MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.(Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto. (Rumores.) Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente, cuando las condiciones del debate lo permitan, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, como les decía, continuamos con la sesión plenaria. Les rogaría que permitieran a su compañera la señora Navarro hacer uso de la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción versa sobre una cuestión que hoy por hoy, en aplicación de nuestra Constitución española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tendría que tener lugar; versa también sobre un acuerdo entre el Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia católica, que se aparta del mandato constitucional, un acuerdo que simboliza un serio paso atrás, consolidando la tan cuestionada sobrefinanciación de la Iglesia católica con todos los gobiernos que han ido pasando, y finalmente la Iglesia católica ha conseguido su gran objetivo, que era esa consolidación.
(Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Navarro, un momento.Señorías, por favor, una de sus compañeras está intentando utilizar sus minutos en la tribuna. Les rogaría un poco de respeto y de silencio.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Qué se ha pedido a cambio de esa sobrefinanciación? Prácticamente nada. Porque la nada es que la Iglesia católica tenga que cumplir con una normativa que lleva quince años incumpliendo, que es el pago del IVA, y tendremos que verlo, porque es algo que se debía haber hecho hace quince años. Su incumplimiento no es más que un reflejo de lo que ocurre en el Estado español: que la Iglesia católica mueve su dinero y sus bienes a sus anchas, sin ningún control del Estado, ni siquiera el dinero público, como el Rey; sin ningún control, absolutamente ninguno. Pagará el IVA, dicen, pero, ¿qué control hay sobre los demás impuestos? Como digo, absolutamente ninguno. Esta moción exige un control sobre el dinero que reciben del Estado, el dinero que se recibe de todos los contribuyentes, porque no solo es el que se recibe a través de la famosa casilla, sino que son múltiples e incalculables las vías por las que el imperio de la Iglesia católica adquiere dinero público, lo que el ministro de Justicia, en contestación a la interpelación de este grupo parlamentario, llamó vías de cooperación, y lo que también llama así el Partido Popular en la enmienda que ha presentado a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, haciendo uso de un clarísimo eufemismo.Este Gobierno, señorías, tenía un gran espacio para la negociación, pero no ha sido así. A los profesores de religión -un claro ejemplo- les seguimos pagando entre todos incluso las indemnizaciones que se dan por ceses cuyos motivos desde Izquierda Unida nunca compartiremos y contrarios a la laicidad simplemente de una relación laboral. Ninguna exigencia se ha alcanzado tampoco sobre el cumplimiento de las múltiples resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sobre anotaciones en los libros de bautismo y las peticiones de baja por apostasía a la Iglesia católica. Desde 2004 se están dictando por parte de la Agencia de Protección de Datos resoluciones que son reiteradamente incumplidas y precisamente aquí tengo un ejemplo de contestación del Arzobispado de Valencia donde se dice que no piensan cumplir con la petición realizada.De este modo se incumple el mandato que una y otra vez reitera la Agencia de Protección de Datos, pero nada dice el Gobierno al respecto. Tampoco hay ningún acuerdo sobre mecanismos de apostasía que permitan el cumplimiento de un mandato tanto de los tratados internacionales como de nuestro derecho interno, además de cumplir con una demanda ciudadana que es manifestada en las calles una y otra vez. Al contrario, se requiere un mecanismo para darse de baja de la Iglesia, pero que después no diga la Iglesia católica que un 90 por ciento de los ciudadanos españoles son católicos porque me imagino que entonces se estarán basando en cifras que no responden a la realidad y sí más bien a la realidad trastocada a través de la negativa a dar de baja de la Iglesia católica. Por no hablar de la asignatura de religión, última concesión de este Gobierno.
¿A qué juega este Gobierno, señorías? Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds preferimos que la Iglesia se manifieste una y otra vez en las calles, preferimos volver a ver a todos los curas, obispos, arzobispos, mientras se aprueben leyes progresistas que permitan a este país avanzar y librarse del lastre de 40 años de dictadura y poder eclesiástico. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y no queremos volver a ver a ningún miembro del Gobierno besando las manos a esos obispos, arzobispos y demás; no queremos ver en el presente el pasado. Por ello hoy por hoy algunos seguimos luchando por el cumplimiento sencillo de la Constitución española. Seguimos luchando -y por eso presentamos esta moción- por la renegociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede derivado del concordato, por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la autofinanciación real de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso sí, mientras se mantenga la casilla, que también se dé el 0,7 a las ONG.
Señorías, pedimos nitidez, transparencia y control sobre el dinero público que maneja la Iglesia católica, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas. Pedimos garantías de que el uso a que se destine el dinero sea el fin preestablecido de la subvención y que no se destine a invertir en Bolsa y a otros menesteres a los que se dedica la Iglesia católica, porque desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aspiramos a una sociedad libre y laica donde todos, con independencia de la confesión religiosa que profesen o no, directa o indirectamente, seamos tratados igual por el Estado. ¿Ustedes saben lo que se está financiando -no son ni siquiera obras de caridad- con el dinero público que se entrega a la Iglesia católica? Se financia un modo de vida y un modelo de sociedad, que se pretende ir consolidando, que rechaza los avances científicos como la investigación genética y las biotecnologías; que rechaza el divorcio; que no permite el uso del preservativo ni siquiera para frenar los avances del sida; que rechaza el uso de los demás anticonceptivos; que discrimina a los homosexuales; que condena a la mujer al ostracismo y al machismo, llegando a justificar incluso el maltrato; que consolida la pobreza y que, para colmo, no te permite darte de baja. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos dejar claro que estamos profundamente en contra de seguir financiando un modelo de sociedad que no compartimos y por ello presentamos esta moción que representa los objetivos históricos de esta formación política y de Iniciativa per Catalunya. Les aseguro que no cesaremos en nuestras reivindicaciones.
Gracias.La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas.Comenzaremos con el señor Rodríguez en defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.Señoras y señores diputados, evidentemente el Estado español no es un Estado laico. Lo grave es que por el camino que va tampoco es un Estado aconfesional. Realmente se está dando una involución que está llegando a establecer como dogma de normalidad política lo que es confesional católico y todos los demás tendremos que apuntarnos a una especie de objeción de conciencia. No otra cosa es que sigan perviviendo símbolos de una determinada confesión religiosa en lugares públicos, especialmente en la escuela; no otra cosa es que tenga validez civil de forma mecánica el matrimonio canónico; no otra cosa es la presencia de muchos miembros de la Iglesia católica -de curas- en las Fuerzas Armadas o en los servicios de carácter sanitario y no otra cosa es que la enseñanza de la religión católica sea una asignatura evaluable y computable a efectos incluso de promoción de un curso a otro e incluso que haya profesores de esta asignatura que están pagados por el erario público pero que están regidos, a la hora de la verdad, por la institución eclesiástica del catolicismo.
Estamos realmente ante una involución donde prácticamente se considera normal poder discutir las decisiones democráticamente asumidas por los poderes públicos democráticos, en concreto por este Congreso de los Diputados, de tal forma que se está intentando que una determinada moral, un determinado tipo de religión, con la política incluso descarada de tipo terrenal que se defiende, pase como normal, reciba todas las bendiciones, reciba la subvención pública y, además, resulte anómalo cualquier otro tipo de planteamiento laico o aconfesional. Por esto, el Bloque Nacionalista Galego considera que es necesario todo lo que la moción de Izquierda Unida presenta pero además con dos añadidos fundamentales. Uno de ellos es modificar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que realmente resulta increíble no en un gobierno socialista, sino en un gobierno puramente democrático. El segundo añadido es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa porque todos estaremos de acuerdo en que si hay libertad religiosa será para todas las religiones. Si el Estado es aconfesional, será en relación con todas las religiones, aunque parta del supuesto, desgracia por lo demás que impide que haya un Estado laico, de que los valores religiosos son de consideración política. Esta es una de las deficiencias fundamentales de la Constitución española, después lógicamente manipulada al servicio de una confesionalidad descarada. Por lo tanto, consideramos que es necesaria la modificación del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para por lo menos adaptarla a un Estado claramente aconfesional de carácter prescriptivo y en consonancia con circunstancias socioreligiosas de la sociedad actual, en parte mucho más laica, mucho más desacralizada, en parte seguramente mucho más confesional fundamentalista y, al mismo tiempo, plural, desde el punto de vista de manifestación de religiones que tradicionalmente no tenían presencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué papel tienen que ocupar las religiones en relación con las instituciones de carácter público y en relación con la legitimidad de esos poderes públicos a la hora de establecer leyes. Creo que no es de recibo una Iglesia católica insaciable que no solo defiende su moral, sino que es capaz de salir a la calle disputando y discutiendo lo que el poder público democrático establece de forma legal y de forma totalmente legítima porque es el único establecido para dictaminar normas de conducta que nos afecten a todos. Por lo tanto, la legalidad es él quien la prescribe, no ningún tipo de iglesia y menos la Iglesia católica, que en este caso es la preponderante.
Es un debate muy importante. El Gobierno no debería desatender esta cuestión porque no nos cabe la menor duda de que a través de un determinado tipo de planteamientos lo que se está haciendo es un ataque al Estado democrático plural, un ataque al Estado -ya no digamos laico- aconfesional. Señorías, tratándose de dinero público y tratándose de leyes aprobadas en este Parlamento, nosotros - no solo el Gobierno- debemos ser los primeros interesados en que se nos respete como representantes legítimos de los distintos pueblos del Estado español.Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.La segunda enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Tomé el que en su nombre tome la palabra para defenderla.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la moción sobre el nuevo marco para la autofinanciación de la Iglesia católica que ha presentado Izquierda Unida. No lo vamos a hacer porque no compartimos las premisas de las que se parte ni las conclusiones a las que se quiere llegar.Creemos que se quiere superar el principio de libertad religiosa y de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia católica y las demás confesiones, que consagra el artículo 16 de la Constitución, para imponer una visión ideológica laicista y antiliberal que ignora la realidad plural de nuestra sociedad y aspira a relegar a la religión fuera del espacio social o público sometiendo a las confesiones a sospecha y a vigilancia por parte de los poderes públicos. En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a reclamar hoy una regulación civil de la apostasía, propuesta que evoca, aunque seguro que en términos distintos, la realidad de otros siglos. También desde el Partido Socialista, en un reciente manifiesto, se pretende prevenir a la sociedad contra graves fracturas y atentados contra los derechos humanos que derivarían en nuestro país del hecho religioso. Desde el mismo ámbito se reclama la prohibición de la celebración en los colegios de la Navidad en contra de una tradición histórica, cultural y social plenamente arraigada en nuestra sociedad.
Señorías, nuestra Constitución proclama la libertad religiosa, libertad para creer, para no creer o para dejar de creer, una auténtica libertad ideológica y de culto para los individuos y las comunidades sin más límites en sus manifestaciones que las que se derivan del orden público.En consecuencia, nuestro Estado se declara aconfesional, es decir, incompetente en materia religiosa y neutral en cuanto a creencias, convicciones o cosmovisiones de carácter ideológico. Cuando la Constitución ordena que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española lo hace para proteger el ejercicio de un derecho que se reconoce con carácter individual y colectivo. Por eso, la aconfesionalidad, lo que en otras ocasiones se denomina laicidad, señorías, es coherente con la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica y las demás confesiones en razón de su arraigo social. Así lo proclama el artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La cooperación es también la práctica en la mayoría de las tradiciones constitucionales europeas y por eso a mi grupo el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y su plasmación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 nos parecen satisfactorios. Nos parece satisfactorio que, conforme al principio constitucional de cooperación y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a partir de ahora la asignación tributaria para el sostenimiento de la Iglesia católica gane estabilidad y objetividad, al tiempo que se refuerza la autofinanciación conforme a la voluntad manifestada por los contribuyentes.
La contribución de los poderes públicos al sostenimiento de la Iglesia católica tiene en nuestro país fundamentos históricos constitucionales, pero sobre todo creemos que esta cooperación se corresponde con el arraigo social, cultural e histórico de una institución que, entre sus actividades, impulsa acciones educativas, sanitarias, de lucha contra la marginación, cooperación al desarrollo, acciones culturales, de conservación del patrimonio artístico y cultural y también de transmisión de valores que están en la base de nuestra civilización y que contribuyen decisivamente a la convivencia libre, respetuosa, solidaria, pacífica y democrática; una acción en la que colaboran como voluntarios decenas de miles de españoles y que millones más reconocen y apoyan con independencia de sus creencias religiosas u opiniones políticas.Señorías del Grupo Socialista y de la mayoría gubernamental: la transición y el pacto constitucional nos han permitido a los españoles superar dos siglos de divisiones y enfrentamientos sobre la forma de Estado o sobre las llamadas cuestiones territorial, social o religiosa que hicieron fracasar los antecedentes constitucionales habidos, todos sin excepción.La sociedad española mira hoy al futuro y ustedes deberían evitar reabrir viejas cuestiones, ajustar cuentas pasadas o pretender imponer desde las instituciones modelos ideológicos. Vistos los manifiestos que ustedes han presentado, cada vez está más claro que su educación para la ciudadanía puede terminar siendo una educación para el socialismo y el laicismo. No es esa la mejor forma de defender el pluralismo de nuestra sociedad ni la libertad de conciencia ideológica y religiosa que proclama la Constitución.
Señores del Grupo Socialista, deben ustedes aclararse: o están por la ingeniería social o están, desde la responsabilidad exigible a quien ejerce la acción de gobierno, por el respeto a las creencias de los españoles y a la pluralidad de nuestra sociedad. Apoyen, señores de la mayoría, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y prestaremos entre todos un servicio a la libertad, a la laicidad del Estado y a la claridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tomé.Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿Desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea usted intervenir, señor Andreu? Su señoría tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de la interpelación urgente es fruto del debate del día 29 de noviembre del presente. Antes de iniciar mi exposición quiero precisar que hablo en nombre de un partido fundacionalmente y en la actualidad laico, escrupulosamente respetuoso, eso sí, con la libertad religiosa; pero hablamos en el marco de un Estado, el Reino de España, constitucionalmente aconfesional, respetuoso con todas las creencias religiosas.La moción consecuencia de la interpelación urgente era en su inicio y en su meollo sobre la financiación. El paso del 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF supondría en cifras que en el presente año la Iglesia hubiera recibido por el 0,52 del IRPF 144 millones de euros y 24 millones más del Fondo de Compensación; con la nueva formulación del 0,70 por ciento se calcula que la financiación en el próximo año será de unos 170 millones de euros. La diferencia es mínima y traerá mucha más transparencia, además de incorporar la obligación del impuesto sobre el valor añadido en las cuentas de la Iglesia católica. Creemos que es mejor la situación del nuevo marco que la anterior, pero quisiéramos hacer una precisión sobre lo que se ha dicho al filo de la financiación. En el conjunto de los pueblos de España la Iglesia es plural y diversa. No solo hay una Iglesia de la COPE, que lo único que pretende es introducir las ideas de unidad de España y los criterios más arcaicos; hay otras iglesias, por lo menos en Cataluña, comprometidas con derechos nacionales y con derechos sociales y muy activas. En esta interpelación hemos encontrado afirmaciones del grupo proponente que nos parecen muy ancladas en el pasado. En la actual situación, respecto a la libertad religiosa, tendríamos que avanzar en la adecuación de este nuevo pluralismo religioso y multicultural que el hecho de la inmigración ha introducido en el Estado español, esta nueva realidad de personas procedentes de la inmigración que ha hecho que el porcentaje de religiones que no son la católica haya aumentado de manera importante en este país. Por eso creemos que es mucho más interesante avanzar con una ley orgánica de libertad religiosa que concrete esta nueva realidad multicultural y multirreligiosa que ha progresado en estos últimos años con la inmigración. Con independencia de la financiación, el grave problema que tenemos es reconocer a estas nuevas creencias introducidas en nuestro país los mismos derechos de que gozan la Iglesia católica y sus creyentes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y será el señor Xuclà quien tomará en su nombre la palabra para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación urgente.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hago para expresar que mi grupo parlamentario cree que este es un tema bien resuelto tal y como está en estos momentos; que mi grupo parlamentario está de acuerdo en cómo resolvió el marco constitucional y la propia Constitución la libertad de culto y el Estado laico y respetuoso con el pluralismo y la libertad de creencias; que mi grupo parlamentario coincide con los acuerdos que actualmente el Estado tiene con distintas confesiones religiosas, entre ellas con la Iglesia católica, ya que si nos atenemos a la realidad puramente estadística, el sentimiento y la práctica de esta confesión son relevantes -si se me permite la expresión comedida, como mínimo- en el Estado español. A este grupo parlamentario le parece bien cómo el Gobierno español y, de forma muy especial, cómo el Gobierno socialista y la vicepresidenta del mismo está gestionando las relaciones con las distintas confesiones religiosas, concretamente con la Iglesia católica a la luz de estos últimos acuerdos que aportan mayor transparencia en estas relaciones.
En un debate como el de hoy, señorías, simplemente tenemos que recordar algunos valores constitucionales básicos que también casan con el objeto de debate que hoy nos trae aquí Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Primero, con un valor constitucional básico como es el de la libertad, libertad también para ejercer cualquier tipo de confesión religiosa y para alejarse absolutamente de una visión, cosmovisión o interpretación religiosa que se imponga de unos hacia otros. Una cosa es el respeto absoluto al carácter laico del Estado y de sus instituciones y otra practicar una actitud beligerante y activa laicista a favor o en contra de una determinada confesión, por lo que hoy en este debate el primer valor constitucional que queremos reivindicar es el de la libertad, también el de la libertad de expresión. Algunas manifestaciones de una parte de la Iglesia española, por su forma de expresión, me provocan personalmente, como nacionalista catalán, un importante rechazo, pero nosotros, que reivindicamos en cualquier parte y especialmente en estas Cortes Generales la libertad de expresión y de manifestación, no vamos a cuestionar esta libertad de expresión y de manifestación a nadie; libertad de expresión también de unas creencias religiosas que forman parte de la esfera privada de las personas que las profesan y que en función de esa libertad tienen todo el derecho a hacer expresión de esta fe y de estas creencias en la esfera pública.Finalmente, señorías, algo que no se inscribe en el ámbito del registro de los derechos fundamentales, pero que es básico en cualquier democracia de calidad, es el respeto. Señoría, el respeto no es un derecho ni es un derecho fundamental, pero debemos respetar esta libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), integrado por dos partidos políticos, uno de tradición demócrata-cristiana y el otro inscrito en una tradición amplia de sensibilidades socialdemócratas, liberales y también demócrata-cristianas, pero no confesional y con unos miembros que tienen convicciones religiosas y otros que no, todos nosotros y muchos de esta Cámara podemos reconocer, como reconocemos a tantas otras personas, organizaciones y asociaciones, el papel y la función social globalmente positiva que están desarrollando religiones como la católica, ya que se nos invita a hablar de la religión católica en el conjunto del Estado español. Este es el punto de vista y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y creo que todos ustedes deducirán de esta intervención que nuestro voto será negativo a los planteamientos revisionistas respecto al marco constitucional y a las leyes vigentes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.Finalizamos, señorías, con la intervención de la señora Hermosín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en esta moción que estamos discutiendo y que fue ya ampliamente contestada y creo que bien cumplimentada por el ministro de Justicia en el último Pleno. Casi vería ociosa la moción porque incluso el enunciado de la misma es un poco confuso, y me refiero a que habla de negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias respondiendo al artículo constitucional. En fin, es una redacción que realmente sabemos de lo que va pero no es nada clara en su exposición. De lo que va es del artículo 16 de la Constitución española que, como todo el mundo sabe, en primer lugar consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental, en segundo lugar establece que ninguna confesión tiene carácter estatal, y a renglón seguido se refiere a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Pues bien, este mandato constitucional es lo que realmente está siendo atendido y desarrollado por el Gobierno. No estamos sometidos a ningún credo o religión; la acción del Gobierno es totalmente autónoma y la Iglesia católica tiene que entender y aceptar, como así lo hace, las reglas del juego. Les gustará más o menos, y pruebas tenemos en esta legislatura en la actividad legislativa del Gobierno y de las Cortes en que hemos aprobado leyes como la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para materia de separación y divorcio; hemos aprobado la Ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio; hemos aprobado la Ley para la investigación con células madre y vamos a aprobar próximamente una ley de educación. En todas ellas ha habido expresiones claras y rotundas contrarias por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, pero esas son las reglas del juego. Este Congreso aprueba lo que el Gobierno impulsa y a la Cámara le parece bien aprobar.
En cuanto al sistema de financiación, ya hablamos de este tema de manera muy similar en un debate que hubo aquí el año pasado o no sé en qué fecha, en el año 2005. La cuestión de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 ni estaba en el programa electoral del Partido Socialista ni está en el horizonte de esta legislatura y nunca ha sido un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno ni por ningún ministro. Ahora bien, la acción del Gobierno siempre ha estado encaminada a mejorar la transparencia y a hacer más autónoma la financiación de la Iglesia. Respecto al modelo de financiación existente he de señalar que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -no se lo que dirá Izquierda Unida-, aunque agradezco lo que dice en positivo sobre el Gobierno, es engañosa porque aquí su portavoz no ha dicho lo que hay escrito en la enmienda. En la enmienda ha escrito que le gusta lo que ha hecho el Gobierno porque tiene un carácter indefinido. No es verdad. El modelo de financiación existente tiene un carácter transitorio y sometido a plazos.La Iglesia católica lo sabe y tiene que asumir el objetivo de lograr por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento y su autofinanciación. Por eso digo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es engañosa, porque una cosa es lo que ha dicho en la tribuna su portavoz y otra cosa es lo que hay escrito. La última negociación que ha habido del Gobierno con la Iglesia católica -ya sabemos que liderada por la vicepresidenta del Gobierno- ha avanzado en ese sentido y va a ser positiva, como se va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con avances significativos como la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor añadido, la eliminación en el modelo de cooperación económica de la cláusula trianual que venía prorrogándose desde 1988, dotando así a la cooperación económica de una mayor estabilidad, con un nuevo modelo, como he señalado, más encaminado a la autofinanciación; asimismo con la eliminación de la garantía de la sobrefinanciación, porque la Iglesia católica solamente contará con la financiación que le otorga la contribución voluntaria de los contribuyentes a través del IRPF y no dispondrá, como hasta ahora, de cantidades adicionales. Además, hay un compromiso de la Iglesia para que haga una memoria circunstanciada de la liquidación y, por tanto, vamos también hacia una mayor transparencia.Se me acaba el tiempo. No es casualidad, también fue un Gobierno socialista el que en el año 1992, con diversas leyes, llegó a acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Ahora, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se coopera con estas religiones que tienen cierto arraigo social en nuestra sociedad. Hemos andado un camino importante y todavía nos queda más, y tenemos que andarlo juntos porque los objetivos que estamos defendiendo son los mismos. Los objetivos son los intereses colectivos y generales, el respeto a la pluralidad ideológica, el reconocimiento de la libertad de creencias y la protección de la libertad religiosa. El Estado laico hacia el que caminamos es el mejor marco político para la defensa de estos principios y valores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Hermosín.En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: Este grupo parlamentario acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y rechaza profundamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que dice que valora positivamente el nuevo sistema de financiación de la Iglesia católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le recuerdo que el debate ya está hecho y que su turno es simplemente para aceptar o rechazar las enmiendas.La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.
lunes, 26 de marzo de 2007
Intervencion Isaura Navarro comisión Justicia, comparecencia Ministro
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro Casillas.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA
(Termina la señora Navarro)
Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA
(Termina la señora Navarro)
Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.
