Isaura Navarro Intervenciones

Intervención de Isaura Navarro sobre el estatuto Balear

2007-11-03T04:46:00.000-07:00

http://video.google.com/videoplay?docid=628168267612639922&q=isaura&total=1343&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=5

Intervención de Isaura Navarro en defensa matrimonio homosexual

2007-11-03T04:44:00.000-07:00

http://es.youtube.com/watch?v=cFKCZ7WwgjA

Isaura Navarro denuncia la irresponsabilidad del gobierno respecto a la persecución de los inmigrantes

2007-10-31T08:35:00.000-07:00

Nuestro Grupo Parlamentario tiene serias dudas acerca de la necesidad y la conveniencia de reformar el art. 23.4 de la LOPJ para incluir un nuevo supuesto que permita la persecución extraterritorialidad del tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.

Nuestro Grupo quiere poner de manifiesto al menos su posición crítica respecto a un proyecto de ley que pretende aprobarse por la vía rápida.

Creemos que hay motivos suficientes como para cuestionar la oportunidad de la iniciativa del gobierno y el fondo del propio proyecto a pesar de su brevedad (un solo artículo). Hay argumentos políticos y reparos técnicos.

Por un lado, este proyecto de ley a nuestro juicio refleja el sometimiento del gobierno al modelo de política de inmigración basado en la represión de la inmigración irregular relegando los aspectos sociales y los derechos humanos a un segundo plano,
aunque en la exposición de motivos (al final, por la puerta de atrás) se pretenda relacionar la reforma con “el trato digno a los inmigrantes y la protección de los derechos humanos.

Parece que el Gobierno se resigna a jugar el papel de policía – gendarme de la puerta de Europa.

Y esto, aunque lo hayamos puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, no deja de preocuparnos viniendo de un gobierno progresista.

Por otro lado, entrando en el debate técnico, hemos de señalar:

1) El proyecto de ley trata de resolver por la vía legislativa una cuestión “sub iudice”, una cuestión que actualmente es objeto de varios recursos de casación ante el T. Supremo.

2) Los informes tanto del CGPJ como el de la Fiscalía General del Estado cuestionan la inclusión de un nuevo supuesto en el apartado 4 del art. 23 (principio de justicia universal), considerando que hubiera sido más ajustado incorporarlo en el apartado 3 del mismo artículo que confiere jurisdicción a los órganos jurisdiccionales españoles para juzgar delitos cometidos en el extranjero por afectar a intereses esenciales.

A nuestro juicio, este proyecto esconde una interpretación extensiva del Derecho Penal del Enemigo, aplicada a la inmigración irregular.

De forma coloquial parece que el Gobierno quiere “matar moscas a cañonazos” o en palabras como apunta el informe de la FGE “es discutible que tales problemas justifiquen una solución tal radical” o más técnicamente como recoge el citado informe “ la interceptación o salvamento de embarcaciones fura de las aguas jurisdiccionales españolas y la persecución de los traficantes de personas puede ser resuelta sin recurrir a una nueva ampliación del principio de jurisdicción universal”

Al final, de forma resumida, esta reforma corre el riesgo ( o a lo mejor esa es la intención) de aplicar a la simple inmigración irregular las reglas del tráfico ilegal de seres humanos y convertirla en un delito de persecución universal. Y esto es difícilmente aceptable.

Como en aguas internacionales impera la regla del Derecho Internacional Público de Libertad de Navegación, y como en aguas territoriales de otros países impera la regla de la propia soberanía, se trata de salvar tales obstáculos para así poder actuar de policía-gendarme global, y capturar las embarcaciones tanto en aguas internacionales como de soberanía de otros países.

Conviene no olvidar que actualmente y desde hace más de dos años, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, aviones y barcos militares, ya están violando reglas básicas del Derecho Internacional Público y actuando en aguas internacionales y de soberanía de terceros países para así interceptar capturar a los inmigrantes irregulares.

Si se le intercepta y captura no lejos de los límites de las aguas españolas se les traslada a territorio español, y si lo son en zonas lejanas se les traslada a los países que como Senegal, Marruecos y Mauritania con los que se ha firmado convenios.

Queremos recordar que tales prácticas suponen en numerosas ocasiones una vulneración de reglas elementales del Derecho Internacional Público, como por ejemplo, el artículo 13.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso el propio o el artículo 14-1 de la Declaración Universal en relación con el Asilo, ya que se impide el derecho a buscar asilo, imposibilitando poder solicitarlo.

De este modo, ha ocurrido que muchas personas se han visto impedidas de solicitar asilo al ser devueltos o bien a su país de origen o bien a terceros países como Marruecos o Mauritania donde a su vez se les retorna al país que arbitrariamente se les mande o simplemente se les abandona en zonas desérticas.

Por otra parte, y como la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles han resuelto que el simple transporte irregular de personas no es constitutivo de tráfico ilegal de personas sino a lo sumo de favorecimiento de la inmigración irregular, el Proyecto pretende asimilar el simple transporte irregular al delito de tráfico ilegal de seres humanos, que tiene su razón de ser exclusiva para casos como los de tráfico para la prostitución forzada, o el tráfico para la venta de personas o para la esclavitud.

El informe de la FGE habla de los riesgos y problemas que pueden generar “foros exorbitantes”, y en todo caso concluye que pueden estar justificados en supuestos de delitos de máxima gravedad pero no lo están en supuestos como el de inmigración clandestina, donde no tiene porque estar vinculada a una organización criminal.

Conviene recordar la Sentencia reciente del T. Supremo que recogiendo la doctrina del derecho internacional público condiciona la jurisdicción de un Estado sobre hechos extraterritoriales a una conexión de los hechos con el Estado que se trate para hacerlos compatible con los principios de no intervención y proporcionalidad (STS 645/2006 de 20 de Junio)

Además el proyecto parece olvidar la propia realidad de los cayucos en los que son identificados como patrones en un gran número de casos son inmigrantes que asumen esa responsabilidad a cambio de una reducción del coste del viaje concedida por el dueño de la embarcación

Del mismo modo no creemos que se pueda equiparar el esclavismo y la coacción que conforma al conjunto de delitos relativos al tráfico ilegal de seres humanos, con el complejo fenómeno de la inmigración irregular o “sin papeles” para así buscar una interesada coartada legitimadora del racismo institucional subyacente, apelando a la necesidad de proteger a las víctimas para proponer el castigo a las mismas.

El Proyecto de Ley está muy alejado de la sensibilidad humanitaria que trata de predicar y parece desconocer que la mayoría de los inmigrantes “sin papeles” y las corrientes migratorias irregulares, se articulan en vías voluntarias de salida de sus países, y ni son forzados a hacerlo, ni desconocen los riesgos que supone embarcarse en pateras o cayucos o embarcaciones vetustas.

Ciertamente la salida y el transporte o viaje en tales medios no en aviones o autobuses, constituyen modos irregulares de transporte-viaje, pero no es menos cierto que en su gran mayoría son los propios inmigrantes quienes construyen o compran sus embarcaciones, mediante aportaciones colectivas de diversa índole, y son los propios inmigrantes quienes con rudimentarios conocimientos de navegación, y el auxilio de los instrumentos de navegación tratan de alcanzar las costas europeas.

¿Que queremos decir con esto? Que es cierto que operan las mafias y que existen redes organizadas que organizan inmigración clandestina pero tampoco podemos caer en la trampa, y utilizar esta coartada para justificarnos ante la opinión pública por la adopción de medidas represivas o policiales, cuando todos sabemos que la realidad va mucho más allá y las soluciones requieren una verdadera sensibilidad humanitaria, sin maquillajes.

Lamentablemente de forma consciente o inconciente se esta contribuyendo a la intensificación de la seudo-cultura del miedo y a la confusión en partes importantes de la ciudadanía, mediante la infundiosa asimilación de delincuencia a inmigración irregular o “sin papeles”.

Nuestras enmiendas tratan de trasladar las objeciones técnicas que encontramos, fundamentalmente, en el Informe de la FGE. Tres enmiendas

La primera trata de buscar la conexión razonable que justifique la jurisdicción de nuestro Tribunales, y para ello, debe introducirse una redacción que incluya la necesidad de indicios racionales de que el tráfico ilegal tiene como destina España.

