La diputada del grupo parlamentario de IU-ICV en el Congreso Isaura Navarro ha presentado una proposición no de ley en la que pide a la Generalitat que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico y ejerza "sus obligaciones" recogidas en este sentido en el Estatuto de autonomía.
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".
martes, 18 de septiembre de 2007
sábado, 15 de septiembre de 2007
jueves, 13 de septiembre de 2007
Isaura Navarro interviene en el debate sobre la reforma de las pensiones cuestionando la política social del gobierno
Intervención completa:
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
martes, 4 de septiembre de 2007
Intervención completa Isaura Navarro incendios Castellón y Canarias
Señor Presidente, Señorías
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.
Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.
Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),
una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.
Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.
Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.
Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.
Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.
Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.
Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.
Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.
Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.
Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.
El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.
Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.
Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.
Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.
Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.
Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.
Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?
Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.
Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.
En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.
Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.
Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),
una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.
Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.
Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.
Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.
Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.
Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.
Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.
Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.
Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.
Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.
El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.
Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.
Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.
Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.
Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.
Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.
Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?
Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.
Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.
En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.
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