Intervencion Isaura Navarro comparecencia secretario de estado de seguridad
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que desde mi grupo parlamentario le pediríamos que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni en la venta de humo, sino que cumpla los compromisos, ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona, y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una nueva mentalidad.
Fin
COMISIÓN DE INTERIOR TURNO 16
15-9-04 CABEZALÍ
ANA
(Continúa la señora Navarro.)
Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia.
Entendemos que desde esa nueva visión que es necesaria, desde esa nueva mentalidad hace falta una nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura.
Desde luego encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, que también es un aspecto en el que hacemos hincapié en todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública entendemos que comienza por un buen desarrollo social. Además es un ámbito que en los últimos años de gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado, por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas necesarias bajo una voluntad política que está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es evidente que es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto. Entendemos que hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado. Entonces habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal.
No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que desde luego no ha terminado y quizás nos encontramos -nosotros entendemos que sí- ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto o quizá el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero abrir nuevas vías de resolución del conflicto sí que sería necesario, buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. Desde luego no me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí que quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de este terrible conflicto.
También entendemos que es necesario que se hagan reformas legales en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos, no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan al mar, que caigan todos, que algunos se levanten, que están desorientados. Entonces estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques prácticamente que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, entendemos que éste no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones, después hay muchas denuncias con autor desconocido, no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos para actuar contra esta situación.
Necesitamos más medios y también más formación de los agentes y una formación adecuada, que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario, con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. Desde luego España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear.
FIN.
INTERIOR TURNO 17
15/09/04 TERE/ANA
((CONTINUA LA SEÑORA NAVARRO CASILLAS)
Consideramos absolutamente necesario un plan de actuación específico que se debata en sede parlamentaria para actuar contra este crimen organizado. Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español, es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el producto de sus fechorías. También habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y de esta manera se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía, y en ese nuevo modelo desde luego no compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Además, nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación, etcétera. Entendemos que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos más hacia la unificación. Como sabe, nosotros apostamos por un sistema policial acorde a una estructura federal del Estado y apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente, dicho por los propios agentes, imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar, y en cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil, pero que hasta ahora algo debe estar pasando, porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, ahora mismo parece ser que están en proceso de elección de los miembros del consejo superior de personal y hay 30 provincias donde no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no están viendo un cumplimiento de estos compromisos. Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Por tanto, las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, de acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y desde luego con la unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos preocupan las demandas de fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, lo de las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Nosotros entendemos que se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si los reajustes ante las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste también en cuanto a la lucha en la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas democráticas y legítimas.
F I N
INTERIOR t.18
15/9/04 kay/ana
(Termina la señora Navarro)
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa si no será trasladar una excesiva responsabilidad en funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es que hay que buscar otros enfoques, y era el origen del problema y que desde luego la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Y así lo dicen también los propios miembros de la Policía, que se sienten indefensos e incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las Policías autonómicas y locales y las otras agencias con funciones policiales, si también se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si sencillamente se trata de la genérica obligación interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que desde mi grupo parlamentario le pediríamos que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni en la venta de humo, sino que cumpla los compromisos, ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona, y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una nueva mentalidad.
Fin
COMISIÓN DE INTERIOR TURNO 16
15-9-04 CABEZALÍ
ANA
(Continúa la señora Navarro.)
Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia.
Entendemos que desde esa nueva visión que es necesaria, desde esa nueva mentalidad hace falta una nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura.
Desde luego encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, que también es un aspecto en el que hacemos hincapié en todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública entendemos que comienza por un buen desarrollo social. Además es un ámbito que en los últimos años de gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado, por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas necesarias bajo una voluntad política que está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es evidente que es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto. Entendemos que hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado. Entonces habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal.
No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que desde luego no ha terminado y quizás nos encontramos -nosotros entendemos que sí- ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto o quizá el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero abrir nuevas vías de resolución del conflicto sí que sería necesario, buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. Desde luego no me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí que quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de este terrible conflicto.
También entendemos que es necesario que se hagan reformas legales en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos, no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan al mar, que caigan todos, que algunos se levanten, que están desorientados. Entonces estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques prácticamente que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, entendemos que éste no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones, después hay muchas denuncias con autor desconocido, no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos para actuar contra esta situación.
Necesitamos más medios y también más formación de los agentes y una formación adecuada, que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario, con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. Desde luego España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear.
FIN.
INTERIOR TURNO 17
15/09/04 TERE/ANA
((CONTINUA LA SEÑORA NAVARRO CASILLAS)
Consideramos absolutamente necesario un plan de actuación específico que se debata en sede parlamentaria para actuar contra este crimen organizado. Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español, es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el producto de sus fechorías. También habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y de esta manera se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía, y en ese nuevo modelo desde luego no compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Además, nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación, etcétera. Entendemos que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos más hacia la unificación. Como sabe, nosotros apostamos por un sistema policial acorde a una estructura federal del Estado y apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente, dicho por los propios agentes, imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar, y en cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil, pero que hasta ahora algo debe estar pasando, porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, ahora mismo parece ser que están en proceso de elección de los miembros del consejo superior de personal y hay 30 provincias donde no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no están viendo un cumplimiento de estos compromisos. Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Por tanto, las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, de acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y desde luego con la unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos preocupan las demandas de fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, lo de las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Nosotros entendemos que se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si los reajustes ante las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste también en cuanto a la lucha en la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas democráticas y legítimas.
F I N
INTERIOR t.18
15/9/04 kay/ana
(Termina la señora Navarro)
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa si no será trasladar una excesiva responsabilidad en funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es que hay que buscar otros enfoques, y era el origen del problema y que desde luego la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Y así lo dicen también los propios miembros de la Policía, que se sienten indefensos e incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las Policías autonómicas y locales y las otras agencias con funciones policiales, si también se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si sencillamente se trata de la genérica obligación interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.
Intervencion Isaura Navarro ILP Foro de la Familia
Congreso 27 de febrero de 2007
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
— PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de
expediente 120/000005.)
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente.
Es más, esta iniciativa se aparta de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa. Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta —porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico—, sino que la consideramos retrógrada, profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por recorrer.
En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio, algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas —que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios—, ni tampoco obligatorias —lo digo por las estadísticas que se han citado aquí—, no se trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.
Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual.
Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo. Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de 5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias.
Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas. Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
— PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de
expediente 120/000005.)
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente.
Es más, esta iniciativa se aparta de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa. Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta —porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico—, sino que la consideramos retrógrada, profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por recorrer.
En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio, algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas —que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios—, ni tampoco obligatorias —lo digo por las estadísticas que se han citado aquí—, no se trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.
Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual.
Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo. Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de 5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias.
Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas. Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Isaura Navarro sobre el Estatuto Empleado Público
EL PROYECTO DE ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO
Quiero iniciar mi intervención saludando a unos protagonistas fundamentales de este texto, los representantes sindicales que hoy nos acompañan, Atentos al debate,
que durante la negociación lograron sustanciales mejoras e hicieron un trabajo digno de reseñar.
Por nuestra parte, desde Iu siempre hemos defendido la necesidad de existencia de un EE FPubl
Una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y unificara al máximo el régimen de laborales y funcionarios al servicio de las adm publ, lo que se ha venido a llamar empleado publ, que buscamos en el texto y, porq no decirlo, no lo encontramos.
Aquí el gob no fue valiente en su propuesta y no lo es el resultado final…
La reforma en profundidad de la Función Pública es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las Administraciones
Ademas de por la enorme significación del empleo público, que con 2,5 millones de trabajadores,
Es el sector mas estratégico dentro del mundo laboral.
Recordemos que
las medidas que se adopten afectarán no sólo a los empleados públicos,
sino también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los interesas de la ciudadanía.
Precisamente por ello funcionarios y adm publ necesitan un ee, pero no cualquier ee.
su contenido debe servir para mejorar, modernizar y profesionalizar la adm publ.
Es por ello que IU presentó más de 150 enmiendas, porque queremos un ee,
pero no cualquier ee,
un ee para la adm,
para el empleado publico,
para los ciudadanos.
Desde Iu apostamos por un ee para alcanzar una Adm publ profesional,
democrática, ágil y dirigida al ciudadano,
que garantice la calidad de los servicios públicos.
Porq desde Iu rechazamos hablar de supuesta modernización que encubra la aplicación a la gestión pública de técnicas de gestion empresarial con externalización de funciones propias de la Adm,
Que repercuten en un peor servicio al ciudadano
y mayor coste a la larga para todos.
Es por ello que ya le adelanto nuestro voto en contra de la creación y regulación de la figura del personal directivo,
IU se niega a amparar el grave error que se comete con este texto al crear una figura propia de la empresa, que
No es seleccionado bajo los principios de igualdad,mérito y capacidad,
- Abre una clara puerta al amiguismo
- y se olvida de la capacidad profesional de los empleados publicos.
- Como amigos estaran al margen del régimen disciplinario
- los sindicatos no pueden ni discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo.
- Podrá percibir indemnizaciones por cese que pagaremos entre todos los ciudadanos
Es evidente que esta figura es uno de los elementos que junto a otros fomenta el clientelismo,
las actuaciones arbitrarias, y
la patrimonialización de las Administraciones por los partidos políticos o por las élites administrativas,
IU hizo enmiendas para eliminar todas estas prorrogativas, rechazadas por el PSOE.
Para IU La función directiva ha de ser desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados y seleccionados
respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
-----------
Srias, a IU tambien nos preocupa la externalización de funciones que está generando un efecto negativo en la calidad del servicio
y convirtiendo las necesidades públicas en negocio.
La mercantilización de los servicios públicos,
y la temporalidad en las adm publ.
Siguiendo con las deficiencias de la ley,
Este ee no asegura unas bases comunes para todo el personal de las Administraciones publ, que permitan la necesaria homogenización mínima del empleo público.
Sr. Ministro, han perdido la oportunidad de crear una figura pública ÚNICA de empleado público.
Acabar con la dicotomía laborales/funcionarios
No sólo el nombre de la ley
y lo ya alcanzado con la reforma de la 9/87
Por todo ello,
IZQUIERDA UNIDA hizo una valoración crítica del proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público,
Si bien en la breve y veloz tramitación parlamentaria, aprobada con nocturnidad y en 2 semanas,
Muy cuestionable dada la envergadura del texto,
hemos logrado introducir mejorar sustanciales,
Que nos hacen apoyar parte del texto.
Parte porque en ningún caso vamos a colaborar en la aprobación del personal directivo…
que se le recuerde a usted, sr. Ministro por esto.
IU ha logrado mejoras sustanciales q repercutiran tanto en la reduccion de la temporalidad como en la mejora de las condiciones de empleo y en la igualdad entre h y mujer,
Mejoras que seran percibidas directamente por los funcionarios publ.
Hemos logrado:
- introducción de los planes de igualdad, un avance sustancial que ha de servir para alterar los datos que ofrecen las ADM PUbl, el techo de cristal es visible incluso en la función publica, el % de funcionarios/as es el mismo, pero los puestos de responsab lo ocupan, como no, ELLOS.
- Igualmente hemos introducido que en los casos de violencia de género se garantice el derecho al traslado.
- el acoso laboral, con porcentajes alarmantes en la función publica de más difícil solución hasta la fecha precisamente por la propia configuración del empleo y las relaciones de jerarquia.
q el permiso de paternidad incrementarlo a 15 días, se ira equiparando a los laborales
q los interinos cobraran por fin los trienios, discriminación histórica
q Se ha reducido gracias a una enmienda de Iu sustancialmente la movilidad forzosa con cambio de residencia.
El gobierno introdujo este punto al margen y despues de la negociación con los sindicatos, generando alarma por su prevision excesivamene abierta y laxa, que podia dar lugar a abusos.
Desde Iu rechazamos la movilidad forzosa por considerala un elemento contrario a la independencia del funcionario.
Es por ello que mostramos nuestra satisfacción por haber introducido tres limitaciones:
- que sea excepcional y motivada
- que se acuerde a través de planes de ordenación que impliquen cambio de residencia, que no de municipio
- que se de prioridad a la voluntariedad en los traslados
- También nos sentimos satisfechos por haber logrado eliminar el veto expreso a la participación de los sindicatos en los procesos de selección de personal. Un serio paso atrás que hemos eliminado.
- Fundamental: OEP obligatoria ejecución en 3 años, para cumplir y frenar la temporalidad.
o La OEP es el reflejo de las necesidades anuales de personal y se ejecuta con años y años de retraso, fomentando la temporalidad.
- La garantía de promoción para los adscritos a agrupaciones profesionales, nueva figura donde se enmarca el grupo E.
- No discriminación por orientación sexual
Se han recogido las demandas de todos los grupos respecto a:
- La promoción cruzada es un avance fundamental para que los laborarles puedan promocionarse a puestos de funcionarios.
- jubilación parcial para los funcionarios
fundamental para generar renovación y rejuvenecer las adm publ.
---------------
En definitiva,
desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria, basada en la
potenciación del Servicio Público;
democratización de las Administraciones, introduciendo en ellas el principio de participación ciudadana en la gestión de lo público;
objetividad, integridad, imparcialidad y transparencia en las actuaciones;
erradicación del clientelismo y del poder arbitrario;
dignificación y profesionalización de la función pública
y efectividad en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Le manifestamos que este ee no es nuestro modelo,
pero que nos sentimos satisfechos con nuestras aportaciones que consideramos mejoran la calidad de trabajo
y el respeto hacia los derechos de los funcionarios publicos,
Que seguiremos luchando como Iu en las leyes de funcion publica de desarrollo de este ee,
Que Iu no renuncia a sus reivindicaciones
Ya dejamos claro nuestro posicionamiento,
nuestras críticas más relevantes
que se tradujeron en 150 enmiendas defendidas en comision
que reflejan
nuestro firme compromiso con lo público.
Con acabar con la temporalidad y el clientelismo en la adm.
Nuestro firme compromiso con los ciudadanos.
Quiero iniciar mi intervención saludando a unos protagonistas fundamentales de este texto, los representantes sindicales que hoy nos acompañan, Atentos al debate,
que durante la negociación lograron sustanciales mejoras e hicieron un trabajo digno de reseñar.
Por nuestra parte, desde Iu siempre hemos defendido la necesidad de existencia de un EE FPubl
Una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y unificara al máximo el régimen de laborales y funcionarios al servicio de las adm publ, lo que se ha venido a llamar empleado publ, que buscamos en el texto y, porq no decirlo, no lo encontramos.
Aquí el gob no fue valiente en su propuesta y no lo es el resultado final…
La reforma en profundidad de la Función Pública es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las Administraciones
Ademas de por la enorme significación del empleo público, que con 2,5 millones de trabajadores,
Es el sector mas estratégico dentro del mundo laboral.
Recordemos que
las medidas que se adopten afectarán no sólo a los empleados públicos,
sino también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los interesas de la ciudadanía.
Precisamente por ello funcionarios y adm publ necesitan un ee, pero no cualquier ee.
su contenido debe servir para mejorar, modernizar y profesionalizar la adm publ.
Es por ello que IU presentó más de 150 enmiendas, porque queremos un ee,
pero no cualquier ee,
un ee para la adm,
para el empleado publico,
para los ciudadanos.
Desde Iu apostamos por un ee para alcanzar una Adm publ profesional,
democrática, ágil y dirigida al ciudadano,
que garantice la calidad de los servicios públicos.
Porq desde Iu rechazamos hablar de supuesta modernización que encubra la aplicación a la gestión pública de técnicas de gestion empresarial con externalización de funciones propias de la Adm,
Que repercuten en un peor servicio al ciudadano
y mayor coste a la larga para todos.
Es por ello que ya le adelanto nuestro voto en contra de la creación y regulación de la figura del personal directivo,
IU se niega a amparar el grave error que se comete con este texto al crear una figura propia de la empresa, que
No es seleccionado bajo los principios de igualdad,mérito y capacidad,
- Abre una clara puerta al amiguismo
- y se olvida de la capacidad profesional de los empleados publicos.
- Como amigos estaran al margen del régimen disciplinario
- los sindicatos no pueden ni discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo.
- Podrá percibir indemnizaciones por cese que pagaremos entre todos los ciudadanos
Es evidente que esta figura es uno de los elementos que junto a otros fomenta el clientelismo,
las actuaciones arbitrarias, y
la patrimonialización de las Administraciones por los partidos políticos o por las élites administrativas,
IU hizo enmiendas para eliminar todas estas prorrogativas, rechazadas por el PSOE.
Para IU La función directiva ha de ser desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados y seleccionados
respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
-----------
Srias, a IU tambien nos preocupa la externalización de funciones que está generando un efecto negativo en la calidad del servicio
y convirtiendo las necesidades públicas en negocio.
La mercantilización de los servicios públicos,
y la temporalidad en las adm publ.
Siguiendo con las deficiencias de la ley,
Este ee no asegura unas bases comunes para todo el personal de las Administraciones publ, que permitan la necesaria homogenización mínima del empleo público.
Sr. Ministro, han perdido la oportunidad de crear una figura pública ÚNICA de empleado público.
Acabar con la dicotomía laborales/funcionarios
No sólo el nombre de la ley
y lo ya alcanzado con la reforma de la 9/87
Por todo ello,
IZQUIERDA UNIDA hizo una valoración crítica del proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público,
Si bien en la breve y veloz tramitación parlamentaria, aprobada con nocturnidad y en 2 semanas,
Muy cuestionable dada la envergadura del texto,
hemos logrado introducir mejorar sustanciales,
Que nos hacen apoyar parte del texto.
Parte porque en ningún caso vamos a colaborar en la aprobación del personal directivo…
que se le recuerde a usted, sr. Ministro por esto.
IU ha logrado mejoras sustanciales q repercutiran tanto en la reduccion de la temporalidad como en la mejora de las condiciones de empleo y en la igualdad entre h y mujer,
Mejoras que seran percibidas directamente por los funcionarios publ.
Hemos logrado:
- introducción de los planes de igualdad, un avance sustancial que ha de servir para alterar los datos que ofrecen las ADM PUbl, el techo de cristal es visible incluso en la función publica, el % de funcionarios/as es el mismo, pero los puestos de responsab lo ocupan, como no, ELLOS.
- Igualmente hemos introducido que en los casos de violencia de género se garantice el derecho al traslado.
- el acoso laboral, con porcentajes alarmantes en la función publica de más difícil solución hasta la fecha precisamente por la propia configuración del empleo y las relaciones de jerarquia.
q el permiso de paternidad incrementarlo a 15 días, se ira equiparando a los laborales
q los interinos cobraran por fin los trienios, discriminación histórica
q Se ha reducido gracias a una enmienda de Iu sustancialmente la movilidad forzosa con cambio de residencia.
El gobierno introdujo este punto al margen y despues de la negociación con los sindicatos, generando alarma por su prevision excesivamene abierta y laxa, que podia dar lugar a abusos.
Desde Iu rechazamos la movilidad forzosa por considerala un elemento contrario a la independencia del funcionario.
Es por ello que mostramos nuestra satisfacción por haber introducido tres limitaciones:
- que sea excepcional y motivada
- que se acuerde a través de planes de ordenación que impliquen cambio de residencia, que no de municipio
- que se de prioridad a la voluntariedad en los traslados
- También nos sentimos satisfechos por haber logrado eliminar el veto expreso a la participación de los sindicatos en los procesos de selección de personal. Un serio paso atrás que hemos eliminado.
- Fundamental: OEP obligatoria ejecución en 3 años, para cumplir y frenar la temporalidad.
o La OEP es el reflejo de las necesidades anuales de personal y se ejecuta con años y años de retraso, fomentando la temporalidad.
- La garantía de promoción para los adscritos a agrupaciones profesionales, nueva figura donde se enmarca el grupo E.
- No discriminación por orientación sexual
Se han recogido las demandas de todos los grupos respecto a:
- La promoción cruzada es un avance fundamental para que los laborarles puedan promocionarse a puestos de funcionarios.
- jubilación parcial para los funcionarios
fundamental para generar renovación y rejuvenecer las adm publ.
---------------
En definitiva,
desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria, basada en la
potenciación del Servicio Público;
democratización de las Administraciones, introduciendo en ellas el principio de participación ciudadana en la gestión de lo público;
objetividad, integridad, imparcialidad y transparencia en las actuaciones;
erradicación del clientelismo y del poder arbitrario;
dignificación y profesionalización de la función pública
y efectividad en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
Le manifestamos que este ee no es nuestro modelo,
pero que nos sentimos satisfechos con nuestras aportaciones que consideramos mejoran la calidad de trabajo
y el respeto hacia los derechos de los funcionarios publicos,
Que seguiremos luchando como Iu en las leyes de funcion publica de desarrollo de este ee,
Que Iu no renuncia a sus reivindicaciones
Ya dejamos claro nuestro posicionamiento,
nuestras críticas más relevantes
que se tradujeron en 150 enmiendas defendidas en comision
que reflejan
nuestro firme compromiso con lo público.
Con acabar con la temporalidad y el clientelismo en la adm.
Nuestro firme compromiso con los ciudadanos.
Isaura Navarro interpela sobre la especulación urbanística
BORRADOR
PLENO TURNO 31
05/04/06
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 172/000177.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos la sesión de preguntas de control y pasamos a la de interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
Señora ministra, usted sabe que en cuanto al tema de esta interpelación no era usted precisamente la ministra más adecuada para contestarnos, porque en primer lugar esperábamos al ministro de Justicia o al de Administraciones Pública, pero no a la ministra de Vivienda. A la vista del texto de la interpelación, esta cuestión no es precisamente de su competencia en mayor medida, si bien podemos discutir las materias que se recogen en la misma, pero parece ser que el Gobierno ha decidido camuflar la incomodidad que le genera este debate y, por tanto, evitarlo y no hacer del Parlamento el centro del debate político que se tiene que llevar a cabo sobre este problema. La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.
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Pleno T.32
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(continua la señora Navarro)
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de esa partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.
En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.
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PLENO TURNO 33
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(Termina la señora Navarro.)
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Navarro, muchas gracias.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de la Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora diputada, en primer lugar tengo que manifestar que el Gobierno de España comparte la preocupación de los ciudadanos y del grupo interpelante por los casos de desarrollo territorial insostenible, por los casos de especulación urbanística que se producen y por los casos de corrupción que les acompañan, pero el Gobierno, además de compartir esta preocupación, está actuando desde el principio de esta legislatura, en dos años de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, poniendo en marcha medidas que combaten decididamente estas prácticas. Pero señorías, esa preocupación no debe llevarnos a renegar del desarrollo urbano y rural, que va íntimamente asociado al desarrollo económico y social, aunque sí debe abocarnos necesariamente a hacer una apuesta decidida, más allá de las declaraciones, por un desarrollo territorial y urbano sostenible, y desarrollo sostenible quiere decir desarrollo racional y sensato, a la par que viable en el largo plazo. Esa apuesta por un desarrollo territorial, urbano y rural sostenible debe ser un proyecto común a todos los poderes públicos, al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cada uno desde el ámbito de sus competencias y además comprometiendo medios propios.
