Sesión plenaria núm. 241 celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.
En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
miércoles, 6 de junio de 2007
jueves, 31 de mayo de 2007
Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la guardia civil
Detrás del texto alternativo del PP esta su posición conservadora e inmovilista. No quieren esta reforma ni ninguna. Y con lo que le ha costado sacarla al PSOE creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero aquí está y desde IU vamos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.
Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.
Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.
Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.
Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.
Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.
Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:
cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.
O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.
La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.
O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.
Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.
En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.
Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.
Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.
Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.
Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.
Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.
Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.
Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.
El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.
Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.
¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.
En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.
La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.
La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.
En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.
En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.
Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.
La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia
El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.
La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.
Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.
Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.
Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.
Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.
Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.
En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.
Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.
Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.
Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.
La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.
Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.
Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.
La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.
Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,
por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.
Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.
Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?
Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.
Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.
Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,
“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”
Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.
Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.
Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.
Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.
Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.
La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.
Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:
cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.
O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.
La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.
O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.
Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.
En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.
El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.
Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.
Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.
Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.
Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.
Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.
Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.
Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.
El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.
Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.
¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.
En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.
La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.
La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.
En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.
En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.
Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.
La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia
El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.
La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.
Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.
Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.
Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.
Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.
Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.
En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.
Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.
Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.
Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.
La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.
Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.
Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.
La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.
Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.
Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,
por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.
Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.
Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.
Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.
Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?
Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.
Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.
Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.
Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,
“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”
jueves, 10 de mayo de 2007
Viva Cuba libre de injerencias. Intervención Isaura Navarro
Pleno del Congreso de los Diputados del 8 de marzo de 2007
Moción motivo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Intervención de Isaura Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Los católicos creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y le siguen con fe ciega; ustedes, señorías del PP, deben creer que son los representantes de Bush en España y le siguen a Irak, a Guantánamo y a donde haga falta (Aplausos.-Rumores.), incumpliendo normativa española y burlando toda la protección de los derechos humanos, siempre emulando al Gobierno norteamericano. A Izquierda Unida la política exterior estadounidense no nos produce el mismo efecto que a ustedes, no es ninguna novedad; es más, nos parece un cáncer para la humanidad, pues solo trae hambre, muerte, destrucción, guerras, desigualdad y pobreza extrema; ustedes son aquí sus portavoces, y se les antoja que el Gobierno español haga lo mismo, que baile en todos los asuntos de política exterior al son que marca el Gobierno norteamericano. Desde Izquierda Unida no creemos que eso sea ni lo mejor para Cuba, ni lo mejor para los cubanos, ni lo mejor para España; al contrario. Celebramos la recuperación de las relaciones con un país que debe ser amigo y hermano, un pequeño país en territorio pero grande en espíritu, y del que tenemos mucho que aprender, como de su labor solidaria en el mundo. Un ejemplo: mientras Estados Unidos envía tropas e invade países, Cuba envía médicos, ofrece estudios de medicina (Rumores.), en la actualidad becas a más de 12.000 estudiantes de 83 países. ¿Sabían ustedes todo eso? ¿Saben cuál es la realidad cubana? Seguramente no. (Rumores.) Mientras Cuba hace todo eso, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos libera al terrorista Posada Carriles que atentó contra un avión comercial, entre otras muchas acciones de su sangrienta trayectoria terrorista, y que costó la vida a 73 personas. ¿Esa es la política de derechos humanos que ustedes defienden? Nunca les he visto presentar ninguna iniciativa sobre este señor y su liberación. Nada dicen al respecto, como nada dicen sobre el caso de los cinco jóvenes cubanos encarcelados ilegalmente en Estados Unidos que no hacían más que luchar contra el terrorismo. Nada dicen de las relaciones entre el presidente de Colombia y el paramilitarismo, un país con el mayor número de desplazados del mundo, con datos dramáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Dónde están las iniciativas sobre Colombia? Estas son pruebas de que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, ni Cuba ni ningún lugar. Lo que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por lo tanto en igualdad; todo eso a pesar del bloqueo norteamericano.Es evidente que estos valores no tienen por qué gustarles a ustedes ni tienen por qué gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parecen relevantes. Es más, ustedes consideran un negocio cualquier tarea que haya de cumplir el Estado, como sanidad y educación, por eso apoyan la enseñanza privada y otorgan la gestión de los hospitales a las entidades privadas, al igual que hace Estados Unidos, siempre su referente. Los latinoamericanos están cansados de esa política, están cansados de escucharles a ustedes hablar de libertad cuando en realidad lo que quieren es la libertad del más fuerte para golpear al más débil. Los latinoamericanos ven en Cuba un referente, están cansados de ser golpeados y explotados, de Estados reducidos a la mínima expresión que nada les aporta, de la explotación ajena de sus recursos naturales, del neoliberalismo radical que ustedes representan y que les ha llevado a niveles de pobreza y de desigualdad intolerables.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada vez más países respiran un bullicio de verdadera libertad, y eso es lo que a ustedes les irrita. Los valores que inspiraron la revolución cubana se extienden a pesar de sus campañas anticubanas catastrofistas permanentes en la era de la propaganda, y seguramente eso es lo que les pone nerviosos, que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. Señor Moragas, ¡Viva Cuba libre de injerencias norteamericanas! ¡Viva la revolución cubana! (Rumores y protestas.)
