UN PASO HACIA UNA LEY JUSTA
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquistaEl proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El PSOE desbloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
MEMORIA HISTÓRICA. EL ACUERDO PSOE-IU ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS SUMARÍSIMAS
SERVIMEDIA , 19-4-07
El PSOE e IU-ICV alcanzaron hoy un acuerdo sobre la ley de memoria histórica que declara la ilegitimidad de todos y cada uno de los tribunales de represión franquista y abre una vía para que los represaliados recurran a la justicia para reclamar la nulidad de las sentencias sumarísimas.
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido confirmó este acuerdo, que declara "la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
El documento entregado hoy a los periodistas indica que esa "ilegitimidad" se deriva de que tales procesos fueron "contrarios a Derecho y vulneran las más elementales exigencias del derechos a un juicio justo", con "vicios de forma y fondo".
En ese mismo artículo se menciona expresamente las sentencias dictada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y del Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos.
Igualmente, continúa el texto, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Se reconoce además "el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores".
Este derecho será "compatible" con otros derechos y medidas reparadoras "reconocidas en normas anteriores, así como el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia".
Los represaliados tendrán derecho a "solicitar la declaración de personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
También podrán solicitar esta declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes no tengan familiares o cónyuge y hubiesen desempeñado cargos o actividades relevantes en la misma.
Estas declaración se podrá solicitar al Ministerio de Justicia y para ello las personas o instituciones afectadas tendrán que aportar toda la documentación sobre los hechos o el procedimiento que obre en su poder, así como aquellos antecedentes que se consideren oportunos.
La ley tiene por objeto "reconocer y ampliar" derechos a favor de padecieron "persecución y violencia" por motivos políticos o ideológicos y recuperar la memoria de los represaliados.
Pretende también "el fomento de los valores y principios democráticos", y la recuperación y preservación de todos los documentos relativos a ese período histórico. Reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal".
Además, esta norma será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, aunque "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista
El proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
EL PAIS - CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.
El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica
Incorporar una nueva referencia a la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
EL MUNDO .- EFE MADRID
El PSOE e IU-ICV han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
'Restañar las heridas'
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, incluido el PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE, para quien el acuerdo es un avance "significativo" y "determinante".
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
PSOE e IU acuerdan que la ley de memoria histórica anule los juicios franquistas
20MINUTOS.ES. 19.04.2007 -
Se desbloquearía así el proceso de aprobación de la ley.
Los juicios sumarisimos dividían a la izquierda.
El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada "Ley de Memoria Histórica" que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados "juicios sumarísimos" celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías.
Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto, que pasaría por anular estas sentencias judiciales.
Críticas del PP
El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".
De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
Las sentencias de Companys y Puig Antich podrán ser anuladas con la Ley de Memoria Histórica
El texto pactado entre PSOE e IU-ICV permite a las familias de los condenados acudir a los tribunales ordinarios para revisar las sentencias franquistas, según Joan Herrera
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ADN
El PSOE e IU-ICV han alcanzado este jueves un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. Según Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, el acuerdo puede permitir, por ejemplo, la anulación del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat catalana en tiempos de la República, Lluís Companys. El consejo de guerra contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, también podría quedar sin efecto, puesto que las familias de los reos podrán acudir a los tribunales ordinarios para que se revisen sus casos."Si la ley se aprueba tal como está pactada, España quedará equiparada a otros países europeos en lo que se refiere a la condena de los regímenes fascistas", asegura Herrera. Según el diputado, queda pendiente acordar el futuro del Valle de los Caídos, que IU-ICV quiere convertir en un museo por la paz, los archivos de la represión, las fosas comunes y los símbolos franquistas.Anulación de juiciosInicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo. Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios. La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Con este acuerdo, la ley ya obtendría la mayoría de votos del Congreso gracias a los apoyos del PSOE e IU.ERC no se sumaEsquerra Republicana no hace suyo el acuerdo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos, según fuentes de ERC. El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura". Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes". Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".El PNV quiere más cambiosEl portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ve bien el pacto alcanzado entre PSOE e IU-ICV sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica para declarar "injustas" las condenas políticas e "ilegítimos" los tribunales del franquismo que las dictaron, pero insiste en la necesidad de retocar otros puntos del proyecto de ley como los referidos a los símbolos de la dictadura, la devolución del patrimonio incautado a los partidos y el acceso a los archivos.
PSOE e IU desbloquean la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ABC
Con la sombra de la polémica, PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo que desbloquea la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto defnitivo incluye, entre otros puntos, declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron.
El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.
Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Ilegitimidad de los tribunales
En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.
A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".
Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
Por las víctimas
El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".
Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".
En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".
IU y PSOE desbloquean la Ley de Memoria, que ilegitimará los juicios del franquismo
Jueves 19 de abril de 2007.laRepublica.es
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar que los juicios realizados durante el franquismo deben ser declarados ilegítimos.
El presidente del grupo parlamentario de IU-ICV y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, dan una rueda de prensa a las en estos momentos para hablar de la cuestión.
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados y reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Proponía además declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".
El acuerdo alcanzado eliminará la figura del tribunal de notables a cambio de una declaración de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. IU ha logrado que se eliminen algunas menciones que igualaban a ambos bandos, y la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.
Según Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, en declaraciones a laRepublica.es, y aunque aun no conoce todos los detalles y no puede realizar una declaración institucional de su asociación, cree con este acuerdo podrán revisarse todos los juicios políticos del franquismo.
Además, las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos será asumida como política de Estado, por lo que debería haber, de este modo, fondos para llevarlas a cabo.
El preámbulo de la nueva ley condenará expersamente el régimen de Franco, por deseo y a propuesta de IU.
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica19 de abril de 2007 .- Diario La Razón.- Efe - Madrid.- El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada «Ley de Memoria Histórica» que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias. Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados «juicios sumarísimos» celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías. Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto que será explicado a última hora de esta mañana en sendas ruedas de prensa por sus respectivos portavoces parlamentarios.
El PSOE debloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
19-04-2007 - Diariocrítico/Agencias
El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. ERC no se unió al acuerdo.
Inicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo.
Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Las minorías se han comprometido a estudiarla.
ERC no se suma al acuerdo
Esquerra Republicana, socia del Gobierno en el Congreso, ha sido informado del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, pero no lo hace suyo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos.
El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura".
Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes".
Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".
viernes, 20 de abril de 2007
viernes, 13 de abril de 2007
Intervencion Ley acceso electronico de los ciudadanos a las administraciones publicas
La señora NAVARRO CASILLAS: Ante una realidad que evidencia el masivo uso de las nuevas tecnologías, la actualidad de la Administración hasta hoy no se corresponde con las posibilidades que precisamente estas nuevas tecnologías ofrecen. Esta ley aspira a consagrar el derecho a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Para que esta ley no quede en un mero derecho virtual o retórico ni genere un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una serie de enmiendas que pretenden lograr una Administración económica y que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia, tal como se establece en toda la legislación española a este respecto, incluso de acuerdo con una proposición no de ley aprobada en el Pleno que incorporaba enmiendas de nuestro grupo parlamentario y propuesta por el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción del software libre.
Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.
Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.
martes, 27 de marzo de 2007
Tancament TV3
Si voleu participar per evitar que la censura de temps predemocràtics impere al nostre país, ací teniu un link per mostrar el vostre rebuig al tancament de la TV3 al País Valencià:
http://e-criteri.cat/index.cfm?plana=participa.cfm?ID=2
http://e-criteri.cat/index.cfm?plana=participa.cfm?ID=2
lunes, 26 de marzo de 2007
Interpelacion Isaura Navarro financiación Iglesia Católica
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.(Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto. (Rumores.) Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente, cuando las condiciones del debate lo permitan, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, como les decía, continuamos con la sesión plenaria. Les rogaría que permitieran a su compañera la señora Navarro hacer uso de la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción versa sobre una cuestión que hoy por hoy, en aplicación de nuestra Constitución española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tendría que tener lugar; versa también sobre un acuerdo entre el Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia católica, que se aparta del mandato constitucional, un acuerdo que simboliza un serio paso atrás, consolidando la tan cuestionada sobrefinanciación de la Iglesia católica con todos los gobiernos que han ido pasando, y finalmente la Iglesia católica ha conseguido su gran objetivo, que era esa consolidación.
(Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Navarro, un momento.Señorías, por favor, una de sus compañeras está intentando utilizar sus minutos en la tribuna. Les rogaría un poco de respeto y de silencio.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Qué se ha pedido a cambio de esa sobrefinanciación? Prácticamente nada. Porque la nada es que la Iglesia católica tenga que cumplir con una normativa que lleva quince años incumpliendo, que es el pago del IVA, y tendremos que verlo, porque es algo que se debía haber hecho hace quince años. Su incumplimiento no es más que un reflejo de lo que ocurre en el Estado español: que la Iglesia católica mueve su dinero y sus bienes a sus anchas, sin ningún control del Estado, ni siquiera el dinero público, como el Rey; sin ningún control, absolutamente ninguno. Pagará el IVA, dicen, pero, ¿qué control hay sobre los demás impuestos? Como digo, absolutamente ninguno. Esta moción exige un control sobre el dinero que reciben del Estado, el dinero que se recibe de todos los contribuyentes, porque no solo es el que se recibe a través de la famosa casilla, sino que son múltiples e incalculables las vías por las que el imperio de la Iglesia católica adquiere dinero público, lo que el ministro de Justicia, en contestación a la interpelación de este grupo parlamentario, llamó vías de cooperación, y lo que también llama así el Partido Popular en la enmienda que ha presentado a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, haciendo uso de un clarísimo eufemismo.Este Gobierno, señorías, tenía un gran espacio para la negociación, pero no ha sido así. A los profesores de religión -un claro ejemplo- les seguimos pagando entre todos incluso las indemnizaciones que se dan por ceses cuyos motivos desde Izquierda Unida nunca compartiremos y contrarios a la laicidad simplemente de una relación laboral. Ninguna exigencia se ha alcanzado tampoco sobre el cumplimiento de las múltiples resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sobre anotaciones en los libros de bautismo y las peticiones de baja por apostasía a la Iglesia católica. Desde 2004 se están dictando por parte de la Agencia de Protección de Datos resoluciones que son reiteradamente incumplidas y precisamente aquí tengo un ejemplo de contestación del Arzobispado de Valencia donde se dice que no piensan cumplir con la petición realizada.De este modo se incumple el mandato que una y otra vez reitera la Agencia de Protección de Datos, pero nada dice el Gobierno al respecto. Tampoco hay ningún acuerdo sobre mecanismos de apostasía que permitan el cumplimiento de un mandato tanto de los tratados internacionales como de nuestro derecho interno, además de cumplir con una demanda ciudadana que es manifestada en las calles una y otra vez. Al contrario, se requiere un mecanismo para darse de baja de la Iglesia, pero que después no diga la Iglesia católica que un 90 por ciento de los ciudadanos españoles son católicos porque me imagino que entonces se estarán basando en cifras que no responden a la realidad y sí más bien a la realidad trastocada a través de la negativa a dar de baja de la Iglesia católica. Por no hablar de la asignatura de religión, última concesión de este Gobierno.
¿A qué juega este Gobierno, señorías? Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds preferimos que la Iglesia se manifieste una y otra vez en las calles, preferimos volver a ver a todos los curas, obispos, arzobispos, mientras se aprueben leyes progresistas que permitan a este país avanzar y librarse del lastre de 40 años de dictadura y poder eclesiástico. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y no queremos volver a ver a ningún miembro del Gobierno besando las manos a esos obispos, arzobispos y demás; no queremos ver en el presente el pasado. Por ello hoy por hoy algunos seguimos luchando por el cumplimiento sencillo de la Constitución española. Seguimos luchando -y por eso presentamos esta moción- por la renegociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede derivado del concordato, por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la autofinanciación real de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso sí, mientras se mantenga la casilla, que también se dé el 0,7 a las ONG.
Señorías, pedimos nitidez, transparencia y control sobre el dinero público que maneja la Iglesia católica, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas. Pedimos garantías de que el uso a que se destine el dinero sea el fin preestablecido de la subvención y que no se destine a invertir en Bolsa y a otros menesteres a los que se dedica la Iglesia católica, porque desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aspiramos a una sociedad libre y laica donde todos, con independencia de la confesión religiosa que profesen o no, directa o indirectamente, seamos tratados igual por el Estado. ¿Ustedes saben lo que se está financiando -no son ni siquiera obras de caridad- con el dinero público que se entrega a la Iglesia católica? Se financia un modo de vida y un modelo de sociedad, que se pretende ir consolidando, que rechaza los avances científicos como la investigación genética y las biotecnologías; que rechaza el divorcio; que no permite el uso del preservativo ni siquiera para frenar los avances del sida; que rechaza el uso de los demás anticonceptivos; que discrimina a los homosexuales; que condena a la mujer al ostracismo y al machismo, llegando a justificar incluso el maltrato; que consolida la pobreza y que, para colmo, no te permite darte de baja. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos dejar claro que estamos profundamente en contra de seguir financiando un modelo de sociedad que no compartimos y por ello presentamos esta moción que representa los objetivos históricos de esta formación política y de Iniciativa per Catalunya. Les aseguro que no cesaremos en nuestras reivindicaciones.
Gracias.La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas.Comenzaremos con el señor Rodríguez en defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.Señoras y señores diputados, evidentemente el Estado español no es un Estado laico. Lo grave es que por el camino que va tampoco es un Estado aconfesional. Realmente se está dando una involución que está llegando a establecer como dogma de normalidad política lo que es confesional católico y todos los demás tendremos que apuntarnos a una especie de objeción de conciencia. No otra cosa es que sigan perviviendo símbolos de una determinada confesión religiosa en lugares públicos, especialmente en la escuela; no otra cosa es que tenga validez civil de forma mecánica el matrimonio canónico; no otra cosa es la presencia de muchos miembros de la Iglesia católica -de curas- en las Fuerzas Armadas o en los servicios de carácter sanitario y no otra cosa es que la enseñanza de la religión católica sea una asignatura evaluable y computable a efectos incluso de promoción de un curso a otro e incluso que haya profesores de esta asignatura que están pagados por el erario público pero que están regidos, a la hora de la verdad, por la institución eclesiástica del catolicismo.