Por lo que respecta a este Gobierno, tenemos muy claro que esta es una política prioritaria y de Estado, sobre todo en un país como el nuestro, señoría, como usted decía, que tiene una gran riqueza paisajística y ecológica y en el que una parte importante de nuestra economía descansa en el sector de la construcción y en el turismo. Como ya he dicho, no debemos renunciar a esa generación de riqueza, pero sí debemos encauzarla por unos parámetros mínimos de calidad ambiental y de cohesión social. Esa es la única manera de que sea duradera y de que pueda incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, asociado a ello está nuestro deber de luchar contra la especulación. El Gobierno está adoptando medidas para todo ello, y precisamente porque lo concibe como una política prioritaria y política de Estado, lo está haciendo de una manera transversal, como S.S. manifestaba a lo largo de su interpelación, por lo que ha implicado a los distintos departamentos ministeriales.
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PLENO Turno 34
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(Continua la señora ministra)
También como órgano colegiado, y por mencionarle la última medida, el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 4 de abril, a iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas, por primera vez en nuestra democracia acordó iniciar el procedimiento de disolución de un ayuntamiento.
Yo no voy a detallar evidentemente las líneas de acción de otros ministerios, aunque de forma breve voy a apuntar algunas de ellas en el conjunto de las medidas que adopta el Gobierno de España antes de extenderme también en determinadas medidas que llevamos a cabo desde el Ministerio de Vivienda. De esa manera, señoría, podrá juzgar en su globalidad la acción del Gobierno en esta materia.
En primer lugar, y en lo que compete, por ejemplo, por mencionar solo un caso concreto, al Ministerio de Justicia, el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo, promovió a un fiscal a la categoría de fiscal de Sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, una medida. Esta iniciativa va a permitir coordinar a las distintas fiscalías en delitos de este tipo al mismo tiempo que se van a unificar criterios de actuación en esta materia. También está prevista mañana la aprobación en esta Cámara del proyecto de ley de montes, donde está prevista la fiscalía que estoy mencionando.
En segundo lugar, y en materia de política fiscal en cuanto compete al Ministerio de Economía y Hacienda se ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude, que prevé medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda, como la inclusión de la referencia catastral en la campaña del IRPF, que ha supuesto incrementar el número de declarantes fundamentalmente en alquileres en un 8,6 por ciento, 101.000 declarantes más, y que los rendimientos declarados crezcan. Del mismo modo, por ejemplo, en las escrituras públicas la inclusión de los medios de pago para dar mayor transparencia y control a todas y cada una de las operaciones. Exigimos también que los contratos de arrendamiento y suministro de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente también se han llevado a cabo muchas iniciativas. Por ejemplo, la inversión para adquirir terrenos en el litoral, con el objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos espacios adyacentes para lo que están presupuestados, como decía S.S., 20 millones de euros en este ejercicio presupuestario. Del mismo modo se encuentra en el Senado el proyecto de ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que va a exigir que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a una evaluación ambiental. Por último, en relación con este ministerio, por mencionar una medida más, existe ya un anteproyecto de ley reguladora de los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Le voy a mencionar también medidas que se llevan a cabo desde el Ministerio de la Vivienda a favor de la transparencia, el control y la lucha contra el fraude. Como bien conoce S.S. el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de la Vivienda prevé que corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura. Como primer paquete de medidas en la lucha contra el fraude y la prevención del mismo en el Plan de Vivienda 2005-2008, que se aprobó en julio del año pasado, se establecen distintas medidas para garantizar la permanencia del parque de viviendas protegidas y evitar situaciones de especulación. El Plan de vivienda considera como un eje estratégico la utilización de los recursos de forma eficiente, y la lucha contra el fraude como uno de los ejes importantes para desarrollar con las comunidades autónomas. Se determina, por ejemplo, por primera vez la extensión del período de calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil, considerando al menos treinta años como tal, incrementándose por las comunidades autónomas y permitiendo al mismo tiempo la transmisión de viviendas protegidas a unos precios razonables para garantizar el cambio a otra vivienda que se adapte mejor a las necesidades cambiantes de un hogar. Además, como medida complementaria obligatoriamente las comunidades autónomas tienen que utilizar mecanismos como los registros de demandantes y adjudicatarios, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para eliminar la posibilidad de sobreprecios y, por tanto, la posibilidad de fraude en la transmisión de viviendas. Sobre el tanteo y retracto el Ministerio de la Vivienda ha firmado un importante convenio financiero con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para poner recursos a disposición de las Administraciones y que puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto.
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PLENO T.35
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(Termina la señora ministra)
También se está financiando la puesta en marcha de ventanillas únicas de vivienda como sistemas de transparencia y de prevención del fraude en la vivienda protegida. Desempeñará un papel importante el Registro estatal de viviendas protegidas, con el objeto de tener un registro único de todas las ayudas concedidas por las administraciones públicas para la vivienda y detectar, por ejemplo, las duplicidades de ayudas, así como registrar a promotores, a constructores, a beneficiarios, a propietarios o a inquilinos. La aprobación del código técnico de la edificación, en cuanto calidad en la misma, también supone una medida de lucha contra el fraude, entendido también como la falta de calidad en la venta de las viviendas. Trabajamos también en el sector de la intermediación y en la regulación de nuevos seguros que puedan garantizar la compra-venta por parte de ciudadanos.
En tercer lugar, estamos coordinando una nueva política de gestión del suelo patrimonial del Estado, que está inspirada en el principio del desarrollo urbano sostenible, pero que está aportando millones de metros cuadrados de suelo para vivienda protegida y para otros equipamientos sociales. La sostenibilidad de esta política de suelo público del Estado se demuestra en la apuesta que con estas actuaciones hacemos por la cohesión social y, más en particular, por la vivienda protegida, así como por la calidad ambiental del medio urbano, donde procuramos aumentar notablemente la proporción de dotaciones y equipamientos. En este momento el Estado tiene comprometidos más de 10 millones de metros cuadrados para más de 33.000 viviendas protegidas. Señoría, le estoy hablando de desarrollo urbano sostenible, tanto en los suelos residenciales como en los suelos industriales que también transformamos; criterios de eficiencia energética, de iluminación de orientación, de recogida hidráulica y neumática de residuos, de vegetación autóctona, de carril bici, de mezcla de usos -usos económicos y usos residenciales-, de ciudad compacta.
Hay otra medida muy importante que actualmente está en fase de tramitación muy avanzada, que es el anteproyecto de ley del suelo, que apuesta claramente por un desarrollo territorial y urbano sostenible y por combatir la especulación. Sobre los principios inspiradores del anteproyecto de ley del suelo me gustaría destacar aquellos aspectos más importantes que pueden dar respuesta a una parte de su interpelación. Por ejemplo, la transparencia es un factor fundamental para acabar con determinadas prácticas y propiciar la correcta utilización de determinados instrumentos. El anteproyecto quiere conectar urbanismo y suelo con ciudadanía y la mejor forma de hacerlo es poner a disposición de los ciudadanos una información fidedigna y comprensible para ellos. Pero para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos la información pública no puede consistir únicamente en hacer públicos los acuerdos ya cerrados, sino que tiene que producirse antes de la adopción de acuerdos. Por eso exigiremos que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información pública durante su tramitación; algo que actualmente no es así en todas partes. No queremos limitarnos a cumplir el derecho europeo. Podemos y debemos ir más allá si queremos asegurar que la participación ciudadana en materia urbanística sea efectiva. Tengamos presente que los planes y los demás instrumentos urbanísticos comprenden una documentación muy amplia, mucha de ella de carácter eminentemente técnico y de difícil comprensión para muchos y, sobre todo, para los ciudadanos. Por eso también exigiremos que la documentación que se someta a información pública incluya obligatoriamente un resumen ejecutivo que permita a los ciudadanos conocer de forma sencilla y sucinta en qué consiste, por ejemplo, el cambio de ordenación y en qué puede afectarle. También para dotar de la mayor transparencia posible a la información sobre el suelo disponible para edificar y conocer la evolución en el desarrollo del mismo ya está en macha el sistema de información urbana, que será compatible con los sistemas nacionales y europeos. En una sola década, como conoce S.S. y según determinados documentos como el ¿??, el suelo urbanizado en España ha aumentado en una cuarta parte. En Europa en 20 años ha aumentado solo el 20 por ciento. La sostenibilidad supone clasificar el suelo necesario e idóneo para satisfacer la demanda social detectada, pero también incluimos en la próxima tramitación del planeamiento el informe de impacto económico de la legislación vigente.
En definitiva, señoría, hay muchas medidas que ayudarán a luchar contra la corrupción y contra la especulación. (Aplausos.)
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PLENO T-36
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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Seguimos con el turno de réplica de esta interpelación.
Comenzamos de nuevo por la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante, cuando quiera.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el País Valenciano se ha ocupado en diez años más territorio que en toda su historia. Blasco lo llama dinamismo económico. No haga usted lo mismo. Se ha incrementado en un 47,1 por ciento el suelo urbanizado. El informe de la Unión Europea es demoledor y se reitera estos días la necesidad de que se modifique la nueva ley urbanística valenciana.
El colegio de arquitectos de Murcia recurre el desarrollo urbanístico de Murcia que prevé la construcción de 100.000 viviendas. En el caso de Orihuela, en el que la oposición denuncia que hay 8.000 casas ilegales, el fiscal ha denunciado al alcalde, del Partido Popular, a cinco concejales, a tres asesores y a cinco empresarios, uno de ellos propietario del famoso rolls y el bungalow donde reside el alcalde. Está denunciado por treinta casos de corrupción, pero siguen en el Ayuntamiento campando a sus anchas. No se preocupen, señorías, hay para todos. Hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos del Partido Popular, la mayoría de los planes urbanísticos que presentan tienen informe desfavorable en cuanto al agua, pero no pasa nada, se sigue adelante. En el caso de Elda, se ha aprobado el plan con los votos del PSOE, que gobierna, y cuatro concejales del PP incumpliendo el acuerdo, pero eran necesarios, qué curioso, 7.500 viviendas con un campo de golf. Por cierto, por el medio del campo de golf pasa el AVE. Es digno de ver, en medio de los hoyos del campo de golf, el recorrido del AVE. En Elche, un proyecto sin declaración de impacto ambiental, ¿por qué? ¿Por qué no tiene declaración de impacto ambiental? Se declara ilegal. El caso de Riba-roja, una operación urbanística que implica un incremento de la población de 12.000 personas. El Ayuntamiento de Granja, del Partido Popular, que tiene 2.000 habitantes se multiplica por dos en una zona de huerta. Torrevieja, según The Sunday Times, destino a evitar. Desde luego ahora mismo, sí; hace unos años no era así. Está siendo investigada por el fiscal Anticorrupción, pero también mientras el alcalde sigue campando a sus anchas. Tavernes, Guadassuar, El Puig, etcétera. En el caso de Alcoi, muy reciente, el secretario de territorio de la Generalitat Valenciana presuntamente, parece ser, ha comprado unos terrenos que se van a recalificar por un PAI que se va a hacer en esa misma zona, pero él no sabía nada. No lo sabemos si sabía algo o no, parece ser que sí.
Detrás de todos estos casos tengo aquí un dosier, señora ministra, le expongo los casos del País Valenciano, pero no solo es el País Valenciano, sino también Murcia, Almería y otras ciudades de Andalucía y las islas baleares. Amenazas y denuncias. Nosotros estamos siempre con los ciudadanos, porque, señora ministra, esto hay que pararlo. El caso de Castellón es el paradigma del marbellismo. Cabanes de Oropesa alberga Marina D'Or y el parque que está construyendo el señor Fabra, pero, eso sí, encargada la empresa de también Marina D'Or. Curioso. Dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes, donde se construyen estas edificaciones, trabajan para el dueño de Marina D'Or. El PSOE, lo mismo: dos hijas de los máximos dirigentes de Cabanes del PSOE también trabajan para el dueño de Marina D'Or. La secretaria general del PSOE de Oropesa también trabaja para el dueño de Marina D'Or. El resultado, PSOE más PP, más de 20 millones de metros cuadrados de urbanizaciones. Se multiplica la población por 24. Burriana, el alcalde socio político de Fabra. Dirige también el imperio inmobiliario del señor Fabra. En Burriana, con 35.000 habitantes, han recalificado suelo para más de 100.000 habitantes. El señor Fabra es titular de 19 cuentas bancarias y está autorizado en otras 75. Hacienda le investigó solamente en el año 1999 y dio con 146 ingresos anómalos alrededor de 110.947.000 millones de pesetas.
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PLENO TURNO 37
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(Termina la señora Navarro Casillas)
En conclusión, Marbella es la costa española, es el cáncer que se extiende y necesitamos extirparlo. Hay marbellas grandes y pequeñas, con más o menos ilegalidades, pero con un común denominador: la especulación urbanística que asola el país, la corrupción política, las mafias del dinero negro, el serio deterioro de la democracia que estamos padeciendo. Las instituciones públicas son instrumento necesario y cómplices de la corrupción. Consumimos más del 50 por ciento del cemento que se produce en la Unión Europea y la vivienda es cada vez más cara, como la señora ministra bien sabe, inaccesible por tanto para la mayoría de los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Aprobará este Congreso una ley del suelo que otorgue garantías que impidan estos abusos, que garantice los derechos de los ciudadanos frente a estos abusos? ¿Habrá un cambio de fiscalidad para la vivienda de segunda residencia, se va a promover esto por parte del Gobierno? ¿Este Gobierno va a cambiar y perseguirá de forma implacable la corrupción urbanística?
Señora ministra, necesitamos políticas reguladoras del mercado inmobiliario, un fomento real de las viviendas sociales, directrices de sostenibilidad, urbanismo al servicio de la ciudadanía que garantice un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, protección del patrimonio ecológico y cultural, planificación por encima de los promotores y con participación ciudadana, una ley del suelo que impida los abusos, endurecer las leyes penales, actuaciones de la Agencia Tributaria, coordinación de los distintos ministerios, persecución e investigación de los posibles delitos. En resumen, señora ministra, un Gobierno activo que cambie el panorama, que no permita que se incremente esta situación y que deje de decir, como ha dicho hoy el señor Blanco en una entrevista, que no pasa nada, porque sí está pasando.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Cerramos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de la Vivienda.
Adelante.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, ha desplegado usted una amplia casuística en la que detecto que determinados municipios no aparecen en la misma. Tal vez, sería conveniente y necesario que S.S. consultara la hemeroteca y también mencionara otros municipios. De todas formas, tengo que decir que, por primera vez, un Gobierno, el Gobierno actual, está actuando en todos estos sectores aprobando medidas, y lo está haciendo, como no podía ser de otra forma y como yo he tratado de manifestar haciendo referencia a algunas iniciativas de todos los ministerios, de una manera coordinada y transversal. Anteriormente le he detallado a S.S. gran parte de las iniciativas que el Gobierno de España está poniendo en marcha para atender la preocupación de los ciudadanos por las malas prácticas que usted ha mencionado. Concretamente, le he hablado del anteproyecto de ley del suelo, que sienta unos principios jurídicos mínimos a los que debe sujetarse la ordenación del suelo para ser sostenible -esto es novedoso-; que exige, conforme a esos principios, que los nuevos desarrollos urbanísticos se sometan a evaluación ambiental y justifiquen su sostenibilidad económica -también es novedoso-; que establece garantías básicas de participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de ordenación territorial y urbanística y en su gestión, para que en el futuro sea más transparente -esto es novedoso, no existía-; que pone coto a lo que puede acordarse en los convenios urbanísticos para que no se abuse de los derechos de las personas afectadas -esto es novedoso y que va en la dirección que usted apuntaba, llevamos muchos años trabajando en esto y ahora lo hacemos desde el Gobierno-; que adopta medidas para combatir la retención especulativa de los suelos -esto es novedoso- y que, además, sienta un régimen de valoraciones basado en la realidad, donde las valoraciones tienen que tasar adecuadamente la situación real de los terrenos y también el riesgo y la inversión acometidos en su transformación -que es lo que hay que hacer si queremos de verdad combatir las prácticas especulativas-, y no en meras expectativas basadas solo en las previsiones de los planes.
FIN
PLENO TURNO 38
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(Termina la señora ministra)
En suma, señoría, se trata de una acción global del Gobierno para luchar contra el fraude y la especulación en el mercado inmobiliario y también para lograr la sostenibilidad de nuestro desarrollo urbano, a lo que necesariamente ha de sumarse todo tipo de iniciativas de las restantes administraciones públicas.
También le quiero decir que este Gobierno confía plenamente en la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como vienen manifestándose, y también en la justicia para que el peso de la ley recaiga sobre aquellos que pretenden lucrarse con prácticas especulativas y fraudulentas. En ese sentido, el Gobierno de España, una vez más, está dando ejemplo con inmediatez, con rigor y con responsabilidad con todas las iniciativas que se están llevando a cabo. La suma de todas esas medidas, señoría, ofrecen una visión cabal del grado de compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad en el desarrollo de nuestro territorio, de nuestras ciudades y, además, en la lucha contra el fraude y con la especulación. Un grado de compromiso que, como S.S. conoce, agota el espacio competencial del Estado y respeta el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque no vendría mal empezar a repensar todo esto, pero que ofrece nuestra colaboración y nuestro apoyo para poder abordar conjuntamente un problema que es de todos, porque a todos nos concierne y solo actuando todos en la misma dirección podemos resolverlo con eficacia.
En relación con el proyecto de ley del suelo confío que el trámite parlamentario que va a seguir este proyecto sirva para enriquecerlo y para que se sumen a él todas las fuerzas políticas interesadas en poner freno a la especulación, en apostar por la sostenibilidad de nuestro territorio y de nuestro urbanismo y en luchar contra la especulación. Espero, señorías, que en el trámite parlamentario esta ley se pueda enriquecer todavía mucho más para conseguir los objetivos que todos pretendemos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señora ministra. Gracias, señora Navarro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA AFRONTAR LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA DE BIENES CULTURALES. (Número de expediente 172/000179.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Rodríguez- Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Hay dos circunstancias en la interpelación que hoy formulamos, a la que no hemos querido ponerle un nombre ambiguo y la hemos llamado contra la piratería, que la hacen especialmente oportuna. Una de ellas es que cuando hace un poco más de veinte días aprobábamos en esta Cámara una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, verdadero núcleo y columna vertebral para los autores, los creadores, tuvieron ustedes nuestro apoyo. Nos parece que es una buena ley, aunque creo que mejorable en el Senado, pero tuvo usted nuestro apoyo, y le anuncio que lo seguirá teniendo en esta misma línea. Por tanto, pongo eso por delante. La segunda circunstancia después de estos veinte días, es que hace un año aprobó el Gobierno lo que llamamos Plan antiperatería. Por tanto, estamos en dos caras de la misma moneda: cuando legislábamos hace veinte días tenía usted nuestro apoyo y cuando ahora hacemos nuestra labor de controlar al Gobierno tiene usted nuestra desaprobación, nuestra alarma y nuestra preocupación total. De nada vale hacer buenas leyes, leyes mejorables que nos parecen correctas, si luego los controles no existen y su aplicación es muy deficiente.
Señora ministra, nosotros creemos que en este momento en España el respeto a la propiedad intelectual es nulo, cero, es menos que cero y tenemos una enorme preocupación. Creemos que se está estableciendo, con la pasividad y la tolerancia del Gobierno, y no soy injusta cuando lo digo así, una situación de permisividad, de confusión y de enfrentamiento entre partes que nos está llevando a una situación, y no quiero poner adjetivos ni sobreactuar, pero usted misma lo dijo y uso sus palabras, si no la atajamos ya trágica.
Fin
PLENO TURNO 39
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(Continúa la señora Salmones)
Esas fueron sus palabras en esta Cámara. Pues bien, nosotros creemos que al año de haber aprobado el Plan antipiratería este Plan ha tenido prácticamente un cumplimiento cero en Justicia, con la instrucción del fiscal, que era necesaria absolutamente, vital, comprometida y que no se ha hecho. Tampoco se ha cumplido en Interior, donde usted habló de que la policía hacía pinitos electrónicos; no, la policía hace un trabajo extraordinario y no le han dotado de los medios que estaban previstos en el plan. No se ha cumplido con las industrias. Señora ministra, usted habló de autorregulación, el Plan hablaba de autorregulación; han concertado ustedes reuniones para tomar café con las industrias y estas ya ni van, piden que se desconvoquen estas conversaciones, no han llevado a nada. Usted sabe que en Francia existe un acuerdo desde el año 2004 entre las industrias y el mundo de la cultura y es eficaz. Para qué contarle cómo funcionan de acuerdo en Estados Unidos, y es eficaz. ¿Cómo aquí no han logrado nada ni en Justicia ni en Interior ni con Industria?
En el Plan hablaban de acciones formativas. Se han hecho exclusivamente las que han dependido de los sectores privados, de los afectados. En todos los campos solamente se ha hecho esto. ¿Qué se ha hecho en la escuela? Me gustaría que la señora ministra de Educación pudiera contestar. Pero nos encontramos también con lo poco que se hace. Usted ha hecho dos campañas y nos han parecido bien, los anuncios eran bonitos, pero una fue de cuatro días y otra de cinco días. Con campañas de cuatro y de cinco días, señora ministra, no es que no cambiemos una mentalidad, no es que no informemos, es que no vendemos ni un bolígrafo. No hay acciones formativas, no hay acciones de mentalización ni de Justicia ni de Interior y ya lo de las conversaciones con Industria ha llegado a un grado patético: dicen unos y otros que toman café y nada más. Mientras que en otros países están llegando a acuerdos, aquí ha logrado usted un enfrentamiento entre sectores: los usuarios, los artistas y las nuevas tecnologías -estas que nos deslumbran-, en lugar de ir todos en el mismo barco parece que vamos enfrentados. Parto de la base, y que quede muy claro, que creo firmemente en lo del mismo barco y que porque queremos oir ríos de música y porque queremos ver cien películas al año y no doce, queremos precisamente que el sector de la cultura esté protegido, porque de su empobrecimiento vendrá el empobrecimiento de todos, así como también creemos que las nuevas tecnologías son la pieza indispensable. Vamos juntos. Usted tiene tolerancia, pasividad y enfrentamiento total entre los sectores.
¿Cuáles son las cifras? Voy a ser muy somera porque realmente no tengo tiempo. Usted viene del homenaje a Almodovar en París, al que yo me sumo, su película es extraordinaria. Usted sabe que en este momento puede haber miles y miles de personas pirateando su película -o puedo hacer yo desde mi ordenador ahí arriba-, y que a 100 metros de aquí -y reconozco la labor de los ayuntamientos, Madrid y Barcelona a la cabeza, y no hago partidismo, que han hecho muchísimo contra el top manta- puedo comprar ahora mismo la película de Almodovar. Ha habido momentos en los que 400.000 personas se han estado bajando la misma película. En el cine se está perdiendo el 30 por ciento en las ventas en DVD; en alquileres sabe usted cómo están cerrando, cómo se están perdiendo, señora ministra, los puestos de trabajo. ¿Pero qué decimos de la música? En España hay 500 millones de descargas de canciones, de ellos un millón es legal; un millón de 500. ¿Cómo califica usted, y le ruego que me lo diga, a Kazaa o e-Mule?