Moción motivo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Intervención de Isaura Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Los católicos creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y le siguen con fe ciega; ustedes, señorías del PP, deben creer que son los representantes de Bush en España y le siguen a Irak, a Guantánamo y a donde haga falta (Aplausos.-Rumores.), incumpliendo normativa española y burlando toda la protección de los derechos humanos, siempre emulando al Gobierno norteamericano. A Izquierda Unida la política exterior estadounidense no nos produce el mismo efecto que a ustedes, no es ninguna novedad; es más, nos parece un cáncer para la humanidad, pues solo trae hambre, muerte, destrucción, guerras, desigualdad y pobreza extrema; ustedes son aquí sus portavoces, y se les antoja que el Gobierno español haga lo mismo, que baile en todos los asuntos de política exterior al son que marca el Gobierno norteamericano. Desde Izquierda Unida no creemos que eso sea ni lo mejor para Cuba, ni lo mejor para los cubanos, ni lo mejor para España; al contrario. Celebramos la recuperación de las relaciones con un país que debe ser amigo y hermano, un pequeño país en territorio pero grande en espíritu, y del que tenemos mucho que aprender, como de su labor solidaria en el mundo. Un ejemplo: mientras Estados Unidos envía tropas e invade países, Cuba envía médicos, ofrece estudios de medicina (Rumores.), en la actualidad becas a más de 12.000 estudiantes de 83 países. ¿Sabían ustedes todo eso? ¿Saben cuál es la realidad cubana? Seguramente no. (Rumores.) Mientras Cuba hace todo eso, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos libera al terrorista Posada Carriles que atentó contra un avión comercial, entre otras muchas acciones de su sangrienta trayectoria terrorista, y que costó la vida a 73 personas. ¿Esa es la política de derechos humanos que ustedes defienden? Nunca les he visto presentar ninguna iniciativa sobre este señor y su liberación. Nada dicen al respecto, como nada dicen sobre el caso de los cinco jóvenes cubanos encarcelados ilegalmente en Estados Unidos que no hacían más que luchar contra el terrorismo. Nada dicen de las relaciones entre el presidente de Colombia y el paramilitarismo, un país con el mayor número de desplazados del mundo, con datos dramáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Dónde están las iniciativas sobre Colombia? Estas son pruebas de que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, ni Cuba ni ningún lugar. Lo que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por lo tanto en igualdad; todo eso a pesar del bloqueo norteamericano.Es evidente que estos valores no tienen por qué gustarles a ustedes ni tienen por qué gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parecen relevantes. Es más, ustedes consideran un negocio cualquier tarea que haya de cumplir el Estado, como sanidad y educación, por eso apoyan la enseñanza privada y otorgan la gestión de los hospitales a las entidades privadas, al igual que hace Estados Unidos, siempre su referente. Los latinoamericanos están cansados de esa política, están cansados de escucharles a ustedes hablar de libertad cuando en realidad lo que quieren es la libertad del más fuerte para golpear al más débil. Los latinoamericanos ven en Cuba un referente, están cansados de ser golpeados y explotados, de Estados reducidos a la mínima expresión que nada les aporta, de la explotación ajena de sus recursos naturales, del neoliberalismo radical que ustedes representan y que les ha llevado a niveles de pobreza y de desigualdad intolerables.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada vez más países respiran un bullicio de verdadera libertad, y eso es lo que a ustedes les irrita. Los valores que inspiraron la revolución cubana se extienden a pesar de sus campañas anticubanas catastrofistas permanentes en la era de la propaganda, y seguramente eso es lo que les pone nerviosos, que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. Señor Moragas, ¡Viva Cuba libre de injerencias norteamericanas! ¡Viva la revolución cubana! (Rumores y protestas.)
martes, 8 de mayo de 2007
Intervención Ministro de Industria sobre el cierre de las emisiones de TV3 en el Pais Valencià
Intervención Ministro de Industria:
En cuanto a TV3, señores Vilajoana y Cerdà y señora Navarro, estoy totalmente a favor de que se vea en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra forma. En esto no les quepa ninguna duda a ninguno de los diputados y diputadas presentes, ni a ninguno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que les gusta ver TV3. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar una solución que sea factible y que además en la medida de lo posible sea estable. El señor Cerdà, que lo ha vivido en primera persona, ha hecho una descripción fantástica y muy precisa de cuál ha sido la evolución siempre en este principio jurídico que es un tanto extraño, que es el de mirar para otro lado. Todo esto es lo que creo que tenemos resolver. Creemos que tenemos el instrumento necesario para resolverlo, y así se lo he dicho a los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. He hablado con el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el conseller y el president de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay un mecanismo que el señor Cerdà no ha mencionado curiosamente. Él ha hablado de Navarra, de Madrid, de Castilla e incluso ha hablado del Canal 9 con relación a Valencia, pero no ha hablado de un convenio que sí existe y que funciona, que es el de la Generalitat de Catalunya con Baleares. Creemos que este es el mecanismo que permite la solución. Ya he dicho antes que la solución pasa por establecer una solución adecuada para el tema del segundo multiplex autonómico. Saben que en estos momentos nosotros tenemos dos temas que debemos resolver. Aparte de este tema concreto hay otro tema global por el cual estamos en un proceso de consulta con todas las comunidades autónomas que es el tema de la televisión digital móvil. Para hacer la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio. Esta es una cuestión técnica de buscar en el espectro una zona no ocupada que tenga el mayor territorio posible. También hay un compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo multiplex. Por tanto, por aquí es por donde proponemos que se resuelva el tema. Entonces lo que sí pido -así se lo he dicho a los consellers, con mi compromiso de que buscaremos este segundo multiplex para Valencia- es que se pongan de acuerdo con un convenio que estabilice las relaciones para que no tengamos un sistema que se base en mirar hacia otro lado.