La segunda cuestiona que deba ser la Audiencia Nacional la que conozca de estos asuntos excepto cuando se acredite la participación de bandas organizadas o mafias, siendo necesario excepcionar la competencia de la Audiencia Nacional para abrir la posibilidad de que a través de la reforma oportuna de la LECRIM la competencia sea de los Juzgados de Instrucción más próximos al lugar de los hechos y de las fuentes de prueba, en aras a una mayor agilidad y eficacia en la instrucción.

La tercera es meramente técnica porque incorpora una disposición final de entrada en vigor que no había previsto el texto inicial del proyecto de Ley.

Finalmente nuestro Grupo Parlamentario ha aprovechado este proyecto de ley para introducir la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad para dar cumplimiento con una deuda histórica con el colectivo de nietos de españoles residentes en el exterior y responder al mismo tiempo a un compromiso gubernamental en la presente legislatura.

Isaura Navarro defiende la posición de IU sobre la LISI

2007-10-31T08:17:00.001-07:00

Creo que daremos un paso importante si se vota afirmativamente a la ley porque tendremos la oportunidad de poner las bases para futuros progresos
El proyecto de la LISI, enviado por el Ministerio de Industria al Congreso fue valorado desde el principio por parte de la comunidad internauta española como poco ambicioso políticamente.
El texto iba en la dirección de establecer la factura electrónica, propiciar cambios menores en las leyes de comercio y eliminar alguna traba burocrática para la actividad privada por vía telemática. Poco más.
Desgraciadamente, el proyecto de ley también llevaba en su articulado una reforma sobre el secuestro de publicaciones electrónicas y la restricción de servicios telemáticos. (En la anterior ley no quedaba claro cómo y quién tiene potestad para censurar servicios y contenidos en internet, dado que establece que será “la autoridad competente” sin que tuviera porqué ser ésta el poder judicial)
Este hecho ha generado durante los últimos cinco años gran incertidumbre en usuarios, empresas e incluso entidades públicas, y es una de las principales razones por las que la Sociedad de la Información no ha evolucionado a buen ritmo en nuestro país. Sin embargo, numerosas asociaciones, colectivos de internautas y profesionales de las Tecnologías de la Información y Comunicación realizaron una llamada de atención sobre la necesidad de abordar los temas necesarios para acometer dicho impulso de la Sociedad de la Información.Así, con las enmiendas de todos los grupos hemos conseguido mejorar sustancialmente la ley que votaremos a favor.Una de nuestras reivindicaciones ha sido y es que la libertad de expresión, de información, de cátedra, de opinión y de creación artística, científica y tecnológica, este tutelada por los juzgados y tribunales siempre que se realice por medios telemáticos. Esto es, que un secuestro o restricción deun servicio telemático sólo pueda ser realizado por un juez. La enmienda transaccional presentada por GPS ha ido en la dirección de establecer que en algunos casos, aquellas autoridades competentes que tengan legalmente atribuidas las funciones que expresamente se determinan puedan restringir los servicios y publicaciones telemáticas que contra ellas atenten. Respetando, en todo caso, las garantías, normas y procedimiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información cuando estos pudieran resultar afectados. Esto no es lo que Iu pedía, pero es un avance respecto a nuestras pretensiones que aspiran a que Internet se convierta en un derecho de los ciudadanos y no solo en un servicio más del que pueda diponer en función o no de la oferta comercial. Fue esta razón la que nos impulsó a incluir la petición de que la LISIestableciera garantías para que no sea posible la injerencia ni interferencia de los operadores en el tráfico de internet por razones ajenas a la propia voluntad del usuario (la llamada ‘neutralidad de red’ o net neutrality). Este, sin embargo, es un tema que no ha sido abordado por GPS a pesar de la gran importancia que tiene y del hecho de que no regularlo puede llegar a permitir que compañías tecnológicas tengan incluso más atribuciones que los jueces y las autoridades competentes al tener posibilidades técnicas para restringir servicios y contenidos por sus propios intereses comerciales o por acuerdos con terceros. Por ejemplo, las empresas podrían bloquear accesos a servicios situados en determinados paises, los servicios prestados sobredeterminados protocolos o con una temática concreta a través del mecanismo de penalizar determinado tráfico hasta el punto de que lo hagan inservible. El hecho de votar afirmativamente no quita para que se REIVINDIQUE con total claridad que para hacer que Internet sea un derecho ciudadano es imprescindible que se establezca la Net Neutrality por ley y que Internet es hoy dia el espacio público por excelencia por lo que el conocimiento de titularidad pública debe estar publicado concediendo libertad para ser usado, copiado, modificado y redistribuido, con o sin cambios, siempre que la obra derivada cite al autor y se licencie en los mismos términos. No logramos la net neutrality pero si que hemos avanzado sustancialmente en el llamado copyleft. Por otra parte, nuestra reivindicación de que el acceso a la banda ancha sea un servicio universal y constituya un derecho ciudadanos y no la prerrogativa de las compañías de telecomunicaciones en su estrategia comercial es fundamental para consolidar el objetivo político de Internet como un derecho y en este sentido es de celebrar que hayamos logrado establecer fechas concretas (dic 2008) y compromisos claros con que la banda ancha será una realidad como servicio universal, independientemente de la tecnología utilizada y la localización geográfica del ciudadano. Hay que tener en cuenta también que la normativa europea establece una serie de minimos y la ley General de Telecomunicaciones una serie de mecanismos para compensar el posible dolo que la obligatoriedad de atender este servicio universal de Banda Ancha puede producir a las compañías incumbentes. El otro gran objetivo político es que se transfiera el conocimiento y la tecnología de titularidad pública a la sociedad. Algo que, a pesar de ser obvio, ningún gobierno lo ha realizado hasta el momento. Es un principio básico de un Estado de Derecho el hecho de que los ciudadanos dispongan, en su máxima amplitud posible, de los bienes, servicios, derechos y espacios públicos y son las Administraciones públicas quienes tienen la función de gestionarlos, conservarlos y protegerlos para procurarlo y es por ello que son "titulares" de los derechos sobre ese "conjunto de lo público". En el caso de la propiedad intelectual, se trata de bienes y derechos no consuntivos (no se gasta con el uso y es replicable sin coste) y se da la circunstancia de que las entidades públicas son titulares de dichos derechos (de propiedad Intelectual) siendo en realidad la ciudadanía los verdaderos y legítimos dueños de la misma ya que cada ciudadano ha sufragado solidariamente la creación de dichos contenidos y de dicho conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Es por ello que el hecho de poner la propiedad intelectual de titularidad pública a disposición de la sociedad con total libertad para que sea aprovechada por cualquier ciudadano es un acto de completa justicia y la formula de copyleft es la más adecuada para distribuir el conocimiento público porque este conocimiento debe estar disponible para que los ciudadanos puedan usarlo con cualquier propósito , copiarlo, modificarlo y redistribuirlo, con o sin cambios, siempre que la obra derivada se licencie en los mismos términos y cite al autor original. Logrando así, además, proteger el conocimiento público de expolios y expropiaciones, a la vez que se reconocen los méritos delcreador de la misma. El hecho de que se autorice la modificación de conocimiento por parte de los ciudadanos no quiere decir que se pierda la atribución o firma de la entidad pública que elaboro el original. Cuando una entidad pública libera un contenido o dato, firma que ha sido elaborado por ella pero cuando alguien modifica esa información firma que es una transformación y que la información original proviene de esa determinada fuente (entidad pública).Tampoco es posible que se confunda información original e información modificada ya que el que la transforma está obligado a firmar la obra y citar el autor del original. El autor original autoriza la explotación de la obra en forma de transformación bajo unas condiciones (atribución y licenciamiento igual) por lo que para que otro pueda ejercer dicha transformación debe someterse a ellas o abstenerse de realizarla. Permitir la modificación sin licenciamiento igual supondría propiciar el expolio de ese espacio público. Sin embargo un autor podría incorporar a una obra propia partes copiadas o modificadas de obras públicas licenciadas bajo copyleft y sin embargo dicha obra compuesta es independiende y puede licenciarse en los términos que el autor estipule y comercializarlo como le plazca sin perjuicio de que esa partes públicas si pueden ser usadas por otros en otras obras en base a su propia licencia copyleft. Es evidente que en cada obra compuesta deben estar estipuladas las licencias del conjunto y de las partes. En este momento tanto el conocimiento del que las entidades públicas son titulares exclusivos de los derechos de propiedad intelectual como aquel que se encuentra en dominio público no es posible que sea reutilizado en condiciones propicias para su mejora y reaprovechamiento ya que en el primer caso ni siquiera se puede usar o copiar y en el segundo la obra es inalterable por ley. Evidentemente el hecho de distribuir el conocimiento de tutularidad pública como copyleft, sobre todo debido a que permite la modificación, fomenta extraordinariamente la creatividad e innovación al poner gran cantidad de material didactico, científico y tecnológico a disposición de pensadores, investigadores y, en general, de cualquier persona dado que todos somos capaces de procesar inteligentemente el conocimiento adquirido. Además es un excelente mecanismo de extensión de nuestra cultura puesto que gran cantidad de material estará disponible para ser usado directamente y para ser traducido a otros idiomas (recordemos que España es un estado plurilingüe). Sin embargo el hecho de que el conocimiento de titularidad pública se distribuya como copyleft no implica que todas las personas esten obligadas a licenciar su obra como copyleft ya que pueden seguir construyendo obras originales a través de sus propios medios o adquiriendo derechos exclusivos sobre obras privadas. Solo si deciden aprovecharse de una obra pública ya creada estan obligados a licenciar como copyleft pero pueden seguir optandopor no hacerlo. Hay que destacar que el proyecto de ley sobre la reutilización de lainformación del sector público está aún en trámite (Senado) y algunas de las propuestas han ido en el sentido de que la información puesta a disposición de los ciudadanos y empresas debería ser licenciada como copyleft porque esto genera total transparencia en el reaprovechamiento, un mercado libre y competitivo (sin concesiones en exclusiva) y porque recuperar para los ciudadanos un espacio público que les pertenece debería ser una linea politica fundamental de este gobierno progresista dado que, además, es una apuesta estratégica que logrará que nuestra cultura y conocimiento se expanda por todo el mundo creando nuevas oportunidades de negocio. Desde Iu hacemos una apuesta decidida por una sociedaddel conocimiento de todos y para todos en la que los ciudadanos sean protagonistas y no se los relegue a meros expectadores. De ahí la relevancia de incluir el derecho de los ciudadanos a modificar el conocimiento de titularidad pública siempre que luego los redistribuyan en las mismas condiciones que lo recibieron. Por último el hecho de que CENATIC, gracias a la incorporación de una enmienda de IU, vaya a servir de organismo canalizador de la transferencia tecnológica de las entidades públicas hacia la sociedad es un hecho significativo ya que aglutinará y coordinará las acciones que ya se están realizando en materia de Software Libre y de fuentes abiertas en la AGE y en prácticamente todas las CCAA