FIN.
PLENO T.40
05/04/2006
(Termina la señora Rodríguez-Salmones)
¿Qué me dice usted de que hace un cuarto de hora en mi ordenador ponía: descárgate gratis 13.000 millones de canciones? Frente a eso veo en el Gobierno una actitud de tolerancia y de pasividad. Todo esto nos ha llevado a una mala gestión. Usted ha hablado de esto y lo ha justificado con cuestiones que me parecen inadmisibles. Ha enunciado tópicos como el calvinismo de otros países o el amor por la música latina. No se refugie en el tópico, señora ministra. También ha hablado del precio. Esas justificaciones ambiguas encuentro que son inadmisibles. Esto es como cuando tantas veces nos han dicho a las en situaciones muy complicadas: Algo habrán hecho. ¿A ver si va a ser el precio? ¿A ver si es que los artistas abusan? Los artistas tienen derecho a hacer la difusión de su obra del modo que elijan, libre, sin soporte, remunerado, en vivo, a través de otros soportes, como quieran. Y usted tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley. ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hay tres circunstancias. Usted le tiene miedo al problema. Tiene usted un ministerio muy bonito y ha elegido el lado lucido del ministerio y llamar a las cosas por su nombre y decir lo que es legal y lo que es ilegal es impopular. Y huye de la impopularidad y de este magma de las nuevas tecnologías en la que no sé si se mueve muy bien y habla de la nebulosa de lo ilícito. Tampoco tiene usted, en nuestra opinión, el peso político suficiente para lograr que los ministerios de Industria, de Justicia y de Interior vayan juntos. Acuda al presidente del Gobierno, acuda a Presidencia o a donde le parezca pero usted tiene que liderar esto y no ha tenido ese peso político y estos ministerios pasan de usted. También se le escapa la gestión entre las manos como el agua entre los dedos, señora ministra. El primer año ha sido para pensar un plan que fue recibido con esperanza, pero no por nosotros. Pregunte ahora a los que recibieron bien el plan lo que piensan ahora. Primer año: Pensemos un plan, sin medidas, sin presupuesto y sin tiempos, pero un plan. Segundo año: Hoy, por primera vez, se reúne la Comisión Permanente. Qué tipo de gestión es la que hoy, un año después, se reúne la Comisión Permanente. Este plan ha tenido desarrollo nulo a lo largo de este año y nos preguntamos qué va a ser del siguiente y usted nos lo dice. Para el año 2007 tendremos un diagnóstico de la situación, un mapa de la piratería y un perfil del infractor. Entonces, ¿empezaremos en 2007 a luchar contra este problema? Señora ministra, vuelvo a repetir, en esta Cámara hemos hecho una buena ley -esperemos que en el Senado se mejore- pero esto es como si estuviéramos regulando la limitación de velocidad y una vez regulada se sentaran ustedes complacidos a ver cómo los coches circulan a 200 kilómetros por hora sin haber puesto ni un radar ni un control ni siquiera un aviso. Coja, señora ministra este volante. Nosotros le presentaremos una moción y espero que lleguemos a un acuerdo porque, como usted ha dicho -repito sus palabras- si no lo atajamos la situación será trágica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez-Salmones.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de Cultura a esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
fin
PLENO TURNO 41
5.04.06
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, teniendo en cuenta que el problema es importante en todo el mundo, importante para nuestra cultura, por las dimensiones en las que nuestro idioma nos coloca, para nuestra música, para nuestro cine, para nuestros libros, tenía pensado que adquiriría otro tono, sobre todo porque en los ocho años de su Gobierno no se hizo nada, absolutamente nada. Usted no puede colocar ni una sola medida ni una sola decisión. El problema al que nos enfrentamos se agrava por minutos, porque estamos hablando de la rapidez de la sociedad de la información y de las tecnologías actuales, y esperaba una posición de control y de crítica, como es lógico, pero también de racionalidad y de realismo sobre la situación.
El 8 de abril del año pasado este Gobierno por primera vez asumió este problema como un problema político, por primera vez se enfrentó sin ningún miedo y de manera muy realista con todos los sectores a la situación que atravesábamos y por primera vez le trasladamos a la sociedad en general que este era un asunto de calado mayor para el futuro de la cultura de nuestro país. Conseguimos, con poco o con mucho peso, que 11 ministerios tomaran decisiones y estuvieran formando parte de un plan de atajo, de ayuda, de prevención, de coordinación y de decisiones que nos colocaran en una persecución de lo que coloquialmente llamamos piratería. Tanto es así que mi colega la ministra alemana del Gobierno saliente me lo solicitó para poder tener un modelo sobre el que trabajar, que mi colega la ministra de Portugal hace escasamente diez días nos solicitó una parte importante de estas medidas, incluida la campaña, para trasladarlas, traducidas las medidas al idioma portugués, y que en el documento que seguramente se va a aprobar en Cannes el día 22 ó 23 de mayo sobre medias para el cine y lo audiovisual se recomienda el plan del Gobierno español como una práctica recomendable para el resto de los gobiernos de la Unión Europea. Pero andamos siempre con este modelo de oposición en el que ustedes trabajan a veces seguramente que con falta de información.
No hemos esperado ni un solo minuto para tomar medidas, es más, el Ministerio de Justicia, que usted ha citado de manera explícita, a solo tres semanas, tres consejos de ministros después de este plan, tomó las primeras medidas que le correspondían, en algunos aspectos muy notables, y una de la que usted ha hablado en la circular de la Fiscalía General del Estado, en la que no podemos intervenir de manera directa, el 30 de marzo, es decir, no hace más que unos pocos días, adoptaron los fiscales de sala la definición exacta del borrador que en pocas semanas se va a convertir en una circular de coordinación de las previsiones, actuaciones, consideraciones y posicionamiento nuevo y mejor de la Fiscalía General del Estado frente a la persecución de estos delitos. Es verdad que se trata de un plano en el que hay que convocar a todos, a la iniciativa privada. Es verdad que aunque lo haya querido decir de esta manera -supongo que en otro foro distinto estaría de acuerdo conmigo-, usted sabe perfectamente que los sectores que se mueven en todo este entramado de producción de la cultura tienen intereses enfrentados entre sí y que colocar, como debe colocarse un Gobierno, en la coordinación de esos intereses lo máximo posible, incluidos diferentes departamentos ministeriales de un Gobierno, no es cosa fácil ni cosa rápida, y en un año se han conseguido muchas cosas, a las que voy a dar un repaso. Se planteaba que la única manera de trabajar en un plan en el que había que coordinar acciones de otras administraciones públicas y del sector privado necesitaba un lugar y un espacio de trabajo de cooperación y elaboración. Se crea por Real Decreto de 13 de octubre esa comisión intersectorial, que se reúne y que obviamente tiene una comisión ejecutiva, y yo le remitiría al acta de esa comisión intersectorial, señoría, para que usted tenga una información precisa de cómo por primera vez los diferentes sectores de iniciativa privada y los 11 ministerios de un Gobierno se sientan y de las conclusiones de aquella primera reunión, que fueron francamente alentadoras. Fueron alentadoras porque felicitaban a un Gobierno que se enfrentaba a este problema, que sentaba a 11 ministerios, que se sentaba con todos los sectores –repito-, algunos con contradicciones evidentes en la defensa legítima de sus intereses, que sentaba a la Administración local y autonómica, de manera específica a los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, que sentaba a las entidades de gestión y a las asociaciones defensoras de estos derechos, al sector empresarial por primera vez, a los sectores de las industrias tecnológicas y de la información y también al sector de la comunicación, incluidos los consumidores de este país, como usuarios y ciudadanos, por primera vez.
fin
PLENO T. 42
05/04/06
(Continúa la señora ministra de Cultura.)
Le remito a lo que dijeron los sectores en aquella reunión absolutamente constructiva donde se sentaban por primera vez con un Gobierno en aquella fecha, el mes de noviembre, a poner blanco sobre negro las propuestas concretas de cada una de sus circunstancias. Es cierto –y usted me lo ha oído decir en muchas ocasiones- que hay que hacer un diagnóstico mucho más solvente del que aparece de forma fragmentada cada día en la prensa acerca de este problema, que no lo tiene este país ni este Gobierno porque existe desde hace muchos años, incluido los ocho años en los que gobernó su partido, y este país debería tener más y mejores datos de la economía de la cultura. No tenemos a estas alturas de la historia de este país ni siquiera un dato fidedigno que nos diga qué aportan las industrias culturales, el sector económico de la cultura, al PIB. Por primera vez este Gobierno lo va a tener a finales de año. Este Gobierno no trabaja sobre presiones y rumores del escaparate de la cultura sino sobre datos de diagnóstico bastante más certeros de lo que a algunos les gustaría. No es que sea un ministerio precioso sino que es un ministerio que realiza una acción política y pública de Estado absolutamente imprescindible para una sociedad democrática y desarrollada como la nuestra.
En el marco de la comisión intersectorial en el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria –y es una medida que no ha adoptado ningún país porque estamos hablando de blanqueo de dinero en toda la trama del tráfico ilegal que vulnera la propiedad intelectual de los creadores- se ha tomado, por primera vez en este país, una decisión para cruzar información de la Agencia Tributaria con la que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para intentar atajar el problema en uno de los aspectos que más nos importan. El ministro del Interior en rueda de prensa dio unos datos absolutamente estremecedores sobre el volumen de negocio mundial del tráfico ilegal de los bienes culturales -entre los que también están los de Patrimonio Histórico-, que está por delante incluso del de tráfico de drogas. En esta situación el Gobierno toma medidas –como ve S.S.- y decisiones que son complicadas e incluso lentas, pero de momento son las únicas conocidas en el marco de la Unión Europea que van al fondo de los problemas de los que a veces hablamos con mucha ligereza.
La Federación Española de Municipios y Provincias tiene firmado un convenio con este ministerio desde el 14 de octubre, que usted conocerá porque es una medida de este plan. Desde el 14 de octubre, y con financiación, la FEMP firmó un convenio para adoptar medidas de prevención y realizar campañas en la Administración local -que usted ha alabado mucho, yo también, pero se hace con la ayuda de este ministerio-, precisamente en un ámbito en donde las policías locales pueden hacer mucho en materia de reacción y de prevención. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han creado un registro -con la ayuda de la iniciativa privada, sobre todo con Promusicae y Asimelec- contra el uso irregular de las torres de duplicación, que es un problema gravísimo. Precisamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden basarse en este registro para intentar atajar este problema. Seguramente, que usted desconoce también este dato. Le estoy hablando de fechas que arrancan del día 8 de abril, fecha en que celebramos la existencia de este plan. Necesitamos datos de obtención de esta circunstancia porque es novedosa. En las encuestas de las instituciones sobre las que se recoge información por parte de la Administración General del Estado se requiere primero un planteamiento de recogida de esos datos técnicos, como usted se podrá imaginar, porque nunca se han recogido. Por primera vez tendremos a final de este año los primeros datos de la encuesta de hábitos culturales 2006-2007, del denominado mapa plan (¿), espacio de diagnóstico de la piratería en nuestro país. Estos datos implican no solamente a los sectores que habitualmente dan datos en los medios de comunicación, sino a otros sectores mucho más ocultos donde están las industrias de las nuevas tecnologías, a las que nos sentimos absolutamente cercanos, porque hay una parte importante del problema que deben resolver ellos.
Señorías, estos datos no son ni lentos ni rápidos; son una novedad en nuestro país y requieren el trabajo técnico correspondiente aunque habitualmente el más inquieto y el que más prisa tiene es el ministerio.
Fin.
PLENO T - 43
5-4-06
(Termina la señora ministra de Cultura.)
En cuanto a las medidas de sensibilización, de prevención y de mensajes permanentes a los ciudadanos sobre este asunto, lamento que S.S. tenga también una información insuficiente. Se han emitido 377 anuncios en las cadenas nacionales, en Telemadrid, porque la Comunidad Autónoma de Madrid se sumó a esta campaña que nosotros le ofrecimos gratuitamente en una actitud -diría- de lealtad por un problema importante. Hemos introducido -me parece muy importante, porque S.S. habla de las nuevas tecnologías y de Internet- 50.000 impresiones en Internet para poder trasladar precisamente todo el problema de la descarga ilegal, que usted comenta, a un lugar que nos preocupa de manera especial. Hemos invertido 1.290.000 euros en esta campaña, señoría. Le recuerdo que su partido tenía coste cero de inversión en este problema. Aunque solamente sea por sentido común, nos lo habremos gastado en una campaña que ha estado en diversos soportes, como revistas y anuncios de radio, de televisión y de cine, contando con todos los operadores privados que han asumido la campaña como suya y que todavía está funcionando en una amplia red de operadores privados que -repito- la han hecho suya. No hace falta que le diga a S.S. que la han hecho suya Promúsica, AF, DRO, casi todas las sociedades de gestión y casi todas las asociaciones de defensa de los derechos de los creadores de este país. Señoría, hemos hecho algo importante con la campaña de sensibilización, porque la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que se va a reunir en España este mes de mayo, ha recogido la campaña del Gobierno español en el ámbito internacional como una fórmula absolutamente recomendable que tendrían que adoptar otros gobiernos. Es más, dice literalmente el texto de la OMPI que es una acción necesaria e imprescindible, al modo que lo hace el español, para otros gobiernos.
Señoría, hemos elaborado la transposición de dos directivas que ustedes se dejaron sin cumplir y usted ha citado una de ellas. En junio estarán traspuestas dos directivas, la de la sociedad de la información y la directiva que va a afectar al respecto a los derechos de propiedad intelectual, que ustedes dejaron sin cumplir, y que tendrán todo el debate y toda la tramitación, obviamente, en sede política y en sede parlamentaria y en junio estarán traspuestas, con el retraso notable con el que hemos tenido para llegar a ellas.
Termino esta primera intervención pidiendo a S.S. cuidado cuando extrapolemos el caso español a otros en Europa, porque como lo comentamos los ministros en Europa, señoría, cada país tiene subcultura en su cultura, es decir, su cultura de hábitos dentro de la práctica y del disfrute de su propia cultura. Hay una cosa muy importante, Francia o Italia no se enfrentan de manera fundamental a lo que llamamos piratería de bienes culturales, se enfrentan fundamentalmente a la piratería de otros elementos de subcultura cercanos también a la cultura, en la que se juegan una parte importante de sus economías, de su PIB -me imagino que sabe de lo que le estoy hablando-, que es donde Francia e Italia tienen verdaderos problemas y naturalmente España tiene su propia especificidad. No podemos extrapolar el caso español al resto de los casos en Europa. No podemos, señoría, pero no por refugiarnos en la autocomplacencia o en la permisividad, que naturalmente este Gobierno no tiene, porque no hace falta que le dé datos a S.S. que ya conoce: las intervenciones de la Policía Nacional han sido 1.557, un 12 por ciento más; se han detenido a 3.272 personas; se han requisado casi 3 millones de CD y DVD; la Guardia Civil ha tenido 1.155 intervenciones; más que nunca. Por tanto, no es un Gobierno permisivo, es un Gobierno que se ha enfrentado a un problema muy complicado, que se ha ido de la mano notablemente en los últimos años, que no tiene parangón con otros países, por nuestro idioma, y que cada día vamos atajando, además con los sectores implicados, porque necesitamos que los sectores de las nuevas tecnologías nos indiquen, para empezar, qué otras tecnologías son las que pueden parar precisamente la ilegalidad que en muchos casos solo se para con una tecnología que contrarreste, porque no hay norma que contrarreste lo que no puede hacer en este caso una tecnología. Hay una Comisión al efecto y supongo que tendré la oportunidad de ponerle de manifiesto algunas de las decisiones que ha tomado en este año de vigencia del plan, muchas medidas del plan y, naturalmente, muchas expectativas del mismo. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Señora Rodríguez Salmones, comenzamos con su turno de réplica.
Fin
PLENO TURNO 44
5.04.06
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no sé lo que esperaba usted de nosotros, pero le puedo decir que lo último que yo hubiera esperado de usted era la autosatisfacción. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo mide usted su nivel de autosatisfacción? Es evidente que no por los resultados. Se mira usted a sí misma y nos dice que la ministra portuguesa y la ministra alemana del antiguo Gobierno le han pedido su plan. Pues entonces todos tan contentos. Si a usted le piden el plan, todos estamos tan contentos. Yo le digo que en España hay 500 millones de descargas ilegales y usted me dice que los datos son alentadores. Alentadores, ha dicho. ¡Es impresionante! ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos entre los diez países del mundo con más piratería, a nivel de Ucrania. ¿Pero qué me esta usted contando de los otros países que dice que le piden el plan? Le pedirán el plan, pero ¡anda que le van a copiar los resultados! Sabe usted que tienen resultados infinitamente mejores que los nuestros y me sigue usted hablando de la música latina. ¿Pero cómo es posible que tenga usted esa confusión? ¿Qué tienen que ver los 13.000 millones de descargas ilegales con la música latina, señora ministra? ¿Cómo puede decir usted eso? Ustedes dijeron: Somos el primer Gobierno del mundo que ha asumido la piratería como problema. Pues asuma las soluciones, señora ministra, no asuma la piratería como problema. ¿Pero qué es eso en un Gobierno? Usted tiene que asumir soluciones.
¿Sabe lo que nos ha dicho sobre las cosas que no conocemos? Yo pensaba que a lo mejor no conocíamos alguna de las medidas tomadas. Nos ha dicho que en breve -no sabemos cómo de breve- la Fiscalía va a estudiar un borrador o que ha estudiado ayer un borrador que se publicará en breve. Como cuando usted dice breve habla en términos anuales, en 2007 podremos tener la instrucción de la Fiscalía, que era la medida estrella hace un año. ¿Sabe lo que le digo? Si de algo estamos orgullosos no es de nuestros resultados, que no fueron buenos, porque este problema es muy difícil para usted y para cualquiera, pero lo que no puede haber es autosatisfacción cuando tenemos el nivel de Ucrania y de Bolivia, señora ministra. Nosotros modificamos el Código Penal, y sabe usted que eso es muy difícil; modificamos la Ley de Enjuiciamiento, y sabe usted que eso es muy difícil. Usted tenía que haber agilizado los juicios rápidos y no lo ha hecho. No estamos nada satisfechos. No incorporamos la directiva. ¿Sabe con cuántos países de Europa llevábamos ese retraso? Con todos los países europeos, con los países centrales. Sabe usted que se está haciendo en Alemania y que ahora se está haciendo en Francia. Fíjese usted qué bochorno más bien compartido con toda Europa, porque era muy complejo. Y encima tiene usted nuestro apoyo y todavía nos hace un reproche. Señora ministra, enfréntese usted con el problema.
Insisto, ¿cuál es la medida que toma usted para su propia satisfacción? ¿Los resultados? Me cita usted aquí asociaciones que hoy mismo la están suspendiendo, que le están dando un suspenso en la lucha contra la piratería. Hoy las tiene en los periódicos, pero me las cita usted como las que le aplauden. Señora ministra, este es un problema en el que yo le he brindado nuestro apoyo. Se trata del cumplimiento de unas leyes que nosotros estamos aprobando. Lo único que podemos pedirle es que asuma usted las cifras con las que se está enfrentando, que use su peso, el que tenga, poco o mucho, y que acuda al presidente del Gobierno. Interior está infradotando a la policía y usted lo sabe. Están llevando a cabo acciones modélicas contra viento y marea, solos y sin medios. Justicia no ha hecho nada e Industria se está riendo, como sucede cuando el ministerio de Industria está frente al de Cultura en este y en todos los campos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Finalizamos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de Cultura.
FIN.
PLENO TURNO 45
05/04/06
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es útil que reconozca que el problema se ha agravado en los ocho años en los que no se ha tomado ninguna medida. Me habla de modificación del Código Penal, pero el remate de la modificación del Código Penal pudieron llevarla a cabo ustedes, lo cual era muy importante. Debatir en el filibusterismo a veces propio y no deseable del Parlamento sobre palabras que he dicho o haya dejado de decir es algo que no me interesa, porque le he señalado que este Gobierno se enfrenta a ese problema, y si uno no se enfrenta a un problema con el realismo necesario, ya me dirá cómo puede encontrar algún tipo de soluciones o medidas. Esto nos llevaría a un debate prácticamente de puro mecanismo y método intelectual. Señoría, le guste a usted o no, afrontamos un problema con un calado mayor y más importante debido al idioma que tenemos; le guste o no le guste, porque representamos un idioma en la Unión Europea que hablan cerca de 500 millones de hispanohablantes en el mundo; le guste o no le guste, y eso complica las cosas como no se las complica a país como Alemania, como Francia o como Italia, con un espacio idiomático donde la cultura transita a través de la lengua, con un problema menor que el nuestro. Antes le he indicado a usted dónde está el problema que tienen otros países con la piratería, aunque no he profundizado porque no hace al caso, pero usted sabe perfectamente que España tiene que afrontar un problema que en buena medida está fuera de sus fronteras. En realidad ha estado usted todo el rato bordeando la situación. Me ha dado datos, pero yo le voy a dar otros, como que 2005 fue un año con un 3,5 por ciento más de espectadores españoles que fueron a ver su cine en todos los formatos en los que hoy se ve el cine: taquilla, alquiler y venta. Señoría, no le gustan los datos, pero así son, y pronto les daré información sobre el incremento de lectura, que digo yo que también forma parte del movimiento que se genera a partir de decisiones públicas y naturalmente con la fortaleza de la iniciativa privada.
Por otra parte, no es verdad que las directivas que tanto importan para proteger la creación en nuestro país y los derechos de la propiedad intelectual no estuvieran tan retrasadas en otros países como en España; sabe que no es así, como tantas otras cosas. Además S.S. sabe que una parte capital en este asunto es la autorregulación de los sectores en las nuevas tecnologías. Señoría, ese grupo se constituyó el 4 de mayo y el plan tiene fecha de 8 de abril. Se ha reunido en numerosas ocasiones y este Gobierno escucha y respeta que necesita que sea el propio sector quien encuentre hilos, como ocurrió en Francia, que le permita hallar soluciones en su propio espacio de autorregulación. Asimismo, S.S. tiene que saber que el propio Ministerio del Interior ha creado toda un área de trabajo, evidentemente dotada, en la que por primera vez en este país se trabaja con la intensidad suficiente sobre todos los delitos que se cometen respecto a la tecnología en red. Todo lo que ahí se avance será un avance para la piratería en este país, y todo lo que se haga en esa dirección también será parte de un segmento importante de las decisiones de este país. Señoría, el día que se presentó este plan dije que ni este es un tema fácil ni unilateral de un solo Gobierno ni un tema que podamos abandonar a los propios sectores privados, sino que es un tema de una extraordinaria complejidad. Usted ha hablado antes del precio, pero no sé de qué precio habla S.S., porque yo hablo del precio final que llega a los ciudadanos con arreglo a la renta per cápita y a los hábitos culturales de este país, donde determinados bienes culturales resultan caros para la renta media familiar o individual, y no me lo puede negar. Compare con otros lugares del mundo, al alza o la baja, porque estos son argumentos absolutamente potentísimos en muchas direcciones respecto de lo que estamos hablando, aunque usted los quiera minimizar porque en este caso no se quiera enfrentar con suficiente realismo y cordura a esta situación. Comprendo que usted no puede ser leal al Gobierno de este país, porque el papel que le han dado los ciudadanos es el de acción de control del Gobierno, pero este es un tema lo suficientemente importante para que seamos leales a la cultura y al país, independientemente del lugar en el que las urnas nos hayan colocado a todos nosotros.