En cuanto a TV3, señores Vilajoana y Cerdà y señora Navarro, estoy totalmente a favor de que se vea en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra forma. En esto no les quepa ninguna duda a ninguno de los diputados y diputadas presentes, ni a ninguno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que les gusta ver TV3. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar una solución que sea factible y que además en la medida de lo posible sea estable. El señor Cerdà, que lo ha vivido en primera persona, ha hecho una descripción fantástica y muy precisa de cuál ha sido la evolución siempre en este principio jurídico que es un tanto extraño, que es el de mirar para otro lado. Todo esto es lo que creo que tenemos resolver. Creemos que tenemos el instrumento necesario para resolverlo, y así se lo he dicho a los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. He hablado con el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el conseller y el president de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay un mecanismo que el señor Cerdà no ha mencionado curiosamente. Él ha hablado de Navarra, de Madrid, de Castilla e incluso ha hablado del Canal 9 con relación a Valencia, pero no ha hablado de un convenio que sí existe y que funciona, que es el de la Generalitat de Catalunya con Baleares. Creemos que este es el mecanismo que permite la solución. Ya he dicho antes que la solución pasa por establecer una solución adecuada para el tema del segundo multiplex autonómico. Saben que en estos momentos nosotros tenemos dos temas que debemos resolver. Aparte de este tema concreto hay otro tema global por el cual estamos en un proceso de consulta con todas las comunidades autónomas que es el tema de la televisión digital móvil. Para hacer la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio. Esta es una cuestión técnica de buscar en el espectro una zona no ocupada que tenga el mayor territorio posible. También hay un compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo multiplex. Por tanto, por aquí es por donde proponemos que se resuelva el tema. Entonces lo que sí pido -así se lo he dicho a los consellers, con mi compromiso de que buscaremos este segundo multiplex para Valencia- es que se pongan de acuerdo con un convenio que estabilice las relaciones para que no tengamos un sistema que se base en mirar hacia otro lado.
viernes, 4 de mayo de 2007
QUE PIDE IU PARA EL CENTRO DE PRODUCCION DE RTVE EN EL PAÍS VALENCIANO
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario Corporación RTVE y Sociedades.
Hasta este momento, el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano radicado en Paterna es uno de los tres Centros de producción existentes, junto a los de Canarias y Cataluña, así denominados por la dimensión de sus dotaciones humanas y técnicas, que les permite un alto volumen de producción y emisión. Además, el Centro de Paterna es la sede desde dónde se emite las 24 horas del día el Canal Temático Docu TVE (antes denominado Hispavisión Grandes Documentales). El Centro poseía delegaciones provinciales en Castellón (un redactor y un camarógrafo) y Alicante (dos redactores y dos camarógrafos). El Centro emitía tres tipos de programación, denominadas convencional, ampliada y extraordinaria.
La parrilla convencional es la que incluía una programación que emitían todos los Centros Territoriales y el de Producción de la Comunidad Valenciana compuesta, de lunes a viernes, por dos ediciones informativas territoriales (de 13,55 a 14,25 por TVE-1 y de 20,30 a 21,00 por La2) mientras que, cada sábado, esta programación se complementaba con una desconexión informativa adicional que ampliaba, en formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana. Además, cada día se producían y se siguen produciendo en el Centro una media de 4 piezas para los distintos telediarios nacionales y para el Canal 24 Horas.
La parrilla ampliada era una programación específica para la Comunidad Valenciana, que se producía y emitía en cumplimiento del Convenio de Colaboración que había suscrito entre el Grupo RadioTelevisión Española y la Generalitat Valenciana por el cual en 2005 la Generalitat aportó 600.000 euros. Eran programas de distinto carácter: deportivo (Rumbo a la America's Cup), de divulgación científica (Innova2), institucionales (Parlament), culturales (Umbrales), entre otros. Estos programas ocupaban una franja horaria de emisión de 10 horas semanales en La2.
Los espacios clasificados bajo la programación extraordinaria solían contener eventos de especial interés para la audiencia de la Comunidad Valenciana, como actos institucionales, deportivos, culturales y tradicionales.
El Canal Docu TVE (antes Grandes Documentales—Hispavisión) emitido desde Paterna es el canal dedicado a la cultura y los movimientos sociales de raíz hispana, con una emisión basada en documentales, tanto de producción propia de Televisión Española como una selección de las mejores obras de otros productores españoles y latinoamericanos, Docu TVE es el Canal Temático de mayor difusión de Televisión Española, ya que se emite tanto en España como .en todo el continente americano, con distribución vía satélite y por cable.
Desde la puesta en marcha de las instalaciones de Paterna en el año 1994 nunca se cubrió la plantilla prevista que en diciembre de 2006 estaba compuesta por 106 trabajadores.
En referencia a Radio Nacional de España, en sus centros existentes en el País Valenciano en diciembre de 2006 disponía de 58 trabajadores a los que habría que sumar varios "falsos" autónomos: en el de Valencia 33 personas mientras que en las emisoras territoriales de Elche y Alicante trabajaban 9 personas en cada una y en la de Castellón disponía de 7 trabajadores.
Cuando finalice en 2008 el ERE, en el C.P TVE de Paterna según la plantilla propuesta por la empresa quedarán 52 trabajadores (una reducción del 51%) que deben ocuparse, según la propuesta de la empresa, de la emisión durante 24 horas del canal temático Docu TVE y de la producción de un informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración con lo que la cobertura informativa diaria se ha reducido en más de un 50% al pasarse de emitir dos informativos diarios a uno solo. Además, deben seguirse produciendo las noticias que cada día soliciten los Telediarios y otros espacios informativos de ámbito nacional.
Con respecto a la programación ampliada financiada con el convenio con la Generalitat Valenciana, la nueva Corporación todavía no ha mostrado sus intenciones al respecto. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado en sus Presupuestos 2007 una partida de 600.000 € para un posible Convenio con RTVE.
La reducción de empleo en RNE es relevante: el Centro de Valencia queda con 20 trabajadores (40% de reducción) mientras que las emisoras territoriales se convierten en Unidades Informativas comunes para radio y televisión: Alicante se queda con 8 trabajadores, Castellón con 6 y Elche con 2.
Tal y como ha manifestado CCOO, considerando que RTVE en el País Valenciano debe jugar un papel fundamental en la proyección de la diversidad cultural y lingüística valenciana en el resto del Estado para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información, no se puede volver a una visión centralista en la que pequeñas corresponsalías elaboren la información procedente de las comunidades autónomas, restringida a sucesos y deportes.
