Después de más de 25 años de recuperación de los Ayuntamientos democráticos apenas se ha avanzado en el desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la administración local,
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.
Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.
Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.
Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.
Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.
Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.
Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.
Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.
Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.
El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.
Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.
La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.
Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.
A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.
Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.
La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.
Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):
1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.
A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.
La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.
2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.
3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.
Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.
Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.
La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.
Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.
martes, 19 de junio de 2007
jueves, 14 de junio de 2007
Intervencion Isaura Navarro Ley acceso electronico administraciones publicas
No sólo es una necesidad, también una obligación del Gobierno conseguir que las Administraciones Públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos. En otras palabras, que tengamos una administración moderna y avanzada, una administración del siglo XXI, a la altura de los tiempos en que actúa, y en este sentido se justifica la oportunidad de este proyecto de ley.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.
Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.
Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.
Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.
En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.
La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.
El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.
Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.
Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.
A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.
Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.
miércoles, 6 de junio de 2007
Debate Derechos y Deberes Guardia Civil
Sesión plenaria núm. 241 celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
jueves, 31 de mayo de 2007
Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la guardia civil
Detrás del texto alternativo del PP esta su posición conservadora e inmovilista. No quieren esta reforma ni ninguna. Y con lo que le ha costado sacarla al PSOE creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero aquí está y desde IU vamos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.
Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.
Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.
Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.
Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.
Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:
cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.
O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.
La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.
O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.
Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.
En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.
Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.
Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.
Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.
Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.
Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.
Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.
Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.
El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.
Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.
¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.
En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.
La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.
La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.
En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.
En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.
Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.
La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia
El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.
La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.
Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.
Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.
Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.
Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.
Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.
En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.
Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.
Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.
Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.
La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.
Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.
Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.
La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.
Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,
por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.
Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.
Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?
Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.
Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.
Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,
“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”
Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.
Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.
Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.
Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.
Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.
Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:
cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.
O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.
La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.
O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.
Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.
En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.
Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.
Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.
Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.
Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.
Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.
Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.
Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.
El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.
Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.
¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.
En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.
La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.
La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.
En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.
En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.
Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.
La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia
El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.
La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.
Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.
Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.
Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.
Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.
Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.
En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.
Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.
Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.
Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.
La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.
Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.
Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.
La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.
Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,
por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.
Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.
Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?
Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.
Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.
Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,
“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”
jueves, 10 de mayo de 2007
Viva Cuba libre de injerencias. Intervención Isaura Navarro
Pleno del Congreso de los Diputados del 8 de marzo de 2007
Moción motivo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Intervención de Isaura Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Los católicos creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y le siguen con fe ciega; ustedes, señorías del PP, deben creer que son los representantes de Bush en España y le siguen a Irak, a Guantánamo y a donde haga falta (Aplausos.-Rumores.), incumpliendo normativa española y burlando toda la protección de los derechos humanos, siempre emulando al Gobierno norteamericano. A Izquierda Unida la política exterior estadounidense no nos produce el mismo efecto que a ustedes, no es ninguna novedad; es más, nos parece un cáncer para la humanidad, pues solo trae hambre, muerte, destrucción, guerras, desigualdad y pobreza extrema; ustedes son aquí sus portavoces, y se les antoja que el Gobierno español haga lo mismo, que baile en todos los asuntos de política exterior al son que marca el Gobierno norteamericano. Desde Izquierda Unida no creemos que eso sea ni lo mejor para Cuba, ni lo mejor para los cubanos, ni lo mejor para España; al contrario. Celebramos la recuperación de las relaciones con un país que debe ser amigo y hermano, un pequeño país en territorio pero grande en espíritu, y del que tenemos mucho que aprender, como de su labor solidaria en el mundo. Un ejemplo: mientras Estados Unidos envía tropas e invade países, Cuba envía médicos, ofrece estudios de medicina (Rumores.), en la actualidad becas a más de 12.000 estudiantes de 83 países. ¿Sabían ustedes todo eso? ¿Saben cuál es la realidad cubana? Seguramente no. (Rumores.) Mientras Cuba hace todo eso, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos libera al terrorista Posada Carriles que atentó contra un avión comercial, entre otras muchas acciones de su sangrienta trayectoria terrorista, y que costó la vida a 73 personas. ¿Esa es la política de derechos humanos que ustedes defienden? Nunca les he visto presentar ninguna iniciativa sobre este señor y su liberación. Nada dicen al respecto, como nada dicen sobre el caso de los cinco jóvenes cubanos encarcelados ilegalmente en Estados Unidos que no hacían más que luchar contra el terrorismo. Nada dicen de las relaciones entre el presidente de Colombia y el paramilitarismo, un país con el mayor número de desplazados del mundo, con datos dramáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Dónde están las iniciativas sobre Colombia? Estas son pruebas de que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, ni Cuba ni ningún lugar. Lo que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por lo tanto en igualdad; todo eso a pesar del bloqueo norteamericano.Es evidente que estos valores no tienen por qué gustarles a ustedes ni tienen por qué gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parecen relevantes. Es más, ustedes consideran un negocio cualquier tarea que haya de cumplir el Estado, como sanidad y educación, por eso apoyan la enseñanza privada y otorgan la gestión de los hospitales a las entidades privadas, al igual que hace Estados Unidos, siempre su referente. Los latinoamericanos están cansados de esa política, están cansados de escucharles a ustedes hablar de libertad cuando en realidad lo que quieren es la libertad del más fuerte para golpear al más débil. Los latinoamericanos ven en Cuba un referente, están cansados de ser golpeados y explotados, de Estados reducidos a la mínima expresión que nada les aporta, de la explotación ajena de sus recursos naturales, del neoliberalismo radical que ustedes representan y que les ha llevado a niveles de pobreza y de desigualdad intolerables.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada vez más países respiran un bullicio de verdadera libertad, y eso es lo que a ustedes les irrita. Los valores que inspiraron la revolución cubana se extienden a pesar de sus campañas anticubanas catastrofistas permanentes en la era de la propaganda, y seguramente eso es lo que les pone nerviosos, que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. Señor Moragas, ¡Viva Cuba libre de injerencias norteamericanas! ¡Viva la revolución cubana! (Rumores y protestas.)