FIN
Pleno T.46
5-04-06
(termina la señora ministra)
Le doy un dato para terminar. Es curioso -y antes en la intervención de otra compañera del Gobierno se ponía de manifiesto- que mientras que muchos ayuntamientos, otras administraciones públicas gobernadas por su partido, están cómodas en estas medidas -acogidas algunas y todas con financiación porque este es un plan que tiene prácticamente tres millones de euros de financiación-, usted no lo esté hoy, afrontando un problema por el que nuestro país se coloca con las cifras que se coloca y que yo no niego, entre otras razones, porque al no negarlas es cuando un Gobierno se coloca precisamente delante de ellas -cosa que no ocurrió durante ocho años- y escucha a los sectores cuando dicen: Hace ocho años, y más, pero estamos hablando de las dos últimas legislaturas -o de las tres-, donde muchas cosas en este país han ocurrido demasiado rápido. La complejidad es extrema, señoría, y yo le pido lealtad, si no al Gobierno -que no la tiene, evidentemente por razones de juego en la política- sí a este asunto, porque es la cultura de este país. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DEL RÍO LLOBREGAT A SU PASO POR LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT Y LA GESTIÓN DE LA LAGUNA LITORAL SURGIDA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE SU ANTIGUO CAUCE. (Número de expediente 172/000180.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Finalizamos, señorías, con la última interpelación del día de hoy, la urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarca del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce. Tiene la palabra para formular esta interpelación don Joan Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, las grandes conurbaciones urbanas suponen concentración de consumo energético, de tráfico, de consumo de agua, de producción de residuos, de contaminación, y su papel como polo de atracción suele provocar que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras sea exponencial, con lo que también crece en sus impactos ambientales.
Hoy le emplazamos, señora ministra, a reflexionar sobre una comarca víctima de un proceso permanente de expansión urbana que no solo ha sufrido impactos territoriales, sino que también ha acarreado múltiples problemas de cohesión social: el Baix Llobregat. El Baix Llobregat ha sido una comarca fuertemente industrializada desde el siglo XIX, a la par que tierra de cultivos intensivos como consecuencia del aprovechamiento del río Llobregat. Con la implantación masiva de la industria a lo largo de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, la agricultura fue cediendo paso a la industrialización, al fenómeno de la inmigración y a un extraordinario crecimiento urbanístico.
Esta interpelación pretende, en primer lugar, que comprendan la realidad de la Vall Baixa del Llobregat, especialmente perjudicada por el crecimiento de Barcelona y sus infraestructuras de acceso; en segundo lugar, que entiendan la particular situación de la zona deltaica del Llobregat -piensen que más de un 56 por ciento de la población de Cataluña vive a 30 minutos por carretera del delta del Llobregat, una llanura aluvial que acoge espacios naturales de gran valor biológico-; y finalmente, en tercer lugar, pretendemos que compartan las propuestas urgentes que consideramos que hay que llevar a cabo para paliar un constante perjuicio socioambiental que se abate sobre el territorio mencionado.
Nuestra interpelación responde al hecho de la existencia de muchos proyectos en vía de ejecución por parte de la Administración del Estado, y por tanto, creemos que es el momento óptimo para que desde esta Cámara se emplace al Gobierno a tomar medidas urgentes que favorezcan la restauración ambiental, porque es necesario recuperar un patrimonio natural del Llobregat, que puede suponer unos beneficios medioambientales incalculables para la ciudadanía de la comarca. El régimen fuertemente torrencial del río había mantenido históricamente la zona inundable libre de construcción y esta condición ha favorecido: primero, la construcción de grandes infraestructuras de transporte; segundo, el encauzamiento y la marginalización del papel territorial del río; tercero, un deterioro progresivo de sus valores como ecosistema fluvial; y cuarto, un consiguiente olvido e ignorancia por parte de la población, que le ha dado la espalda, y les hablo con conocimiento de causa puesto que soy de Cornellà de Llobregat. Hoy en día el río Llobregat en el tramo que les comentamos está encorsetado –fíjense- por una autopista de ocho carriles -cuatro y cuatro-, una autovía de seis -tres y tres-, una línea de ferrocarril de vía estrecha, una línea convencional de mercancías, una línea de Renfe y actualmente están en obras dos ramales más de líneas de alta velocidad, una de mercancías y otra para pasajeros.
fin
PLENO TURNO 47
05/04/06
(Continúa el señor Tardá.)
En la declaración de impacto ambiental de la última autovía, hace diez años, se reconocían los graves daños ambientales que las infraestructuras estaban ocasionando en el sistema fluvial y el elevado estado de degradación de su entorno. En ese sentido se pretendió llevar a cabo un proyecto complementario de restauración, pero a todas luces fue inacabado y claramente insuficiente. De hecho, la irresponsabilidad del Ministerio de Fomento del señor Álvarez-Cascos fue extraordinaria. Esto motivó, como saben, la aprobación en esta Cámara, ya con ustedes en el Gobierno y con el apoyo del Partido Socialista, de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo que recogía la necesidad de finalizar debidamente esta restauración, pero a día de hoy las cosas siguen sin resolverse, también tenemos que decirlo.
Como saben, el actual proyecto de ramal ferroviario del Llobregat, en su anejo 14 -y les hablo del tren de alta velocidad- de integración ambiental, pretende algo similar. Para los seis tramos que comprende la ejecución de este ramal entre Castellbisbal y Can Tunis se prevén 7 millones de euros para restauración ambiental. Por otra parte, se pactó una enmienda con Esquerra Republicana en la vigente ley de presupuestos, a la que dio apoyo el Partido Socialista, en la que se dotaba de 7 millones para un convenio con la Generalitat para la mejora y regeneración ambiental del Llobregat, con el compromiso -debo decir- escrito, aunque no me consta que sea oficial -también debo decirlo para ser honrados-, de que plurianualmente se destinaría un total de 27 millones de euros en tres años.
Señora ministra, no cabe duda de que la intención es buena, pero considere los antecedentes más inmediatos -hablaba de la autovía- y entenderá que debemos ser garantistas y comprometer acciones urgentes a raíz de esta interpelación. Nos consta que por fin se está llevando a cabo una fructífera colaboración entre las administraciones y que se está acabando de redactar un proyecto compartido de restauración del conjunto del tramo de la Vall Baixa e incluso de la creación de un consorcio para su desarrollo. Aun así, también nos consta que todavía no se ha materializado dicho convenio y que, por tanto, no se puede hacer efectiva la asignación presupuestaria prevista. Nuestro grupo cree que ya hay suficientes elementos de acuerdo y colaboración, sobre todo colaboración entre las partes, como para redactar y firmar el citado convenio. Esto es especialmente urgente, sobre todo si se quiere ser efectivo en la plausible ejecución de la partida del presente año. Los plazos de terminación de plataforma del tren de alta velocidad están llegando a su fin y, si se quiere hacer una correcta recepción de la obra, como debería ser, es urgente que se redacte y firme cuanto antes el citado convenio, y se debería establecer cómo se integran las intervenciones del ADIF en el proyecto global de restauración.
Otra cuestión. Nos referimos a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa la inminente licitación de un estudio sobre la recuperación ambiental de las riberas de la cuenca del Baix Llobregat, dotado en 270.000 euros, y hablamos de esto porque es fruto de otra enmienda de nuestro grupo en los presupuestos del año pasado que además fue posible gracias al entendimiento con el Partido Socialista. Creemos que este estudio debe formar parte del ámbito de actuación de este consorcio. Estamos hablando de aunar todos los esfuerzos en un solo objetivo.
Señora ministra, compartimos con usted la satisfacción de constatar cambios de rumbo en la actitud de diversas administraciones ante esta problemática, pero comprenderá que ya son muchos años de marginación y degradación del río Llobregat y que es necesario emplazar al Gobierno a que estas iniciativas sean llevadas a cabo sin más demora, sobre todo no demorar más, no vayamos a perder de nuevo las posibilidades presupuestarias que ya estuvieron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año.
FIN
PLENO Turno 48
5/04/06
(Termina el señor Tardá)
Finalmente, señora ministra, paso a presentarle el último apartado de nuestra interpelación.
Usted conoce que en el año 1994 se firmó el llamado Plan Delta. El convenio que lo posibilitaba establecía una relación de planes y proyectos para convertir este ámbito geográfico en el principal centro distribuidor del Sur de Europa mediante la construcción de una plataforma logística, garantizando los valores paisajísticos y ambientales del territorio deltaico. Ciertamente difícil hacer compatible los dos intereses. Siempre hemos reconocido la dificultad de hacer cuadrar el círculo en temas de este ámbito.
Entre las declaraciones conveniadas había dos fundamentales: ampliación del puerto de Barcelona y potenciación de las infraestructuras ferroviarias para servir al puerto, en esto estábamos todos de acuerdo. Los dos objetivos son y serán preocupaciones de Esquerra Republicana, no en vano nuestro grupo ha presentado varias enmiendas para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril en Cataluña. Es más, coinciden nuestros objetivos y los suyos con los del Libro Blanco del transporte, es decir, potenciar la competitividad de las zonas logísticas, las catalanas en este caso, e impulsar un medio de transporte más eficaz y sostenible, como es el ferrocarril. Todo ello, no obstante, entendemos que no debe llevarse a cabo transformando de manera irreversible el medio natural.
Unos políticos progresistas, y usted sabe que como tal siempre la hemos considerado en Esquerra Republicana, no podemos ir con la cabeza alta si no somos capaces de plantear soluciones modernas e imaginativas, es decir, sostenibles. Todo esto, señora ministra, se lo digo porque usted es conocedora de que en el año 2003 se ejecutó una de las actuaciones que debían de permitir la ampliación del puerto de Barcelona, el desvío del río Llobregat, un desvío controvertido, a nuestro entender injustificado, por eso presentamos en su momento alternativas, nosotros y organizaciones como Depana, que pretendían hacer presente que era posible compaginar ampliaciones, crecimiento, con la no desviación del río, pero esto entiendo que es historia.
Lo que le planteamos hoy es que, una vez ejecutado el desvío, el siguiente paso era esperar que el cauce se secara, que se cubriera con tierras para poder empezar las obras de construcción de las vías de ferrocarril y de las dos estaciones previstas para contenedores, pero ha resultado que el río ha decidido no morir. De hecho ya no es río, sino que ha crecido una nueva laguna en igualdad de condiciones ecológicas, que no de protección, con las otras que existen en el Delta del Llobregat catalogadas como reserva y propuestas para engrosar la red Natura 2000. Pues bien, el antiguo cauce se ha convertido en laguna litoral que, según nuestro informe técnico, también según Depana, tiene unos valores ecológicos de alto nivel por encima de algunas de las reservas protegidas oficialmente. Todo ello a nuestro entender ha dado lugar a una nueva situación que el Govern de Cataluña ha tenido que afrontar sin garantías jurídicas. Por todo ello ahora se nos plantea el reto de ser capaces de gobernar como políticos modernos que se adaptan a las nuevas realidades, aunque sean sobrevenidas.
Por todo ello, señora ministra, vamos a presentarle una moción en el próximo Pleno a fin y efecto de poder básicamente hacer converger todas nuestras preocupaciones, que estamos convencidos de que se corresponden con las suyas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno de la señora ministra de Medio Ambiente para contestar a esta interpelación del señor Tardá.
FIN
PLENO T.49
5/04/06
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, conozco bastante el tema objeto de la interpelación. Era secretaria de Estado de Medio Ambiente en el año 1994 y desde la secretaría de Estado intentamos que las declaraciones de impacto ambiental que acompañaban a las distintas infraestructuras contuvieran las mejores medidas posibles para la corrección de impactos con el conocimiento que entonces teníamos de esos posibles impactos. Usted mismo ha señalado que el devenir ha hecho que aparezcan impactos diferentes de los previstos en aquel momento. Desde entonces hasta ahora, como también ha señalado, los resultados no nos pueden satisfacer. Queda mucho por hacer y puedo decirle que ha sido una preocupación del ministerio establecer nuevos vínculos con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para mejorar la actuación de carácter ambiental en toda la zona del Bajo Llobregat. Por ello el 5 de septiembre del año 2005 firmamos un primer convenio para el seguimiento de actuaciones ambientales incorporadas en las distintas declaraciones de impacto ambiental relativas a los proyectos que todavía estaban culminándose. Además ese marco de colaboración abrió en el diálogo entre las dos administraciones la preocupación sobre algunos aspectos puntuales, por ejemplo, la situación de los acuíferos o algunos temas que no se habían estudiado suficientemente. Por lo tanto, a partir de ese momento hemos intentando crear un marco de trabajo compartido con la Generalitat, en primer lugar, para atender la finalización de las obras que estaban ya en curso al inicio de esta legislatura.
Con posterioridad a ello, el 19 de diciembre del año pasado firmé una adenda al convenio suscrito en diciembre del año 1985; el primero de los convenios que enmarca las actuaciones del Bajo Llobregat, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y el departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Esta adenda pretendía incorporar a la autoridad portuaria en el desarrollo de determinadas actuaciones, teniendo en cuenta que eran necesarias obras de relleno. Ya una porción del antiguo cauce del río Llobregat se ha convertido en zona de servicio del puerto de Barcelona y en el otro tramo, aguas arriba del puente de Mercabarna, está afectado el sistema ferroviario de acceso al puerto de Barcelona y a la gran terminal de carga. En consecuencia, la autoridad portuaria se incorporó al ámbito de ese convenio con el objeto de garantizar que las citadas obras de relleno se llevaran a cabo de la forma técnicamente más correcta para compatibilizar los distintos sistemas generales -el viario, el ferroviario y el portuario- concurrentes en esta zona.
En lo que se refiere a la gestión de la laguna litoral surgida en el antiguo cauce, puedo comentarle que ya en la propia declaración de impacto ambiental del proyecto de encauzamiento del río Llobregat se dispone la creación de una zona húmeda con un sistema de carrizales, de canales y prados húmedos y lagunas como una de las medidas compensatorias por la pérdida de hábitats. Se establece también la necesidad de realizar un itinerario, varios observatorios compatibles con la conservación de un espacio público que, como usted también ha señalado, quedará integrado en la reserva natural parcial de La Ridarca Calaranna??y de la cepa del delta del Llobregat. Pues bien, esto está prácticamente finalizado y, mientras tanto, van acaeciendo otras circunstancias que hacen extraordinariamente conveniente que desarrollemos algunas actuaciones complementarias para mejorar la situación ambiental de la zona. Por ello, en su momento, apoyamos en la tramitación de los presupuestos para el año 2006 la enmienda a la que se ha hecho referencia. Señoría, precisamente la semana pasada la Generalitat nos devolvió el texto del borrador del convenio con las modificaciones que el Gobierno catalán ha querido incorporar. Este es el convenio específico para que llevemos a cabo las tareas que pueden ser cubiertas; en este mismo año por una cantidad de 7 millones de euros; en el próximo año de 9 millones de euros y en el año 2008 de 11 millones de euros, es decir, un total de 27 millones de euros.
Fin
PLENO T-50
05/04/06
(Termina la señora ministra.)
Por tanto, señoría, lo tenemos en estos momentos en instrumento de cooperación, pendiente solo de ser objeto de los trámites que me permitan firmarlo, deberá ir a Consejo de Ministros y por parte de la Generalitat hemos tenido, como señalo ya, un texto que le resulta conveniente. Aquí se establece que es la Generalitat la que ejecuta las obras derivadas del convenio y que hay una Comisión mixta entre las dos administraciones para la selección de los correspondientes proyectos. Por lo tanto, señoría, la moción que se derive de esta interpelación puede ser también una moción que tenga en cuenta ya ese marco de cooperación que se abre y que hará posible que este año sí tengamos proyectos que puedan emplear los recursos presupuestarios, cosa que no nos sucedió el año pasado, y que podamos abordar algunas de las cuestiones que S.S. ha mencionado durante la interpelación. Créame que el Ministerio de Medio Ambiente y yo tenemos el máximo interés en que se culminen adecuadamente las obras en esta zona que, efectivamente, ha sido castigada a lo largo de mucho tiempo con la construcción de numerosas infraestructuras. Ha tenido una grave pérdida en los valores de sus ecosistemas y también puedo señalarle que hemos intentado, y creo que usted es conocedor de ello, incorporar al máximo la opinión de organizaciones como Depana a la búsqueda de las mejores soluciones en un contexto ciertamente conflictivo y complejo donde hay muchos intereses que coinciden en el mismo territorio. En fin, esto es cuanto le puedo decir en esta primera intervención por mi parte respecto de la voluntad que ya se traduce, como señalo, en un borrador aceptado por la Generalitat hace pocos días y que, por lo tanto, pasamos de forma inmediata a tramitar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
Finalizamos con los turnos de réplica y dúplica. Comenzaremos con el del diputado interpelante que, como saben ustedes, es el señor Tardá. Tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señora ministra, muy brevemente, vaya por delante el respeto con el que desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos contemplado su trabajo, su responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto al antiguo cauce del río, hoy día convertido por efectos imprevisibles de la naturaleza en una nueva zona húmeda, una nueva zona lacustre, debo decirles que efectivamente existe la preocupación, el reto quizá más que preocupación, de intentar hacer compatible el origen inicial de ese espacio, es decir, ubicar las vías de ferrocarril y las estaciones de contenedores con la posible reserva de al menos alguno de los espacios que forman parte de este territorio o zona húmeda imprevisible.
Entenderá que nuestro objetivo desde el punto de vista filosófico, y más viniendo de dónde venimos, de esta conurbación urbana, desgraciadamente tan degradada, nuestro objetivo es la reserva de los espacios libres. Es decir, entre los espacios naturales, que sería la opción óptima y los espacios humanizados o urbanizables, hoy día se abre un nuevo concepto, que es el concepto de los espacios libres. Aquellos espacios intersticiales, que años atrás eran rechazados y menospreciados, hoy día se convierten en espacios de gran interés potencial, incluso los espacios intersticiales entre las vías de comunicación, los yermos y las zonas agrícolas. Es decir, este valor absoluto que parte de lo relativo, como hemos visto en el patrimonio arquitectónico, en aquellas ciudades en donde este es escaso, adquiere una importancia extraordinaria. Entendemos que hay que afrontar el reto, aun cuando es un gran y nuevo problema imprevisible, pero hay que ver hasta qué punto es posible compaginar, repito, el objetivo inicial. Sería absurdo, ciertamente.
FIN.
PLENO TURNO 51
05/04/06
(Termina el señor Tardá i Coma)
Ha habido un desvío de río, ha habido una gran inversión económica, precisamente para liberar este espacio y poder ubicar allí las nuevas necesidades. Ahora existe esa zona húmeda, planteemos qué es lo que se puede hacer, si es que estamos en condiciones de ofrecer alguna alternativa. Nosotros consideramos que sí, que es posible.
Por otro lado, debo decirle que celebramos lo que nos ha dicho -cómo no íbamos a celebrarlo-, de hecho, nosotros pretendíamos ayudar, ser catalizadores de este proceso. Como comprenderá, nuestro grupo parlamentario y nuestro grupo político nos sentimos plenamente representados por nuestro Gobierno, el Gobierno de Cataluña, y en la medida en que avanza el proceso de colaboración entre el Gobierno catalán y el Gobierno español, miel sobre hojuelas. Ahora bien, también le tengo que decir que entendemos que hay la posibilidad de aunar esfuerzos, y por eso decíamos que hay que hacer posible la ejecución de toda la partida que hay en los presupuestos vigentes; así nos alejaríamos de la pequeña frustración que tuvimos el año pasado porque no fue posible. Sería interesante que lo contemplado por ADIF en las ejecuciones no acabara siendo contradictorio con lo que necesita una actuación conjunta, global y racionalizada, y por eso decíamos que quizá la autoridad catalana debería ser también competente respecto a cómo se ejecutan las partidas de ADIF. Por otro lado, tenemos pendiente el estudio de la recuperación ambiental de las riberas de cuenca del Llobregat, los 270.000 euros. Es decir, es un conjunto de medidas que se deberían, si se me permite la expresión, poner todas en un saco y hacerlas funcionar ya este año. Por nuestra parte, total colaboración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchas gracias.
Señora ministra, su dúplica. Adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría. Simplemente, quería señalar que la Generalitat ha solicitado ya al ministerio que estudie la posibilidad de desafectación de una parte del dominio público hidráulico y marítimo terrestre, en la zona de la desembocadura del Llobregat, para poder permitir los nuevos accesos ferroviarios y viarios en lo que era parte del antiguo cauce del río. Esa es la situación que tenemos ahora y todo ello, como usted bien señala, hay que contemplarlo desde una visión integral, en el marco de esa Comisión mixta que ya existe y con la posibilidad de emplear nuevos recursos presupuestarios, complementarios a los que se han venido aplicando para medidas correctoras previstas hace diez años y no plenamente desarrolladas durante este periodo. En toda esta comarca, sobre todo desde Martorell hasta el delta, hay muchas cosas por hacer y algunas se corresponden con actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente. En lo que se refiere a la recuperación de los cauces del río, va a haber un esfuerzo a través de ese estudio que se mencionaba. Confío plenamente en que, al igual que en otras cuestiones de gran complejidad que nos han ocupado, como está siendo, por ejemplo, la descontaminación del pantano de Flix, donde yo creo que estamos trabajando de manera muy positiva con la Generalitat y con los ayuntamientos de la comarca, podamos hacer algo parecido en este ámbito territorial, que sin duda se merece el esfuerzo de las administraciones y la recuperación ambiental y social derivada de la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, señorías. Les recuerdo que mañana la sesión se reanuda a las ocho de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.
FIN
PLENO TURNO 31
05/04/06
INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 172/000177.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos la sesión de preguntas de control y pasamos a la de interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
Señora ministra, usted sabe que en cuanto al tema de esta interpelación no era usted precisamente la ministra más adecuada para contestarnos, porque en primer lugar esperábamos al ministro de Justicia o al de Administraciones Pública, pero no a la ministra de Vivienda. A la vista del texto de la interpelación, esta cuestión no es precisamente de su competencia en mayor medida, si bien podemos discutir las materias que se recogen en la misma, pero parece ser que el Gobierno ha decidido camuflar la incomodidad que le genera este debate y, por tanto, evitarlo y no hacer del Parlamento el centro del debate político que se tiene que llevar a cabo sobre este problema. La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.
FIN
Pleno T.32
5-4-06
(continua la señora Navarro)
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de esa partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.
En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.
Fin
PLENO TURNO 33
05/04/06
(Termina la señora Navarro.)