Así, consideramos que la plantilla propuesta para el Centro de Paterna es insuficiente. Plantea un número personal para hacer un informativo autonómico diario, de lunes a viernes, que ni siquiera tiene en cuenta el carácter bilingüe de nuestra Comunidad al olvidar un puesto de traductor y corrector, teniendo en cuenta que la propia Ley indica que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de las Comunidades Autónomas. La exigua dotación de personal propuesta impediría elaborar piezas completas para los informativos nacionales por la tarde y en fines de semana por una mera cuestión de disponibilidad horaria de los trabajadores, e incluso las piezas de última hora para el TD1 tendrían problemas.
En consecuencia, se propone la siguiente plantilla basada en la aplicación de la legislación laboral aplicable en la actualidad (XVII Convenio Colectivo que fija una jornada semanal de 35 horas):
PLANTILLA DE TVE NECESARIA PARA CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE FUNCIONES:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta las 35 horas de la jornada semanal y la necesidad de mantener operativas las instalaciones del Centro durante las 24 horas del día, los 365 días del año para poder emitir el Canal Temático Docu TVE de emisión ininterrumpida, lo que exige un severo régimen de turnos y una disponibilidad horaria para cubrir los frecuentes acontecimientos informativos. Además, hay que tener en cuenta el “Acuerdo Paterna” firmado con la Dirección en 1995 que modificaba las condiciones de trabajo del Centro para proporcionar una flexibilidad operativa de la que carece el resto de la empresa. Así, por ejemplo, establece un catálogo de puestos de trabajo que fusionan las funciones de distintas categorías profesionales: Reporteros Gráficos incluye cámaras ENG y cámaras de estudio, Técnicos Electrónicos incluye Control Central, Mantenimiento y Continuidad 24 horas del canal Docu TVE, por mostrar algunos ejemplos.
En el Pais Valenciano hay que destacar su lengua, su importancia demográfica, social y económica.
Respecto al canal temático Docu TVE, en el Acuerdo para la Constitución de la Corporación RTVE se garantiza mantener la emisión en Paterna, pero es necesario volver a realizar en Paterna la postproducción de todos los elementos de continuidad del canal (autopromociones, cabeceras, ajustes. , ), reportajes y programas que se deriven de la emisión de ese canal, en el que cabria una mayor presencia de la realidad de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, la emisión desde el Centro de las dos o más programaciones diferenciadas que pudieran existir tanto en horario como en contenidos, para lo cual se necesita un equipo de producción adecuado, aparte del dedicado a informativos.
A la vista de lo expuesto resulta imprescindible el mantenimiento y reconocimiento como Centro de Producción, por lo cual, defendemos la continuidad como mínimo de la última programación patrocinada por la Generalitat Valenciana continuando la herencia de unos Acuerdos de Colaboración que incluso con gobiernos de distinto signo durante los últimos trece años han permitido realizar programas y series de indudable éxito, artístico y económico. Un nuevo convenio que eliminando las intolerables interferencias políticas y pretensiones de control informativo del firmado por el gobierno de Camps permitiera la especialización en un tipo de programas de servicio público del género de informativos no diarios, que fueran susceptibles de ser explotados económicamente (distribuidos a las nuevas televisiones públicas de carácter municipal) y a su vez cumplieran la obligación como radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos valencianos. De esta manera, podríamos hablar de ser el motor del desarrollo de la Televisión Digital Terrestre que no puede quedar exclusivamente en manos privadas.
Respecto a RNE, consideramos se debe mantener e incluso aumentar su actual estructura territorial en Alicante Castellón, Elche y Valencia de tal manera que Radio 5 mantenga su carácter de “todo noticias” estatal, Autonómica y local. Las necesidades informativas del País Valenciano, que un medio tan cercano e inmediato en su respuesta a la noticia proporciona, no pueden reducirse. Además, la radio es el medio que con la aplicación de los desarrollos tecnológicos ya existentes puede hacer realidad la interactividad de unos medios informativos que deben estar orientados a impulsar la sociedad de la información.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Que el Centro Territorial de RTVE del País Valenciano, ubicado en Paterna, sea reconocido como Centro de Producción, al igual que los centros de Cataluña y Canarias.
2.- Que la Corporación RTVE dote el centro de Paterna de personal suficiente para hacer frente a las tareas que le corresponden como centro de estas características, evitando la externalización de funciones. En concreto se pide la siguiente plantilla:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
3.- Que la Corporación RTVE cumpla los acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y RTVE de modo que permita continuar con la producción de programas y series de éxito cultural, artístico y comercial.
4.- Que la estructura de personal y territorial de RNE respecto a la propuesta actual de la dirección en el País Valenciano, se vea incrementada con el fin de dar cumplimiento a las necesidades informativas reales.
PLANTILLA DE RNE VALENCIA PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
7
5
TÉC. SUP. DE SONIDO
8
6
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
4
4
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
2
1
1
TOTAL
26
18
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA CASTELLÓN PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
4
0
4
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
1
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TÉC. SUP. DE IMAGEN
1
0
1
TOTAL
10
2
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ALICANTE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
5
3
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
1
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
1
0
TÉC. SUP. DE IMAGEN
2
1
1
TOTAL
12
8
4
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ELCHE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
3
1
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TOTAL
8
3
5
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de abril de 2007
Fdo.: Isaura Navarro Casillas Fdo.: Joan Herrera Torres
Diputada del G. P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario Corporación RTVE y Sociedades.