Los colectivos y asociaciones, capitaneados por Hispalinux, enviaron a todos los grupos parlamentarios 26 propuestas de mejora, algunas tan concretas como la eliminación del canon por copia privada a las Administraciones Públicas, o la posibilidad de que los ayuntamientos pongan redes WIFI que permitan al vecindario conectarse a internet.
IUICV recogió todas las propuestas y ha luchado por ellas junto a Hispalinux para conseguir que tuvieran reflejo en el texto legal que hoy aprobamos. Ha sido un largo camino de reuniones, llamadas y reivindicaciones que tiene un buen final con la aprobación hoy de esta ley gracias también al buen hacer de la portavoz socialista Lourdes Muñoz que se ha esforzado por conquistar el necesario consenso en esta ley.

Ley que ha sufrido cambios sustanciales incluso durante la tramitación, pues de cada transaccional hemos tenido que ir peleando junto a las asociaciones defensoras del software libre, presionando a un grupo socialista reticente aunque dialogante.
En este contexto de negociación hoy, por fin, después de haber hecho público un manifiesto de apoyo a nuestra enmienda en defensa de las TV de proximidad gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, se nos ha propuesto una transaccional que espero recoja el respaldo de todos los grupos parlamentarios y que significa precisamente una regulación imprescindible para asegurar la supervivencia de las TV de proximidad, la supervivencia de unos medios, cuya normalización jurídica ha venido siendo sistemáticamente postergada. Que se encuentra bajo el riesgo de desaparición consecuencia del inminente apagón analógico, con la consiguiente reducción de un pluralismo efectivo y la destrucción de un patrimonio cultural con más de 25 años de trayectoria.
Estamos hablando de medios comunitarios que ocupan una parte mínima del espacio público radioeléctrico y lo hacen para un uso social, cultural y educativo. Estamos hablando de hacer lo que se pregona.
Hasta ahora la mayoría de las Tv de proximidad son reconocidas, valoradas, pero se les desconoce legalmente. Si el espíritu de la TDT y del servicio público es profundizar sobre el pluralismo y dado que evidentemente los medios comunitarios son expresión de aquello, no es posible discutir sobre la TDT sin poner en la mesa la legalización de estos medios y la planificación de frecuencias específicas en el espectro radioeléctrico.

Es por ello fundamental que hoy se apruebe esta enmienda de IU, para que podamos seguir disfrutando de la labor encomiable que se realiza desde estas TV que sin ánimo de lucro y con el objetivo de realizar una función propia de un servicio público llevaban años funcionando sin ningún reconocimiento legal de su particular categoría.
En la tramitación parlamentaria también se ha incluido una enmienda transaccional que reduce nuestras reivindicaciones, pero que al menos hace referencia al fomento de la participación ciudadana en la sociedad de la información, disponiendo la obligación de establecer apoyo al desarrollo de servicios de la sociedad e la información sin finalidad lucrativa promovidos por entidades ciudadanas. Falta la referencia expresa a la reserva e espacio radioelectrico para este tipo de entidades, las radios libres.

IU muestra su "total discrepancia" con una iniciativa que está basada en la "represión" de la inmigración

2007-10-19T10:15:00.000-07:00

El Congreso de los Diputados aprobó hoy con el apoyo de todos los grupos del Congreso, a excepción de IU-ICV, que se abstuvo, una reforma del Código Penal con el fin de que se pueda castigar a los responsables de las mafias de la inmigración y a los patrones de embarcaciones ilegales, cuando éstas se intercepten fuera de las aguas territoriales españolas, incluso si el destino final del cayuco es otro país de la Unión Europea distinto a España.
Esta iniciativa equipara el tráfico de personas a delitos como el genocidio, el terrorismo, la piratería de aeronaves, la falsificación de moneda, el tráfico de drogas o la mutilación genital femenina. La reforma será introducida a través de una enmienda al proyecto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, de tal modo que se pueda perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, expuso que además de ser una medida que refuerza las fronteras, sirve para "proteger los derechos humanos de las víctimas de esta explotación del siglo XXI".
La iniciativa pretende dar jurisdicción a los tribunales españoles para la instrucción y enjuiciamiento cuando se produzcan detenciones en aguas internacionales de embarcaciones con inmigrantes irregulares.
"TOTAL DISCREPANCIA" DE IU-ICV
Por su parte, la diputada de IU-ICV Isaura Navarro mostró su "total discrepancia" con la medida por ser una iniciativa "radical" que está basada en la "represión" de la inmigración. Navarro añadió que es una "medida regresiva" en materia migratoria, que busca capturar las embarcaciones de inmigrantes irregulares y "matar moscas a cañonazos". "El Gobierno parece que se siente a gusto jugando de policía-gendarme en la puerta de Europa", sentenció Navarro.
Mientras, el diputado del Partido Popular Guillermo Mariscal criticó el proyecto porque, a su modo de ver, el Ejecutivo "es incapaz de dar respuesta" al fenómeno de la inmigración. Para el PP, existe una "relación directa entre la regularización masiva realizada por el Gobierno socialista y la llegada de cayucos".
"Si las costas no son protegidas, España seguirá siendo en coladero de Europa. Nuestras costas tienen que estar vigiladas", apuntó el diputado 'popular', quien además puso de manifiesto la necesidad de que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en esta materia "para construir un proyecto político de futuro".
Por su parte, Jordi Ramón (ERC) subrayó que este proyecto de ley porque "contribuye a perseguir la mafias y el tráfico ilegal de las personas", que ha producido que muchas personas "se dejen la vida" en el mar.
Mientras, el diputado del PSOE Pedro José Muñoz se defendió de estas críticas y apostó por la prevención de la salida de las pateras a través del control fronterizo y por las repatriación de los inmigrantes que lleguen a las costas españolas a sus países de origen.
http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071018160302&ch=00313

