El Congreso de los Diputados aprobó hoy con el apoyo de todos los grupos del Congreso, a excepción de IU-ICV, que se abstuvo, una reforma del Código Penal con el fin de que se pueda castigar a los responsables de las mafias de la inmigración y a los patrones de embarcaciones ilegales, cuando éstas se intercepten fuera de las aguas territoriales españolas, incluso si el destino final del cayuco es otro país de la Unión Europea distinto a España.
Esta iniciativa equipara el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. La reforma será introducida a través de una enmienda al proyecto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal modo que se pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expuso que además de ser una medida que refuerza las fronteras, sirve para "proteger los derechos humanos de las víctimas de esta explotación del siglo XXI".
La iniciativa pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con inmigrantes irregulares.
"TOTAL DISCREPANCIA" DE IU-ICV
Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro mostró su "total discrepancia" con la medida por ser una iniciativa "radical" que está basada en la "represión" de la inmigración. Navarro añadió que es una "medida regresiva" en materia migratoria, que busca capturar las embarcaciones de inmigrantes irregulares y "matar moscas a cañonazos". "El Gobierno parece que se siente a gusto jugando de policía-gendarme en la puerta de Europa", sentenció Navarro.
Mientras, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal criticó el proyecto porque, a su modo de ver, el Ejecutivo "es incapaz de dar respuesta" al fenómeno de la inmigración. Para el PP, existe una "relación directa entre la regularización masiva realizada por el Gobierno socialista y la llegada de cayucos".
"Si las costas no son protegidas, España seguirá siendo en coladero de Europa. Nuestras costas tienen que estar vigiladas", apuntó el diputado 'popular', quien además puso de manifiesto la necesidad de que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en esta materia "para construir un proyecto político de futuro".
Por su parte, Jordi Ramón (ERC) subrayó que este proyecto de ley porque "contribuye a perseguir la mafias y el tráfico ilegal de las personas", que ha producido que muchas personas "se dejen la vida" en el mar.
Mientras, el diputado del PSOE Pedro José Muñoz se defendió de estas críticas y apostó por la prevención de la salida de las pateras a través del control fronterizo y por las repatriación de los inmigrantes que lleguen a las costas españolas a sus países de origen.
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071018160302&ch=00313
viernes, 19 de octubre de 2007
Congreso aprueba perseguir el tráfico de personas fuera de territorio español
El Congreso de los Diputados ha aprobado para su envío al Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá que la Justicia española pueda perseguir el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas aún cuando el delito se cometa fuera del territorio nacional.Hasta ahora, los tribunales españoles no podían juzgar a los detenidos por tráfico de seres humanos en aguas internacionales si la finalidad del delito no era la explotación sexual; una limitación a la que se pondrá fin con esta reforma.El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha defendido ante el pleno el proyecto como una medida necesaria para aumentar la protección de los derechos humanos de las víctimas de esos delitos.En opinión de Fernández Bermejo, el aumento del número de embarcaciones de inmigrantes que llegan a nuestro país ha destapado una nueva forma de explotación, que ha definido como 'la esclavitud del siglo XXI', contra la que hay que luchar.El ministro, al igual que ha hecho después el diputado socialista Pedro Muñoz, ha agradecido el esfuerzo de todos los grupos que ha permitido aprobar la reforma con el máximo consenso.Con esta iniciativa, el tráfico de personas se equipara en su tipificación, según la legislación penal española, a delitos como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución o corrupción de menores.En el proyecto de Ley Orgánica, aprobado con 293 votos a favor, ninguno en contra y la única abstención de IU, se han introducido algunas enmiendas, entre ellas, la que establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el BOE.Sólo IU ha mostrado su discrepancia con la reforma a la que la diputada Isaura Navarro ha calificado como 'racismo institucional'.Según Navarro, el Gobierno ha asumido el discurso alarmista e interesado del PP al ampliar el principio de Justicia Universal al delito de tráfico ilegal de inmigrantes, sin que tales problemas -ha dicho- justifiquen una solución 'tan radical'.Pese a que el PP ha votado a favor del proyecto, el diputado Guillermo Mariscal ha aprovechado su intervención para criticar duramente la política de inmigración del Gobierno socialista.Ha culpado al Ejecutivo de llevar a cabo 'regularizaciones masivas' de inmigrantes que, a su juicio, son las peores señales que se pueden trasladar a las mafias, ya que interpretan que pueden llegar a su destino y que, además, se va a garantizar su regularización.El Grupo Popular entiende que hay una relación directa entre dicha regularización masiva y el aumento de la llegada de cayucos a las costas españolas.Por ello, ha invitado al PSOE a rectificar su política y a tomar decisiones responsables y sensatas con acuerdos con el PP como se hizo en el 2003 con la Ley de Extranjería.Tanto CiU como el PNV, ERC y CC mostraron durante el pleno su acuerdo con el proyecto que, a su juicio, va a favorecer la persecución de las mafias que trafican con personas y son responsables de que muchos inmigrantes pierdan la vida en el mar.
