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UN PASO HACIA UNA LEY JUSTA

PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquistaEl proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).



El PSOE desbloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
MEMORIA HISTÓRICA. EL ACUERDO PSOE-IU ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS SUMARÍSIMAS

SERVIMEDIA , 19-4-07

El PSOE e IU-ICV alcanzaron hoy un acuerdo sobre la ley de memoria histórica que declara la ilegitimidad de todos y cada uno de los tribunales de represión franquista y abre una vía para que los represaliados recurran a la justicia para reclamar la nulidad de las sentencias sumarísimas.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido confirmó este acuerdo, que declara "la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

El documento entregado hoy a los periodistas indica que esa "ilegitimidad" se deriva de que tales procesos fueron "contrarios a Derecho y vulneran las más elementales exigencias del derechos a un juicio justo", con "vicios de forma y fondo".

En ese mismo artículo se menciona expresamente las sentencias dictada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y del Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos.

Igualmente, continúa el texto, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Se reconoce además "el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores".

Este derecho será "compatible" con otros derechos y medidas reparadoras "reconocidas en normas anteriores, así como el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia".

Los represaliados tendrán derecho a "solicitar la declaración de personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".

También podrán solicitar esta declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes no tengan familiares o cónyuge y hubiesen desempeñado cargos o actividades relevantes en la misma.

Estas declaración se podrá solicitar al Ministerio de Justicia y para ello las personas o instituciones afectadas tendrán que aportar toda la documentación sobre los hechos o el procedimiento que obre en su poder, así como aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

La ley tiene por objeto "reconocer y ampliar" derechos a favor de padecieron "persecución y violencia" por motivos políticos o ideológicos y recuperar la memoria de los represaliados.

Pretende también "el fomento de los valores y principios democráticos", y la recuperación y preservación de todos los documentos relativos a ese período histórico. Reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal".

Además, esta norma será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, aunque "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista
El proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
EL PAIS - CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.
El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica
Incorporar una nueva referencia a la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
EL MUNDO .- EFE MADRID

El PSOE e IU-ICV han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
'Restañar las heridas'
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, incluido el PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE, para quien el acuerdo es un avance "significativo" y "determinante".
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
PSOE e IU acuerdan que la ley de memoria histórica anule los juicios franquistas
20MINUTOS.ES. 19.04.2007 -
Se desbloquearía así el proceso de aprobación de la ley.
Los juicios sumarisimos dividían a la izquierda.
El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada "Ley de Memoria Histórica" que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados "juicios sumarísimos" celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías.
Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto, que pasaría por anular estas sentencias judiciales.
Críticas del PP
El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".
De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
Las sentencias de Companys y Puig Antich podrán ser anuladas con la Ley de Memoria Histórica
El texto pactado entre PSOE e IU-ICV permite a las familias de los condenados acudir a los tribunales ordinarios para revisar las sentencias franquistas, según Joan Herrera
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ADN
El PSOE e IU-ICV han alcanzado este jueves un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. Según Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, el acuerdo puede permitir, por ejemplo, la anulación del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat catalana en tiempos de la República, Lluís Companys. El consejo de guerra contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, también podría quedar sin efecto, puesto que las familias de los reos podrán acudir a los tribunales ordinarios para que se revisen sus casos."Si la ley se aprueba tal como está pactada, España quedará equiparada a otros países europeos en lo que se refiere a la condena de los regímenes fascistas", asegura Herrera. Según el diputado, queda pendiente acordar el futuro del Valle de los Caídos, que IU-ICV quiere convertir en un museo por la paz, los archivos de la represión, las fosas comunes y los símbolos franquistas.Anulación de juiciosInicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo. Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios. La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Con este acuerdo, la ley ya obtendría la mayoría de votos del Congreso gracias a los apoyos del PSOE e IU.ERC no se sumaEsquerra Republicana no hace suyo el acuerdo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos, según fuentes de ERC. El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura". Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes". Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".El PNV quiere más cambiosEl portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ve bien el pacto alcanzado entre PSOE e IU-ICV sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica para declarar "injustas" las condenas políticas e "ilegítimos" los tribunales del franquismo que las dictaron, pero insiste en la necesidad de retocar otros puntos del proyecto de ley como los referidos a los símbolos de la dictadura, la devolución del patrimonio incautado a los partidos y el acceso a los archivos.
PSOE e IU desbloquean la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica

19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ABC

Con la sombra de la polémica, PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo que desbloquea la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto defnitivo incluye, entre otros puntos, declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron.

El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.

Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Ilegitimidad de los tribunales

En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.

A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".

Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.

Por las víctimas

El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".

Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".

En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".

IU y PSOE desbloquean la Ley de Memoria, que ilegitimará los juicios del franquismo
Jueves 19 de abril de 2007.laRepublica.es
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar que los juicios realizados durante el franquismo deben ser declarados ilegítimos.
El presidente del grupo parlamentario de IU-ICV y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, dan una rueda de prensa a las en estos momentos para hablar de la cuestión.
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados y reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Proponía además declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".
El acuerdo alcanzado eliminará la figura del tribunal de notables a cambio de una declaración de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. IU ha logrado que se eliminen algunas menciones que igualaban a ambos bandos, y la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.
Según Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, en declaraciones a laRepublica.es, y aunque aun no conoce todos los detalles y no puede realizar una declaración institucional de su asociación, cree con este acuerdo podrán revisarse todos los juicios políticos del franquismo.
Además, las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos será asumida como política de Estado, por lo que debería haber, de este modo, fondos para llevarlas a cabo.
El preámbulo de la nueva ley condenará expersamente el régimen de Franco, por deseo y a propuesta de IU.
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica19 de abril de 2007 .- Diario La Razón.- Efe - Madrid.- El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada «Ley de Memoria Histórica» que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias. Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados «juicios sumarísimos» celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías. Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto que será explicado a última hora de esta mañana en sendas ruedas de prensa por sus respectivos portavoces parlamentarios.


El PSOE debloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC

19-04-2007 - Diariocrítico/Agencias

El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. ERC no se unió al acuerdo.

Inicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo.

Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.

La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Las minorías se han comprometido a estudiarla.

ERC no se suma al acuerdo

Esquerra Republicana, socia del Gobierno en el Congreso, ha sido informado del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, pero no lo hace suyo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos.

El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura".

Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes".

Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".

Intervencion Ley acceso electronico de los ciudadanos a las administraciones publicas

La señora NAVARRO CASILLAS: Ante una realidad que evidencia el masivo uso de las nuevas tecnologías, la actualidad de la Administración hasta hoy no se corresponde con las posibilidades que precisamente estas nuevas tecnologías ofrecen. Esta ley aspira a consagrar el derecho a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Para que esta ley no quede en un mero derecho virtual o retórico ni genere un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una serie de enmiendas que pretenden lograr una Administración económica y que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia, tal como se establece en toda la legislación española a este respecto, incluso de acuerdo con una proposición no de ley aprobada en el Pleno que incorporaba enmiendas de nuestro grupo parlamentario y propuesta por el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción del software libre.

Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.