Congreso aprueba perseguir el tráfico de personas fuera de territorio español

2007-10-19T10:13:00.000-07:00

El Congreso de los Diputados ha aprobado para su envío al Senado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que permitirá que la Justicia española pueda perseguir el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas aún cuando el delito se cometa fuera del territorio nacional.Hasta ahora, los tribunales españoles no podían juzgar a los detenidos por tráfico de seres humanos en aguas internacionales si la finalidad del delito no era la explotación sexual; una limitación a la que se pondrá fin con esta reforma.El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha defendido ante el pleno el proyecto como una medida necesaria para aumentar la protección de los derechos humanos de las víctimas de esos delitos.En opinión de Fernández Bermejo, el aumento del número de embarcaciones de inmigrantes que llegan a nuestro país ha destapado una nueva forma de explotación, que ha definido como 'la esclavitud del siglo XXI', contra la que hay que luchar.El ministro, al igual que ha hecho después el diputado socialista Pedro Muñoz, ha agradecido el esfuerzo de todos los grupos que ha permitido aprobar la reforma con el máximo consenso.Con esta iniciativa, el tráfico de personas se equipara en su tipificación, según la legislación penal española, a delitos como genocidio, terrorismo, piratería, prostitución o corrupción de menores.En el proyecto de Ley Orgánica, aprobado con 293 votos a favor, ninguno en contra y la única abstención de IU, se han introducido algunas enmiendas, entre ellas, la que establece la entrada en vigor de la ley el día siguiente al de su publicación en el BOE.Sólo IU ha mostrado su discrepancia con la reforma a la que la diputada Isaura Navarro ha calificado como 'racismo institucional'.Según Navarro, el Gobierno ha asumido el discurso alarmista e interesado del PP al ampliar el principio de Justicia Universal al delito de tráfico ilegal de inmigrantes, sin que tales problemas -ha dicho- justifiquen una solución 'tan radical'.Pese a que el PP ha votado a favor del proyecto, el diputado Guillermo Mariscal ha aprovechado su intervención para criticar duramente la política de inmigración del Gobierno socialista.Ha culpado al Ejecutivo de llevar a cabo 'regularizaciones masivas' de inmigrantes que, a su juicio, son las peores señales que se pueden trasladar a las mafias, ya que interpretan que pueden llegar a su destino y que, además, se va a garantizar su regularización.El Grupo Popular entiende que hay una relación directa entre dicha regularización masiva y el aumento de la llegada de cayucos a las costas españolas.Por ello, ha invitado al PSOE a rectificar su política y a tomar decisiones responsables y sensatas con acuerdos con el PP como se hizo en el 2003 con la Ley de Extranjería.Tanto CiU como el PNV, ERC y CC mostraron durante el pleno su acuerdo con el proyecto que, a su juicio, va a favorecer la persecución de las mafias que trafican con personas y son responsables de que muchos inmigrantes pierdan la vida en el mar.
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/congreso_aprueba_perseguir_trafico_territorio_1939045.htm

El Ministro Solbes reconoce la deuda con el Pais Valenciano

2007-10-03T09:38:00.001-07:00

- DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CÓMO HA EQUILIBRADO EL GOBIERNO LA INVERSIÓN TERRITORIALIZADA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2008 EN EL PAÍS VALENCIANO EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS TERRITORIOS DEL ESTADO, SU POBLACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PIB NACIONAL? (Número de expediente 180/02069.)

El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Isaura Navarro.
Adelante, por favor.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
Señor vicepresidente, para facilitar el diálogo presupuestario, desde Izquierda Unida hemos exigido un nítido compromiso económico con el giro social y ambiental. Por su parte el reflejo que tienen sus presupuestos en el País Valenciano tienen nombre de cemento.

FIN
PLENO TURNO 5
03/10/2007

(Termina la señora Navarro)

Más desaladoras que garanticen seguir construyendo apartamentos en la costa, el trasvase Xúquer-Vinalopó, más carreteras pero con peaje en la sombra y, por supuesto, cuando hablamos de ferrocarril todo va dirigido al tren de élite, depredador del medio ambiente, cuya marca comercial es AVE y que usa una minoría, con respecto al tren convencional, que queda absolutamente abandonado, el tren del día a día. Su Gobierno socialista ha caído en la trampa del Partido Popular. Ustedes están cumpliendo los objetivos políticos del Partido Popular, precisamente sus adversarios políticos. Son unos presupuestos de cemento para un territorio que lo que necesita es salir de la demagogia del Partido Popular y obtener unos presupuestos desde aquí, desde una mayoría progresista, que miren hacia allá con un giro social y medioambiental. Eso es lo que desde Izquierda Unida reivindicamos. Así, antes de adjudicar desaladoras podrían plantearse hacia dónde va esa agua. Por ejemplo, la desaladora de Oropesa es para que Marina d'Or siga creciendo. No sé si usted ha visto el anuncio, pero va para allá el agua de la desaladora.
Mientras tanto, lo que nosotros reivindicamos es que se invierta más en el cuidado de nuestros ríos, en el Xúquer, en el Segura, donde no paran de aparecer peces muertos. Es muy irónico que ustedes recojan las demandas del Partido Popular y que mientras tanto a lo que ellos se dediquen sea a buscar cómo protestar sus presupuestos. Hasta que allí se aclaren, le pregunto si el Gobierno piensa publicar las balanzas fiscales entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas de régimen común que clarifiquen la discriminación histórica que venimos padeciendo. Los datos con los que contamos dicen que la inversión realizada entre los años 1997 y 2003 demuestra que la media adscrita al País Valenciano solo alcanza el 5,15 por ciento del total, una cifra muy lejana a la población y al PIB del País Valenciano.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.
Señor vicepresidente, su turno.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Gracias, señor presidente.
Señoría, hemos discutido muchas veces de las balanzas fiscales y sabe S.S. en qué estado se encuentra la cuestión. En cuanto a las inversiones en la Comunidad Valenciana, es cierto que durante el período de 1997 a 2004 solo en un año, en el año 2003, se llegó a una inversión del 8 por ciento y que los restantes años ha estado entre el 4,60 y el seis y pico por ciento; sin embargo, no es menos cierto que en los presupuestos de 2005, 2006 y 2007 ha habido cifras que superan el 8 y se aproximan al 9 por ciento y que en el anteproyecto del año 2008 se supera el 9,50 por ciento.
A partir de ahí, haré un comentario más general sobre los temas que S.S. ha planteado. Los Presupuestos Generales del Estado se basan, lógicamente, en las inversiones que el Estado debe realizar y lo que hemos hecho ha sido respetar los estatutos y, de acuerdo con los criterios de cohesión y de rentabilidad social, decidir aquellas inversiones que nos parecen más coherentes. Las inversiones en Valencia aumentan de forma significativa; aumentan en cemento -usted lo ha dicho, es verdad, pero son las obras que están en marcha y que también son necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana-, pero aumentan también en agua, así como en otro tipo de temas medioambientales y, sin duda alguna, para aquellos proyectos que puedan ser necesarios estamos dispuestos a aportar los recursos que puedan hacer frente a esa situación. Lo que no se puede hacer, evidentemente, es dejar de poner en marcha una serie de infraestructuras necesarias para el futuro desarrollo económico de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: Yo le invito a compensar esa deuda histórica que reconoce invirtiendo más en estos presupuestos: pero no invirtiendo en cemento sino apostando por una distribución más ordenada de los recursos. Apueste por el giro social y medioambiental.

