lunes, 26 de marzo de 2007

Intervencion Isaura Navarro comisión Justicia, comparecencia Ministro

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro Casillas.

La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA


(Termina la señora Navarro)

Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.

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