Moción motivo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Intervención de Isaura Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Los católicos creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y le siguen con fe ciega; ustedes, señorías del PP, deben creer que son los representantes de Bush en España y le siguen a Irak, a Guantánamo y a donde haga falta (Aplausos.-Rumores.), incumpliendo normativa española y burlando toda la protección de los derechos humanos, siempre emulando al Gobierno norteamericano. A Izquierda Unida la política exterior estadounidense no nos produce el mismo efecto que a ustedes, no es ninguna novedad; es más, nos parece un cáncer para la humanidad, pues solo trae hambre, muerte, destrucción, guerras, desigualdad y pobreza extrema; ustedes son aquí sus portavoces, y se les antoja que el Gobierno español haga lo mismo, que baile en todos los asuntos de política exterior al son que marca el Gobierno norteamericano. Desde Izquierda Unida no creemos que eso sea ni lo mejor para Cuba, ni lo mejor para los cubanos, ni lo mejor para España; al contrario. Celebramos la recuperación de las relaciones con un país que debe ser amigo y hermano, un pequeño país en territorio pero grande en espíritu, y del que tenemos mucho que aprender, como de su labor solidaria en el mundo. Un ejemplo: mientras Estados Unidos envía tropas e invade países, Cuba envía médicos, ofrece estudios de medicina (Rumores.), en la actualidad becas a más de 12.000 estudiantes de 83 países. ¿Sabían ustedes todo eso? ¿Saben cuál es la realidad cubana? Seguramente no. (Rumores.) Mientras Cuba hace todo eso, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos libera al terrorista Posada Carriles que atentó contra un avión comercial, entre otras muchas acciones de su sangrienta trayectoria terrorista, y que costó la vida a 73 personas. ¿Esa es la política de derechos humanos que ustedes defienden? Nunca les he visto presentar ninguna iniciativa sobre este señor y su liberación. Nada dicen al respecto, como nada dicen sobre el caso de los cinco jóvenes cubanos encarcelados ilegalmente en Estados Unidos que no hacían más que luchar contra el terrorismo. Nada dicen de las relaciones entre el presidente de Colombia y el paramilitarismo, un país con el mayor número de desplazados del mundo, con datos dramáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Dónde están las iniciativas sobre Colombia? Estas son pruebas de que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, ni Cuba ni ningún lugar. Lo que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por lo tanto en igualdad; todo eso a pesar del bloqueo norteamericano.Es evidente que estos valores no tienen por qué gustarles a ustedes ni tienen por qué gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parecen relevantes. Es más, ustedes consideran un negocio cualquier tarea que haya de cumplir el Estado, como sanidad y educación, por eso apoyan la enseñanza privada y otorgan la gestión de los hospitales a las entidades privadas, al igual que hace Estados Unidos, siempre su referente. Los latinoamericanos están cansados de esa política, están cansados de escucharles a ustedes hablar de libertad cuando en realidad lo que quieren es la libertad del más fuerte para golpear al más débil. Los latinoamericanos ven en Cuba un referente, están cansados de ser golpeados y explotados, de Estados reducidos a la mínima expresión que nada les aporta, de la explotación ajena de sus recursos naturales, del neoliberalismo radical que ustedes representan y que les ha llevado a niveles de pobreza y de desigualdad intolerables.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada vez más países respiran un bullicio de verdadera libertad, y eso es lo que a ustedes les irrita. Los valores que inspiraron la revolución cubana se extienden a pesar de sus campañas anticubanas catastrofistas permanentes en la era de la propaganda, y seguramente eso es lo que les pone nerviosos, que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. Señor Moragas, ¡Viva Cuba libre de injerencias norteamericanas! ¡Viva la revolución cubana! (Rumores y protestas.)
martes, 8 de mayo de 2007
Intervención Ministro de Industria sobre el cierre de las emisiones de TV3 en el Pais Valencià
Intervención Ministro de Industria:
En cuanto a TV3, señores Vilajoana y Cerdà y señora Navarro, estoy totalmente a favor de que se vea en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra forma. En esto no les quepa ninguna duda a ninguno de los diputados y diputadas presentes, ni a ninguno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que les gusta ver TV3. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar una solución que sea factible y que además en la medida de lo posible sea estable. El señor Cerdà, que lo ha vivido en primera persona, ha hecho una descripción fantástica y muy precisa de cuál ha sido la evolución siempre en este principio jurídico que es un tanto extraño, que es el de mirar para otro lado. Todo esto es lo que creo que tenemos resolver. Creemos que tenemos el instrumento necesario para resolverlo, y así se lo he dicho a los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. He hablado con el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el conseller y el president de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay un mecanismo que el señor Cerdà no ha mencionado curiosamente. Él ha hablado de Navarra, de Madrid, de Castilla e incluso ha hablado del Canal 9 con relación a Valencia, pero no ha hablado de un convenio que sí existe y que funciona, que es el de la Generalitat de Catalunya con Baleares. Creemos que este es el mecanismo que permite la solución. Ya he dicho antes que la solución pasa por establecer una solución adecuada para el tema del segundo multiplex autonómico. Saben que en estos momentos nosotros tenemos dos temas que debemos resolver. Aparte de este tema concreto hay otro tema global por el cual estamos en un proceso de consulta con todas las comunidades autónomas que es el tema de la televisión digital móvil. Para hacer la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio. Esta es una cuestión técnica de buscar en el espectro una zona no ocupada que tenga el mayor territorio posible. También hay un compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo multiplex. Por tanto, por aquí es por donde proponemos que se resuelva el tema. Entonces lo que sí pido -así se lo he dicho a los consellers, con mi compromiso de que buscaremos este segundo multiplex para Valencia- es que se pongan de acuerdo con un convenio que estabilice las relaciones para que no tengamos un sistema que se base en mirar hacia otro lado.