El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor vicepresidente.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias.
Señoría, eso es lo que hemos hecho. Este año llegamos a una cifra del 9,6 por ciento, prácticamente igual o muy aproximada a la participación en el PIB nacional, y ese es el esfuerzo que queremos realizar.
Gracias. (Aplausos.)

Isaura Navarro pide a la Generalitat que se cumpla la legalidad en la protección del patrimonio ante el "vaciado" de conventos

2007-09-18T11:41:00.000-07:00

La diputada del grupo parlamentario de IU-ICV en el Congreso Isaura Navarro ha presentado una proposición no de ley en la que pide a la Generalitat que cumpla con la legalidad vigente en el ámbito de sus competencias sobre protección del patrimonio histórico-artístico eclesiástico y ejerza "sus obligaciones" recogidas en este sentido en el Estatuto de autonomía.
La parlamentaria apuntó que en la Comunitat se han "vaciado" y se encuentran en proceso de venta varios conventos, de los que ha "desaparecido" su patrimonio. En este sentido, citó los casos del convento Santa Clara de Xàtiva (Valencia), San Josep en Valencia, y las Agustinas de Bocairent (Valencia), lo que, a su juicio, "denota la urgencia de dotar de mayor efectividad y desarrollo normativo" al artículo 28 de la Ley de Patrimonio Histórico-Artístico (LPHA). La diputada de IU-ICV insta en el texto al Gobierno de España para que, en el ámbito de sus competencias, "haga efectiva" la previsión de este artículo de la ley y declare "la nulidad de los actos de disposición y el reintegro obligado de los bienes a su lugar de origen".
La parlamentaria recuerda que el 3 de enero de 1979 se firmó el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, ratificado el 4 de diciembre del mismo año y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 15 de diciembre.
Según expone, el "pronunciamiento principal del mismo" es el que reconoce que "el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte importantísima del acervo cultural de la nación, por lo que la puesta de tal patrimonio al servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y Estado". En este sentido, los artículos XV y XVI del Acuerdo están dedicados de "modo expreso" al Patrimonio Histórico-Artístico eclesiástico.
El artículo XV "de modo rotundo y solemne" proclama que "la Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas en el marco del artículo 46 de la Constitución.
La diputada afirma que el documento reconoce la aplicabilidad expresa de la LPHA. Por esta razón, según asegura, el texto dispone que preferentemente se exhibirán bienes en su emplazamiento original o natural, y "cuando no fuera posible o aconsejable" se procurará su agrupación en edificio eclesiásticos, formando colecciones o museos en los que se garantice su conservación, seguridad, contemplación y estudio.
Para Navarro, en los últimos años se ha comprobado que tras el cierre de algunos establecimientos religiosos muchos de los bienes que se encontraban en los mismos, o han sido trasladaDos o bien han desaparecido, "en muchas ocasiones al mercado de antigüedades", apunta.
En la "gran mayoría de ocasiones" tales bienes muebles estarían afectados por las normas que los vinculan al inmueble, y forman parte del patrimonio histórico y cultural español, tal y como se regula en la LPHE. Además, señala "que muchos de tales bienes fueron donados o sufragados por ayuntamientos, o vecinos de la localidad en donde estaban ubicados".

ISAURA NAVARRO PREGUNTA AL GOBIERNO SI TIENE PREVISTO ILEGALIZAR O ACTUAR CONTRA PARTIDOS NEONAZIS

2007-09-15T13:04:00.000-07:00

http://isauranavarro.blogspot.com/2007/09/isaura-navarro-pregunta-al-gobierno-si.html

Software libre y cooperación. Jornadas de Verano

2007-09-15T13:03:00.000-07:00

http://ramonramon.org/blog/category/isaura-navarro/

Isaura Navarro interviene en el debate sobre la reforma de las pensiones cuestionando la política social del gobierno

2007-09-13T10:28:00.000-07:00

Intervención completa:

El Grupo Parlamentario de IU-ICV hubiera apostado claramente por una reforma socialmente más ambiciosa y justa.
Es más, no compartimos ni el fondo ni la forma.

En primer lugar, somos conscientes de que era posible una reforma socialmente más ambiciosa y justa. Aún lo es, y vaya, con las afirmaciones que realiza el presidente el gobierno sobre la economia española, alguien puede dudar que era posible avanzar más?
Volvemos a lo de siempre, cifras macroeconomicas que se olvidan de la gente, de la economia familiar e individual de la mayoria.
Lo cierto es que sin exageraciones preelectorales ni dramatismos pperos el crecimiento económico sostenido en los últimos trece años hubiera justificado un salto cualitativo para abordar el importante diferencial que en materia de gasto social, y en especial en el capítulo de las pensiones, existe con respecto a nuestros países vecinos.

Nuestro país continúa gastando en promedio más de 1.000 euros por habitante y año menos que la UE-15, y más de 800 euros de diferencia si la comparación la efectuamos con la UE-25.

Los cambios demográficos, los compromisos de separación de fuentes de financiación y el crecimiento económico que reitera una y otra vez el gobierno permiten favorecer un mayor compromiso con nuestra política de pensiones.

SIN AVENTURISMOS Y SIN DESCUIDAR LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA, hoy es racional pensar que lo prioritario es invertir en lo social, abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social, ante la obsesiva política de superávit financiero en las cuentas públicas.

Quizas la disyuntiva se encuentra siempre en si garantizamos derechos por ley o hacemos regalos del gobierno cada periodo electoral en muchos casoa ante exigencias de nuestro grupo parlamentario en plena negociación presupuestaria.
Reformas que por supuesto suponen un elevado coste que no queremos minusvalorar,
Pero cuya envergadura queda siempre necesariamente minimizada ante otras reformas de profundo calado económico, como ha sido la Reforma Fiscal efectuada que significa una restricción potencial para las políticas públicas.

Hoy, el nivel económico medio de nuestras pensiones sigue siendo bajo y se está generando una brecha social de empobrecimiento agudo en un importante número de hogares con una pensión como única renta, especialmente si consideramos los parámetros de nuestros vecinos comunitarios y la evolución de la inflación, unido a un déficit en gasto social excesivo con respecto a la media europea.

Conformarse con hacer más que el PP (el partido de los congelados) no es dar verdadero cumplimiento al compromiso histórico de abordar su déficit social y esta legislatura era óptima para haber planteado un cambio de lógica, desde una visión progresista y de izquierdas, en la necesidad de evitar una ruptura social y económica entre las rentas más beneficiadas del crecimiento económico y los sectores socialmente más desfavorecidos.

Es cierto, ya se ha dicho, que el proyecto de Ley contiene un conjunto de medidas que mejoran parcialmente el acceso de los beneficiarios a mejores prestaciones, como es el caso de la ampliación del derecho a la pensión de viudedad, mejoras en la pensión de orfandad, en incapacidad temporal o tímidos avances en lo que respecta a la jubilación anticipada.

Pero también existen elementos francamente regresivos que en ningún modo pueden ser compartidos por nuestro Grupo.

Desde nuestro punto de vista, el proyecto de Ley gravita en exceso alrededor del tan manido concepto de la contributividad. Y lo hace con una visión excesivamente cerrada en la idea de favorecer las trayectorias profesionales de los empleos más estables pero sin tener en cuenta los insostenibles niveles de temporalidad y subempleo que marcan la realidad de nuestro mercado laboral.

Por tanto, se observa una visión parcial de la contributividad orientada solamente hacia los sectores laborales de cotización más estable, pero sin tener en consideración la realidad actual de precariedad e inestabilidad y tampoco el importante protagonismo que la economía sumergida tiene tradicionalmente en nuestro país.

Nuestro Grupo ha propuesto la creación de una Pensión Mixta para aquellos trabajadores que han cotizado entre 365 días y quince años, creando una compensación gradual, en función de la cotización realizada y que no alcanza el tope mínimo, que complementaría a la Pensión no Contributiva.

Esta diferencia iría a cargo de los gastos de los presupuestos de la Seguridad Social, ya que es un derecho que se adquiere a través de un determinado periodo cotizado.