Estamos realmente ante una involución donde prácticamente se considera normal poder discutir las decisiones democráticamente asumidas por los poderes públicos democráticos, en concreto por este Congreso de los Diputados, de tal forma que se está intentando que una determinada moral, un determinado tipo de religión, con la política incluso descarada de tipo terrenal que se defiende, pase como normal, reciba todas las bendiciones, reciba la subvención pública y, además, resulte anómalo cualquier otro tipo de planteamiento laico o aconfesional. Por esto, el Bloque Nacionalista Galego considera que es necesario todo lo que la moción de Izquierda Unida presenta pero además con dos añadidos fundamentales. Uno de ellos es modificar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que realmente resulta increíble no en un gobierno socialista, sino en un gobierno puramente democrático. El segundo añadido es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa porque todos estaremos de acuerdo en que si hay libertad religiosa será para todas las religiones. Si el Estado es aconfesional, será en relación con todas las religiones, aunque parta del supuesto, desgracia por lo demás que impide que haya un Estado laico, de que los valores religiosos son de consideración política. Esta es una de las deficiencias fundamentales de la Constitución española, después lógicamente manipulada al servicio de una confesionalidad descarada. Por lo tanto, consideramos que es necesaria la modificación del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para por lo menos adaptarla a un Estado claramente aconfesional de carácter prescriptivo y en consonancia con circunstancias socioreligiosas de la sociedad actual, en parte mucho más laica, mucho más desacralizada, en parte seguramente mucho más confesional fundamentalista y, al mismo tiempo, plural, desde el punto de vista de manifestación de religiones que tradicionalmente no tenían presencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué papel tienen que ocupar las religiones en relación con las instituciones de carácter público y en relación con la legitimidad de esos poderes públicos a la hora de establecer leyes. Creo que no es de recibo una Iglesia católica insaciable que no solo defiende su moral, sino que es capaz de salir a la calle disputando y discutiendo lo que el poder público democrático establece de forma legal y de forma totalmente legítima porque es el único establecido para dictaminar normas de conducta que nos afecten a todos. Por lo tanto, la legalidad es él quien la prescribe, no ningún tipo de iglesia y menos la Iglesia católica, que en este caso es la preponderante.
Es un debate muy importante. El Gobierno no debería desatender esta cuestión porque no nos cabe la menor duda de que a través de un determinado tipo de planteamientos lo que se está haciendo es un ataque al Estado democrático plural, un ataque al Estado -ya no digamos laico- aconfesional. Señorías, tratándose de dinero público y tratándose de leyes aprobadas en este Parlamento, nosotros - no solo el Gobierno- debemos ser los primeros interesados en que se nos respete como representantes legítimos de los distintos pueblos del Estado español.Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.La segunda enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Tomé el que en su nombre tome la palabra para defenderla.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la moción sobre el nuevo marco para la autofinanciación de la Iglesia católica que ha presentado Izquierda Unida. No lo vamos a hacer porque no compartimos las premisas de las que se parte ni las conclusiones a las que se quiere llegar.Creemos que se quiere superar el principio de libertad religiosa y de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia católica y las demás confesiones, que consagra el artículo 16 de la Constitución, para imponer una visión ideológica laicista y antiliberal que ignora la realidad plural de nuestra sociedad y aspira a relegar a la religión fuera del espacio social o público sometiendo a las confesiones a sospecha y a vigilancia por parte de los poderes públicos. En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a reclamar hoy una regulación civil de la apostasía, propuesta que evoca, aunque seguro que en términos distintos, la realidad de otros siglos. También desde el Partido Socialista, en un reciente manifiesto, se pretende prevenir a la sociedad contra graves fracturas y atentados contra los derechos humanos que derivarían en nuestro país del hecho religioso. Desde el mismo ámbito se reclama la prohibición de la celebración en los colegios de la Navidad en contra de una tradición histórica, cultural y social plenamente arraigada en nuestra sociedad.
Señorías, nuestra Constitución proclama la libertad religiosa, libertad para creer, para no creer o para dejar de creer, una auténtica libertad ideológica y de culto para los individuos y las comunidades sin más límites en sus manifestaciones que las que se derivan del orden público.En consecuencia, nuestro Estado se declara aconfesional, es decir, incompetente en materia religiosa y neutral en cuanto a creencias, convicciones o cosmovisiones de carácter ideológico. Cuando la Constitución ordena que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española lo hace para proteger el ejercicio de un derecho que se reconoce con carácter individual y colectivo. Por eso, la aconfesionalidad, lo que en otras ocasiones se denomina laicidad, señorías, es coherente con la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica y las demás confesiones en razón de su arraigo social. Así lo proclama el artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La cooperación es también la práctica en la mayoría de las tradiciones constitucionales europeas y por eso a mi grupo el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y su plasmación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 nos parecen satisfactorios. Nos parece satisfactorio que, conforme al principio constitucional de cooperación y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a partir de ahora la asignación tributaria para el sostenimiento de la Iglesia católica gane estabilidad y objetividad, al tiempo que se refuerza la autofinanciación conforme a la voluntad manifestada por los contribuyentes.
La contribución de los poderes públicos al sostenimiento de la Iglesia católica tiene en nuestro país fundamentos históricos constitucionales, pero sobre todo creemos que esta cooperación se corresponde con el arraigo social, cultural e histórico de una institución que, entre sus actividades, impulsa acciones educativas, sanitarias, de lucha contra la marginación, cooperación al desarrollo, acciones culturales, de conservación del patrimonio artístico y cultural y también de transmisión de valores que están en la base de nuestra civilización y que contribuyen decisivamente a la convivencia libre, respetuosa, solidaria, pacífica y democrática; una acción en la que colaboran como voluntarios decenas de miles de españoles y que millones más reconocen y apoyan con independencia de sus creencias religiosas u opiniones políticas.Señorías del Grupo Socialista y de la mayoría gubernamental: la transición y el pacto constitucional nos han permitido a los españoles superar dos siglos de divisiones y enfrentamientos sobre la forma de Estado o sobre las llamadas cuestiones territorial, social o religiosa que hicieron fracasar los antecedentes constitucionales habidos, todos sin excepción.La sociedad española mira hoy al futuro y ustedes deberían evitar reabrir viejas cuestiones, ajustar cuentas pasadas o pretender imponer desde las instituciones modelos ideológicos. Vistos los manifiestos que ustedes han presentado, cada vez está más claro que su educación para la ciudadanía puede terminar siendo una educación para el socialismo y el laicismo. No es esa la mejor forma de defender el pluralismo de nuestra sociedad ni la libertad de conciencia ideológica y religiosa que proclama la Constitución.
Señores del Grupo Socialista, deben ustedes aclararse: o están por la ingeniería social o están, desde la responsabilidad exigible a quien ejerce la acción de gobierno, por el respeto a las creencias de los españoles y a la pluralidad de nuestra sociedad. Apoyen, señores de la mayoría, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y prestaremos entre todos un servicio a la libertad, a la laicidad del Estado y a la claridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tomé.Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿Desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea usted intervenir, señor Andreu? Su señoría tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de la interpelación urgente es fruto del debate del día 29 de noviembre del presente. Antes de iniciar mi exposición quiero precisar que hablo en nombre de un partido fundacionalmente y en la actualidad laico, escrupulosamente respetuoso, eso sí, con la libertad religiosa; pero hablamos en el marco de un Estado, el Reino de España, constitucionalmente aconfesional, respetuoso con todas las creencias religiosas.La moción consecuencia de la interpelación urgente era en su inicio y en su meollo sobre la financiación. El paso del 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF supondría en cifras que en el presente año la Iglesia hubiera recibido por el 0,52 del IRPF 144 millones de euros y 24 millones más del Fondo de Compensación; con la nueva formulación del 0,70 por ciento se calcula que la financiación en el próximo año será de unos 170 millones de euros. La diferencia es mínima y traerá mucha más transparencia, además de incorporar la obligación del impuesto sobre el valor añadido en las cuentas de la Iglesia católica. Creemos que es mejor la situación del nuevo marco que la anterior, pero quisiéramos hacer una precisión sobre lo que se ha dicho al filo de la financiación. En el conjunto de los pueblos de España la Iglesia es plural y diversa. No solo hay una Iglesia de la COPE, que lo único que pretende es introducir las ideas de unidad de España y los criterios más arcaicos; hay otras iglesias, por lo menos en Cataluña, comprometidas con derechos nacionales y con derechos sociales y muy activas. En esta interpelación hemos encontrado afirmaciones del grupo proponente que nos parecen muy ancladas en el pasado. En la actual situación, respecto a la libertad religiosa, tendríamos que avanzar en la adecuación de este nuevo pluralismo religioso y multicultural que el hecho de la inmigración ha introducido en el Estado español, esta nueva realidad de personas procedentes de la inmigración que ha hecho que el porcentaje de religiones que no son la católica haya aumentado de manera importante en este país. Por eso creemos que es mucho más interesante avanzar con una ley orgánica de libertad religiosa que concrete esta nueva realidad multicultural y multirreligiosa que ha progresado en estos últimos años con la inmigración. Con independencia de la financiación, el grave problema que tenemos es reconocer a estas nuevas creencias introducidas en nuestro país los mismos derechos de que gozan la Iglesia católica y sus creyentes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y será el señor Xuclà quien tomará en su nombre la palabra para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación urgente.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hago para expresar que mi grupo parlamentario cree que este es un tema bien resuelto tal y como está en estos momentos; que mi grupo parlamentario está de acuerdo en cómo resolvió el marco constitucional y la propia Constitución la libertad de culto y el Estado laico y respetuoso con el pluralismo y la libertad de creencias; que mi grupo parlamentario coincide con los acuerdos que actualmente el Estado tiene con distintas confesiones religiosas, entre ellas con la Iglesia católica, ya que si nos atenemos a la realidad puramente estadística, el sentimiento y la práctica de esta confesión son relevantes -si se me permite la expresión comedida, como mínimo- en el Estado español. A este grupo parlamentario le parece bien cómo el Gobierno español y, de forma muy especial, cómo el Gobierno socialista y la vicepresidenta del mismo está gestionando las relaciones con las distintas confesiones religiosas, concretamente con la Iglesia católica a la luz de estos últimos acuerdos que aportan mayor transparencia en estas relaciones.