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Navarro, muchas gracias.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de la Vivienda.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora diputada, en primer lugar tengo que manifestar que el Gobierno de España comparte la preocupación de los ciudadanos y del grupo interpelante por los casos de desarrollo territorial insostenible, por los casos de especulación urbanística que se producen y por los casos de corrupción que les acompañan, pero el Gobierno, además de compartir esta preocupación, está actuando desde el principio de esta legislatura, en dos años de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, poniendo en marcha medidas que combaten decididamente estas prácticas. Pero señorías, esa preocupación no debe llevarnos a renegar del desarrollo urbano y rural, que va íntimamente asociado al desarrollo económico y social, aunque sí debe abocarnos necesariamente a hacer una apuesta decidida, más allá de las declaraciones, por un desarrollo territorial y urbano sostenible, y desarrollo sostenible quiere decir desarrollo racional y sensato, a la par que viable en el largo plazo. Esa apuesta por un desarrollo territorial, urbano y rural sostenible debe ser un proyecto común a todos los poderes públicos, al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cada uno desde el ámbito de sus competencias y además comprometiendo medios propios.
Por lo que respecta a este Gobierno, tenemos muy claro que esta es una política prioritaria y de Estado, sobre todo en un país como el nuestro, señoría, como usted decía, que tiene una gran riqueza paisajística y ecológica y en el que una parte importante de nuestra economía descansa en el sector de la construcción y en el turismo. Como ya he dicho, no debemos renunciar a esa generación de riqueza, pero sí debemos encauzarla por unos parámetros mínimos de calidad ambiental y de cohesión social. Esa es la única manera de que sea duradera y de que pueda incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, asociado a ello está nuestro deber de luchar contra la especulación. El Gobierno está adoptando medidas para todo ello, y precisamente porque lo concibe como una política prioritaria y política de Estado, lo está haciendo de una manera transversal, como S.S. manifestaba a lo largo de su interpelación, por lo que ha implicado a los distintos departamentos ministeriales.
FIN
PLENO Turno 34
5/04/06
(Continua la señora ministra)
También como órgano colegiado, y por mencionarle la última medida, el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 4 de abril, a iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas, por primera vez en nuestra democracia acordó iniciar el procedimiento de disolución de un ayuntamiento.
Yo no voy a detallar evidentemente las líneas de acción de otros ministerios, aunque de forma breve voy a apuntar algunas de ellas en el conjunto de las medidas que adopta el Gobierno de España antes de extenderme también en determinadas medidas que llevamos a cabo desde el Ministerio de Vivienda. De esa manera, señoría, podrá juzgar en su globalidad la acción del Gobierno en esta materia.
En primer lugar, y en lo que compete, por ejemplo, por mencionar solo un caso concreto, al Ministerio de Justicia, el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo, promovió a un fiscal a la categoría de fiscal de Sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, una medida. Esta iniciativa va a permitir coordinar a las distintas fiscalías en delitos de este tipo al mismo tiempo que se van a unificar criterios de actuación en esta materia. También está prevista mañana la aprobación en esta Cámara del proyecto de ley de montes, donde está prevista la fiscalía que estoy mencionando.
En segundo lugar, y en materia de política fiscal en cuanto compete al Ministerio de Economía y Hacienda se ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude, que prevé medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda, como la inclusión de la referencia catastral en la campaña del IRPF, que ha supuesto incrementar el número de declarantes fundamentalmente en alquileres en un 8,6 por ciento, 101.000 declarantes más, y que los rendimientos declarados crezcan. Del mismo modo, por ejemplo, en las escrituras públicas la inclusión de los medios de pago para dar mayor transparencia y control a todas y cada una de las operaciones. Exigimos también que los contratos de arrendamiento y suministro de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente también se han llevado a cabo muchas iniciativas. Por ejemplo, la inversión para adquirir terrenos en el litoral, con el objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos espacios adyacentes para lo que están presupuestados, como decía S.S., 20 millones de euros en este ejercicio presupuestario. Del mismo modo se encuentra en el Senado el proyecto de ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que va a exigir que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a una evaluación ambiental. Por último, en relación con este ministerio, por mencionar una medida más, existe ya un anteproyecto de ley reguladora de los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Le voy a mencionar también medidas que se llevan a cabo desde el Ministerio de la Vivienda a favor de la transparencia, el control y la lucha contra el fraude. Como bien conoce S.S. el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de la Vivienda prevé que corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura. Como primer paquete de medidas en la lucha contra el fraude y la prevención del mismo en el Plan de Vivienda 2005-2008, que se aprobó en julio del año pasado, se establecen distintas medidas para garantizar la permanencia del parque de viviendas protegidas y evitar situaciones de especulación. El Plan de vivienda considera como un eje estratégico la utilización de los recursos de forma eficiente, y la lucha contra el fraude como uno de los ejes importantes para desarrollar con las comunidades autónomas. Se determina, por ejemplo, por primera vez la extensión del período de calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil, considerando al menos treinta años como tal, incrementándose por las comunidades autónomas y permitiendo al mismo tiempo la transmisión de viviendas protegidas a unos precios razonables para garantizar el cambio a otra vivienda que se adapte mejor a las necesidades cambiantes de un hogar. Además, como medida complementaria obligatoriamente las comunidades autónomas tienen que utilizar mecanismos como los registros de demandantes y adjudicatarios, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para eliminar la posibilidad de sobreprecios y, por tanto, la posibilidad de fraude en la transmisión de viviendas. Sobre el tanteo y retracto el Ministerio de la Vivienda ha firmado un importante convenio financiero con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para poner recursos a disposición de las Administraciones y que puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto.
FIN
PLENO T.35
05/04/2006
(Termina la señora ministra)
También se está financiando la puesta en marcha de ventanillas únicas de vivienda como sistemas de transparencia y de prevención del fraude en la vivienda protegida. Desempeñará un papel importante el Registro estatal de viviendas protegidas, con el objeto de tener un registro único de todas las ayudas concedidas por las administraciones públicas para la vivienda y detectar, por ejemplo, las duplicidades de ayudas, así como registrar a promotores, a constructores, a beneficiarios, a propietarios o a inquilinos. La aprobación del código técnico de la edificación, en cuanto calidad en la misma, también supone una medida de lucha contra el fraude, entendido también como la falta de calidad en la venta de las viviendas. Trabajamos también en el sector de la intermediación y en la regulación de nuevos seguros que puedan garantizar la compra-venta por parte de ciudadanos.
En tercer lugar, estamos coordinando una nueva política de gestión del suelo patrimonial del Estado, que está inspirada en el principio del desarrollo urbano sostenible, pero que está aportando millones de metros cuadrados de suelo para vivienda protegida y para otros equipamientos sociales. La sostenibilidad de esta política de suelo público del Estado se demuestra en la apuesta que con estas actuaciones hacemos por la cohesión social y, más en particular, por la vivienda protegida, así como por la calidad ambiental del medio urbano, donde procuramos aumentar notablemente la proporción de dotaciones y equipamientos. En este momento el Estado tiene comprometidos más de 10 millones de metros cuadrados para más de 33.000 viviendas protegidas. Señoría, le estoy hablando de desarrollo urbano sostenible, tanto en los suelos residenciales como en los suelos industriales que también transformamos; criterios de eficiencia energética, de iluminación de orientación, de recogida hidráulica y neumática de residuos, de vegetación autóctona, de carril bici, de mezcla de usos -usos económicos y usos residenciales-, de ciudad compacta.
Hay otra medida muy importante que actualmente está en fase de tramitación muy avanzada, que es el anteproyecto de ley del suelo, que apuesta claramente por un desarrollo territorial y urbano sostenible y por combatir la especulación. Sobre los principios inspiradores del anteproyecto de ley del suelo me gustaría destacar aquellos aspectos más importantes que pueden dar respuesta a una parte de su interpelación. Por ejemplo, la transparencia es un factor fundamental para acabar con determinadas prácticas y propiciar la correcta utilización de determinados instrumentos. El anteproyecto quiere conectar urbanismo y suelo con ciudadanía y la mejor forma de hacerlo es poner a disposición de los ciudadanos una información fidedigna y comprensible para ellos. Pero para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos la información pública no puede consistir únicamente en hacer públicos los acuerdos ya cerrados, sino que tiene que producirse antes de la adopción de acuerdos. Por eso exigiremos que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información pública durante su tramitación; algo que actualmente no es así en todas partes. No queremos limitarnos a cumplir el derecho europeo. Podemos y debemos ir más allá si queremos asegurar que la participación ciudadana en materia urbanística sea efectiva. Tengamos presente que los planes y los demás instrumentos urbanísticos comprenden una documentación muy amplia, mucha de ella de carácter eminentemente técnico y de difícil comprensión para muchos y, sobre todo, para los ciudadanos. Por eso también exigiremos que la documentación que se someta a información pública incluya obligatoriamente un resumen ejecutivo que permita a los ciudadanos conocer de forma sencilla y sucinta en qué consiste, por ejemplo, el cambio de ordenación y en qué puede afectarle. También para dotar de la mayor transparencia posible a la información sobre el suelo disponible para edificar y conocer la evolución en el desarrollo del mismo ya está en macha el sistema de información urbana, que será compatible con los sistemas nacionales y europeos. En una sola década, como conoce S.S. y según determinados documentos como el ¿??, el suelo urbanizado en España ha aumentado en una cuarta parte. En Europa en 20 años ha aumentado solo el 20 por ciento. La sostenibilidad supone clasificar el suelo necesario e idóneo para satisfacer la demanda social detectada, pero también incluimos en la próxima tramitación del planeamiento el informe de impacto económico de la legislación vigente.
En definitiva, señoría, hay muchas medidas que ayudarán a luchar contra la corrupción y contra la especulación. (Aplausos.)
Fin
PLENO T-36
05/04/06
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Seguimos con el turno de réplica de esta interpelación.
Comenzamos de nuevo por la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante, cuando quiera.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el País Valenciano se ha ocupado en diez años más territorio que en toda su historia. Blasco lo llama dinamismo económico. No haga usted lo mismo. Se ha incrementado en un 47,1 por ciento el suelo urbanizado. El informe de la Unión Europea es demoledor y se reitera estos días la necesidad de que se modifique la nueva ley urbanística valenciana.
El colegio de arquitectos de Murcia recurre el desarrollo urbanístico de Murcia que prevé la construcción de 100.000 viviendas. En el caso de Orihuela, en el que la oposición denuncia que hay 8.000 casas ilegales, el fiscal ha denunciado al alcalde, del Partido Popular, a cinco concejales, a tres asesores y a cinco empresarios, uno de ellos propietario del famoso rolls y el bungalow donde reside el alcalde. Está denunciado por treinta casos de corrupción, pero siguen en el Ayuntamiento campando a sus anchas. No se preocupen, señorías, hay para todos. Hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos del Partido Popular, la mayoría de los planes urbanísticos que presentan tienen informe desfavorable en cuanto al agua, pero no pasa nada, se sigue adelante. En el caso de Elda, se ha aprobado el plan con los votos del PSOE, que gobierna, y cuatro concejales del PP incumpliendo el acuerdo, pero eran necesarios, qué curioso, 7.500 viviendas con un campo de golf. Por cierto, por el medio del campo de golf pasa el AVE. Es digno de ver, en medio de los hoyos del campo de golf, el recorrido del AVE. En Elche, un proyecto sin declaración de impacto ambiental, ¿por qué? ¿Por qué no tiene declaración de impacto ambiental? Se declara ilegal. El caso de Riba-roja, una operación urbanística que implica un incremento de la población de 12.000 personas. El Ayuntamiento de Granja, del Partido Popular, que tiene 2.000 habitantes se multiplica por dos en una zona de huerta. Torrevieja, según The Sunday Times, destino a evitar. Desde luego ahora mismo, sí; hace unos años no era así. Está siendo investigada por el fiscal Anticorrupción, pero también mientras el alcalde sigue campando a sus anchas. Tavernes, Guadassuar, El Puig, etcétera. En el caso de Alcoi, muy reciente, el secretario de territorio de la Generalitat Valenciana presuntamente, parece ser, ha comprado unos terrenos que se van a recalificar por un PAI que se va a hacer en esa misma zona, pero él no sabía nada. No lo sabemos si sabía algo o no, parece ser que sí.
Detrás de todos estos casos tengo aquí un dosier, señora ministra, le expongo los casos del País Valenciano, pero no solo es el País Valenciano, sino también Murcia, Almería y otras ciudades de Andalucía y las islas baleares. Amenazas y denuncias. Nosotros estamos siempre con los ciudadanos, porque, señora ministra, esto hay que pararlo. El caso de Castellón es el paradigma del marbellismo. Cabanes de Oropesa alberga Marina D'Or y el parque que está construyendo el señor Fabra, pero, eso sí, encargada la empresa de también Marina D'Or. Curioso. Dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes, donde se construyen estas edificaciones, trabajan para el dueño de Marina D'Or. El PSOE, lo mismo: dos hijas de los máximos dirigentes de Cabanes del PSOE también trabajan para el dueño de Marina D'Or. La secretaria general del PSOE de Oropesa también trabaja para el dueño de Marina D'Or. El resultado, PSOE más PP, más de 20 millones de metros cuadrados de urbanizaciones. Se multiplica la población por 24. Burriana, el alcalde socio político de Fabra. Dirige también el imperio inmobiliario del señor Fabra. En Burriana, con 35.000 habitantes, han recalificado suelo para más de 100.000 habitantes. El señor Fabra es titular de 19 cuentas bancarias y está autorizado en otras 75. Hacienda le investigó solamente en el año 1999 y dio con 146 ingresos anómalos alrededor de 110.947.000 millones de pesetas.
FIN.
PLENO TURNO 37
05/04/06
(Termina la señora Navarro Casillas)
En conclusión, Marbella es la costa española, es el cáncer que se extiende y necesitamos extirparlo. Hay marbellas grandes y pequeñas, con más o menos ilegalidades, pero con un común denominador: la especulación urbanística que asola el país, la corrupción política, las mafias del dinero negro, el serio deterioro de la democracia que estamos padeciendo. Las instituciones públicas son instrumento necesario y cómplices de la corrupción. Consumimos más del 50 por ciento del cemento que se produce en la Unión Europea y la vivienda es cada vez más cara, como la señora ministra bien sabe, inaccesible por tanto para la mayoría de los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Aprobará este Congreso una ley del suelo que otorgue garantías que impidan estos abusos, que garantice los derechos de los ciudadanos frente a estos abusos? ¿Habrá un cambio de fiscalidad para la vivienda de segunda residencia, se va a promover esto por parte del Gobierno? ¿Este Gobierno va a cambiar y perseguirá de forma implacable la corrupción urbanística?
Señora ministra, necesitamos políticas reguladoras del mercado inmobiliario, un fomento real de las viviendas sociales, directrices de sostenibilidad, urbanismo al servicio de la ciudadanía que garantice un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, protección del patrimonio ecológico y cultural, planificación por encima de los promotores y con participación ciudadana, una ley del suelo que impida los abusos, endurecer las leyes penales, actuaciones de la Agencia Tributaria, coordinación de los distintos ministerios, persecución e investigación de los posibles delitos. En resumen, señora ministra, un Gobierno activo que cambie el panorama, que no permita que se incremente esta situación y que deje de decir, como ha dicho hoy el señor Blanco en una entrevista, que no pasa nada, porque sí está pasando.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Cerramos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de la Vivienda.
Adelante.
La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, ha desplegado usted una amplia casuística en la que detecto que determinados municipios no aparecen en la misma. Tal vez, sería conveniente y necesario que S.S. consultara la hemeroteca y también mencionara otros municipios. De todas formas, tengo que decir que, por primera vez, un Gobierno, el Gobierno actual, está actuando en todos estos sectores aprobando medidas, y lo está haciendo, como no podía ser de otra forma y como yo he tratado de manifestar haciendo referencia a algunas iniciativas de todos los ministerios, de una manera coordinada y transversal. Anteriormente le he detallado a S.S. gran parte de las iniciativas que el Gobierno de España está poniendo en marcha para atender la preocupación de los ciudadanos por las malas prácticas que usted ha mencionado. Concretamente, le he hablado del anteproyecto de ley del suelo, que sienta unos principios jurídicos mínimos a los que debe sujetarse la ordenación del suelo para ser sostenible -esto es novedoso-; que exige, conforme a esos principios, que los nuevos desarrollos urbanísticos se sometan a evaluación ambiental y justifiquen su sostenibilidad económica -también es novedoso-; que establece garantías básicas de participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de ordenación territorial y urbanística y en su gestión, para que en el futuro sea más transparente -esto es novedoso, no existía-; que pone coto a lo que puede acordarse en los convenios urbanísticos para que no se abuse de los derechos de las personas afectadas -esto es novedoso y que va en la dirección que usted apuntaba, llevamos muchos años trabajando en esto y ahora lo hacemos desde el Gobierno-; que adopta medidas para combatir la retención especulativa de los suelos -esto es novedoso- y que, además, sienta un régimen de valoraciones basado en la realidad, donde las valoraciones tienen que tasar adecuadamente la situación real de los terrenos y también el riesgo y la inversión acometidos en su transformación -que es lo que hay que hacer si queremos de verdad combatir las prácticas especulativas-, y no en meras expectativas basadas solo en las previsiones de los planes.
FIN
PLENO TURNO 38
05/04/06
(Termina la señora ministra)
En suma, señoría, se trata de una acción global del Gobierno para luchar contra el fraude y la especulación en el mercado inmobiliario y también para lograr la sostenibilidad de nuestro desarrollo urbano, a lo que necesariamente ha de sumarse todo tipo de iniciativas de las restantes administraciones públicas.
También le quiero decir que este Gobierno confía plenamente en la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como vienen manifestándose, y también en la justicia para que el peso de la ley recaiga sobre aquellos que pretenden lucrarse con prácticas especulativas y fraudulentas. En ese sentido, el Gobierno de España, una vez más, está dando ejemplo con inmediatez, con rigor y con responsabilidad con todas las iniciativas que se están llevando a cabo. La suma de todas esas medidas, señoría, ofrecen una visión cabal del grado de compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad en el desarrollo de nuestro territorio, de nuestras ciudades y, además, en la lucha contra el fraude y con la especulación. Un grado de compromiso que, como S.S. conoce, agota el espacio competencial del Estado y respeta el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque no vendría mal empezar a repensar todo esto, pero que ofrece nuestra colaboración y nuestro apoyo para poder abordar conjuntamente un problema que es de todos, porque a todos nos concierne y solo actuando todos en la misma dirección podemos resolverlo con eficacia.
En relación con el proyecto de ley del suelo confío que el trámite parlamentario que va a seguir este proyecto sirva para enriquecerlo y para que se sumen a él todas las fuerzas políticas interesadas en poner freno a la especulación, en apostar por la sostenibilidad de nuestro territorio y de nuestro urbanismo y en luchar contra la especulación. Espero, señorías, que en el trámite parlamentario esta ley se pueda enriquecer todavía mucho más para conseguir los objetivos que todos pretendemos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señora ministra. Gracias, señora Navarro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA AFRONTAR LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA DE BIENES CULTURALES. (Número de expediente 172/000179.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Rodríguez- Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Hay dos circunstancias en la interpelación que hoy formulamos, a la que no hemos querido ponerle un nombre ambiguo y la hemos llamado contra la piratería, que la hacen especialmente oportuna. Una de ellas es que cuando hace un poco más de veinte días aprobábamos en esta Cámara una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, verdadero núcleo y columna vertebral para los autores, los creadores, tuvieron ustedes nuestro apoyo. Nos parece que es una buena ley, aunque creo que mejorable en el Senado, pero tuvo usted nuestro apoyo, y le anuncio que lo seguirá teniendo en esta misma línea. Por tanto, pongo eso por delante. La segunda circunstancia después de estos veinte días, es que hace un año aprobó el Gobierno lo que llamamos Plan antiperatería. Por tanto, estamos en dos caras de la misma moneda: cuando legislábamos hace veinte días tenía usted nuestro apoyo y cuando ahora hacemos nuestra labor de controlar al Gobierno tiene usted nuestra desaprobación, nuestra alarma y nuestra preocupación total. De nada vale hacer buenas leyes, leyes mejorables que nos parecen correctas, si luego los controles no existen y su aplicación es muy deficiente.
Señora ministra, nosotros creemos que en este momento en España el respeto a la propiedad intelectual es nulo, cero, es menos que cero y tenemos una enorme preocupación. Creemos que se está estableciendo, con la pasividad y la tolerancia del Gobierno, y no soy injusta cuando lo digo así, una situación de permisividad, de confusión y de enfrentamiento entre partes que nos está llevando a una situación, y no quiero poner adjetivos ni sobreactuar, pero usted misma lo dijo y uso sus palabras, si no la atajamos ya trágica.
Fin
PLENO TURNO 39
5.4.06
(Continúa la señora Salmones)
Esas fueron sus palabras en esta Cámara. Pues bien, nosotros creemos que al año de haber aprobado el Plan antipiratería este Plan ha tenido prácticamente un cumplimiento cero en Justicia, con la instrucción del fiscal, que era necesaria absolutamente, vital, comprometida y que no se ha hecho. Tampoco se ha cumplido en Interior, donde usted habló de que la policía hacía pinitos electrónicos; no, la policía hace un trabajo extraordinario y no le han dotado de los medios que estaban previstos en el plan. No se ha cumplido con las industrias. Señora ministra, usted habló de autorregulación, el Plan hablaba de autorregulación; han concertado ustedes reuniones para tomar café con las industrias y estas ya ni van, piden que se desconvoquen estas conversaciones, no han llevado a nada. Usted sabe que en Francia existe un acuerdo desde el año 2004 entre las industrias y el mundo de la cultura y es eficaz. Para qué contarle cómo funcionan de acuerdo en Estados Unidos, y es eficaz. ¿Cómo aquí no han logrado nada ni en Justicia ni en Interior ni con Industria?
En el Plan hablaban de acciones formativas. Se han hecho exclusivamente las que han dependido de los sectores privados, de los afectados. En todos los campos solamente se ha hecho esto. ¿Qué se ha hecho en la escuela? Me gustaría que la señora ministra de Educación pudiera contestar. Pero nos encontramos también con lo poco que se hace. Usted ha hecho dos campañas y nos han parecido bien, los anuncios eran bonitos, pero una fue de cuatro días y otra de cinco días. Con campañas de cuatro y de cinco días, señora ministra, no es que no cambiemos una mentalidad, no es que no informemos, es que no vendemos ni un bolígrafo. No hay acciones formativas, no hay acciones de mentalización ni de Justicia ni de Interior y ya lo de las conversaciones con Industria ha llegado a un grado patético: dicen unos y otros que toman café y nada más. Mientras que en otros países están llegando a acuerdos, aquí ha logrado usted un enfrentamiento entre sectores: los usuarios, los artistas y las nuevas tecnologías -estas que nos deslumbran-, en lugar de ir todos en el mismo barco parece que vamos enfrentados. Parto de la base, y que quede muy claro, que creo firmemente en lo del mismo barco y que porque queremos oir ríos de música y porque queremos ver cien películas al año y no doce, queremos precisamente que el sector de la cultura esté protegido, porque de su empobrecimiento vendrá el empobrecimiento de todos, así como también creemos que las nuevas tecnologías son la pieza indispensable. Vamos juntos. Usted tiene tolerancia, pasividad y enfrentamiento total entre los sectores.