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/congreso_aprueba_perseguir_trafico_territorio_1939045.htm
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/congreso_aprueba_perseguir_trafico_territorio_1939045.htm
miércoles, 3 de octubre de 2007
El Ministro Solbes reconoce la deuda con el Pais Valenciano
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO HA EQUILIBRADO EL GOBIERNO LA INVERSIÓN TERRITORIALIZADA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2008 EN EL PAÍS VALENCIANO EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS TERRITORIOS DEL ESTADO, SU POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL? (Número de expediente 180/02069.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isaura Navarro.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para facilitar el diálogo presupuestario, desde Izquierda Unida hemos exigido un nítido compromiso económico con el giro social y ambiental. Por su parte el reflejo que tienen sus presupuestos en el País Valenciano tienen nombre de cemento.
FIN
PLENO TURNO 5
03/10/2007
(Termina la señora Navarro)
Más desaladoras que garanticen seguir construyendo apartamentos en la costa, el trasvase Xúquer-Vinalopó, más carreteras pero con peaje en la sombra y, por supuesto, cuando hablamos de ferrocarril todo va dirigido al tren de élite, depredador del medio ambiente, cuya marca comercial es AVE y que usa una minoría, con respecto al tren convencional, que queda absolutamente abandonado, el tren del día a día. Su Gobierno socialista ha caído en la trampa del Partido Popular. Ustedes están cumpliendo los objetivos políticos del Partido Popular, precisamente sus adversarios políticos. Son unos presupuestos de cemento para un territorio que lo que necesita es salir de la demagogia del Partido Popular y obtener unos presupuestos desde aquí, desde una mayoría progresista, que miren hacia allá con un giro social y medioambiental. Eso es lo que desde Izquierda Unida reivindicamos. Así, antes de adjudicar desaladoras podrían plantearse hacia dónde va esa agua. Por ejemplo, la desaladora de Oropesa es para que Marina d'Or siga creciendo. No sé si usted ha visto el anuncio, pero va para allá el agua de la desaladora.
Mientras tanto, lo que nosotros reivindicamos es que se invierta más en el cuidado de nuestros ríos, en el Xúquer, en el Segura, donde no paran de aparecer peces muertos. Es muy irónico que ustedes recojan las demandas del Partido Popular y que mientras tanto a lo que ellos se dediquen sea a buscar cómo protestar sus presupuestos. Hasta que allí se aclaren, le pregunto si el Gobierno piensa publicar las balanzas fiscales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de régimen común que clarifiquen la discriminación histórica que venimos padeciendo. Los datos con los que contamos dicen que la inversión realizada entre los años 1997 y 2003 demuestra que la media adscrita al País Valenciano solo alcanza el 5,15 por ciento del total, una cifra muy lejana a la población y al PIB del País Valenciano.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos discutido muchas veces de las balanzas fiscales y sabe S.S. en qué estado se encuentra la cuestión. En cuanto a las inversiones en la Comunidad Valenciana, es cierto que durante el período de 1997 a 2004 solo en un año, en el año 2003, se llegó a una inversión del 8 por ciento y que los restantes años ha estado entre el 4,60 y el seis y pico por ciento; sin embargo, no es menos cierto que en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 ha habido cifras que superan el 8 y se aproximan al 9 por ciento y que en el anteproyecto del año 2008 se supera el 9,50 por ciento.
A partir de ahí, haré un comentario más general sobre los temas que S.S. ha planteado. Los Presupuestos Generales del Estado se basan, lógicamente, en las inversiones que el Estado debe realizar y lo que hemos hecho ha sido respetar los estatutos y, de acuerdo con los criterios de cohesión y de rentabilidad social, decidir aquellas inversiones que nos parecen más coherentes. Las inversiones en Valencia aumentan de forma significativa; aumentan en cemento -usted lo ha dicho, es verdad, pero son las obras que están en marcha y que también son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana-, pero aumentan también en agua, así como en otro tipo de temas medioambientales y, sin duda alguna, para aquellos proyectos que puedan ser necesarios estamos dispuestos a aportar los recursos que puedan hacer frente a esa situación. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es dejar de poner en marcha una serie de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo le invito a compensar esa deuda histórica que reconoce invirtiendo más en estos presupuestos: pero no invirtiendo en cemento sino apostando por una distribución más ordenada de los recursos. Apueste por el giro social y medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señoría, eso es lo que hemos hecho. Este año llegamos a una cifra del 9,6 por ciento, prácticamente igual o muy aproximada a la participación en el PIB nacional, y ese es el esfuerzo que queremos realizar.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isaura Navarro.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para facilitar el diálogo presupuestario, desde Izquierda Unida hemos exigido un nítido compromiso económico con el giro social y ambiental. Por su parte el reflejo que tienen sus presupuestos en el País Valenciano tienen nombre de cemento.