Hasta este momento, el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano radicado en Paterna es uno de los tres Centros de producción existentes, junto a los de Canarias y Cataluña, así denominados por la dimensión de sus dotaciones humanas y técnicas, que les permite un alto volumen de producción y emisión. Además, el Centro de Paterna es la sede desde dónde se emite las 24 horas del día el Canal Temático Docu TVE (antes denominado Hispavisión Grandes Documentales). El Centro poseía delegaciones provinciales en Castellón (un redactor y un camarógrafo) y Alicante (dos redactores y dos camarógrafos). El Centro emitía tres tipos de programación, denominadas convencional, ampliada y extraordinaria.
La parrilla convencional es la que incluía una programación que emitían todos los Centros Territoriales y el de Producción de la Comunidad Valenciana compuesta, de lunes a viernes, por dos ediciones informativas territoriales (de 13,55 a 14,25 por TVE-1 y de 20,30 a 21,00 por La2) mientras que, cada sábado, esta programación se complementaba con una desconexión informativa adicional que ampliaba, en formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana. Además, cada día se producían y se siguen produciendo en el Centro una media de 4 piezas para los distintos telediarios nacionales y para el Canal 24 Horas.
La parrilla ampliada era una programación específica para la Comunidad Valenciana, que se producía y emitía en cumplimiento del Convenio de Colaboración que había suscrito entre el Grupo RadioTelevisión Española y la Generalitat Valenciana por el cual en 2005 la Generalitat aportó 600.000 euros. Eran programas de distinto carácter: deportivo (Rumbo a la America's Cup), de divulgación científica (Innova2), institucionales (Parlament), culturales (Umbrales), entre otros. Estos programas ocupaban una franja horaria de emisión de 10 horas semanales en La2.
Los espacios clasificados bajo la programación extraordinaria solían contener eventos de especial interés para la audiencia de la Comunidad Valenciana, como actos institucionales, deportivos, culturales y tradicionales.
El Canal Docu TVE (antes Grandes Documentales—Hispavisión) emitido desde Paterna es el canal dedicado a la cultura y los movimientos sociales de raíz hispana, con una emisión basada en documentales, tanto de producción propia de Televisión Española como una selección de las mejores obras de otros productores españoles y latinoamericanos, Docu TVE es el Canal Temático de mayor difusión de Televisión Española, ya que se emite tanto en España como .en todo el continente americano, con distribución vía satélite y por cable.
Desde la puesta en marcha de las instalaciones de Paterna en el año 1994 nunca se cubrió la plantilla prevista que en diciembre de 2006 estaba compuesta por 106 trabajadores.
En referencia a Radio Nacional de España, en sus centros existentes en el País Valenciano en diciembre de 2006 disponía de 58 trabajadores a los que habría que sumar varios "falsos" autónomos: en el de Valencia 33 personas mientras que en las emisoras territoriales de Elche y Alicante trabajaban 9 personas en cada una y en la de Castellón disponía de 7 trabajadores.
Cuando finalice en 2008 el ERE, en el C.P TVE de Paterna según la plantilla propuesta por la empresa quedarán 52 trabajadores (una reducción del 51%) que deben ocuparse, según la propuesta de la empresa, de la emisión durante 24 horas del canal temático Docu TVE y de la producción de un informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración con lo que la cobertura informativa diaria se ha reducido en más de un 50% al pasarse de emitir dos informativos diarios a uno solo. Además, deben seguirse produciendo las noticias que cada día soliciten los Telediarios y otros espacios informativos de ámbito nacional.
Con respecto a la programación ampliada financiada con el convenio con la Generalitat Valenciana, la nueva Corporación todavía no ha mostrado sus intenciones al respecto. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado en sus Presupuestos 2007 una partida de 600.000 € para un posible Convenio con RTVE.
La reducción de empleo en RNE es relevante: el Centro de Valencia queda con 20 trabajadores (40% de reducción) mientras que las emisoras territoriales se convierten en Unidades Informativas comunes para radio y televisión: Alicante se queda con 8 trabajadores, Castellón con 6 y Elche con 2.
Tal y como ha manifestado CCOO, considerando que RTVE en el País Valenciano debe jugar un papel fundamental en la proyección de la diversidad cultural y lingüística valenciana en el resto del Estado para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información, no se puede volver a una visión centralista en la que pequeñas corresponsalías elaboren la información procedente de las comunidades autónomas, restringida a sucesos y deportes.
Así, consideramos que la plantilla propuesta para el Centro de Paterna es insuficiente. Plantea un número personal para hacer un informativo autonómico diario, de lunes a viernes, que ni siquiera tiene en cuenta el carácter bilingüe de nuestra Comunidad al olvidar un puesto de traductor y corrector, teniendo en cuenta que la propia Ley indica que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de las Comunidades Autónomas. La exigua dotación de personal propuesta impediría elaborar piezas completas para los informativos nacionales por la tarde y en fines de semana por una mera cuestión de disponibilidad horaria de los trabajadores, e incluso las piezas de última hora para el TD1 tendrían problemas.
En consecuencia, se propone la siguiente plantilla basada en la aplicación de la legislación laboral aplicable en la actualidad (XVII Convenio Colectivo que fija una jornada semanal de 35 horas):
PLANTILLA DE TVE NECESARIA PARA CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE FUNCIONES:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta las 35 horas de la jornada semanal y la necesidad de mantener operativas las instalaciones del Centro durante las 24 horas del día, los 365 días del año para poder emitir el Canal Temático Docu TVE de emisión ininterrumpida, lo que exige un severo régimen de turnos y una disponibilidad horaria para cubrir los frecuentes acontecimientos informativos. Además, hay que tener en cuenta el “Acuerdo Paterna” firmado con la Dirección en 1995 que modificaba las condiciones de trabajo del Centro para proporcionar una flexibilidad operativa de la que carece el resto de la empresa. Así, por ejemplo, establece un catálogo de puestos de trabajo que fusionan las funciones de distintas categorías profesionales: Reporteros Gráficos incluye cámaras ENG y cámaras de estudio, Técnicos Electrónicos incluye Control Central, Mantenimiento y Continuidad 24 horas del canal Docu TVE, por mostrar algunos ejemplos.