¿Cuáles son las cifras? Voy a ser muy somera porque realmente no tengo tiempo. Usted viene del homenaje a Almodovar en París, al que yo me sumo, su película es extraordinaria. Usted sabe que en este momento puede haber miles y miles de personas pirateando su película -o puedo hacer yo desde mi ordenador ahí arriba-, y que a 100 metros de aquí -y reconozco la labor de los ayuntamientos, Madrid y Barcelona a la cabeza, y no hago partidismo, que han hecho muchísimo contra el top manta- puedo comprar ahora mismo la película de Almodovar. Ha habido momentos en los que 400.000 personas se han estado bajando la misma película. En el cine se está perdiendo el 30 por ciento en las ventas en DVD; en alquileres sabe usted cómo están cerrando, cómo se están perdiendo, señora ministra, los puestos de trabajo. ¿Pero qué decimos de la música? En España hay 500 millones de descargas de canciones, de ellos un millón es legal; un millón de 500. ¿Cómo califica usted, y le ruego que me lo diga, a Kazaa o e-Mule?
FIN.
PLENO T.40
05/04/2006
(Termina la señora Rodríguez-Salmones)
¿Qué me dice usted de que hace un cuarto de hora en mi ordenador ponía: descárgate gratis 13.000 millones de canciones? Frente a eso veo en el Gobierno una actitud de tolerancia y de pasividad. Todo esto nos ha llevado a una mala gestión. Usted ha hablado de esto y lo ha justificado con cuestiones que me parecen inadmisibles. Ha enunciado tópicos como el calvinismo de otros países o el amor por la música latina. No se refugie en el tópico, señora ministra. También ha hablado del precio. Esas justificaciones ambiguas encuentro que son inadmisibles. Esto es como cuando tantas veces nos han dicho a las en situaciones muy complicadas: Algo habrán hecho. ¿A ver si va a ser el precio? ¿A ver si es que los artistas abusan? Los artistas tienen derecho a hacer la difusión de su obra del modo que elijan, libre, sin soporte, remunerado, en vivo, a través de otros soportes, como quieran. Y usted tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley. ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hay tres circunstancias. Usted le tiene miedo al problema. Tiene usted un ministerio muy bonito y ha elegido el lado lucido del ministerio y llamar a las cosas por su nombre y decir lo que es legal y lo que es ilegal es impopular. Y huye de la impopularidad y de este magma de las nuevas tecnologías en la que no sé si se mueve muy bien y habla de la nebulosa de lo ilícito. Tampoco tiene usted, en nuestra opinión, el peso político suficiente para lograr que los ministerios de Industria, de Justicia y de Interior vayan juntos. Acuda al presidente del Gobierno, acuda a Presidencia o a donde le parezca pero usted tiene que liderar esto y no ha tenido ese peso político y estos ministerios pasan de usted. También se le escapa la gestión entre las manos como el agua entre los dedos, señora ministra. El primer año ha sido para pensar un plan que fue recibido con esperanza, pero no por nosotros. Pregunte ahora a los que recibieron bien el plan lo que piensan ahora. Primer año: Pensemos un plan, sin medidas, sin presupuesto y sin tiempos, pero un plan. Segundo año: Hoy, por primera vez, se reúne la Comisión Permanente. Qué tipo de gestión es la que hoy, un año después, se reúne la Comisión Permanente. Este plan ha tenido desarrollo nulo a lo largo de este año y nos preguntamos qué va a ser del siguiente y usted nos lo dice. Para el año 2007 tendremos un diagnóstico de la situación, un mapa de la piratería y un perfil del infractor. Entonces, ¿empezaremos en 2007 a luchar contra este problema? Señora ministra, vuelvo a repetir, en esta Cámara hemos hecho una buena ley -esperemos que en el Senado se mejore- pero esto es como si estuviéramos regulando la limitación de velocidad y una vez regulada se sentaran ustedes complacidos a ver cómo los coches circulan a 200 kilómetros por hora sin haber puesto ni un radar ni un control ni siquiera un aviso. Coja, señora ministra este volante. Nosotros le presentaremos una moción y espero que lleguemos a un acuerdo porque, como usted ha dicho -repito sus palabras- si no lo atajamos la situación será trágica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez-Salmones.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de Cultura a esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
fin
PLENO TURNO 41
5.04.06
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, teniendo en cuenta que el problema es importante en todo el mundo, importante para nuestra cultura, por las dimensiones en las que nuestro idioma nos coloca, para nuestra música, para nuestro cine, para nuestros libros, tenía pensado que adquiriría otro tono, sobre todo porque en los ocho años de su Gobierno no se hizo nada, absolutamente nada. Usted no puede colocar ni una sola medida ni una sola decisión. El problema al que nos enfrentamos se agrava por minutos, porque estamos hablando de la rapidez de la sociedad de la información y de las tecnologías actuales, y esperaba una posición de control y de crítica, como es lógico, pero también de racionalidad y de realismo sobre la situación.
El 8 de abril del año pasado este Gobierno por primera vez asumió este problema como un problema político, por primera vez se enfrentó sin ningún miedo y de manera muy realista con todos los sectores a la situación que atravesábamos y por primera vez le trasladamos a la sociedad en general que este era un asunto de calado mayor para el futuro de la cultura de nuestro país. Conseguimos, con poco o con mucho peso, que 11 ministerios tomaran decisiones y estuvieran formando parte de un plan de atajo, de ayuda, de prevención, de coordinación y de decisiones que nos colocaran en una persecución de lo que coloquialmente llamamos piratería. Tanto es así que mi colega la ministra alemana del Gobierno saliente me lo solicitó para poder tener un modelo sobre el que trabajar, que mi colega la ministra de Portugal hace escasamente diez días nos solicitó una parte importante de estas medidas, incluida la campaña, para trasladarlas, traducidas las medidas al idioma portugués, y que en el documento que seguramente se va a aprobar en Cannes el día 22 ó 23 de mayo sobre medias para el cine y lo audiovisual se recomienda el plan del Gobierno español como una práctica recomendable para el resto de los gobiernos de la Unión Europea. Pero andamos siempre con este modelo de oposición en el que ustedes trabajan a veces seguramente que con falta de información.
No hemos esperado ni un solo minuto para tomar medidas, es más, el Ministerio de Justicia, que usted ha citado de manera explícita, a solo tres semanas, tres consejos de ministros después de este plan, tomó las primeras medidas que le correspondían, en algunos aspectos muy notables, y una de la que usted ha hablado en la circular de la Fiscalía General del Estado, en la que no podemos intervenir de manera directa, el 30 de marzo, es decir, no hace más que unos pocos días, adoptaron los fiscales de sala la definición exacta del borrador que en pocas semanas se va a convertir en una circular de coordinación de las previsiones, actuaciones, consideraciones y posicionamiento nuevo y mejor de la Fiscalía General del Estado frente a la persecución de estos delitos. Es verdad que se trata de un plano en el que hay que convocar a todos, a la iniciativa privada. Es verdad que aunque lo haya querido decir de esta manera -supongo que en otro foro distinto estaría de acuerdo conmigo-, usted sabe perfectamente que los sectores que se mueven en todo este entramado de producción de la cultura tienen intereses enfrentados entre sí y que colocar, como debe colocarse un Gobierno, en la coordinación de esos intereses lo máximo posible, incluidos diferentes departamentos ministeriales de un Gobierno, no es cosa fácil ni cosa rápida, y en un año se han conseguido muchas cosas, a las que voy a dar un repaso. Se planteaba que la única manera de trabajar en un plan en el que había que coordinar acciones de otras administraciones públicas y del sector privado necesitaba un lugar y un espacio de trabajo de cooperación y elaboración. Se crea por Real Decreto de 13 de octubre esa comisión intersectorial, que se reúne y que obviamente tiene una comisión ejecutiva, y yo le remitiría al acta de esa comisión intersectorial, señoría, para que usted tenga una información precisa de cómo por primera vez los diferentes sectores de iniciativa privada y los 11 ministerios de un Gobierno se sientan y de las conclusiones de aquella primera reunión, que fueron francamente alentadoras. Fueron alentadoras porque felicitaban a un Gobierno que se enfrentaba a este problema, que sentaba a 11 ministerios, que se sentaba con todos los sectores –repito-, algunos con contradicciones evidentes en la defensa legítima de sus intereses, que sentaba a la Administración local y autonómica, de manera específica a los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, que sentaba a las entidades de gestión y a las asociaciones defensoras de estos derechos, al sector empresarial por primera vez, a los sectores de las industrias tecnológicas y de la información y también al sector de la comunicación, incluidos los consumidores de este país, como usuarios y ciudadanos, por primera vez.
fin
PLENO T. 42
05/04/06
(Continúa la señora ministra de Cultura.)
Le remito a lo que dijeron los sectores en aquella reunión absolutamente constructiva donde se sentaban por primera vez con un Gobierno en aquella fecha, el mes de noviembre, a poner blanco sobre negro las propuestas concretas de cada una de sus circunstancias. Es cierto –y usted me lo ha oído decir en muchas ocasiones- que hay que hacer un diagnóstico mucho más solvente del que aparece de forma fragmentada cada día en la prensa acerca de este problema, que no lo tiene este país ni este Gobierno porque existe desde hace muchos años, incluido los ocho años en los que gobernó su partido, y este país debería tener más y mejores datos de la economía de la cultura. No tenemos a estas alturas de la historia de este país ni siquiera un dato fidedigno que nos diga qué aportan las industrias culturales, el sector económico de la cultura, al PIB. Por primera vez este Gobierno lo va a tener a finales de año. Este Gobierno no trabaja sobre presiones y rumores del escaparate de la cultura sino sobre datos de diagnóstico bastante más certeros de lo que a algunos les gustaría. No es que sea un ministerio precioso sino que es un ministerio que realiza una acción política y pública de Estado absolutamente imprescindible para una sociedad democrática y desarrollada como la nuestra.
En el marco de la comisión intersectorial en el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria –y es una medida que no ha adoptado ningún país porque estamos hablando de blanqueo de dinero en toda la trama del tráfico ilegal que vulnera la propiedad intelectual de los creadores- se ha tomado, por primera vez en este país, una decisión para cruzar información de la Agencia Tributaria con la que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para intentar atajar el problema en uno de los aspectos que más nos importan. El ministro del Interior en rueda de prensa dio unos datos absolutamente estremecedores sobre el volumen de negocio mundial del tráfico ilegal de los bienes culturales -entre los que también están los de Patrimonio Histórico-, que está por delante incluso del de tráfico de drogas. En esta situación el Gobierno toma medidas –como ve S.S.- y decisiones que son complicadas e incluso lentas, pero de momento son las únicas conocidas en el marco de la Unión Europea que van al fondo de los problemas de los que a veces hablamos con mucha ligereza.
La Federación Española de Municipios y Provincias tiene firmado un convenio con este ministerio desde el 14 de octubre, que usted conocerá porque es una medida de este plan. Desde el 14 de octubre, y con financiación, la FEMP firmó un convenio para adoptar medidas de prevención y realizar campañas en la Administración local -que usted ha alabado mucho, yo también, pero se hace con la ayuda de este ministerio-, precisamente en un ámbito en donde las policías locales pueden hacer mucho en materia de reacción y de prevención. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han creado un registro -con la ayuda de la iniciativa privada, sobre todo con Promusicae y Asimelec- contra el uso irregular de las torres de duplicación, que es un problema gravísimo. Precisamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden basarse en este registro para intentar atajar este problema. Seguramente, que usted desconoce también este dato. Le estoy hablando de fechas que arrancan del día 8 de abril, fecha en que celebramos la existencia de este plan. Necesitamos datos de obtención de esta circunstancia porque es novedosa. En las encuestas de las instituciones sobre las que se recoge información por parte de la Administración General del Estado se requiere primero un planteamiento de recogida de esos datos técnicos, como usted se podrá imaginar, porque nunca se han recogido. Por primera vez tendremos a final de este año los primeros datos de la encuesta de hábitos culturales 2006-2007, del denominado mapa plan (¿), espacio de diagnóstico de la piratería en nuestro país. Estos datos implican no solamente a los sectores que habitualmente dan datos en los medios de comunicación, sino a otros sectores mucho más ocultos donde están las industrias de las nuevas tecnologías, a las que nos sentimos absolutamente cercanos, porque hay una parte importante del problema que deben resolver ellos.
Señorías, estos datos no son ni lentos ni rápidos; son una novedad en nuestro país y requieren el trabajo técnico correspondiente aunque habitualmente el más inquieto y el que más prisa tiene es el ministerio.
Fin.
PLENO T - 43
5-4-06
(Termina la señora ministra de Cultura.)
En cuanto a las medidas de sensibilización, de prevención y de mensajes permanentes a los ciudadanos sobre este asunto, lamento que S.S. tenga también una información insuficiente. Se han emitido 377 anuncios en las cadenas nacionales, en Telemadrid, porque la Comunidad Autónoma de Madrid se sumó a esta campaña que nosotros le ofrecimos gratuitamente en una actitud -diría- de lealtad por un problema importante. Hemos introducido -me parece muy importante, porque S.S. habla de las nuevas tecnologías y de Internet- 50.000 impresiones en Internet para poder trasladar precisamente todo el problema de la descarga ilegal, que usted comenta, a un lugar que nos preocupa de manera especial. Hemos invertido 1.290.000 euros en esta campaña, señoría. Le recuerdo que su partido tenía coste cero de inversión en este problema. Aunque solamente sea por sentido común, nos lo habremos gastado en una campaña que ha estado en diversos soportes, como revistas y anuncios de radio, de televisión y de cine, contando con todos los operadores privados que han asumido la campaña como suya y que todavía está funcionando en una amplia red de operadores privados que -repito- la han hecho suya. No hace falta que le diga a S.S. que la han hecho suya Promúsica, AF, DRO, casi todas las sociedades de gestión y casi todas las asociaciones de defensa de los derechos de los creadores de este país. Señoría, hemos hecho algo importante con la campaña de sensibilización, porque la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que se va a reunir en España este mes de mayo, ha recogido la campaña del Gobierno español en el ámbito internacional como una fórmula absolutamente recomendable que tendrían que adoptar otros gobiernos. Es más, dice literalmente el texto de la OMPI que es una acción necesaria e imprescindible, al modo que lo hace el español, para otros gobiernos.
Señoría, hemos elaborado la transposición de dos directivas que ustedes se dejaron sin cumplir y usted ha citado una de ellas. En junio estarán traspuestas dos directivas, la de la sociedad de la información y la directiva que va a afectar al respecto a los derechos de propiedad intelectual, que ustedes dejaron sin cumplir, y que tendrán todo el debate y toda la tramitación, obviamente, en sede política y en sede parlamentaria y en junio estarán traspuestas, con el retraso notable con el que hemos tenido para llegar a ellas.
Termino esta primera intervención pidiendo a S.S. cuidado cuando extrapolemos el caso español a otros en Europa, porque como lo comentamos los ministros en Europa, señoría, cada país tiene subcultura en su cultura, es decir, su cultura de hábitos dentro de la práctica y del disfrute de su propia cultura. Hay una cosa muy importante, Francia o Italia no se enfrentan de manera fundamental a lo que llamamos piratería de bienes culturales, se enfrentan fundamentalmente a la piratería de otros elementos de subcultura cercanos también a la cultura, en la que se juegan una parte importante de sus economías, de su PIB -me imagino que sabe de lo que le estoy hablando-, que es donde Francia e Italia tienen verdaderos problemas y naturalmente España tiene su propia especificidad. No podemos extrapolar el caso español al resto de los casos en Europa. No podemos, señoría, pero no por refugiarnos en la autocomplacencia o en la permisividad, que naturalmente este Gobierno no tiene, porque no hace falta que le dé datos a S.S. que ya conoce: las intervenciones de la Policía Nacional han sido 1.557, un 12 por ciento más; se han detenido a 3.272 personas; se han requisado casi 3 millones de CD y DVD; la Guardia Civil ha tenido 1.155 intervenciones; más que nunca. Por tanto, no es un Gobierno permisivo, es un Gobierno que se ha enfrentado a un problema muy complicado, que se ha ido de la mano notablemente en los últimos años, que no tiene parangón con otros países, por nuestro idioma, y que cada día vamos atajando, además con los sectores implicados, porque necesitamos que los sectores de las nuevas tecnologías nos indiquen, para empezar, qué otras tecnologías son las que pueden parar precisamente la ilegalidad que en muchos casos solo se para con una tecnología que contrarreste, porque no hay norma que contrarreste lo que no puede hacer en este caso una tecnología. Hay una Comisión al efecto y supongo que tendré la oportunidad de ponerle de manifiesto algunas de las decisiones que ha tomado en este año de vigencia del plan, muchas medidas del plan y, naturalmente, muchas expectativas del mismo. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Señora Rodríguez Salmones, comenzamos con su turno de réplica.
Fin
PLENO TURNO 44
5.04.06
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no sé lo que esperaba usted de nosotros, pero le puedo decir que lo último que yo hubiera esperado de usted era la autosatisfacción. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo mide usted su nivel de autosatisfacción? Es evidente que no por los resultados. Se mira usted a sí misma y nos dice que la ministra portuguesa y la ministra alemana del antiguo Gobierno le han pedido su plan. Pues entonces todos tan contentos. Si a usted le piden el plan, todos estamos tan contentos. Yo le digo que en España hay 500 millones de descargas ilegales y usted me dice que los datos son alentadores. Alentadores, ha dicho. ¡Es impresionante! ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos entre los diez países del mundo con más piratería, a nivel de Ucrania. ¿Pero qué me esta usted contando de los otros países que dice que le piden el plan? Le pedirán el plan, pero ¡anda que le van a copiar los resultados! Sabe usted que tienen resultados infinitamente mejores que los nuestros y me sigue usted hablando de la música latina. ¿Pero cómo es posible que tenga usted esa confusión? ¿Qué tienen que ver los 13.000 millones de descargas ilegales con la música latina, señora ministra? ¿Cómo puede decir usted eso? Ustedes dijeron: Somos el primer Gobierno del mundo que ha asumido la piratería como problema. Pues asuma las soluciones, señora ministra, no asuma la piratería como problema. ¿Pero qué es eso en un Gobierno? Usted tiene que asumir soluciones.
¿Sabe lo que nos ha dicho sobre las cosas que no conocemos? Yo pensaba que a lo mejor no conocíamos alguna de las medidas tomadas. Nos ha dicho que en breve -no sabemos cómo de breve- la Fiscalía va a estudiar un borrador o que ha estudiado ayer un borrador que se publicará en breve. Como cuando usted dice breve habla en términos anuales, en 2007 podremos tener la instrucción de la Fiscalía, que era la medida estrella hace un año. ¿Sabe lo que le digo? Si de algo estamos orgullosos no es de nuestros resultados, que no fueron buenos, porque este problema es muy difícil para usted y para cualquiera, pero lo que no puede haber es autosatisfacción cuando tenemos el nivel de Ucrania y de Bolivia, señora ministra. Nosotros modificamos el Código Penal, y sabe usted que eso es muy difícil; modificamos la Ley de Enjuiciamiento, y sabe usted que eso es muy difícil. Usted tenía que haber agilizado los juicios rápidos y no lo ha hecho. No estamos nada satisfechos. No incorporamos la directiva. ¿Sabe con cuántos países de Europa llevábamos ese retraso? Con todos los países europeos, con los países centrales. Sabe usted que se está haciendo en Alemania y que ahora se está haciendo en Francia. Fíjese usted qué bochorno más bien compartido con toda Europa, porque era muy complejo. Y encima tiene usted nuestro apoyo y todavía nos hace un reproche. Señora ministra, enfréntese usted con el problema.
Insisto, ¿cuál es la medida que toma usted para su propia satisfacción? ¿Los resultados? Me cita usted aquí asociaciones que hoy mismo la están suspendiendo, que le están dando un suspenso en la lucha contra la piratería. Hoy las tiene en los periódicos, pero me las cita usted como las que le aplauden. Señora ministra, este es un problema en el que yo le he brindado nuestro apoyo. Se trata del cumplimiento de unas leyes que nosotros estamos aprobando. Lo único que podemos pedirle es que asuma usted las cifras con las que se está enfrentando, que use su peso, el que tenga, poco o mucho, y que acuda al presidente del Gobierno. Interior está infradotando a la policía y usted lo sabe. Están llevando a cabo acciones modélicas contra viento y marea, solos y sin medios. Justicia no ha hecho nada e Industria se está riendo, como sucede cuando el ministerio de Industria está frente al de Cultura en este y en todos los campos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Finalizamos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de Cultura.
FIN.
PLENO TURNO 45
05/04/06
La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es útil que reconozca que el problema se ha agravado en los ocho años en los que no se ha tomado ninguna medida. Me habla de modificación del Código Penal, pero el remate de la modificación del Código Penal pudieron llevarla a cabo ustedes, lo cual era muy importante. Debatir en el filibusterismo a veces propio y no deseable del Parlamento sobre palabras que he dicho o haya dejado de decir es algo que no me interesa, porque le he señalado que este Gobierno se enfrenta a ese problema, y si uno no se enfrenta a un problema con el realismo necesario, ya me dirá cómo puede encontrar algún tipo de soluciones o medidas. Esto nos llevaría a un debate prácticamente de puro mecanismo y método intelectual. Señoría, le guste a usted o no, afrontamos un problema con un calado mayor y más importante debido al idioma que tenemos; le guste o no le guste, porque representamos un idioma en la Unión Europea que hablan cerca de 500 millones de hispanohablantes en el mundo; le guste o no le guste, y eso complica las cosas como no se las complica a país como Alemania, como Francia o como Italia, con un espacio idiomático donde la cultura transita a través de la lengua, con un problema menor que el nuestro. Antes le he indicado a usted dónde está el problema que tienen otros países con la piratería, aunque no he profundizado porque no hace al caso, pero usted sabe perfectamente que España tiene que afrontar un problema que en buena medida está fuera de sus fronteras. En realidad ha estado usted todo el rato bordeando la situación. Me ha dado datos, pero yo le voy a dar otros, como que 2005 fue un año con un 3,5 por ciento más de espectadores españoles que fueron a ver su cine en todos los formatos en los que hoy se ve el cine: taquilla, alquiler y venta. Señoría, no le gustan los datos, pero así son, y pronto les daré información sobre el incremento de lectura, que digo yo que también forma parte del movimiento que se genera a partir de decisiones públicas y naturalmente con la fortaleza de la iniciativa privada.