En cuanto a TV3, señores Vilajoana y Cerdà y señora Navarro, estoy totalmente a favor de que se vea en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra forma. En esto no les quepa ninguna duda a ninguno de los diputados y diputadas presentes, ni a ninguno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que les gusta ver TV3. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar una solución que sea factible y que además en la medida de lo posible sea estable. El señor Cerdà, que lo ha vivido en primera persona, ha hecho una descripción fantástica y muy precisa de cuál ha sido la evolución siempre en este principio jurídico que es un tanto extraño, que es el de mirar para otro lado. Todo esto es lo que creo que tenemos resolver. Creemos que tenemos el instrumento necesario para resolverlo, y así se lo he dicho a los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. He hablado con el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el conseller y el president de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay un mecanismo que el señor Cerdà no ha mencionado curiosamente. Él ha hablado de Navarra, de Madrid, de Castilla e incluso ha hablado del Canal 9 con relación a Valencia, pero no ha hablado de un convenio que sí existe y que funciona, que es el de la Generalitat de Catalunya con Baleares. Creemos que este es el mecanismo que permite la solución. Ya he dicho antes que la solución pasa por establecer una solución adecuada para el tema del segundo multiplex autonómico. Saben que en estos momentos nosotros tenemos dos temas que debemos resolver. Aparte de este tema concreto hay otro tema global por el cual estamos en un proceso de consulta con todas las comunidades autónomas que es el tema de la televisión digital móvil. Para hacer la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio. Esta es una cuestión técnica de buscar en el espectro una zona no ocupada que tenga el mayor territorio posible. También hay un compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo multiplex. Por tanto, por aquí es por donde proponemos que se resuelva el tema. Entonces lo que sí pido -así se lo he dicho a los consellers, con mi compromiso de que buscaremos este segundo multiplex para Valencia- es que se pongan de acuerdo con un convenio que estabilice las relaciones para que no tengamos un sistema que se base en mirar hacia otro lado.
viernes, 4 de mayo de 2007
QUE PIDE IU PARA EL CENTRO DE PRODUCCION DE RTVE EN EL PAÍS VALENCIANO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario Corporación RTVE y Sociedades.
Hasta este momento, el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano radicado en Paterna es uno de los tres Centros de producción existentes, junto a los de Canarias y Cataluña, así denominados por la dimensión de sus dotaciones humanas y técnicas, que les permite un alto volumen de producción y emisión. Además, el Centro de Paterna es la sede desde dónde se emite las 24 horas del día el Canal Temático Docu TVE (antes denominado Hispavisión Grandes Documentales). El Centro poseía delegaciones provinciales en Castellón (un redactor y un camarógrafo) y Alicante (dos redactores y dos camarógrafos). El Centro emitía tres tipos de programación, denominadas convencional, ampliada y extraordinaria.
La parrilla convencional es la que incluía una programación que emitían todos los Centros Territoriales y el de Producción de la Comunidad Valenciana compuesta, de lunes a viernes, por dos ediciones informativas territoriales (de 13,55 a 14,25 por TVE-1 y de 20,30 a 21,00 por La2) mientras que, cada sábado, esta programación se complementaba con una desconexión informativa adicional que ampliaba, en formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana. Además, cada día se producían y se siguen produciendo en el Centro una media de 4 piezas para los distintos telediarios nacionales y para el Canal 24 Horas.
La parrilla ampliada era una programación específica para la Comunidad Valenciana, que se producía y emitía en cumplimiento del Convenio de Colaboración que había suscrito entre el Grupo RadioTelevisión Española y la Generalitat Valenciana por el cual en 2005 la Generalitat aportó 600.000 euros. Eran programas de distinto carácter: deportivo (Rumbo a la America's Cup), de divulgación científica (Innova2), institucionales (Parlament), culturales (Umbrales), entre otros. Estos programas ocupaban una franja horaria de emisión de 10 horas semanales en La2.
Los espacios clasificados bajo la programación extraordinaria solían contener eventos de especial interés para la audiencia de la Comunidad Valenciana, como actos institucionales, deportivos, culturales y tradicionales.
El Canal Docu TVE (antes Grandes Documentales—Hispavisión) emitido desde Paterna es el canal dedicado a la cultura y los movimientos sociales de raíz hispana, con una emisión basada en documentales, tanto de producción propia de Televisión Española como una selección de las mejores obras de otros productores españoles y latinoamericanos, Docu TVE es el Canal Temático de mayor difusión de Televisión Española, ya que se emite tanto en España como .en todo el continente americano, con distribución vía satélite y por cable.
Desde la puesta en marcha de las instalaciones de Paterna en el año 1994 nunca se cubrió la plantilla prevista que en diciembre de 2006 estaba compuesta por 106 trabajadores.
En referencia a Radio Nacional de España, en sus centros existentes en el País Valenciano en diciembre de 2006 disponía de 58 trabajadores a los que habría que sumar varios "falsos" autónomos: en el de Valencia 33 personas mientras que en las emisoras territoriales de Elche y Alicante trabajaban 9 personas en cada una y en la de Castellón disponía de 7 trabajadores.