Esta medida favorecería de forma particular a las mujeres, hoy mayores de 65 años, que tienen periodos cotizados e inutilizados y que se vieron obligadas a perder su continuidad en el trabajo fruto de las escasas medidas de protección que favorecieran una presencia laboral estable y compatible con la vida familiar.

Y de forma especial, a trabajadoras subempleadas que han trabajado durante casi toda la vida pero han sido objeto de ausencia de cotizaciones, en sectores donde la economía sumergida y el concepto clásico de mano de obra barata, todavía, aunque en menor medida, es una realidad, como es el caso del sector conservero, servicios domésticos, etc.

La decidida apuesta, del Proyecto de Ley, por estimular la prolongación de la vida laboral hasta los 70 años entraña, en opinión de nuestro Grupo, una contradicción severa con la realidad de lo que ocurre en nuestro mercado laboral. De una parte, se favorecen, auspician y permiten acuerdos de prejubilación a partir de los 50 o 52 años.

Carece de toda lógica estimular la prolongación de la vida laboral para los mayores de 65 años y ampliar la edad de jubilación anticipada a los 61 años,
cuando millones de jóvenes buscan su primer empleo o están en condiciones de subempleo, como los llamados mileuristas.

Otro aspecto polémico del proyecto de Ley es la limitación futura que se pretende en la pensión de viudedad reconvirtiéndola en una renta de sustitución, eliminado su carácter universal y subjetivo. Este debe ser un debate de importancia no ajeno a la realidad social de nuestro país.

En este sentido, siendo positivo el reconocimiento de la pensión de viudedad para las parejas de hecho, no se produce una homologación entre matrimonio y pareja de hecho. Existen importantes discriminaciones tales como la constatación de la convivencia estable y notoria durante un periodo amplio, o la exigencia de que el nivel de dependencia de los ingresos represente el 50% si existen hijos o el 75% en ausencia de ellos.

Navarro recordó que en cuanto al retraso de la entrada en vigor de la posibilidad de jubilación parcial de los funcionarios, la enmienda transaccional pactada previamente en exclusiva por PSOE y CiU, y luego propuesta al resto, “no es más que una burla" respecto a lo acordado en el reciente Estatuto del Empleado Público, donde existe el reconocimiento expreso de que estos funcionarios puedan acceder a la jubilación parcial.

ASPECTOS POSITIVOS

Estimamos como muy positivo que se haya admitido parcialmente nuestra enmienda sobre el reconocimiento del período del servicio militar o prestación social obligatoria como tiempo efectivo a efectos de cotización, aunque se haga de manera parcial, sólo un año y cuando éste sea imprescindible.
Avanzar en este sentido es una cuestión de justicia histórica. Siendo este, además, un compromiso adquirido por la totalidad de Grupos Parlamentarios en la Comisión de Defensa del pasado 28 de febrero de 2006, es decir, en esta misma legislatura.

Igualmente destacamos la enmienda transaccional de IU acordada sobre los becarios de investigación, que obliga al gobierno a dilucidar como incluir en el régimen de seguridad social a los becarios de investigación, que tras años de reivindicaciones el gobierno aprobó un estatuto que ha significado la incorporación de unos pocos a la seguridad social. La enmienda de IU pretendía alcanzar la plena incorporación de los becarios al régimen de seguridad social. El compromiso de estudio para lograrlo es un avance, tras el estancamiento que supuso la aprobación del estatuto del Personal Investigador RD q dejó a la mayoría fuera de su aplicación.
Entre las enmiendas de IU-ICV que fueron incorporadas tras ser transaccionadas con otros grupos celebramos que se haya logrado que esta reforma no perjudique a los trabajadores de la minería retrasando su edad de jubilación.

Tambien es positivo que se haya aprobado que el Gobierno presente un informe “sobre las medidas a implementar en orden a dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la Cámara en relación con la reducción de la edad de acceso a la pensión de jubilación por parte del colectivo de los bomberos”.
También se incluye una disposición adicional vigésima primera para la protección social de los sacerdotes y religiosos/as de la Iglesia Católica secularizados.
sin ningún tipo de aventurismos y sin descuidar la sostenibilidad financiera del sistema, desde IU-ICv entendemos que se puede ser mucho más ambicioso en esta reforma.

Aún quedan muchos colectivos a los que no va a alcanzar esta reforma y pensamos que lo prioritario para un Gobierno de izquierdas sigue siendo invertir en lo social y favorecer una mayor cohesión social.

Nuestro grupo parlamentario opta por la abstención en la votación de este proyecto de ley, dada la falta de ambición demostrada por el PSOE para dar pasos más concretos para abordar un mayor compromiso social y favorecer una mayor cohesión social.

La Seguridad Social es el principal instrumento de solidaridad interpersonal e interterritorial que tenemos los ciudadanos de este país.

Intervención completa Isaura Navarro incendios Castellón y Canarias

2007-09-04T08:54:00.000-07:00

Señor Presidente, Señorías
Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, hayan descansado para enfrentarnos a esta recta final de legislatura.

Quiero expresar el profundo sentimiento de solidaridad de mi Grupo Parlamentario hacia los damnificados por los dramáticos incendios que se han producido este verano en Canarias y en la Comunidad Valenciana, y sin olvidar los acaecidos en las Comunidades de Aragón y Castilla y León.

Los municipios de Les Useres, Costur, Atzaneta, LLucena, Figueroles, y L´Alcora de la comarca de L’Alcalatén afectados por el incendio declarado el 28 de agosto en Castellón hoy por hoy solo tienen el compromiso de que el Gobierno no defraudará las expectativas generadas por el compromiso de la ministra de Medio Ambiente, que ha garantizado las mismas ayudas contempladas en el real decreto ley del 3 de agosto que hoy vamos a convalidar, y que mi Grupo Parlamentario va a respaldar con sus votos. Han sido más de 5.500 las hectáreas quemadas por el fuego en esta zona ( y digo más, porque asi lo ha enunciado ecologistas en accion, despues del baile de cifras ridículo del gobierno valenciano en manos del PP que las cambió al anunciar el goberino las ayudas),

una zona que ya había sido reforestada tras el incendio de 1994.

Asimismo, este verano los incendios de Tenerife, La Gomera y Gran Canaria han sido nuestro Peloponeso particular en lo que ha supuesto la mayor crisis incendiaria en la historia de Canarias.

Se ha cumplido la llamada “Regla del 30”: más de 30 grados de temperatura, vientos de más de 30 km por hora y menos de 30% de humedad activan todos los frentes. El desastre ecológico ha destruido una cuarta parte de la masa forestal tinerfeña, la evacuación de miles de personas y unas 35.000 hectáreas calcinadas.

Cabe felicitar a los brigadistas forestales, bomberos, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja que han trabajado día y noche, así como a los efectivos de la nueva Unidad Militar de Emergencias que se ha estrenado en Tenerife y Castellón, así como a los vecinos que se han sumado a las labores de extinción con la ayuda de aviones y helicópteros.

Lo más urgente es aliviar los efectos devastadores de estos incendios, las ayudas de emergencia a los damnificados –familias, producciones agropecuarias, empresas y corporaciones- para que puedan reconstruir su hacienda, y a medio plazo las inversiones necesarias para evitar la erosión del terreno, recuperar el suelo forestal, la fauna silvestre y las infraestructuras de restauración ambiental, agraria y paisajística.

Pero de nuevo nos enfrentamos a un RD de medidas urgentes, sin legislación concreta aplicable directamente. Debemos crear un marco legislativo de aplicación a un supuesto de hechos que desgraciadamente se produce año tras año, los incendios devastadores.

Esto es, las visitas “in situ” de los miembros del gobierno y las promesas económicas no bastan para paliar la catástrofe medioambiental.

Tendremos que reflexionar sobre la eficacia de los instrumentos de coordinación y la celeridad en la puesta en marcha de los recursos materiales y humanos de intervención rápida, tanto a escala de una comunidad autónoma como del conjunto del Estado y a nivel europeo.

Sería muy instructivo al respecto estudiar la experiencia de países muy experimentados en la prevención de incendios, como es el caso de Francia o Canadá, donde funciona una densa red de vigilancia de los bosques.