En el Pais Valenciano hay que destacar su lengua, su importancia demográfica, social y económica.
Respecto al canal temático Docu TVE, en el Acuerdo para la Constitución de la Corporación RTVE se garantiza mantener la emisión en Paterna, pero es necesario volver a realizar en Paterna la postproducción de todos los elementos de continuidad del canal (autopromociones, cabeceras, ajustes. , ), reportajes y programas que se deriven de la emisión de ese canal, en el que cabria una mayor presencia de la realidad de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, la emisión desde el Centro de las dos o más programaciones diferenciadas que pudieran existir tanto en horario como en contenidos, para lo cual se necesita un equipo de producción adecuado, aparte del dedicado a informativos.
A la vista de lo expuesto resulta imprescindible el mantenimiento y reconocimiento como Centro de Producción, por lo cual, defendemos la continuidad como mínimo de la última programación patrocinada por la Generalitat Valenciana continuando la herencia de unos Acuerdos de Colaboración que incluso con gobiernos de distinto signo durante los últimos trece años han permitido realizar programas y series de indudable éxito, artístico y económico. Un nuevo convenio que eliminando las intolerables interferencias políticas y pretensiones de control informativo del firmado por el gobierno de Camps permitiera la especialización en un tipo de programas de servicio público del género de informativos no diarios, que fueran susceptibles de ser explotados económicamente (distribuidos a las nuevas televisiones públicas de carácter municipal) y a su vez cumplieran la obligación como radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos valencianos. De esta manera, podríamos hablar de ser el motor del desarrollo de la Televisión Digital Terrestre que no puede quedar exclusivamente en manos privadas.
Respecto a RNE, consideramos se debe mantener e incluso aumentar su actual estructura territorial en Alicante Castellón, Elche y Valencia de tal manera que Radio 5 mantenga su carácter de “todo noticias” estatal, Autonómica y local. Las necesidades informativas del País Valenciano, que un medio tan cercano e inmediato en su respuesta a la noticia proporciona, no pueden reducirse. Además, la radio es el medio que con la aplicación de los desarrollos tecnológicos ya existentes puede hacer realidad la interactividad de unos medios informativos que deben estar orientados a impulsar la sociedad de la información.
Por todo ello, se presenta la siguiente
PROPOSICIÓN NO DE LEY
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1.- Que el Centro Territorial de RTVE del País Valenciano, ubicado en Paterna, sea reconocido como Centro de Producción, al igual que los centros de Cataluña y Canarias.
2.- Que la Corporación RTVE dote el centro de Paterna de personal suficiente para hacer frente a las tareas que le corresponden como centro de estas características, evitando la externalización de funciones. En concreto se pide la siguiente plantilla:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37
3.- Que la Corporación RTVE cumpla los acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y RTVE de modo que permita continuar con la producción de programas y series de éxito cultural, artístico y comercial.
4.- Que la estructura de personal y territorial de RNE respecto a la propuesta actual de la dirección en el País Valenciano, se vea incrementada con el fin de dar cumplimiento a las necesidades informativas reales.
PLANTILLA DE RNE VALENCIA PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
7
5
TÉC. SUP. DE SONIDO
8
6
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
4
4
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
2
1
1
TOTAL
26
18
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA CASTELLÓN PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
4
0
4
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
1
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TÉC. SUP. DE IMAGEN
1
0
1
TOTAL
10
2
8
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ALICANTE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
5
3
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
1
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
1
0
TÉC. SUP. DE IMAGEN
2
1
1
TOTAL
12
8
4
PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ELCHE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:
CATEGORIAS
ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
3
1
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TOTAL
8
3
5
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de abril de 2007
Fdo.: Isaura Navarro Casillas Fdo.: Joan Herrera Torres
Diputada del G. P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV
viernes, 20 de abril de 2007
Todas las noticias publicadas sobre el acuerdo de la Ley de la Memoria
UN PASO HACIA UNA LEY JUSTA
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquistaEl proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El PSOE desbloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
MEMORIA HISTÓRICA. EL ACUERDO PSOE-IU ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS SUMARÍSIMAS
SERVIMEDIA , 19-4-07
El PSOE e IU-ICV alcanzaron hoy un acuerdo sobre la ley de memoria histórica que declara la ilegitimidad de todos y cada uno de los tribunales de represión franquista y abre una vía para que los represaliados recurran a la justicia para reclamar la nulidad de las sentencias sumarísimas.
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido confirmó este acuerdo, que declara "la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
El documento entregado hoy a los periodistas indica que esa "ilegitimidad" se deriva de que tales procesos fueron "contrarios a Derecho y vulneran las más elementales exigencias del derechos a un juicio justo", con "vicios de forma y fondo".
En ese mismo artículo se menciona expresamente las sentencias dictada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y del Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos.
Igualmente, continúa el texto, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Se reconoce además "el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores".
Este derecho será "compatible" con otros derechos y medidas reparadoras "reconocidas en normas anteriores, así como el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia".
Los represaliados tendrán derecho a "solicitar la declaración de personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
También podrán solicitar esta declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes no tengan familiares o cónyuge y hubiesen desempeñado cargos o actividades relevantes en la misma.
Estas declaración se podrá solicitar al Ministerio de Justicia y para ello las personas o instituciones afectadas tendrán que aportar toda la documentación sobre los hechos o el procedimiento que obre en su poder, así como aquellos antecedentes que se consideren oportunos.
La ley tiene por objeto "reconocer y ampliar" derechos a favor de padecieron "persecución y violencia" por motivos políticos o ideológicos y recuperar la memoria de los represaliados.
Pretende también "el fomento de los valores y principios democráticos", y la recuperación y preservación de todos los documentos relativos a ese período histórico. Reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal".