Cuando finalice en 2008 el ERE, en el C.P TVE de Paterna según la plantilla propuesta por la empresa quedarán 52 trabajadores (una reducción del 51%) que deben ocuparse, según la propuesta de la empresa, de la emisión durante 24 horas del canal temático Docu TVE y de la producción de un informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración con lo que la cobertura informativa diaria se ha reducido en más de un 50% al pasarse de emitir dos informativos diarios a uno solo. Además, deben seguirse produciendo las noticias que cada día soliciten los Telediarios y otros espacios informativos de ámbito nacional.
Con respecto a la programación ampliada financiada con el convenio con la Generalitat Valenciana, la nueva Corporación todavía no ha mostrado sus intenciones al respecto. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado en sus Presupuestos 2007 una partida de 600.000 € para un posible Convenio con RTVE.
La reducción de empleo en RNE es relevante: el Centro de Valencia queda con 20 trabajadores (40% de reducción) mientras que las emisoras territoriales se convierten en Unidades Informativas comunes para radio y televisión: Alicante se queda con 8 trabajadores, Castellón con 6 y Elche con 2.
Tal y como ha manifestado CCOO, considerando que RTVE en el País Valenciano debe jugar un papel fundamental en la proyección de la diversidad cultural y lingüística valenciana en el resto del Estado para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información, no se puede volver a una visión centralista en la que pequeñas corresponsalías elaboren la información procedente de las comunidades autónomas, restringida a sucesos y deportes.
Así, consideramos que la plantilla propuesta para el Centro de Paterna es insuficiente. Plantea un número personal para hacer un informativo autonómico diario, de lunes a viernes, que ni siquiera tiene en cuenta el carácter bilingüe de nuestra Comunidad al olvidar un puesto de traductor y corrector, teniendo en cuenta que la propia Ley indica que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de las Comunidades Autónomas. La exigua dotación de personal propuesta impediría elaborar piezas completas para los informativos nacionales por la tarde y en fines de semana por una mera cuestión de disponibilidad horaria de los trabajadores, e incluso las piezas de última hora para el TD1 tendrían problemas.
En consecuencia, se propone la siguiente plantilla basada en la aplicación de la legislación laboral aplicable en la actualidad (XVII Convenio Colectivo que fija una jornada semanal de 35 horas):
PLANTILLA DE TVE NECESARIA PARA CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE FUNCIONES:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta las 35 horas de la jornada semanal y la necesidad de mantener operativas las instalaciones del Centro durante las 24 horas del día, los 365 días del año para poder emitir el Canal Temático Docu TVE de emisión ininterrumpida, lo que exige un severo régimen de turnos y una disponibilidad horaria para cubrir los frecuentes acontecimientos informativos. Además, hay que tener en cuenta el “Acuerdo Paterna” firmado con la Dirección en 1995 que modificaba las condiciones de trabajo del Centro para proporcionar una flexibilidad operativa de la que carece el resto de la empresa. Así, por ejemplo, establece un catálogo de puestos de trabajo que fusionan las funciones de distintas categorías profesionales: Reporteros Gráficos incluye cámaras ENG y cámaras de estudio, Técnicos Electrónicos incluye Control Central, Mantenimiento y Continuidad 24 horas del canal Docu TVE, por mostrar algunos ejemplos.
En el Pais Valenciano hay que destacar su lengua, su importancia demográfica, social y económica.
Respecto al canal temático Docu TVE, en el Acuerdo para la Constitución de la Corporación RTVE se garantiza mantener la emisión en Paterna, pero es necesario volver a realizar en Paterna la postproducción de todos los elementos de continuidad del canal (autopromociones, cabeceras, ajustes. , ), reportajes y programas que se deriven de la emisión de ese canal, en el que cabria una mayor presencia de la realidad de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, la emisión desde el Centro de las dos o más programaciones diferenciadas que pudieran existir tanto en horario como en contenidos, para lo cual se necesita un equipo de producción adecuado, aparte del dedicado a informativos.