Se ha dicho que los incendios se apagan en invierno y es cierto. La prevención pasa también por los trabajos de acondicionamiento, reforestación, cortafuegos y cuidado de los bosques y demás zonas rurales. Esperamos que la nueva ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural incentive el papel de los agricultores y ganaderos como agentes de protección del paisaje y del bosque, siguiendo la doctrina de la Unión Europea en esta nueva dimensión de la Política Agrícola Común. También sería conveniente generalizar la figura del agente de extensión forestal y rural, para que se encargue de las quemas controladas “in situ”.

El verano pasado, el Ministerio del interior lanzó una campaña pedagógica con el lema de “El fuego lo apagamos todos”. Sería conveniente que no quede en un anuncio y poco más, sino que la labor educativa sea una tarea permanente desde la educación primaria hasta la educación superior y alcance al conjunto de la ciudadanía.

Para nadie es un secreto que las competencias sobre este tema están transferidas a las comunidades autónomas. Y esto significa lo que significa. Les recomiendo la lectura del último informe de Comisiones Obreras, en el que se detallan las carencias existentes en materia de prevención por parta de diferentes comunidades autónomas.

Respetando las competencias transferidas en la lucha contra los incendios forestales, para que estos planes sean eficaces, es fundamental que, en el marco del Plan Nacional contra Incendios y en la estrategia de Protección Civil y de protección del Medio Ambiente, se estreche la colaboración, el entendimiento y la coordinación entre los Ministerios y las Administraciones autonómicas, en estos últimos casos con el Gobierno Canario y la Generalitat Valenciana, gobierne quien gobierne, evitando la utilización partidista de cualquier signo político, como la que se produjo hace dos años con el incendio de Guadalajara.

Han sido un conjunto de circunstancias adversas e imprevisibles las causantes de estos incendios. Por eso mi Grupo no caerá en los tópicos del Sr. Zaplana, cuando en el debate del 17 de agosto de 2006 sobre el incendio de Guadalajara y refiriéndose a otros incendios en Galicia y en Andalucía, afirmó que “la combinación entre gobiernos autonómicos socialistas y el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero resulta letal para los montes”. En este caso son Gobiernos autonómicos bajo la responsabilidad total o parcial del PP, y no se nos ocurriría decir que su combinación es letal para los montes.

Por si una catástrofe natural no fuera suficientemente triste, lo es infinitamente más cuando de natural no tiene nada, cuando la negligencia o la intencionalidad humana está de por medio. Afortunadamente, esta vez las fuerzas de seguridad han detectado a los presuntos responsables de ambos incendios.
En el caso de Tenerife, por un trabajador despechado, que no un agente forestal, como se ha querido desinformar al público.

Y, en el incendio de Castellón, por la negligencia de una empresa subcontratada en unos trabajos en la red eléctrica.

Cabe preguntar ¿Qué hacían los operarios de una compañía eléctrica trabajando con una sierra radial y un soplete a 40 grados y con rachas de viento de poniente de 60 kilómetros por hora? ¿Hubo, como algunos han apuntado, confusión y descontrol en las horas cruciales, esas de las que dependía todo?
¿Pudo prevenirse el desastre con medidas para limpiar el monte y eliminar la acumulación de maleza?
¿Hay alguna lección a asumir sobre la coordinación de los medios de la Generalitat y del Gobierno?

Algunos países han iniciado un debate para la revisión de la legislación vigente para una persecución más eficaz de los pirómanos e incluso se propone, en determinados casos, la calificación de este delito como terrorismo ecológico, por los estragos y el sufrimiento que causa a las personas y a los bienes públicos y privados. Si bien es cierto que las penas previstas pueden ascender hasta los 20 años de cárcel, si se reúnen las pruebas suficientes, habría que revisar los medios asignados a la investigación y al Poder Judicial encargado de dictar sanciones económicas y penales, sobre todo si las estadísticas que han sido publicadas confirman que tan solo el 5% de los pirómanos son finalmente sancionados por los tribunales.

Los pavorosos incendios registrados en el Peloponeso han vuelto a mostrar la evidencia: Que el fuego no entiende de fronteras y ha de ser combatido solidariamente por los Estados miembros de la Unión Europea. Y este verano no sólo las autoridades griegas, sino también la Unión Europea, han caído en descrédito por su incapacidad para hacer frente a la tragedia. El mecanismo europeo no ha funcionado, porque adolece de las mismas carencias que la Agencia FRONTEX para la interceptación de pateras: Los medios son ridículos y las aportaciones de los Estados miembros llegan mal, tarde o nunca. Los países mediterráneos, y muy especialmente España, deberían impulsar una nueva política europea de prevención y de acción rápida de intervención en las primeras 24 horas, para sofocar los incendios de cierta magnitud, cuando lo solicite el Gobierno del país afectado.

En resumen, Señorías, Vamos a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto, pero también reclamamos del Gobierno liderazgo en el perfeccionamiento de los instrumentos legales, materiales, judiciales e internacionales en la prevención y lucha contra los incendios forestales.
Trabajemos codo con codo para que el próximo verano no huela a chamusquina.

Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la Guardia civil

2007-06-28T07:48:00.000-07:00

LEY ORGÁNICA DE DERECHOS Y DEBERES GUARDIA CIVIL

Señorías, estamos ante un proyecto de ley,
ante una regulación fundamental para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar,
muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida,
la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas,
con absoluto respeto a la Constitución y al resto OJ.

Desde IU hemos querido aprovechar su tramitación para mejorar su contenido
con el objetivo de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.

Hemos querido empujar para conquistar algo que quiere la mayoría de la guardia civil, la ciudadanía plena,

Escuchar a sus gentes como debe hacer la representación de la soberanía, no a los altos mandos, no a unos pocos q quieren seguir mandando sobre la mayoria,

Asi podemos celebrar q por fin, después de 30 años de las primeras elecc legislativas q celebramos recientemente,
la constitución entre en los cuarteles de la guardia civil. Entra de lado, pues el sindicalismo como tal se quedó en la puerta, pero entra.

Nuestras enmiendas han pretendido trasladar sus reivindicaciones, sus demandas históricas y las recientes, sus necesidades,

Y del conjunto de la ley nos podemos sentir satisfechos, no es todo lo que queríamos, no es la clara desmilitarización y el pleno reconocimiento del sindicalismo, que es lo que nosotros pedimos y reivindicamos, pero del texto que propuso el gobierno al que hoy remitimos al senado ha habido una mejora sustancial.

Gracias a los ponentes del grupo socialista por escuchar nuestras peticiones con atención y disponibilidad.
Les invitamos a seguir trabajando en esta línea de dialogo para lo que queda de tramitación y asi seguir introduciendo mejoras en el texto.

Como sabemos, esta ley no parte de la nada, en este congreso hemos trabajado con iniciativas, comparecencias,
Viene de un largo debate y muchas promesas incumplidas, la AUGC tiene el listado de ellas.

Ningun sentido tenia mantener una legislación que trataba a la gc como un apéndice de las Fuerzas Armadas,
Y no como lo que es en su día a día, como el trabajo que desarrollan sus miembros en la cotidianeidad:
un Cuerpo de Seguridad del Estado,
en el que se debe potenciar la democracia interna,
los mecanismos de participación de sus miembros
y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.

Todo ello dejando atrás la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos que solo se sustentan en la pura nostalgia.

Dicho lo anterior, no quiero dejar de señalar que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.

Es más IU quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles,
entre ellos el del asociacionismo profesional.
Derechos que hoy por fin garantizamos.

Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación de la institución
y por la conquista de derechos que van a ser ley
todo ello partiendo de su negación absoluta.
Personas que hoy pueden sentirse aun más satisfechas por los cambios que ha sufrido el texto legal en su tramitación parlamentaria.

Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos, que en definitiva es la conquista de todos los que nos sentimos demócratas.

Por ello es inaceptable e incoherente que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Le pedimos al Gobierno los paralice, que acabe con esa persecución y acoso a los guardias civiles que se han significado con el asociacionismo y con la constitución.
Que se libere de las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido. Pura nostalgia.

Por nuestra parte, nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles,
en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)

Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.