Además, esta norma será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, aunque "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista
El proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
EL PAIS - CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.
El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica
Incorporar una nueva referencia a la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
EL MUNDO .- EFE MADRID
El PSOE e IU-ICV han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
'Restañar las heridas'
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, incluido el PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE, para quien el acuerdo es un avance "significativo" y "determinante".
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
PSOE e IU acuerdan que la ley de memoria histórica anule los juicios franquistas
20MINUTOS.ES. 19.04.2007 -
Se desbloquearía así el proceso de aprobación de la ley.
Los juicios sumarisimos dividían a la izquierda.
El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada "Ley de Memoria Histórica" que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados "juicios sumarísimos" celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías.
Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto, que pasaría por anular estas sentencias judiciales.
Críticas del PP
El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".
De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
Las sentencias de Companys y Puig Antich podrán ser anuladas con la Ley de Memoria Histórica
El texto pactado entre PSOE e IU-ICV permite a las familias de los condenados acudir a los tribunales ordinarios para revisar las sentencias franquistas, según Joan Herrera
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ADN
El PSOE e IU-ICV han alcanzado este jueves un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. Según Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, el acuerdo puede permitir, por ejemplo, la anulación del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat catalana en tiempos de la República, Lluís Companys. El consejo de guerra contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, también podría quedar sin efecto, puesto que las familias de los reos podrán acudir a los tribunales ordinarios para que se revisen sus casos."Si la ley se aprueba tal como está pactada, España quedará equiparada a otros países europeos en lo que se refiere a la condena de los regímenes fascistas", asegura Herrera. Según el diputado, queda pendiente acordar el futuro del Valle de los Caídos, que IU-ICV quiere convertir en un museo por la paz, los archivos de la represión, las fosas comunes y los símbolos franquistas.Anulación de juiciosInicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo. Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios. La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Con este acuerdo, la ley ya obtendría la mayoría de votos del Congreso gracias a los apoyos del PSOE e IU.ERC no se sumaEsquerra Republicana no hace suyo el acuerdo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos, según fuentes de ERC. El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura". Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes". Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".El PNV quiere más cambiosEl portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ve bien el pacto alcanzado entre PSOE e IU-ICV sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica para declarar "injustas" las condenas políticas e "ilegítimos" los tribunales del franquismo que las dictaron, pero insiste en la necesidad de retocar otros puntos del proyecto de ley como los referidos a los símbolos de la dictadura, la devolución del patrimonio incautado a los partidos y el acceso a los archivos.
PSOE e IU desbloquean la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ABC
Con la sombra de la polémica, PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo que desbloquea la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto defnitivo incluye, entre otros puntos, declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron.
El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.
Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Ilegitimidad de los tribunales
En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.
A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".
Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
Por las víctimas
El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".
Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".
En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".
IU y PSOE desbloquean la Ley de Memoria, que ilegitimará los juicios del franquismo
Jueves 19 de abril de 2007.laRepublica.es
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar que los juicios realizados durante el franquismo deben ser declarados ilegítimos.
El presidente del grupo parlamentario de IU-ICV y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, dan una rueda de prensa a las en estos momentos para hablar de la cuestión.
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados y reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Proponía además declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".
El acuerdo alcanzado eliminará la figura del tribunal de notables a cambio de una declaración de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. IU ha logrado que se eliminen algunas menciones que igualaban a ambos bandos, y la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.
Según Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, en declaraciones a laRepublica.es, y aunque aun no conoce todos los detalles y no puede realizar una declaración institucional de su asociación, cree con este acuerdo podrán revisarse todos los juicios políticos del franquismo.
Además, las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos será asumida como política de Estado, por lo que debería haber, de este modo, fondos para llevarlas a cabo.
El preámbulo de la nueva ley condenará expersamente el régimen de Franco, por deseo y a propuesta de IU.
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica19 de abril de 2007 .- Diario La Razón.- Efe - Madrid.- El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada «Ley de Memoria Histórica» que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias. Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados «juicios sumarísimos» celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías. Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto que será explicado a última hora de esta mañana en sendas ruedas de prensa por sus respectivos portavoces parlamentarios.
El PSOE debloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
19-04-2007 - Diariocrítico/Agencias
El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. ERC no se unió al acuerdo.
Inicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo.
Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Las minorías se han comprometido a estudiarla.
ERC no se suma al acuerdo
Esquerra Republicana, socia del Gobierno en el Congreso, ha sido informado del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, pero no lo hace suyo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos.
El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura".
Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes".
Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquistaEl proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El PSOE desbloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
MEMORIA HISTÓRICA. EL ACUERDO PSOE-IU ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS SUMARÍSIMAS
SERVIMEDIA , 19-4-07
El PSOE e IU-ICV alcanzaron hoy un acuerdo sobre la ley de memoria histórica que declara la ilegitimidad de todos y cada uno de los tribunales de represión franquista y abre una vía para que los represaliados recurran a la justicia para reclamar la nulidad de las sentencias sumarísimas.
En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido confirmó este acuerdo, que declara "la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
El documento entregado hoy a los periodistas indica que esa "ilegitimidad" se deriva de que tales procesos fueron "contrarios a Derecho y vulneran las más elementales exigencias del derechos a un juicio justo", con "vicios de forma y fondo".
En ese mismo artículo se menciona expresamente las sentencias dictada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y del Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos.
Igualmente, continúa el texto, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Se reconoce además "el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores".
Este derecho será "compatible" con otros derechos y medidas reparadoras "reconocidas en normas anteriores, así como el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia".
Los represaliados tendrán derecho a "solicitar la declaración de personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
También podrán solicitar esta declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes no tengan familiares o cónyuge y hubiesen desempeñado cargos o actividades relevantes en la misma.