Por otra parte, no es verdad que las directivas que tanto importan para proteger la creación en nuestro país y los derechos de la propiedad intelectual no estuvieran tan retrasadas en otros países como en España; sabe que no es así, como tantas otras cosas. Además S.S. sabe que una parte capital en este asunto es la autorregulación de los sectores en las nuevas tecnologías. Señoría, ese grupo se constituyó el 4 de mayo y el plan tiene fecha de 8 de abril. Se ha reunido en numerosas ocasiones y este Gobierno escucha y respeta que necesita que sea el propio sector quien encuentre hilos, como ocurrió en Francia, que le permita hallar soluciones en su propio espacio de autorregulación. Asimismo, S.S. tiene que saber que el propio Ministerio del Interior ha creado toda un área de trabajo, evidentemente dotada, en la que por primera vez en este país se trabaja con la intensidad suficiente sobre todos los delitos que se cometen respecto a la tecnología en red. Todo lo que ahí se avance será un avance para la piratería en este país, y todo lo que se haga en esa dirección también será parte de un segmento importante de las decisiones de este país. Señoría, el día que se presentó este plan dije que ni este es un tema fácil ni unilateral de un solo Gobierno ni un tema que podamos abandonar a los propios sectores privados, sino que es un tema de una extraordinaria complejidad. Usted ha hablado antes del precio, pero no sé de qué precio habla S.S., porque yo hablo del precio final que llega a los ciudadanos con arreglo a la renta per cápita y a los hábitos culturales de este país, donde determinados bienes culturales resultan caros para la renta media familiar o individual, y no me lo puede negar. Compare con otros lugares del mundo, al alza o la baja, porque estos son argumentos absolutamente potentísimos en muchas direcciones respecto de lo que estamos hablando, aunque usted los quiera minimizar porque en este caso no se quiera enfrentar con suficiente realismo y cordura a esta situación. Comprendo que usted no puede ser leal al Gobierno de este país, porque el papel que le han dado los ciudadanos es el de acción de control del Gobierno, pero este es un tema lo suficientemente importante para que seamos leales a la cultura y al país, independientemente del lugar en el que las urnas nos hayan colocado a todos nosotros.
FIN
Pleno T.46
5-04-06
(termina la señora ministra)
Le doy un dato para terminar. Es curioso -y antes en la intervención de otra compañera del Gobierno se ponía de manifiesto- que mientras que muchos ayuntamientos, otras administraciones públicas gobernadas por su partido, están cómodas en estas medidas -acogidas algunas y todas con financiación porque este es un plan que tiene prácticamente tres millones de euros de financiación-, usted no lo esté hoy, afrontando un problema por el que nuestro país se coloca con las cifras que se coloca y que yo no niego, entre otras razones, porque al no negarlas es cuando un Gobierno se coloca precisamente delante de ellas -cosa que no ocurrió durante ocho años- y escucha a los sectores cuando dicen: Hace ocho años, y más, pero estamos hablando de las dos últimas legislaturas -o de las tres-, donde muchas cosas en este país han ocurrido demasiado rápido. La complejidad es extrema, señoría, y yo le pido lealtad, si no al Gobierno -que no la tiene, evidentemente por razones de juego en la política- sí a este asunto, porque es la cultura de este país. (Aplausos.)
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DEL RÍO LLOBREGAT A SU PASO POR LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT Y LA GESTIÓN DE LA LAGUNA LITORAL SURGIDA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE SU ANTIGUO CAUCE. (Número de expediente 172/000180.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Finalizamos, señorías, con la última interpelación del día de hoy, la urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarca del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce. Tiene la palabra para formular esta interpelación don Joan Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, las grandes conurbaciones urbanas suponen concentración de consumo energético, de tráfico, de consumo de agua, de producción de residuos, de contaminación, y su papel como polo de atracción suele provocar que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras sea exponencial, con lo que también crece en sus impactos ambientales.
Hoy le emplazamos, señora ministra, a reflexionar sobre una comarca víctima de un proceso permanente de expansión urbana que no solo ha sufrido impactos territoriales, sino que también ha acarreado múltiples problemas de cohesión social: el Baix Llobregat. El Baix Llobregat ha sido una comarca fuertemente industrializada desde el siglo XIX, a la par que tierra de cultivos intensivos como consecuencia del aprovechamiento del río Llobregat. Con la implantación masiva de la industria a lo largo de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, la agricultura fue cediendo paso a la industrialización, al fenómeno de la inmigración y a un extraordinario crecimiento urbanístico.
Esta interpelación pretende, en primer lugar, que comprendan la realidad de la Vall Baixa del Llobregat, especialmente perjudicada por el crecimiento de Barcelona y sus infraestructuras de acceso; en segundo lugar, que entiendan la particular situación de la zona deltaica del Llobregat -piensen que más de un 56 por ciento de la población de Cataluña vive a 30 minutos por carretera del delta del Llobregat, una llanura aluvial que acoge espacios naturales de gran valor biológico-; y finalmente, en tercer lugar, pretendemos que compartan las propuestas urgentes que consideramos que hay que llevar a cabo para paliar un constante perjuicio socioambiental que se abate sobre el territorio mencionado.
Nuestra interpelación responde al hecho de la existencia de muchos proyectos en vía de ejecución por parte de la Administración del Estado, y por tanto, creemos que es el momento óptimo para que desde esta Cámara se emplace al Gobierno a tomar medidas urgentes que favorezcan la restauración ambiental, porque es necesario recuperar un patrimonio natural del Llobregat, que puede suponer unos beneficios medioambientales incalculables para la ciudadanía de la comarca. El régimen fuertemente torrencial del río había mantenido históricamente la zona inundable libre de construcción y esta condición ha favorecido: primero, la construcción de grandes infraestructuras de transporte; segundo, el encauzamiento y la marginalización del papel territorial del río; tercero, un deterioro progresivo de sus valores como ecosistema fluvial; y cuarto, un consiguiente olvido e ignorancia por parte de la población, que le ha dado la espalda, y les hablo con conocimiento de causa puesto que soy de Cornellà de Llobregat. Hoy en día el río Llobregat en el tramo que les comentamos está encorsetado –fíjense- por una autopista de ocho carriles -cuatro y cuatro-, una autovía de seis -tres y tres-, una línea de ferrocarril de vía estrecha, una línea convencional de mercancías, una línea de Renfe y actualmente están en obras dos ramales más de líneas de alta velocidad, una de mercancías y otra para pasajeros.
fin
PLENO TURNO 47
05/04/06
(Continúa el señor Tardá.)
En la declaración de impacto ambiental de la última autovía, hace diez años, se reconocían los graves daños ambientales que las infraestructuras estaban ocasionando en el sistema fluvial y el elevado estado de degradación de su entorno. En ese sentido se pretendió llevar a cabo un proyecto complementario de restauración, pero a todas luces fue inacabado y claramente insuficiente. De hecho, la irresponsabilidad del Ministerio de Fomento del señor Álvarez-Cascos fue extraordinaria. Esto motivó, como saben, la aprobación en esta Cámara, ya con ustedes en el Gobierno y con el apoyo del Partido Socialista, de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo que recogía la necesidad de finalizar debidamente esta restauración, pero a día de hoy las cosas siguen sin resolverse, también tenemos que decirlo.
Como saben, el actual proyecto de ramal ferroviario del Llobregat, en su anejo 14 -y les hablo del tren de alta velocidad- de integración ambiental, pretende algo similar. Para los seis tramos que comprende la ejecución de este ramal entre Castellbisbal y Can Tunis se prevén 7 millones de euros para restauración ambiental. Por otra parte, se pactó una enmienda con Esquerra Republicana en la vigente ley de presupuestos, a la que dio apoyo el Partido Socialista, en la que se dotaba de 7 millones para un convenio con la Generalitat para la mejora y regeneración ambiental del Llobregat, con el compromiso -debo decir- escrito, aunque no me consta que sea oficial -también debo decirlo para ser honrados-, de que plurianualmente se destinaría un total de 27 millones de euros en tres años.
Señora ministra, no cabe duda de que la intención es buena, pero considere los antecedentes más inmediatos -hablaba de la autovía- y entenderá que debemos ser garantistas y comprometer acciones urgentes a raíz de esta interpelación. Nos consta que por fin se está llevando a cabo una fructífera colaboración entre las administraciones y que se está acabando de redactar un proyecto compartido de restauración del conjunto del tramo de la Vall Baixa e incluso de la creación de un consorcio para su desarrollo. Aun así, también nos consta que todavía no se ha materializado dicho convenio y que, por tanto, no se puede hacer efectiva la asignación presupuestaria prevista. Nuestro grupo cree que ya hay suficientes elementos de acuerdo y colaboración, sobre todo colaboración entre las partes, como para redactar y firmar el citado convenio. Esto es especialmente urgente, sobre todo si se quiere ser efectivo en la plausible ejecución de la partida del presente año. Los plazos de terminación de plataforma del tren de alta velocidad están llegando a su fin y, si se quiere hacer una correcta recepción de la obra, como debería ser, es urgente que se redacte y firme cuanto antes el citado convenio, y se debería establecer cómo se integran las intervenciones del ADIF en el proyecto global de restauración.
Otra cuestión. Nos referimos a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa la inminente licitación de un estudio sobre la recuperación ambiental de las riberas de la cuenca del Baix Llobregat, dotado en 270.000 euros, y hablamos de esto porque es fruto de otra enmienda de nuestro grupo en los presupuestos del año pasado que además fue posible gracias al entendimiento con el Partido Socialista. Creemos que este estudio debe formar parte del ámbito de actuación de este consorcio. Estamos hablando de aunar todos los esfuerzos en un solo objetivo.
Señora ministra, compartimos con usted la satisfacción de constatar cambios de rumbo en la actitud de diversas administraciones ante esta problemática, pero comprenderá que ya son muchos años de marginación y degradación del río Llobregat y que es necesario emplazar al Gobierno a que estas iniciativas sean llevadas a cabo sin más demora, sobre todo no demorar más, no vayamos a perder de nuevo las posibilidades presupuestarias que ya estuvieron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año.
FIN
PLENO Turno 48
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(Termina el señor Tardá)
Finalmente, señora ministra, paso a presentarle el último apartado de nuestra interpelación.
Usted conoce que en el año 1994 se firmó el llamado Plan Delta. El convenio que lo posibilitaba establecía una relación de planes y proyectos para convertir este ámbito geográfico en el principal centro distribuidor del Sur de Europa mediante la construcción de una plataforma logística, garantizando los valores paisajísticos y ambientales del territorio deltaico. Ciertamente difícil hacer compatible los dos intereses. Siempre hemos reconocido la dificultad de hacer cuadrar el círculo en temas de este ámbito.
Entre las declaraciones conveniadas había dos fundamentales: ampliación del puerto de Barcelona y potenciación de las infraestructuras ferroviarias para servir al puerto, en esto estábamos todos de acuerdo. Los dos objetivos son y serán preocupaciones de Esquerra Republicana, no en vano nuestro grupo ha presentado varias enmiendas para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril en Cataluña. Es más, coinciden nuestros objetivos y los suyos con los del Libro Blanco del transporte, es decir, potenciar la competitividad de las zonas logísticas, las catalanas en este caso, e impulsar un medio de transporte más eficaz y sostenible, como es el ferrocarril. Todo ello, no obstante, entendemos que no debe llevarse a cabo transformando de manera irreversible el medio natural.
Unos políticos progresistas, y usted sabe que como tal siempre la hemos considerado en Esquerra Republicana, no podemos ir con la cabeza alta si no somos capaces de plantear soluciones modernas e imaginativas, es decir, sostenibles. Todo esto, señora ministra, se lo digo porque usted es conocedora de que en el año 2003 se ejecutó una de las actuaciones que debían de permitir la ampliación del puerto de Barcelona, el desvío del río Llobregat, un desvío controvertido, a nuestro entender injustificado, por eso presentamos en su momento alternativas, nosotros y organizaciones como Depana, que pretendían hacer presente que era posible compaginar ampliaciones, crecimiento, con la no desviación del río, pero esto entiendo que es historia.
Lo que le planteamos hoy es que, una vez ejecutado el desvío, el siguiente paso era esperar que el cauce se secara, que se cubriera con tierras para poder empezar las obras de construcción de las vías de ferrocarril y de las dos estaciones previstas para contenedores, pero ha resultado que el río ha decidido no morir. De hecho ya no es río, sino que ha crecido una nueva laguna en igualdad de condiciones ecológicas, que no de protección, con las otras que existen en el Delta del Llobregat catalogadas como reserva y propuestas para engrosar la red Natura 2000. Pues bien, el antiguo cauce se ha convertido en laguna litoral que, según nuestro informe técnico, también según Depana, tiene unos valores ecológicos de alto nivel por encima de algunas de las reservas protegidas oficialmente. Todo ello a nuestro entender ha dado lugar a una nueva situación que el Govern de Cataluña ha tenido que afrontar sin garantías jurídicas. Por todo ello ahora se nos plantea el reto de ser capaces de gobernar como políticos modernos que se adaptan a las nuevas realidades, aunque sean sobrevenidas.
Por todo ello, señora ministra, vamos a presentarle una moción en el próximo Pleno a fin y efecto de poder básicamente hacer converger todas nuestras preocupaciones, que estamos convencidos de que se corresponden con las suyas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno de la señora ministra de Medio Ambiente para contestar a esta interpelación del señor Tardá.
FIN
PLENO T.49
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La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, conozco bastante el tema objeto de la interpelación. Era secretaria de Estado de Medio Ambiente en el año 1994 y desde la secretaría de Estado intentamos que las declaraciones de impacto ambiental que acompañaban a las distintas infraestructuras contuvieran las mejores medidas posibles para la corrección de impactos con el conocimiento que entonces teníamos de esos posibles impactos. Usted mismo ha señalado que el devenir ha hecho que aparezcan impactos diferentes de los previstos en aquel momento. Desde entonces hasta ahora, como también ha señalado, los resultados no nos pueden satisfacer. Queda mucho por hacer y puedo decirle que ha sido una preocupación del ministerio establecer nuevos vínculos con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para mejorar la actuación de carácter ambiental en toda la zona del Bajo Llobregat. Por ello el 5 de septiembre del año 2005 firmamos un primer convenio para el seguimiento de actuaciones ambientales incorporadas en las distintas declaraciones de impacto ambiental relativas a los proyectos que todavía estaban culminándose. Además ese marco de colaboración abrió en el diálogo entre las dos administraciones la preocupación sobre algunos aspectos puntuales, por ejemplo, la situación de los acuíferos o algunos temas que no se habían estudiado suficientemente. Por lo tanto, a partir de ese momento hemos intentando crear un marco de trabajo compartido con la Generalitat, en primer lugar, para atender la finalización de las obras que estaban ya en curso al inicio de esta legislatura.
Con posterioridad a ello, el 19 de diciembre del año pasado firmé una adenda al convenio suscrito en diciembre del año 1985; el primero de los convenios que enmarca las actuaciones del Bajo Llobregat, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y el departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Esta adenda pretendía incorporar a la autoridad portuaria en el desarrollo de determinadas actuaciones, teniendo en cuenta que eran necesarias obras de relleno. Ya una porción del antiguo cauce del río Llobregat se ha convertido en zona de servicio del puerto de Barcelona y en el otro tramo, aguas arriba del puente de Mercabarna, está afectado el sistema ferroviario de acceso al puerto de Barcelona y a la gran terminal de carga. En consecuencia, la autoridad portuaria se incorporó al ámbito de ese convenio con el objeto de garantizar que las citadas obras de relleno se llevaran a cabo de la forma técnicamente más correcta para compatibilizar los distintos sistemas generales -el viario, el ferroviario y el portuario- concurrentes en esta zona.
En lo que se refiere a la gestión de la laguna litoral surgida en el antiguo cauce, puedo comentarle que ya en la propia declaración de impacto ambiental del proyecto de encauzamiento del río Llobregat se dispone la creación de una zona húmeda con un sistema de carrizales, de canales y prados húmedos y lagunas como una de las medidas compensatorias por la pérdida de hábitats. Se establece también la necesidad de realizar un itinerario, varios observatorios compatibles con la conservación de un espacio público que, como usted también ha señalado, quedará integrado en la reserva natural parcial de La Ridarca Calaranna??y de la cepa del delta del Llobregat. Pues bien, esto está prácticamente finalizado y, mientras tanto, van acaeciendo otras circunstancias que hacen extraordinariamente conveniente que desarrollemos algunas actuaciones complementarias para mejorar la situación ambiental de la zona. Por ello, en su momento, apoyamos en la tramitación de los presupuestos para el año 2006 la enmienda a la que se ha hecho referencia. Señoría, precisamente la semana pasada la Generalitat nos devolvió el texto del borrador del convenio con las modificaciones que el Gobierno catalán ha querido incorporar. Este es el convenio específico para que llevemos a cabo las tareas que pueden ser cubiertas; en este mismo año por una cantidad de 7 millones de euros; en el próximo año de 9 millones de euros y en el año 2008 de 11 millones de euros, es decir, un total de 27 millones de euros.
Fin
PLENO T-50
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(Termina la señora ministra.)
Por tanto, señoría, lo tenemos en estos momentos en instrumento de cooperación, pendiente solo de ser objeto de los trámites que me permitan firmarlo, deberá ir a Consejo de Ministros y por parte de la Generalitat hemos tenido, como señalo ya, un texto que le resulta conveniente. Aquí se establece que es la Generalitat la que ejecuta las obras derivadas del convenio y que hay una Comisión mixta entre las dos administraciones para la selección de los correspondientes proyectos. Por lo tanto, señoría, la moción que se derive de esta interpelación puede ser también una moción que tenga en cuenta ya ese marco de cooperación que se abre y que hará posible que este año sí tengamos proyectos que puedan emplear los recursos presupuestarios, cosa que no nos sucedió el año pasado, y que podamos abordar algunas de las cuestiones que S.S. ha mencionado durante la interpelación. Créame que el Ministerio de Medio Ambiente y yo tenemos el máximo interés en que se culminen adecuadamente las obras en esta zona que, efectivamente, ha sido castigada a lo largo de mucho tiempo con la construcción de numerosas infraestructuras. Ha tenido una grave pérdida en los valores de sus ecosistemas y también puedo señalarle que hemos intentado, y creo que usted es conocedor de ello, incorporar al máximo la opinión de organizaciones como Depana a la búsqueda de las mejores soluciones en un contexto ciertamente conflictivo y complejo donde hay muchos intereses que coinciden en el mismo territorio. En fin, esto es cuanto le puedo decir en esta primera intervención por mi parte respecto de la voluntad que ya se traduce, como señalo, en un borrador aceptado por la Generalitat hace pocos días y que, por lo tanto, pasamos de forma inmediata a tramitar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
Finalizamos con los turnos de réplica y dúplica. Comenzaremos con el del diputado interpelante que, como saben ustedes, es el señor Tardá. Tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Señora ministra, muy brevemente, vaya por delante el respeto con el que desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos contemplado su trabajo, su responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto al antiguo cauce del río, hoy día convertido por efectos imprevisibles de la naturaleza en una nueva zona húmeda, una nueva zona lacustre, debo decirles que efectivamente existe la preocupación, el reto quizá más que preocupación, de intentar hacer compatible el origen inicial de ese espacio, es decir, ubicar las vías de ferrocarril y las estaciones de contenedores con la posible reserva de al menos alguno de los espacios que forman parte de este territorio o zona húmeda imprevisible.
Entenderá que nuestro objetivo desde el punto de vista filosófico, y más viniendo de dónde venimos, de esta conurbación urbana, desgraciadamente tan degradada, nuestro objetivo es la reserva de los espacios libres. Es decir, entre los espacios naturales, que sería la opción óptima y los espacios humanizados o urbanizables, hoy día se abre un nuevo concepto, que es el concepto de los espacios libres. Aquellos espacios intersticiales, que años atrás eran rechazados y menospreciados, hoy día se convierten en espacios de gran interés potencial, incluso los espacios intersticiales entre las vías de comunicación, los yermos y las zonas agrícolas. Es decir, este valor absoluto que parte de lo relativo, como hemos visto en el patrimonio arquitectónico, en aquellas ciudades en donde este es escaso, adquiere una importancia extraordinaria. Entendemos que hay que afrontar el reto, aun cuando es un gran y nuevo problema imprevisible, pero hay que ver hasta qué punto es posible compaginar, repito, el objetivo inicial. Sería absurdo, ciertamente.
FIN.
PLENO TURNO 51
05/04/06
(Termina el señor Tardá i Coma)
Ha habido un desvío de río, ha habido una gran inversión económica, precisamente para liberar este espacio y poder ubicar allí las nuevas necesidades. Ahora existe esa zona húmeda, planteemos qué es lo que se puede hacer, si es que estamos en condiciones de ofrecer alguna alternativa. Nosotros consideramos que sí, que es posible.
Por otro lado, debo decirle que celebramos lo que nos ha dicho -cómo no íbamos a celebrarlo-, de hecho, nosotros pretendíamos ayudar, ser catalizadores de este proceso. Como comprenderá, nuestro grupo parlamentario y nuestro grupo político nos sentimos plenamente representados por nuestro Gobierno, el Gobierno de Cataluña, y en la medida en que avanza el proceso de colaboración entre el Gobierno catalán y el Gobierno español, miel sobre hojuelas. Ahora bien, también le tengo que decir que entendemos que hay la posibilidad de aunar esfuerzos, y por eso decíamos que hay que hacer posible la ejecución de toda la partida que hay en los presupuestos vigentes; así nos alejaríamos de la pequeña frustración que tuvimos el año pasado porque no fue posible. Sería interesante que lo contemplado por ADIF en las ejecuciones no acabara siendo contradictorio con lo que necesita una actuación conjunta, global y racionalizada, y por eso decíamos que quizá la autoridad catalana debería ser también competente respecto a cómo se ejecutan las partidas de ADIF. Por otro lado, tenemos pendiente el estudio de la recuperación ambiental de las riberas de cuenca del Llobregat, los 270.000 euros. Es decir, es un conjunto de medidas que se deberían, si se me permite la expresión, poner todas en un saco y hacerlas funcionar ya este año. Por nuestra parte, total colaboración.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchas gracias.
Señora ministra, su dúplica. Adelante.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría. Simplemente, quería señalar que la Generalitat ha solicitado ya al ministerio que estudie la posibilidad de desafectación de una parte del dominio público hidráulico y marítimo terrestre, en la zona de la desembocadura del Llobregat, para poder permitir los nuevos accesos ferroviarios y viarios en lo que era parte del antiguo cauce del río. Esa es la situación que tenemos ahora y todo ello, como usted bien señala, hay que contemplarlo desde una visión integral, en el marco de esa Comisión mixta que ya existe y con la posibilidad de emplear nuevos recursos presupuestarios, complementarios a los que se han venido aplicando para medidas correctoras previstas hace diez años y no plenamente desarrolladas durante este periodo. En toda esta comarca, sobre todo desde Martorell hasta el delta, hay muchas cosas por hacer y algunas se corresponden con actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente. En lo que se refiere a la recuperación de los cauces del río, va a haber un esfuerzo a través de ese estudio que se mencionaba. Confío plenamente en que, al igual que en otras cuestiones de gran complejidad que nos han ocupado, como está siendo, por ejemplo, la descontaminación del pantano de Flix, donde yo creo que estamos trabajando de manera muy positiva con la Generalitat y con los ayuntamientos de la comarca, podamos hacer algo parecido en este ámbito territorial, que sin duda se merece el esfuerzo de las administraciones y la recuperación ambiental y social derivada de la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, señorías. Les recuerdo que mañana la sesión se reanuda a las ocho de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.
FIN
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