En un debate como el de hoy, señorías, simplemente tenemos que recordar algunos valores constitucionales básicos que también casan con el objeto de debate que hoy nos trae aquí Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Primero, con un valor constitucional básico como es el de la libertad, libertad también para ejercer cualquier tipo de confesión religiosa y para alejarse absolutamente de una visión, cosmovisión o interpretación religiosa que se imponga de unos hacia otros. Una cosa es el respeto absoluto al carácter laico del Estado y de sus instituciones y otra practicar una actitud beligerante y activa laicista a favor o en contra de una determinada confesión, por lo que hoy en este debate el primer valor constitucional que queremos reivindicar es el de la libertad, también el de la libertad de expresión. Algunas manifestaciones de una parte de la Iglesia española, por su forma de expresión, me provocan personalmente, como nacionalista catalán, un importante rechazo, pero nosotros, que reivindicamos en cualquier parte y especialmente en estas Cortes Generales la libertad de expresión y de manifestación, no vamos a cuestionar esta libertad de expresión y de manifestación a nadie; libertad de expresión también de unas creencias religiosas que forman parte de la esfera privada de las personas que las profesan y que en función de esa libertad tienen todo el derecho a hacer expresión de esta fe y de estas creencias en la esfera pública.Finalmente, señorías, algo que no se inscribe en el ámbito del registro de los derechos fundamentales, pero que es básico en cualquier democracia de calidad, es el respeto. Señoría, el respeto no es un derecho ni es un derecho fundamental, pero debemos respetar esta libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), integrado por dos partidos políticos, uno de tradición demócrata-cristiana y el otro inscrito en una tradición amplia de sensibilidades socialdemócratas, liberales y también demócrata-cristianas, pero no confesional y con unos miembros que tienen convicciones religiosas y otros que no, todos nosotros y muchos de esta Cámara podemos reconocer, como reconocemos a tantas otras personas, organizaciones y asociaciones, el papel y la función social globalmente positiva que están desarrollando religiones como la católica, ya que se nos invita a hablar de la religión católica en el conjunto del Estado español. Este es el punto de vista y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y creo que todos ustedes deducirán de esta intervención que nuestro voto será negativo a los planteamientos revisionistas respecto al marco constitucional y a las leyes vigentes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.Finalizamos, señorías, con la intervención de la señora Hermosín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en esta moción que estamos discutiendo y que fue ya ampliamente contestada y creo que bien cumplimentada por el ministro de Justicia en el último Pleno. Casi vería ociosa la moción porque incluso el enunciado de la misma es un poco confuso, y me refiero a que habla de negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias respondiendo al artículo constitucional. En fin, es una redacción que realmente sabemos de lo que va pero no es nada clara en su exposición. De lo que va es del artículo 16 de la Constitución española que, como todo el mundo sabe, en primer lugar consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental, en segundo lugar establece que ninguna confesión tiene carácter estatal, y a renglón seguido se refiere a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Pues bien, este mandato constitucional es lo que realmente está siendo atendido y desarrollado por el Gobierno. No estamos sometidos a ningún credo o religión; la acción del Gobierno es totalmente autónoma y la Iglesia católica tiene que entender y aceptar, como así lo hace, las reglas del juego. Les gustará más o menos, y pruebas tenemos en esta legislatura en la actividad legislativa del Gobierno y de las Cortes en que hemos aprobado leyes como la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para materia de separación y divorcio; hemos aprobado la Ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio; hemos aprobado la Ley para la investigación con células madre y vamos a aprobar próximamente una ley de educación. En todas ellas ha habido expresiones claras y rotundas contrarias por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, pero esas son las reglas del juego. Este Congreso aprueba lo que el Gobierno impulsa y a la Cámara le parece bien aprobar.
En cuanto al sistema de financiación, ya hablamos de este tema de manera muy similar en un debate que hubo aquí el año pasado o no sé en qué fecha, en el año 2005. La cuestión de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 ni estaba en el programa electoral del Partido Socialista ni está en el horizonte de esta legislatura y nunca ha sido un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno ni por ningún ministro. Ahora bien, la acción del Gobierno siempre ha estado encaminada a mejorar la transparencia y a hacer más autónoma la financiación de la Iglesia. Respecto al modelo de financiación existente he de señalar que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -no se lo que dirá Izquierda Unida-, aunque agradezco lo que dice en positivo sobre el Gobierno, es engañosa porque aquí su portavoz no ha dicho lo que hay escrito en la enmienda. En la enmienda ha escrito que le gusta lo que ha hecho el Gobierno porque tiene un carácter indefinido. No es verdad. El modelo de financiación existente tiene un carácter transitorio y sometido a plazos.La Iglesia católica lo sabe y tiene que asumir el objetivo de lograr por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento y su autofinanciación. Por eso digo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es engañosa, porque una cosa es lo que ha dicho en la tribuna su portavoz y otra cosa es lo que hay escrito. La última negociación que ha habido del Gobierno con la Iglesia católica -ya sabemos que liderada por la vicepresidenta del Gobierno- ha avanzado en ese sentido y va a ser positiva, como se va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con avances significativos como la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor añadido, la eliminación en el modelo de cooperación económica de la cláusula trianual que venía prorrogándose desde 1988, dotando así a la cooperación económica de una mayor estabilidad, con un nuevo modelo, como he señalado, más encaminado a la autofinanciación; asimismo con la eliminación de la garantía de la sobrefinanciación, porque la Iglesia católica solamente contará con la financiación que le otorga la contribución voluntaria de los contribuyentes a través del IRPF y no dispondrá, como hasta ahora, de cantidades adicionales. Además, hay un compromiso de la Iglesia para que haga una memoria circunstanciada de la liquidación y, por tanto, vamos también hacia una mayor transparencia.Se me acaba el tiempo. No es casualidad, también fue un Gobierno socialista el que en el año 1992, con diversas leyes, llegó a acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Ahora, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se coopera con estas religiones que tienen cierto arraigo social en nuestra sociedad. Hemos andado un camino importante y todavía nos queda más, y tenemos que andarlo juntos porque los objetivos que estamos defendiendo son los mismos. Los objetivos son los intereses colectivos y generales, el respeto a la pluralidad ideológica, el reconocimiento de la libertad de creencias y la protección de la libertad religiosa. El Estado laico hacia el que caminamos es el mejor marco político para la defensa de estos principios y valores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Hermosín.En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: Este grupo parlamentario acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y rechaza profundamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que dice que valora positivamente el nuevo sistema de financiación de la Iglesia católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le recuerdo que el debate ya está hecho y que su turno es simplemente para aceptar o rechazar las enmiendas.La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.(Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto. (Rumores.) Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente, cuando las condiciones del debate lo permitan, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, como les decía, continuamos con la sesión plenaria. Les rogaría que permitieran a su compañera la señora Navarro hacer uso de la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción versa sobre una cuestión que hoy por hoy, en aplicación de nuestra Constitución española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tendría que tener lugar; versa también sobre un acuerdo entre el Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia católica, que se aparta del mandato constitucional, un acuerdo que simboliza un serio paso atrás, consolidando la tan cuestionada sobrefinanciación de la Iglesia católica con todos los gobiernos que han ido pasando, y finalmente la Iglesia católica ha conseguido su gran objetivo, que era esa consolidación.
(Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Navarro, un momento.Señorías, por favor, una de sus compañeras está intentando utilizar sus minutos en la tribuna. Les rogaría un poco de respeto y de silencio.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Qué se ha pedido a cambio de esa sobrefinanciación? Prácticamente nada. Porque la nada es que la Iglesia católica tenga que cumplir con una normativa que lleva quince años incumpliendo, que es el pago del IVA, y tendremos que verlo, porque es algo que se debía haber hecho hace quince años. Su incumplimiento no es más que un reflejo de lo que ocurre en el Estado español: que la Iglesia católica mueve su dinero y sus bienes a sus anchas, sin ningún control del Estado, ni siquiera el dinero público, como el Rey; sin ningún control, absolutamente ninguno. Pagará el IVA, dicen, pero, ¿qué control hay sobre los demás impuestos? Como digo, absolutamente ninguno. Esta moción exige un control sobre el dinero que reciben del Estado, el dinero que se recibe de todos los contribuyentes, porque no solo es el que se recibe a través de la famosa casilla, sino que son múltiples e incalculables las vías por las que el imperio de la Iglesia católica adquiere dinero público, lo que el ministro de Justicia, en contestación a la interpelación de este grupo parlamentario, llamó vías de cooperación, y lo que también llama así el Partido Popular en la enmienda que ha presentado a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, haciendo uso de un clarísimo eufemismo.Este Gobierno, señorías, tenía un gran espacio para la negociación, pero no ha sido así. A los profesores de religión -un claro ejemplo- les seguimos pagando entre todos incluso las indemnizaciones que se dan por ceses cuyos motivos desde Izquierda Unida nunca compartiremos y contrarios a la laicidad simplemente de una relación laboral. Ninguna exigencia se ha alcanzado tampoco sobre el cumplimiento de las múltiples resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sobre anotaciones en los libros de bautismo y las peticiones de baja por apostasía a la Iglesia católica. Desde 2004 se están dictando por parte de la Agencia de Protección de Datos resoluciones que son reiteradamente incumplidas y precisamente aquí tengo un ejemplo de contestación del Arzobispado de Valencia donde se dice que no piensan cumplir con la petición realizada.De este modo se incumple el mandato que una y otra vez reitera la Agencia de Protección de Datos, pero nada dice el Gobierno al respecto. Tampoco hay ningún acuerdo sobre mecanismos de apostasía que permitan el cumplimiento de un mandato tanto de los tratados internacionales como de nuestro derecho interno, además de cumplir con una demanda ciudadana que es manifestada en las calles una y otra vez. Al contrario, se requiere un mecanismo para darse de baja de la Iglesia, pero que después no diga la Iglesia católica que un 90 por ciento de los ciudadanos españoles son católicos porque me imagino que entonces se estarán basando en cifras que no responden a la realidad y sí más bien a la realidad trastocada a través de la negativa a dar de baja de la Iglesia católica. Por no hablar de la asignatura de religión, última concesión de este Gobierno.
¿A qué juega este Gobierno, señorías? Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds preferimos que la Iglesia se manifieste una y otra vez en las calles, preferimos volver a ver a todos los curas, obispos, arzobispos, mientras se aprueben leyes progresistas que permitan a este país avanzar y librarse del lastre de 40 años de dictadura y poder eclesiástico. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y no queremos volver a ver a ningún miembro del Gobierno besando las manos a esos obispos, arzobispos y demás; no queremos ver en el presente el pasado. Por ello hoy por hoy algunos seguimos luchando por el cumplimiento sencillo de la Constitución española. Seguimos luchando -y por eso presentamos esta moción- por la renegociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede derivado del concordato, por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la autofinanciación real de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso sí, mientras se mantenga la casilla, que también se dé el 0,7 a las ONG.
Señorías, pedimos nitidez, transparencia y control sobre el dinero público que maneja la Iglesia católica, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas. Pedimos garantías de que el uso a que se destine el dinero sea el fin preestablecido de la subvención y que no se destine a invertir en Bolsa y a otros menesteres a los que se dedica la Iglesia católica, porque desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aspiramos a una sociedad libre y laica donde todos, con independencia de la confesión religiosa que profesen o no, directa o indirectamente, seamos tratados igual por el Estado. ¿Ustedes saben lo que se está financiando -no son ni siquiera obras de caridad- con el dinero público que se entrega a la Iglesia católica? Se financia un modo de vida y un modelo de sociedad, que se pretende ir consolidando, que rechaza los avances científicos como la investigación genética y las biotecnologías; que rechaza el divorcio; que no permite el uso del preservativo ni siquiera para frenar los avances del sida; que rechaza el uso de los demás anticonceptivos; que discrimina a los homosexuales; que condena a la mujer al ostracismo y al machismo, llegando a justificar incluso el maltrato; que consolida la pobreza y que, para colmo, no te permite darte de baja. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos dejar claro que estamos profundamente en contra de seguir financiando un modelo de sociedad que no compartimos y por ello presentamos esta moción que representa los objetivos históricos de esta formación política y de Iniciativa per Catalunya. Les aseguro que no cesaremos en nuestras reivindicaciones.
Gracias.La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas.Comenzaremos con el señor Rodríguez en defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.Señoras y señores diputados, evidentemente el Estado español no es un Estado laico. Lo grave es que por el camino que va tampoco es un Estado aconfesional. Realmente se está dando una involución que está llegando a establecer como dogma de normalidad política lo que es confesional católico y todos los demás tendremos que apuntarnos a una especie de objeción de conciencia. No otra cosa es que sigan perviviendo símbolos de una determinada confesión religiosa en lugares públicos, especialmente en la escuela; no otra cosa es que tenga validez civil de forma mecánica el matrimonio canónico; no otra cosa es la presencia de muchos miembros de la Iglesia católica -de curas- en las Fuerzas Armadas o en los servicios de carácter sanitario y no otra cosa es que la enseñanza de la religión católica sea una asignatura evaluable y computable a efectos incluso de promoción de un curso a otro e incluso que haya profesores de esta asignatura que están pagados por el erario público pero que están regidos, a la hora de la verdad, por la institución eclesiástica del catolicismo.
