LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES GUARDIA CIVIL
Señorías, estamos ante un proyecto de ley,
ante una regulación fundamental para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar,
muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida,
la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas,
con absoluto respeto a la Constitución y al resto OJ.
Desde IU hemos querido aprovechar su tramitación para mejorar su contenido
con el objetivo de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Hemos querido empujar para conquistar algo que quiere la mayoría de la guardia civil, la ciudadanía plena,
Escuchar a sus gentes como debe hacer la representación de la soberanía, no a los altos mandos, no a unos pocos q quieren seguir mandando sobre la mayoria,
Asi podemos celebrar q por fin, después de 30 años de las primeras elecc legislativas q celebramos recientemente,
la constitución entre en los cuarteles de la guardia civil. Entra de lado, pues el sindicalismo como tal se quedó en la puerta, pero entra.
Nuestras enmiendas han pretendido trasladar sus reivindicaciones, sus demandas históricas y las recientes, sus necesidades,
Y del conjunto de la ley nos podemos sentir satisfechos, no es todo lo que queríamos, no es la clara desmilitarización y el pleno reconocimiento del sindicalismo, que es lo que nosotros pedimos y reivindicamos, pero del texto que propuso el gobierno al que hoy remitimos al senado ha habido una mejora sustancial.
Gracias a los ponentes del grupo socialista por escuchar nuestras peticiones con atención y disponibilidad.
Les invitamos a seguir trabajando en esta línea de dialogo para lo que queda de tramitación y asi seguir introduciendo mejoras en el texto.
Como sabemos, esta ley no parte de la nada, en este congreso hemos trabajado con iniciativas, comparecencias,
Viene de un largo debate y muchas promesas incumplidas, la AUGC tiene el listado de ellas.
Ningun sentido tenia mantener una legislación que trataba a la gc como un apéndice de las Fuerzas Armadas,
Y no como lo que es en su día a día, como el trabajo que desarrollan sus miembros en la cotidianeidad:
un Cuerpo de Seguridad del Estado,
en el que se debe potenciar la democracia interna,
los mecanismos de participación de sus miembros
y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
Todo ello dejando atrás la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos que solo se sustentan en la pura nostalgia.
Dicho lo anterior, no quiero dejar de señalar que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Es más IU quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles,
entre ellos el del asociacionismo profesional.
Derechos que hoy por fin garantizamos.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación de la institución
y por la conquista de derechos que van a ser ley
todo ello partiendo de su negación absoluta.
Personas que hoy pueden sentirse aun más satisfechas por los cambios que ha sufrido el texto legal en su tramitación parlamentaria.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos, que en definitiva es la conquista de todos los que nos sentimos demócratas.
Por ello es inaceptable e incoherente que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Le pedimos al Gobierno los paralice, que acabe con esa persecución y acoso a los guardias civiles que se han significado con el asociacionismo y con la constitución.
Que se libere de las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido. Pura nostalgia.
Por nuestra parte, nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles,
en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV esta ley es un punto de partida,
es una puerta para hacer posible el ejercicio pleno de derechos constitucionales de asociación, reunión, manifestación sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España.
es un pilar para la conquista de la democracia en la gc, porque aunq no se ha conquistado el sindicalismo, estas asociaciones se pueden constituir para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales gracias a la enmienda de IU.
Faltaran medios para ejercer este derecho que han sido negados, como locales en los cuarteles,
pero no faltaran ganas.
-enmienda 91.- Se refiere al artículo 39. En el párrafo segundo del texto transaccional se insiste en que la relación con organizaciones internacionales lo será con las de su mismo carácter. NO ES ADMISIBLE, DEBEN SER DE ANÁLOGO CARÁCTER. De otra manera se condena a las asociaciones profesionales de guardias civiles a quedar al margen de las organizaciones europeas o internacionales de policías.-
Se ha mejorado el derecho de reunión en las dependencias de la institución,
Si bien se dispone expresamente la negación de derechos al mismo tiempo: prohibido
“reunión o manifestación de carácter político o sindical” ¿q es político? Una reunión sobre mejora de condiciones de trabajo sería ilegal? Reconozcamos señorías q es bastante absurdo.