A la vista de lo expuesto resulta imprescindible el mantenimiento y reconocimiento como Centro de Producción, por lo cual, defendemos la continuidad como mínimo de la última programación patrocinada por la Generalitat Valenciana continuando la herencia de unos Acuerdos de Colaboración que incluso con gobiernos de distinto signo durante los últimos trece años han permitido realizar programas y series de indudable éxito, artístico y económico. Un nuevo convenio que eliminando las intolerables interferencias políticas y pretensiones de control informativo del firmado por el gobierno de Camps permitiera la especialización en un tipo de programas de servicio público del género de informativos no diarios, que fueran susceptibles de ser explotados económicamente (distribuidos a las nuevas televisiones públicas de carácter municipal) y a su vez cumplieran la obligación como radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos valencianos. De esta manera, podríamos hablar de ser el motor del desarrollo de la Televisión Digital Terrestre que no puede quedar exclusivamente en manos privadas.
Respecto a RNE, consideramos se debe mantener e incluso aumentar su actual estructura territorial en Alicante Castellón, Elche y Valencia de tal manera que Radio 5 mantenga su carácter de “todo noticias” estatal, Autonómica y local. Las necesidades informativas del País Valenciano, que un medio tan cercano e inmediato en su respuesta a la noticia proporciona, no pueden reducirse. Además, la radio es el medio que con la aplicación de los desarrollos tecnológicos ya existentes puede hacer realidad la interactividad de unos medios informativos que deben estar orientados a impulsar la sociedad de la información.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Que el Centro Territorial de RTVE del País Valenciano, ubicado en Paterna, sea reconocido como Centro de Producción, al igual que los centros de Cataluña y Canarias.
2.- Que la Corporación RTVE dote el centro de Paterna de personal suficiente para hacer frente a las tareas que le corresponden como centro de estas características, evitando la externalización de funciones. En concreto se pide la siguiente plantilla:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
3.- Que la Corporación RTVE cumpla los acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y RTVE de modo que permita continuar con la producción de programas y series de éxito cultural, artístico y comercial.
4.- Que la estructura de personal y territorial de RNE respecto a la propuesta actual de la dirección en el País Valenciano, se vea incrementada con el fin de dar cumplimiento a las necesidades informativas reales.
PLANTILLA DE RNE VALENCIA PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
7
5
TÉC. SUP. DE SONIDO
8
6
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
4
4
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
2
1
1
TOTAL
26
18
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA CASTELLÓN PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
4
0
4
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
1
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TÉC. SUP. DE IMAGEN
1
0
1
TOTAL
10
2
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ALICANTE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
5
3
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
1
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
1
0
TÉC. SUP. DE IMAGEN
2
1
1
TOTAL
12
8
4
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ELCHE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
3
1
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TOTAL
8
3
5
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de abril de 2007
Fdo.: Isaura Navarro Casillas Fdo.: Joan Herrera Torres
Diputada del G. P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario Corporación RTVE y Sociedades.
Hasta este momento, el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano radicado en Paterna es uno de los tres Centros de producción existentes, junto a los de Canarias y Cataluña, así denominados por la dimensión de sus dotaciones humanas y técnicas, que les permite un alto volumen de producción y emisión. Además, el Centro de Paterna es la sede desde dónde se emite las 24 horas del día el Canal Temático Docu TVE (antes denominado Hispavisión Grandes Documentales). El Centro poseía delegaciones provinciales en Castellón (un redactor y un camarógrafo) y Alicante (dos redactores y dos camarógrafos). El Centro emitía tres tipos de programación, denominadas convencional, ampliada y extraordinaria.
La parrilla convencional es la que incluía una programación que emitían todos los Centros Territoriales y el de Producción de la Comunidad Valenciana compuesta, de lunes a viernes, por dos ediciones informativas territoriales (de 13,55 a 14,25 por TVE-1 y de 20,30 a 21,00 por La2) mientras que, cada sábado, esta programación se complementaba con una desconexión informativa adicional que ampliaba, en formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana. Además, cada día se producían y se siguen produciendo en el Centro una media de 4 piezas para los distintos telediarios nacionales y para el Canal 24 Horas.