Estamos realmente ante una involución donde prácticamente se considera normal poder discutir las decisiones democráticamente asumidas por los poderes públicos democráticos, en concreto por este Congreso de los Diputados, de tal forma que se está intentando que una determinada moral, un determinado tipo de religión, con la política incluso descarada de tipo terrenal que se defiende, pase como normal, reciba todas las bendiciones, reciba la subvención pública y, además, resulte anómalo cualquier otro tipo de planteamiento laico o aconfesional. Por esto, el Bloque Nacionalista Galego considera que es necesario todo lo que la moción de Izquierda Unida presenta pero además con dos añadidos fundamentales. Uno de ellos es modificar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que realmente resulta increíble no en un gobierno socialista, sino en un gobierno puramente democrático. El segundo añadido es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa porque todos estaremos de acuerdo en que si hay libertad religiosa será para todas las religiones. Si el Estado es aconfesional, será en relación con todas las religiones, aunque parta del supuesto, desgracia por lo demás que impide que haya un Estado laico, de que los valores religiosos son de consideración política. Esta es una de las deficiencias fundamentales de la Constitución española, después lógicamente manipulada al servicio de una confesionalidad descarada. Por lo tanto, consideramos que es necesaria la modificación del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para por lo menos adaptarla a un Estado claramente aconfesional de carácter prescriptivo y en consonancia con circunstancias socioreligiosas de la sociedad actual, en parte mucho más laica, mucho más desacralizada, en parte seguramente mucho más confesional fundamentalista y, al mismo tiempo, plural, desde el punto de vista de manifestación de religiones que tradicionalmente no tenían presencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué papel tienen que ocupar las religiones en relación con las instituciones de carácter público y en relación con la legitimidad de esos poderes públicos a la hora de establecer leyes. Creo que no es de recibo una Iglesia católica insaciable que no solo defiende su moral, sino que es capaz de salir a la calle disputando y discutiendo lo que el poder público democrático establece de forma legal y de forma totalmente legítima porque es el único establecido para dictaminar normas de conducta que nos afecten a todos. Por lo tanto, la legalidad es él quien la prescribe, no ningún tipo de iglesia y menos la Iglesia católica, que en este caso es la preponderante.
Es un debate muy importante. El Gobierno no debería desatender esta cuestión porque no nos cabe la menor duda de que a través de un determinado tipo de planteamientos lo que se está haciendo es un ataque al Estado democrático plural, un ataque al Estado -ya no digamos laico- aconfesional. Señorías, tratándose de dinero público y tratándose de leyes aprobadas en este Parlamento, nosotros - no solo el Gobierno- debemos ser los primeros interesados en que se nos respete como representantes legítimos de los distintos pueblos del Estado español.Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.La segunda enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Tomé el que en su nombre tome la palabra para defenderla.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la moción sobre el nuevo marco para la autofinanciación de la Iglesia católica que ha presentado Izquierda Unida. No lo vamos a hacer porque no compartimos las premisas de las que se parte ni las conclusiones a las que se quiere llegar.Creemos que se quiere superar el principio de libertad religiosa y de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia católica y las demás confesiones, que consagra el artículo 16 de la Constitución, para imponer una visión ideológica laicista y antiliberal que ignora la realidad plural de nuestra sociedad y aspira a relegar a la religión fuera del espacio social o público sometiendo a las confesiones a sospecha y a vigilancia por parte de los poderes públicos. En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a reclamar hoy una regulación civil de la apostasía, propuesta que evoca, aunque seguro que en términos distintos, la realidad de otros siglos. También desde el Partido Socialista, en un reciente manifiesto, se pretende prevenir a la sociedad contra graves fracturas y atentados contra los derechos humanos que derivarían en nuestro país del hecho religioso. Desde el mismo ámbito se reclama la prohibición de la celebración en los colegios de la Navidad en contra de una tradición histórica, cultural y social plenamente arraigada en nuestra sociedad.
Señorías, nuestra Constitución proclama la libertad religiosa, libertad para creer, para no creer o para dejar de creer, una auténtica libertad ideológica y de culto para los individuos y las comunidades sin más límites en sus manifestaciones que las que se derivan del orden público.En consecuencia, nuestro Estado se declara aconfesional, es decir, incompetente en materia religiosa y neutral en cuanto a creencias, convicciones o cosmovisiones de carácter ideológico. Cuando la Constitución ordena que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española lo hace para proteger el ejercicio de un derecho que se reconoce con carácter individual y colectivo. Por eso, la aconfesionalidad, lo que en otras ocasiones se denomina laicidad, señorías, es coherente con la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica y las demás confesiones en razón de su arraigo social. Así lo proclama el artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La cooperación es también la práctica en la mayoría de las tradiciones constitucionales europeas y por eso a mi grupo el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y su plasmación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 nos parecen satisfactorios. Nos parece satisfactorio que, conforme al principio constitucional de cooperación y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a partir de ahora la asignación tributaria para el sostenimiento de la Iglesia católica gane estabilidad y objetividad, al tiempo que se refuerza la autofinanciación conforme a la voluntad manifestada por los contribuyentes.
La contribución de los poderes públicos al sostenimiento de la Iglesia católica tiene en nuestro país fundamentos históricos constitucionales, pero sobre todo creemos que esta cooperación se corresponde con el arraigo social, cultural e histórico de una institución que, entre sus actividades, impulsa acciones educativas, sanitarias, de lucha contra la marginación, cooperación al desarrollo, acciones culturales, de conservación del patrimonio artístico y cultural y también de transmisión de valores que están en la base de nuestra civilización y que contribuyen decisivamente a la convivencia libre, respetuosa, solidaria, pacífica y democrática; una acción en la que colaboran como voluntarios decenas de miles de españoles y que millones más reconocen y apoyan con independencia de sus creencias religiosas u opiniones políticas.Señorías del Grupo Socialista y de la mayoría gubernamental: la transición y el pacto constitucional nos han permitido a los españoles superar dos siglos de divisiones y enfrentamientos sobre la forma de Estado o sobre las llamadas cuestiones territorial, social o religiosa que hicieron fracasar los antecedentes constitucionales habidos, todos sin excepción.La sociedad española mira hoy al futuro y ustedes deberían evitar reabrir viejas cuestiones, ajustar cuentas pasadas o pretender imponer desde las instituciones modelos ideológicos. Vistos los manifiestos que ustedes han presentado, cada vez está más claro que su educación para la ciudadanía puede terminar siendo una educación para el socialismo y el laicismo. No es esa la mejor forma de defender el pluralismo de nuestra sociedad ni la libertad de conciencia ideológica y religiosa que proclama la Constitución.