Estas declaración se podrá solicitar al Ministerio de Justicia y para ello las personas o instituciones afectadas tendrán que aportar toda la documentación sobre los hechos o el procedimiento que obre en su poder, así como aquellos antecedentes que se consideren oportunos.
La ley tiene por objeto "reconocer y ampliar" derechos a favor de padecieron "persecución y violencia" por motivos políticos o ideológicos y recuperar la memoria de los represaliados.
Pretende también "el fomento de los valores y principios democráticos", y la recuperación y preservación de todos los documentos relativos a ese período histórico. Reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal".
Además, esta norma será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, aunque "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista
El proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
EL PAIS - CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.
El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica
Incorporar una nueva referencia a la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
EL MUNDO .- EFE MADRID
El PSOE e IU-ICV han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
'Restañar las heridas'
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, incluido el PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE, para quien el acuerdo es un avance "significativo" y "determinante".
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
PSOE e IU acuerdan que la ley de memoria histórica anule los juicios franquistas
20MINUTOS.ES. 19.04.2007 -
Se desbloquearía así el proceso de aprobación de la ley.
Los juicios sumarisimos dividían a la izquierda.
El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada "Ley de Memoria Histórica" que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados "juicios sumarísimos" celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías.
Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto, que pasaría por anular estas sentencias judiciales.
Críticas del PP
El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".
De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
Las sentencias de Companys y Puig Antich podrán ser anuladas con la Ley de Memoria Histórica
El texto pactado entre PSOE e IU-ICV permite a las familias de los condenados acudir a los tribunales ordinarios para revisar las sentencias franquistas, según Joan Herrera
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ADN
El PSOE e IU-ICV han alcanzado este jueves un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. Según Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, el acuerdo puede permitir, por ejemplo, la anulación del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat catalana en tiempos de la República, Lluís Companys. El consejo de guerra contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, también podría quedar sin efecto, puesto que las familias de los reos podrán acudir a los tribunales ordinarios para que se revisen sus casos."Si la ley se aprueba tal como está pactada, España quedará equiparada a otros países europeos en lo que se refiere a la condena de los regímenes fascistas", asegura Herrera. Según el diputado, queda pendiente acordar el futuro del Valle de los Caídos, que IU-ICV quiere convertir en un museo por la paz, los archivos de la represión, las fosas comunes y los símbolos franquistas.Anulación de juiciosInicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo. Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios. La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Con este acuerdo, la ley ya obtendría la mayoría de votos del Congreso gracias a los apoyos del PSOE e IU.ERC no se sumaEsquerra Republicana no hace suyo el acuerdo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos, según fuentes de ERC. El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura". Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes". Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".El PNV quiere más cambiosEl portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ve bien el pacto alcanzado entre PSOE e IU-ICV sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica para declarar "injustas" las condenas políticas e "ilegítimos" los tribunales del franquismo que las dictaron, pero insiste en la necesidad de retocar otros puntos del proyecto de ley como los referidos a los símbolos de la dictadura, la devolución del patrimonio incautado a los partidos y el acceso a los archivos.
PSOE e IU desbloquean la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ABC
Con la sombra de la polémica, PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo que desbloquea la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto defnitivo incluye, entre otros puntos, declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron.
El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.
Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".
Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
Ilegitimidad de los tribunales
En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.
A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".
Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
Por las víctimas
El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".
Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".
En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".
IU y PSOE desbloquean la Ley de Memoria, que ilegitimará los juicios del franquismo
Jueves 19 de abril de 2007.laRepublica.es
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar que los juicios realizados durante el franquismo deben ser declarados ilegítimos.
El presidente del grupo parlamentario de IU-ICV y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, dan una rueda de prensa a las en estos momentos para hablar de la cuestión.
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados y reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Proponía además declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".
El acuerdo alcanzado eliminará la figura del tribunal de notables a cambio de una declaración de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. IU ha logrado que se eliminen algunas menciones que igualaban a ambos bandos, y la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.
Según Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, en declaraciones a laRepublica.es, y aunque aun no conoce todos los detalles y no puede realizar una declaración institucional de su asociación, cree con este acuerdo podrán revisarse todos los juicios políticos del franquismo.
Además, las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos será asumida como política de Estado, por lo que debería haber, de este modo, fondos para llevarlas a cabo.
El preámbulo de la nueva ley condenará expersamente el régimen de Franco, por deseo y a propuesta de IU.
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica19 de abril de 2007 .- Diario La Razón.- Efe - Madrid.- El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada «Ley de Memoria Histórica» que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias. Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados «juicios sumarísimos» celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías. Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto que será explicado a última hora de esta mañana en sendas ruedas de prensa por sus respectivos portavoces parlamentarios.
El PSOE debloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
19-04-2007 - Diariocrítico/Agencias
El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. ERC no se unió al acuerdo.
Inicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo.
Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.
La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Las minorías se han comprometido a estudiarla.
ERC no se suma al acuerdo
Esquerra Republicana, socia del Gobierno en el Congreso, ha sido informado del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, pero no lo hace suyo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos.
El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura".
Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes".
Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".
viernes, 13 de abril de 2007
Intervencion Ley acceso electronico de los ciudadanos a las administraciones publicas
La señora NAVARRO CASILLAS: Ante una realidad que evidencia el masivo uso de las nuevas tecnologías, la actualidad de la Administración hasta hoy no se corresponde con las posibilidades que precisamente estas nuevas tecnologías ofrecen. Esta ley aspira a consagrar el derecho a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Para que esta ley no quede en un mero derecho virtual o retórico ni genere un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una serie de enmiendas que pretenden lograr una Administración económica y que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia, tal como se establece en toda la legislación española a este respecto, incluso de acuerdo con una proposición no de ley aprobada en el Pleno que incorporaba enmiendas de nuestro grupo parlamentario y propuesta por el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción del software libre.
Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.
Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.
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