Negación de derecho junto al art. 11 q niega el derecho de sindicación. Desde IU consideramos que las leyes que regulan y reconocen derechos no son compatibles con este tipo de preceptos de negación de derechos.
Nace la obligación de informar con antelación del cuadrante horario y la compensación por alteración de la jornada
Se mejoran los mecanismos para trasladar quejas,
Se recogen derecho de conocimiento y prevención de riesgos,
Se impide la discriminación por orientación sexual, a celebrar hoy dia del orgullo.
como digo faltan medios para el ejercicio de todos estos derechos, pero el desarrollo de esta ley puede ser un medio para ello.
IU estará del lado de esas reivindicaciones.
con respecto al consejo asesor, se ha mejorado sustancialmente gracias a nuestras enmiendas y las de otros grupos…
gracias a una enmienda de IU: presidencia ministerio de interior
las funciones y derechos han sufrido un cambio radical, que lo convierten en un verdadero órgano de representación, con garantías de exigencia de participar con carácter previo en las decisiones que afecten a las materias que explícitamente se enumeran.
Así se han ampliado las competencias del Consejo de la GC a cuestiones económicas, sociales y profesionales, admitiendo una enmienda de IU.
Era importante y necesario ampliar a los ámbitos económicos y sociales, que son los ámbitos de trabajo y actuación de las asociaciones de GC. Además así lo reconoció el TC en sentencia de 2001, refiriéndose al ámbito de actuación de las asociaciones militares.
Un órgano por tanto que recuerda a los que se dan en el ámbito de la función pública en sus relaciones con los sindicatos y que se aleja del fallido Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad. Recordemos que en las últimas elecciones votó el 1,63% de la plantilla.
Precisamente por ello satisfacción al haberse aceptado nuestra enmienda que adelanta las elecciones de este nuevo órgano a 9 meses, con el objetivo de que esta representatividad de los derechos e intereses de la gc esté en funcionamiento lo antes posible.
Asimismo nos parece que en consecuencia el consejo asesor debería dejar de existir y por tanto eliminar cualquier referencia al mismo de las dos leyes.
Y por tanto se debería eliminar que la función de informar sobre los expedientes disciplinarios por falta muy grave que tiene atribuida el Consejo Superior de la GC pase al Consejo de la GC que se diseña en esta Ley. Una enmienda de IU q no fue aceptada.
Lo normal es que esta competencia esté en el máximo órgano consultivo de la GC que es el Consejo de la GC presidido por el Ministro de Interior y no por un órgano residual, que se mantiene por mimetismo con las FFAA.
señorías, este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Este proyecto de ley que avanza en su tramitación significa abrir las puertas de la gc al debate, a la crítica
y con estos instrumentos a su mejor funcionamiento
y el respeto a todos y cada uno de sus miembros.
esta ley apuesta por el reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual,
También por la mejora de la prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
Y eso, señorías, nos interesa a todos.
Por una guardia civil que avanza hacia la desmilitarización
Por una guardia civil civil,
por una guardia civil más digna,
que avanza en derechos.
jueves, 28 de junio de 2007
martes, 19 de junio de 2007
Intervencion Isaura Navarro. Pregunta al Presidente. MEDIDAS PARA LOS JOVENES MILEURISTAS
Pleno del Congreso de los Diputados (13 de junio de 2007)
Sesión de Control del Gobierno
PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del
Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.
Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.
Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.
Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Sesión de Control del Gobierno
PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del
Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.
Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.
Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.
Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.
Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias.
LA NECESARIA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL
Después de más de 25 años de recuperación de los Ayuntamientos democráticos apenas se ha avanzado en el desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la administración local,
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
jueves, 14 de junio de 2007
Intervencion Isaura Navarro Ley acceso electronico administraciones publicas
No sólo es una necesidad, también una obligación del Gobierno conseguir que las Administraciones Públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos. En otras palabras, que tengamos una administración moderna y avanzada, una administración del siglo XXI, a la altura de los tiempos en que actúa, y en este sentido se justifica la oportunidad de este proyecto de ley.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
miércoles, 6 de junio de 2007
Debate Derechos y Deberes Guardia Civil
Sesión plenaria núm. 241 celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
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