de las asociaciones militares.
Un órgano por tanto que recuerda a los que se dan en el ámbito de la función pública en sus relaciones con los sindicatos y que se aleja del fallido Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad. Recordemos que en las últimas elecciones votó el 1,63% de la plantilla.
Precisamente por ello satisfacción al haberse aceptado nuestra enmienda que adelanta las elecciones de este nuevo órgano a 9 meses, con el objetivo de que esta representatividad de los derechos e intereses de la gc esté en funcionamiento lo antes posible.
Asimismo nos parece que en consecuencia el consejo asesor debería dejar de existir y por tanto eliminar cualquier referencia al mismo de las dos leyes.
Y por tanto se debería eliminar que la función de informar sobre los expedientes disciplinarios por falta muy grave que tiene atribuida el Consejo Superior de la GC pase al Consejo de la GC que se diseña en esta Ley. Una enmienda de IU q no fue aceptada.
Lo normal es que esta competencia esté en el máximo órgano consultivo de la GC que es el Consejo de la GC presidido por el Ministro de Interior y no por un órgano residual, que se mantiene por mimetismo con las FFAA.
señorías, este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Este proyecto de ley que avanza en su tramitación significa abrir las puertas de la gc al debate, a la crítica
y con estos instrumentos a su mejor funcionamiento
y el respeto a todos y cada uno de sus miembros.
esta ley apuesta por el reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual,
También por la mejora de la prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
Y eso, señorías, nos interesa a todos.
Por una guardia civil que avanza hacia la desmilitarización
Por una guardia civil civil,
por una guardia civil más digna,
que avanza en derechos.
martes, 19 de junio de 2007
Intervencion Isaura Navarro. Pregunta al Presidente. MEDIDAS PARA LOS JOVENES MILEURISTAS
Pleno del Congreso de los Diputados (13 de junio de 2007)
Sesión de Control del Gobierno
PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del
Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.
Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.
Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.
Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sesión de Control del Gobierno
PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del
Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.
Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.
Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.
Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
LA NECESARIA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL
Después de más de 25 años de recuperación de los Ayuntamientos democráticos apenas se ha avanzado en el desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la administración local,
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
jueves, 14 de junio de 2007
Intervencion Isaura Navarro Ley acceso electronico administraciones publicas
No sólo es una necesidad, también una obligación del Gobierno conseguir que las Administraciones Públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos. En otras palabras, que tengamos una administración moderna y avanzada, una administración del siglo XXI, a la altura de los tiempos en que actúa, y en este sentido se justifica la oportunidad de este proyecto de ley.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
miércoles, 6 de junio de 2007
Debate Derechos y Deberes Guardia Civil
Sesión plenaria núm. 241 celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
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