Pleno del Congreso de los Diputados (13 de junio de 2007)
Sesión de Control del Gobierno
PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del
Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.
Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.
Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.
Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
martes, 19 de junio de 2007
LA NECESARIA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL
Después de más de 25 años de recuperación de los Ayuntamientos democráticos apenas se ha avanzado en el desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la administración local,
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
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