Señores del Grupo Socialista, deben ustedes aclararse: o están por la ingeniería social o están, desde la responsabilidad exigible a quien ejerce la acción de gobierno, por el respeto a las creencias de los españoles y a la pluralidad de nuestra sociedad. Apoyen, señores de la mayoría, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y prestaremos entre todos un servicio a la libertad, a la laicidad del Estado y a la claridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tomé.Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿Desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea usted intervenir, señor Andreu? Su señoría tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de la interpelación urgente es fruto del debate del día 29 de noviembre del presente. Antes de iniciar mi exposición quiero precisar que hablo en nombre de un partido fundacionalmente y en la actualidad laico, escrupulosamente respetuoso, eso sí, con la libertad religiosa; pero hablamos en el marco de un Estado, el Reino de España, constitucionalmente aconfesional, respetuoso con todas las creencias religiosas.La moción consecuencia de la interpelación urgente era en su inicio y en su meollo sobre la financiación. El paso del 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF supondría en cifras que en el presente año la Iglesia hubiera recibido por el 0,52 del IRPF 144 millones de euros y 24 millones más del Fondo de Compensación; con la nueva formulación del 0,70 por ciento se calcula que la financiación en el próximo año será de unos 170 millones de euros. La diferencia es mínima y traerá mucha más transparencia, además de incorporar la obligación del impuesto sobre el valor añadido en las cuentas de la Iglesia católica. Creemos que es mejor la situación del nuevo marco que la anterior, pero quisiéramos hacer una precisión sobre lo que se ha dicho al filo de la financiación. En el conjunto de los pueblos de España la Iglesia es plural y diversa. No solo hay una Iglesia de la COPE, que lo único que pretende es introducir las ideas de unidad de España y los criterios más arcaicos; hay otras iglesias, por lo menos en Cataluña, comprometidas con derechos nacionales y con derechos sociales y muy activas. En esta interpelación hemos encontrado afirmaciones del grupo proponente que nos parecen muy ancladas en el pasado. En la actual situación, respecto a la libertad religiosa, tendríamos que avanzar en la adecuación de este nuevo pluralismo religioso y multicultural que el hecho de la inmigración ha introducido en el Estado español, esta nueva realidad de personas procedentes de la inmigración que ha hecho que el porcentaje de religiones que no son la católica haya aumentado de manera importante en este país. Por eso creemos que es mucho más interesante avanzar con una ley orgánica de libertad religiosa que concrete esta nueva realidad multicultural y multirreligiosa que ha progresado en estos últimos años con la inmigración. Con independencia de la financiación, el grave problema que tenemos es reconocer a estas nuevas creencias introducidas en nuestro país los mismos derechos de que gozan la Iglesia católica y sus creyentes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y será el señor Xuclà quien tomará en su nombre la palabra para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación urgente.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hago para expresar que mi grupo parlamentario cree que este es un tema bien resuelto tal y como está en estos momentos; que mi grupo parlamentario está de acuerdo en cómo resolvió el marco constitucional y la propia Constitución la libertad de culto y el Estado laico y respetuoso con el pluralismo y la libertad de creencias; que mi grupo parlamentario coincide con los acuerdos que actualmente el Estado tiene con distintas confesiones religiosas, entre ellas con la Iglesia católica, ya que si nos atenemos a la realidad puramente estadística, el sentimiento y la práctica de esta confesión son relevantes -si se me permite la expresión comedida, como mínimo- en el Estado español. A este grupo parlamentario le parece bien cómo el Gobierno español y, de forma muy especial, cómo el Gobierno socialista y la vicepresidenta del mismo está gestionando las relaciones con las distintas confesiones religiosas, concretamente con la Iglesia católica a la luz de estos últimos acuerdos que aportan mayor transparencia en estas relaciones.
En un debate como el de hoy, señorías, simplemente tenemos que recordar algunos valores constitucionales básicos que también casan con el objeto de debate que hoy nos trae aquí Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Primero, con un valor constitucional básico como es el de la libertad, libertad también para ejercer cualquier tipo de confesión religiosa y para alejarse absolutamente de una visión, cosmovisión o interpretación religiosa que se imponga de unos hacia otros. Una cosa es el respeto absoluto al carácter laico del Estado y de sus instituciones y otra practicar una actitud beligerante y activa laicista a favor o en contra de una determinada confesión, por lo que hoy en este debate el primer valor constitucional que queremos reivindicar es el de la libertad, también el de la libertad de expresión. Algunas manifestaciones de una parte de la Iglesia española, por su forma de expresión, me provocan personalmente, como nacionalista catalán, un importante rechazo, pero nosotros, que reivindicamos en cualquier parte y especialmente en estas Cortes Generales la libertad de expresión y de manifestación, no vamos a cuestionar esta libertad de expresión y de manifestación a nadie; libertad de expresión también de unas creencias religiosas que forman parte de la esfera privada de las personas que las profesan y que en función de esa libertad tienen todo el derecho a hacer expresión de esta fe y de estas creencias en la esfera pública.Finalmente, señorías, algo que no se inscribe en el ámbito del registro de los derechos fundamentales, pero que es básico en cualquier democracia de calidad, es el respeto. Señoría, el respeto no es un derecho ni es un derecho fundamental, pero debemos respetar esta libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), integrado por dos partidos políticos, uno de tradición demócrata-cristiana y el otro inscrito en una tradición amplia de sensibilidades socialdemócratas, liberales y también demócrata-cristianas, pero no confesional y con unos miembros que tienen convicciones religiosas y otros que no, todos nosotros y muchos de esta Cámara podemos reconocer, como reconocemos a tantas otras personas, organizaciones y asociaciones, el papel y la función social globalmente positiva que están desarrollando religiones como la católica, ya que se nos invita a hablar de la religión católica en el conjunto del Estado español. Este es el punto de vista y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y creo que todos ustedes deducirán de esta intervención que nuestro voto será negativo a los planteamientos revisionistas respecto al marco constitucional y a las leyes vigentes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.Finalizamos, señorías, con la intervención de la señora Hermosín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en esta moción que estamos discutiendo y que fue ya ampliamente contestada y creo que bien cumplimentada por el ministro de Justicia en el último Pleno. Casi vería ociosa la moción porque incluso el enunciado de la misma es un poco confuso, y me refiero a que habla de negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias respondiendo al artículo constitucional. En fin, es una redacción que realmente sabemos de lo que va pero no es nada clara en su exposición. De lo que va es del artículo 16 de la Constitución española que, como todo el mundo sabe, en primer lugar consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental, en segundo lugar establece que ninguna confesión tiene carácter estatal, y a renglón seguido se refiere a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Pues bien, este mandato constitucional es lo que realmente está siendo atendido y desarrollado por el Gobierno. No estamos sometidos a ningún credo o religión; la acción del Gobierno es totalmente autónoma y la Iglesia católica tiene que entender y aceptar, como así lo hace, las reglas del juego. Les gustará más o menos, y pruebas tenemos en esta legislatura en la actividad legislativa del Gobierno y de las Cortes en que hemos aprobado leyes como la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para materia de separación y divorcio; hemos aprobado la Ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio; hemos aprobado la Ley para la investigación con células madre y vamos a aprobar próximamente una ley de educación. En todas ellas ha habido expresiones claras y rotundas contrarias por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, pero esas son las reglas del juego. Este Congreso aprueba lo que el Gobierno impulsa y a la Cámara le parece bien aprobar.
En cuanto al sistema de financiación, ya hablamos de este tema de manera muy similar en un debate que hubo aquí el año pasado o no sé en qué fecha, en el año 2005. La cuestión de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 ni estaba en el programa electoral del Partido Socialista ni está en el horizonte de esta legislatura y nunca ha sido un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno ni por ningún ministro. Ahora bien, la acción del Gobierno siempre ha estado encaminada a mejorar la transparencia y a hacer más autónoma la financiación de la Iglesia. Respecto al modelo de financiación existente he de señalar que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -no se lo que dirá Izquierda Unida-, aunque agradezco lo que dice en positivo sobre el Gobierno, es engañosa porque aquí su portavoz no ha dicho lo que hay escrito en la enmienda. En la enmienda ha escrito que le gusta lo que ha hecho el Gobierno porque tiene un carácter indefinido. No es verdad. El modelo de financiación existente tiene un carácter transitorio y sometido a plazos.La Iglesia católica lo sabe y tiene que asumir el objetivo de lograr por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento y su autofinanciación. Por eso digo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es engañosa, porque una cosa es lo que ha dicho en la tribuna su portavoz y otra cosa es lo que hay escrito. La última negociación que ha habido del Gobierno con la Iglesia católica -ya sabemos que liderada por la vicepresidenta del Gobierno- ha avanzado en ese sentido y va a ser positiva, como se va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con avances significativos como la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor añadido, la eliminación en el modelo de cooperación económica de la cláusula trianual que venía prorrogándose desde 1988, dotando así a la cooperación económica de una mayor estabilidad, con un nuevo modelo, como he señalado, más encaminado a la autofinanciación; asimismo con la eliminación de la garantía de la sobrefinanciación, porque la Iglesia católica solamente contará con la financiación que le otorga la contribución voluntaria de los contribuyentes a través del IRPF y no dispondrá, como hasta ahora, de cantidades adicionales. Además, hay un compromiso de la Iglesia para que haga una memoria circunstanciada de la liquidación y, por tanto, vamos también hacia una mayor transparencia.Se me acaba el tiempo. No es casualidad, también fue un Gobierno socialista el que en el año 1992, con diversas leyes, llegó a acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Ahora, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se coopera con estas religiones que tienen cierto arraigo social en nuestra sociedad. Hemos andado un camino importante y todavía nos queda más, y tenemos que andarlo juntos porque los objetivos que estamos defendiendo son los mismos. Los objetivos son los intereses colectivos y generales, el respeto a la pluralidad ideológica, el reconocimiento de la libertad de creencias y la protección de la libertad religiosa. El Estado laico hacia el que caminamos es el mejor marco político para la defensa de estos principios y valores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Hermosín.En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: Este grupo parlamentario acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y rechaza profundamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que dice que valora positivamente el nuevo sistema de financiación de la Iglesia católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le recuerdo que el debate ya está hecho y que su turno es simplemente para aceptar o rechazar las enmiendas.La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.
