Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la guardia civil

Detrás del texto alternativo del PP esta su posición conservadora e inmovilista. No quieren esta reforma ni ninguna. Y con lo que le ha costado sacarla al PSOE creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero aquí está y desde IU vamos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.

Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.

Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.

Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.




Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.

Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.

La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.



Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:

cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.






O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.

La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.

O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.

Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.

En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.




El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.

Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.

Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.


Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.

Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.

Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.


Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.

Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.

El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.

Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.

¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.




En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.

La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.

La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.

En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.




En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.

En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.

Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.

La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia

El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.


La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.

Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.

Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.

Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.

Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.

Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.

En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.



Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.

Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.

Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.

La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.




Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.

Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.

La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.

Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.










Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.

Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,

por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.

Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.

Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.






Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.

Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?

Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.

Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.


Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.

Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,

“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”