FIN
PLENO TURNO 5
03/10/2007
(Termina la señora Navarro)
Más desaladoras que garanticen seguir construyendo apartamentos en la costa, el trasvase Xúquer-Vinalopó, más carreteras pero con peaje en la sombra y, por supuesto, cuando hablamos de ferrocarril todo va dirigido al tren de élite, depredador del medio ambiente, cuya marca comercial es AVE y que usa una minoría, con respecto al tren convencional, que queda absolutamente abandonado, el tren del día a día. Su Gobierno socialista ha caído en la trampa del Partido Popular. Ustedes están cumpliendo los objetivos políticos del Partido Popular, precisamente sus adversarios políticos. Son unos presupuestos de cemento para un territorio que lo que necesita es salir de la demagogia del Partido Popular y obtener unos presupuestos desde aquí, desde una mayoría progresista, que miren hacia allá con un giro social y medioambiental. Eso es lo que desde Izquierda Unida reivindicamos. Así, antes de adjudicar desaladoras podrían plantearse hacia dónde va esa agua. Por ejemplo, la desaladora de Oropesa es para que Marina d'Or siga creciendo. No sé si usted ha visto el anuncio, pero va para allá el agua de la desaladora.
Mientras tanto, lo que nosotros reivindicamos es que se invierta más en el cuidado de nuestros ríos, en el Xúquer, en el Segura, donde no paran de aparecer peces muertos. Es muy irónico que ustedes recojan las demandas del Partido Popular y que mientras tanto a lo que ellos se dediquen sea a buscar cómo protestar sus presupuestos. Hasta que allí se aclaren, le pregunto si el Gobierno piensa publicar las balanzas fiscales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de régimen común que clarifiquen la discriminación histórica que venimos padeciendo. Los datos con los que contamos dicen que la inversión realizada entre los años 1997 y 2003 demuestra que la media adscrita al País Valenciano solo alcanza el 5,15 por ciento del total, una cifra muy lejana a la población y al PIB del País Valenciano.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor vicepresidente, su turno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos discutido muchas veces de las balanzas fiscales y sabe S.S. en qué estado se encuentra la cuestión. En cuanto a las inversiones en la Comunidad Valenciana, es cierto que durante el período de 1997 a 2004 solo en un año, en el año 2003, se llegó a una inversión del 8 por ciento y que los restantes años ha estado entre el 4,60 y el seis y pico por ciento; sin embargo, no es menos cierto que en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 ha habido cifras que superan el 8 y se aproximan al 9 por ciento y que en el anteproyecto del año 2008 se supera el 9,50 por ciento.
A partir de ahí, haré un comentario más general sobre los temas que S.S. ha planteado. Los Presupuestos Generales del Estado se basan, lógicamente, en las inversiones que el Estado debe realizar y lo que hemos hecho ha sido respetar los estatutos y, de acuerdo con los criterios de cohesión y de rentabilidad social, decidir aquellas inversiones que nos parecen más coherentes. Las inversiones en Valencia aumentan de forma significativa; aumentan en cemento -usted lo ha dicho, es verdad, pero son las obras que están en marcha y que también son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana-, pero aumentan también en agua, así como en otro tipo de temas medioambientales y, sin duda alguna, para aquellos proyectos que puedan ser necesarios estamos dispuestos a aportar los recursos que puedan hacer frente a esa situación. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es dejar de poner en marcha una serie de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo le invito a compensar esa deuda histórica que reconoce invirtiendo más en estos presupuestos: pero no invirtiendo en cemento sino apostando por una distribución más ordenada de los recursos. Apueste por el giro social y medioambiental.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señoría, eso es lo que hemos hecho. Este año llegamos a una cifra del 9,6 por ciento, prácticamente igual o muy aproximada a la participación en el PIB nacional, y ese es el esfuerzo que queremos realizar.
Gracias. (Aplausos.)
martes, 18 de septiembre de 2007
Isaura Navarro pide a la Generalitat que se cumpla la legalidad en la protección del patrimonio ante el "vaciado" de conventos
La diputada del grupo parlamentario de IU-ICV en el Congreso Isaura Navarro ha presentado una proposición no de ley en la que pide a la Generalitat que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico y ejerza "sus obligaciones" recogidas en este sentido en el Estatuto de autonomía.
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".
sábado, 15 de septiembre de 2007
jueves, 13 de septiembre de 2007
Isaura Navarro interviene en el debate sobre la reforma de las pensiones cuestionando la política social del gobierno
Intervención completa:
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.
En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.
Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.
Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.
SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.
Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.
Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.
Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.
Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.
Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.
Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.
Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.
Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.
Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.
Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.
Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.
La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.
Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.
Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.
En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.
Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.
ASPECTOS POSITIVOS
Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.
Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.
Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.
Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.
Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.
La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.
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