La parrilla ampliada era una programación específica para la Comunidad Valenciana, que se producía y emitía en cumplimiento del Convenio de Colaboración que había suscrito entre el Grupo RadioTelevisión Española y la Generalitat Valenciana por el cual en 2005 la Generalitat aportó 600.000 euros. Eran programas de distinto carácter: deportivo (Rumbo a la America's Cup), de divulgación científica (Innova2), institucionales (Parlament), culturales (Umbrales), entre otros. Estos programas ocupaban una franja horaria de emisión de 10 horas semanales en La2.
Los espacios clasificados bajo la programación extraordinaria solían contener eventos de especial interés para la audiencia de la Comunidad Valenciana, como actos institucionales, deportivos, culturales y tradicionales.
El Canal Docu TVE (antes Grandes Documentales—Hispavisión) emitido desde Paterna es el canal dedicado a la cultura y los movimientos sociales de raíz hispana, con una emisión basada en documentales, tanto de producción propia de Televisión Española como una selección de las mejores obras de otros productores españoles y latinoamericanos, Docu TVE es el Canal Temático de mayor difusión de Televisión Española, ya que se emite tanto en España como .en todo el continente americano, con distribución vía satélite y por cable.
Desde la puesta en marcha de las instalaciones de Paterna en el año 1994 nunca se cubrió la plantilla prevista que en diciembre de 2006 estaba compuesta por 106 trabajadores.
En referencia a Radio Nacional de España, en sus centros existentes en el País Valenciano en diciembre de 2006 disponía de 58 trabajadores a los que habría que sumar varios "falsos" autónomos: en el de Valencia 33 personas mientras que en las emisoras territoriales de Elche y Alicante trabajaban 9 personas en cada una y en la de Castellón disponía de 7 trabajadores.
Cuando finalice en 2008 el ERE, en el C.P TVE de Paterna según la plantilla propuesta por la empresa quedarán 52 trabajadores (una reducción del 51%) que deben ocuparse, según la propuesta de la empresa, de la emisión durante 24 horas del canal temático Docu TVE y de la producción de un informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración con lo que la cobertura informativa diaria se ha reducido en más de un 50% al pasarse de emitir dos informativos diarios a uno solo. Además, deben seguirse produciendo las noticias que cada día soliciten los Telediarios y otros espacios informativos de ámbito nacional.
Con respecto a la programación ampliada financiada con el convenio con la Generalitat Valenciana, la nueva Corporación todavía no ha mostrado sus intenciones al respecto. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado en sus Presupuestos 2007 una partida de 600.000 € para un posible Convenio con RTVE.
La reducción de empleo en RNE es relevante: el Centro de Valencia queda con 20 trabajadores (40% de reducción) mientras que las emisoras territoriales se convierten en Unidades Informativas comunes para radio y televisión: Alicante se queda con 8 trabajadores, Castellón con 6 y Elche con 2.
Tal y como ha manifestado CCOO, considerando que RTVE en el País Valenciano debe jugar un papel fundamental en la proyección de la diversidad cultural y lingüística valenciana en el resto del Estado para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información, no se puede volver a una visión centralista en la que pequeñas corresponsalías elaboren la información procedente de las comunidades autónomas, restringida a sucesos y deportes.
Así, consideramos que la plantilla propuesta para el Centro de Paterna es insuficiente. Plantea un número personal para hacer un informativo autonómico diario, de lunes a viernes, que ni siquiera tiene en cuenta el carácter bilingüe de nuestra Comunidad al olvidar un puesto de traductor y corrector, teniendo en cuenta que la propia Ley indica que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de las Comunidades Autónomas. La exigua dotación de personal propuesta impediría elaborar piezas completas para los informativos nacionales por la tarde y en fines de semana por una mera cuestión de disponibilidad horaria de los trabajadores, e incluso las piezas de última hora para el TD1 tendrían problemas.
