Intervención completa Isaura Navarro incendios Castellón y Canarias

Señor Presidente, Señorías
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.

Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.

Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),

una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.

Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.

Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.


Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.

Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.

Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.

Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.

Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.

Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.



Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.

El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.


Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.

Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.

Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.

Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.

Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?

Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.

Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.

En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.