Intervencion Isaura Navarro comisión Justicia, comparecencia Ministro
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro Casillas.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA
(Termina la señora Navarro)
Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA
(Termina la señora Navarro)
Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.
Intervencion Isaura Navarro comparecencia secretario de estado de seguridad
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que desde mi grupo parlamentario le pediríamos que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni en la venta de humo, sino que cumpla los compromisos, ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona, y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una nueva mentalidad.
Fin
COMISIÓN DE INTERIOR TURNO 16
15-9-04 CABEZALÍ
ANA
(Continúa la señora Navarro.)
Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia.
Entendemos que desde esa nueva visión que es necesaria, desde esa nueva mentalidad hace falta una nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura.
Desde luego encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, que también es un aspecto en el que hacemos hincapié en todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública entendemos que comienza por un buen desarrollo social. Además es un ámbito que en los últimos años de gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado, por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas necesarias bajo una voluntad política que está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es evidente que es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto. Entendemos que hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado. Entonces habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal.
No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que desde luego no ha terminado y quizás nos encontramos -nosotros entendemos que sí- ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto o quizá el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero abrir nuevas vías de resolución del conflicto sí que sería necesario, buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. Desde luego no me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí que quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de este terrible conflicto.
También entendemos que es necesario que se hagan reformas legales en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos, no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan al mar, que caigan todos, que algunos se levanten, que están desorientados. Entonces estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques prácticamente que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, entendemos que éste no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones, después hay muchas denuncias con autor desconocido, no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos para actuar contra esta situación.
Necesitamos más medios y también más formación de los agentes y una formación adecuada, que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario, con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. Desde luego España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear.
FIN.
INTERIOR TURNO 17
15/09/04 TERE/ANA
((CONTINUA LA SEÑORA NAVARRO CASILLAS)
Consideramos absolutamente necesario un plan de actuación específico que se debata en sede parlamentaria para actuar contra este crimen organizado. Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español, es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el producto de sus fechorías. También habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y de esta manera se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía, y en ese nuevo modelo desde luego no compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Además, nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación, etcétera. Entendemos que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos más hacia la unificación. Como sabe, nosotros apostamos por un sistema policial acorde a una estructura federal del Estado y apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente, dicho por los propios agentes, imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar, y en cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil, pero que hasta ahora algo debe estar pasando, porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, ahora mismo parece ser que están en proceso de elección de los miembros del consejo superior de personal y hay 30 provincias donde no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no están viendo un cumplimiento de estos compromisos. Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Por tanto, las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, de acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y desde luego con la unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos preocupan las demandas de fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, lo de las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Nosotros entendemos que se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si los reajustes ante las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste también en cuanto a la lucha en la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas democráticas y legítimas.
F I N
INTERIOR t.18
15/9/04 kay/ana
(Termina la señora Navarro)
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa si no será trasladar una excesiva responsabilidad en funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es que hay que buscar otros enfoques, y era el origen del problema y que desde luego la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Y así lo dicen también los propios miembros de la Policía, que se sienten indefensos e incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las Policías autonómicas y locales y las otras agencias con funciones policiales, si también se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si sencillamente se trata de la genérica obligación interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que desde mi grupo parlamentario le pediríamos que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni en la venta de humo, sino que cumpla los compromisos, ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona, y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una nueva mentalidad.
Fin
COMISIÓN DE INTERIOR TURNO 16
15-9-04 CABEZALÍ
ANA
(Continúa la señora Navarro.)
Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia.
Entendemos que desde esa nueva visión que es necesaria, desde esa nueva mentalidad hace falta una nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura.
Desde luego encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, que también es un aspecto en el que hacemos hincapié en todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública entendemos que comienza por un buen desarrollo social. Además es un ámbito que en los últimos años de gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado, por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas necesarias bajo una voluntad política que está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es evidente que es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto. Entendemos que hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado. Entonces habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal.
No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que desde luego no ha terminado y quizás nos encontramos -nosotros entendemos que sí- ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto o quizá el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero abrir nuevas vías de resolución del conflicto sí que sería necesario, buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. Desde luego no me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí que quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de este terrible conflicto.
También entendemos que es necesario que se hagan reformas legales en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos, no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan al mar, que caigan todos, que algunos se levanten, que están desorientados. Entonces estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques prácticamente que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, entendemos que éste no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones, después hay muchas denuncias con autor desconocido, no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos para actuar contra esta situación.
Necesitamos más medios y también más formación de los agentes y una formación adecuada, que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario, con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. Desde luego España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear.
FIN.
INTERIOR TURNO 17
15/09/04 TERE/ANA
((CONTINUA LA SEÑORA NAVARRO CASILLAS)
Consideramos absolutamente necesario un plan de actuación específico que se debata en sede parlamentaria para actuar contra este crimen organizado. Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español, es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el producto de sus fechorías. También habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y de esta manera se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía, y en ese nuevo modelo desde luego no compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Además, nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación, etcétera. Entendemos que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos más hacia la unificación. Como sabe, nosotros apostamos por un sistema policial acorde a una estructura federal del Estado y apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente, dicho por los propios agentes, imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar, y en cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil, pero que hasta ahora algo debe estar pasando, porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, ahora mismo parece ser que están en proceso de elección de los miembros del consejo superior de personal y hay 30 provincias donde no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no están viendo un cumplimiento de estos compromisos. Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Por tanto, las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.
La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, de acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y desde luego con la unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos preocupan las demandas de fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, lo de las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Nosotros entendemos que se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si los reajustes ante las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste también en cuanto a la lucha en la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas democráticas y legítimas.
F I N
INTERIOR t.18
15/9/04 kay/ana
(Termina la señora Navarro)
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa si no será trasladar una excesiva responsabilidad en funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es que hay que buscar otros enfoques, y era el origen del problema y que desde luego la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Y así lo dicen también los propios miembros de la Policía, que se sienten indefensos e incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las Policías autonómicas y locales y las otras agencias con funciones policiales, si también se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si sencillamente se trata de la genérica obligación interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.
Intervencion Isaura Navarro ILP Foro de la Familia
Congreso 27 de febrero de 2007
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
— PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de
expediente 120/000005.)
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente.
Es más, esta iniciativa se aparta de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa. Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta —porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico—, sino que la consideramos retrógrada, profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por recorrer.
En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio, algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas —que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios—, ni tampoco obligatorias —lo digo por las estadísticas que se han citado aquí—, no se trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.
Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual.
Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo. Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de 5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias.
Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas. Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
— PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de
expediente 120/000005.)
El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente.
Es más, esta iniciativa se aparta de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa. Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta —porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico—, sino que la consideramos retrógrada, profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por recorrer.
En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio, algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas —que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios—, ni tampoco obligatorias —lo digo por las estadísticas que se han citado aquí—, no se trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.
Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.
La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual.
Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo. Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de 5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias.
Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas. Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
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