En consecuencia, se propone la siguiente plantilla basada en la aplicación de la legislación laboral aplicable en la actualidad (XVII Convenio Colectivo que fija una jornada semanal de 35 horas):
PLANTILLA DE TVE NECESARIA PARA CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE FUNCIONES:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta las 35 horas de la jornada semanal y la necesidad de mantener operativas las instalaciones del Centro durante las 24 horas del día, los 365 días del año para poder emitir el Canal Temático Docu TVE de emisión ininterrumpida, lo que exige un severo régimen de turnos y una disponibilidad horaria para cubrir los frecuentes acontecimientos informativos. Además, hay que tener en cuenta el “Acuerdo Paterna” firmado con la Dirección en 1995 que modificaba las condiciones de trabajo del Centro para proporcionar una flexibilidad operativa de la que carece el resto de la empresa. Así, por ejemplo, establece un catálogo de puestos de trabajo que fusionan las funciones de distintas categorías profesionales: Reporteros Gráficos incluye cámaras ENG y cámaras de estudio, Técnicos Electrónicos incluye Control Central, Mantenimiento y Continuidad 24 horas del canal Docu TVE, por mostrar algunos ejemplos.
En el Pais Valenciano hay que destacar su lengua, su importancia demográfica, social y económica.
Respecto al canal temático Docu TVE, en el Acuerdo para la Constitución de la Corporación RTVE se garantiza mantener la emisión en Paterna, pero es necesario volver a realizar en Paterna la postproducción de todos los elementos de continuidad del canal (autopromociones, cabeceras, ajustes. , ), reportajes y programas que se deriven de la emisión de ese canal, en el que cabria una mayor presencia de la realidad de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, la emisión desde el Centro de las dos o más programaciones diferenciadas que pudieran existir tanto en horario como en contenidos, para lo cual se necesita un equipo de producción adecuado, aparte del dedicado a informativos.
A la vista de lo expuesto resulta imprescindible el mantenimiento y reconocimiento como Centro de Producción, por lo cual, defendemos la continuidad como mínimo de la última programación patrocinada por la Generalitat Valenciana continuando la herencia de unos Acuerdos de Colaboración que incluso con gobiernos de distinto signo durante los últimos trece años han permitido realizar programas y series de indudable éxito, artístico y económico. Un nuevo convenio que eliminando las intolerables interferencias políticas y pretensiones de control informativo del firmado por el gobierno de Camps permitiera la especialización en un tipo de programas de servicio público del género de informativos no diarios, que fueran susceptibles de ser explotados económicamente (distribuidos a las nuevas televisiones públicas de carácter municipal) y a su vez cumplieran la obligación como radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos valencianos. De esta manera, podríamos hablar de ser el motor del desarrollo de la Televisión Digital Terrestre que no puede quedar exclusivamente en manos privadas.
Respecto a RNE, consideramos se debe mantener e incluso aumentar su actual estructura territorial en Alicante Castellón, Elche y Valencia de tal manera que Radio 5 mantenga su carácter de “todo noticias” estatal, Autonómica y local. Las necesidades informativas del País Valenciano, que un medio tan cercano e inmediato en su respuesta a la noticia proporciona, no pueden reducirse. Además, la radio es el medio que con la aplicación de los desarrollos tecnológicos ya existentes puede hacer realidad la interactividad de unos medios informativos que deben estar orientados a impulsar la sociedad de la información.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Que el Centro Territorial de RTVE del País Valenciano, ubicado en Paterna, sea reconocido como Centro de Producción, al igual que los centros de Cataluña y Canarias.
2.- Que la Corporación RTVE dote el centro de Paterna de personal suficiente para hacer frente a las tareas que le corresponden como centro de estas características, evitando la externalización de funciones. En concreto se pide la siguiente plantilla:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
3.- Que la Corporación RTVE cumpla los acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y RTVE de modo que permita continuar con la producción de programas y series de éxito cultural, artístico y comercial.
4.- Que la estructura de personal y territorial de RNE respecto a la propuesta actual de la dirección en el País Valenciano, se vea incrementada con el fin de dar cumplimiento a las necesidades informativas reales.
PLANTILLA DE RNE VALENCIA PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
7
5
TÉC. SUP. DE SONIDO
8
6
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
4
4
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
2
1
1
TOTAL
26
18
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA CASTELLÓN PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
4
0
4
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
1
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TÉC. SUP. DE IMAGEN
1
0
1
TOTAL
10
2
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ALICANTE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
5
3
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
1
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
1
0
TÉC. SUP. DE IMAGEN
2
1
1
TOTAL
12
8
4
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ELCHE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
3
1
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TOTAL
8
3
5
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de abril de 2007
Fdo.: Isaura Navarro Casillas Fdo.: Joan Herrera Torres
Diputada del G. P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV
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