Por eso para IU-ICV esta ley es un punto de partida,
es una puerta para hacer posible el ejercicio pleno de derechos constitucionales de asociación, reunión, manifestación sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España.
es un pilar para la conquista de la democracia en la gc, porque aunq no se ha conquistado el sindicalismo, estas asociaciones se pueden constituir para la defensa y promoción de sus derechos e intereses profesionales, económicos y sociales gracias a la enmienda de IU.

Faltaran medios para ejercer este derecho que han sido negados, como locales en los cuarteles,
pero no faltaran ganas.

-enmienda 91.- Se refiere al artículo 39. En el párrafo segundo del texto transaccional se insiste en que la relación con organizaciones internacionales lo será con las de su mismo carácter. NO ES ADMISIBLE, DEBEN SER DE ANÁLOGO CARÁCTER. De otra manera se condena a las asociaciones profesionales de guardias civiles a quedar al margen de las organizaciones europeas o internacionales de policías.-

Se ha mejorado el derecho de reunión en las dependencias de la institución,
Si bien se dispone expresamente la negación de derechos al mismo tiempo: prohibido
“reunión o manifestación de carácter político o sindical” ¿q es político? Una reunión sobre mejora de condiciones de trabajo sería ilegal? Reconozcamos señorías q es bastante absurdo.

Negación de derecho junto al art. 11 q niega el derecho de sindicación. Desde IU consideramos que las leyes que regulan y reconocen derechos no son compatibles con este tipo de preceptos de negación de derechos.

Nace la obligación de informar con antelación del cuadrante horario y la compensación por alteración de la jornada
Se mejoran los mecanismos para trasladar quejas,
Se recogen derecho de conocimiento y prevención de riesgos,
Se impide la discriminación por orientación sexual, a celebrar hoy dia del orgullo.

como digo faltan medios para el ejercicio de todos estos derechos, pero el desarrollo de esta ley puede ser un medio para ello.
IU estará del lado de esas reivindicaciones.

con respecto al consejo asesor, se ha mejorado sustancialmente gracias a nuestras enmiendas y las de otros grupos…
gracias a una enmienda de IU: presidencia ministerio de interior
las funciones y derechos han sufrido un cambio radical, que lo convierten en un verdadero órgano de representación, con garantías de exigencia de participar con carácter previo en las decisiones que afecten a las materias que explícitamente se enumeran.

Así se han ampliado las competencias del Consejo de la GC a cuestiones económicas, sociales y profesionales, admitiendo una enmienda de IU.
Era importante y necesario ampliar a los ámbitos económicos y sociales, que son los ámbitos de trabajo y actuación de las asociaciones de GC. Además así lo reconoció el TC en sentencia de 2001, refiriéndose al ámbito de actuación de las asociaciones militares.

Un órgano por tanto que recuerda a los que se dan en el ámbito de la función pública en sus relaciones con los sindicatos y que se aleja del fallido Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad. Recordemos que en las últimas elecciones votó el 1,63% de la plantilla.

Precisamente por ello satisfacción al haberse aceptado nuestra enmienda que adelanta las elecciones de este nuevo órgano a 9 meses, con el objetivo de que esta representatividad de los derechos e intereses de la gc esté en funcionamiento lo antes posible.

Asimismo nos parece que en consecuencia el consejo asesor debería dejar de existir y por tanto eliminar cualquier referencia al mismo de las dos leyes.

Y por tanto se debería eliminar que la función de informar sobre los expedientes disciplinarios por falta muy grave que tiene atribuida el Consejo Superior de la GC pase al Consejo de la GC que se diseña en esta Ley. Una enmienda de IU q no fue aceptada.

Lo normal es que esta competencia esté en el máximo órgano consultivo de la GC que es el Consejo de la GC presidido por el Ministro de Interior y no por un órgano residual, que se mantiene por mimetismo con las FFAA.

señorías, este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.

Este proyecto de ley que avanza en su tramitación significa abrir las puertas de la gc al debate, a la crítica

y con estos instrumentos a su mejor funcionamiento
y el respeto a todos y cada uno de sus miembros.

esta ley apuesta por el reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual,
También por la mejora de la prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.

Y eso, señorías, nos interesa a todos.

Por una guardia civil que avanza hacia la desmilitarización
Por una guardia civil civil,
por una guardia civil más digna,
que avanza en derechos.

Intervencion Isaura Navarro. Pregunta al Presidente. MEDIDAS PARA LOS JOVENES MILEURISTAS

2007-06-19T10:43:00.001-07:00

Pleno del Congreso de los Diputados (13 de junio de 2007)

Sesión de Control del Gobierno

PREGUNTAS:
— DE LA DIPUTADA DOÑA ISAURA NAVARRO CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ HA FALLADO EL GOBIERNO A LOS JÓVENES «MILEURISTAS»?
— (Número de expediente 180/001934.)

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto III del orden del día: control al Gobierno. Preguntas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar, de la diputada doña Isaura Navarro. Adelante, por favor.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.

Temporalidad, bajos salarios y viviendas inaccesibles es el panorama al que se enfrentan los jóvenes de hoy bajo su Gobierno. La economía real de nuestros jóvenes dista mucho de las grandes cifras con las que nos deleita el señor Solbes. A pesar de las medidas adoptadas por la reforma laboral, la cifra de precariedad dobla la media de la Unión Europea. El esfuerzo de un joven para acceder a una vivienda es del 69 por ciento de su salario y a esto le añado ya que los efectos de la reforma de la Ley de Suelo los verán sus hijos o sus nietos, pero en ningún caso los jóvenes de hoy. Lo que queremos es construir presente, señor presidente. Este panorama hay que cambiarlo ya y demostrar a los jóvenes que su voto cuenta. ¿Qué piensa hacer? ¿En qué cree que les ha fallado?

El señor PRESIDENTE: Señor presidente del

Gobierno, su turno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchísimas gracias, señor presidente.

Señora Navarro, tengo que decirle, en primer lugar, que la legislatura en la que estamos inmersos presenta una evolución muy favorable seguramente en el primer factor que determina la posibilidad de autonomía, de incorporación a una vida activa de los más jóvenes de una sociedad. Quiero darle alguna cifra, no macroeconómica sino que afecta a un número muy elevado de jóvenes de nuestro país: hoy trabajan 330.000 jóvenes más que hace tres años, hay cerca de 270.000 desempleados menos que hace tres años y, por tanto, la tasa de paro se ha reducido en cinco puntos; estamos prácticamente en la media europea de tasa de paro juvenil, lo que no sucedía desde el inicio de la transición democrática.

Afortunadamente, también hoy se accede a más empleos estables. Desde el acuerdo laboral, hace un año, con los incentivos para la contratación estable se han logrado unos objetivos que paso a descifrar: concretamente, se han convertido más de medio millón, 500.000, contratos temporales de menores de 30 años en indefinidos y se ha hecho casi otro medio millón de contratos iniciales indefinidos. Es decir, en su conjunto estamos hablando de casi un millón de contratos indefinidos en un solo año con trabajadores menores de 30 años que han salido de la precariedad y que hoy disfrutan de un contrato estable. Por tanto, considero que el avance en tres años, y especialmente en el último año, ha sido considerable en empleo y en cambio de la tendencia de la precariedad o temporalidad en el empleo a la estabilidad. De igual manera, nuestra política en materia de vivienda en un 80 por ciento tiene como beneficiarios a los jóvenes. Por tanto, considero que estamos en una legislatura en la que, lejos de alcanzar lo que todos deseamos, se está haciendo una política destinada muy preferentemente a que los jóvenes puedan tener una vida activa y una autonomía lo antes posible.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente. La realidad es que el 63 por ciento de los jóvenes españoles menores de 30 años viven aún con sus padres. La realidad es que hay seis millones de jóvenes sin poder emanciparse. Es cierto que se reduce la temporalidad, pero los salarios son muy bajos, de los más bajos de la Unión Europea; solo nos gana Polonia. Los datos son contundentes. Su Gobierno no ha hecho lo suficiente y los jóvenes siguen capeando el temporal con sueldos mileuristas e imposibilidad de emanciparse.

Mientras, eso sí, las empresas que cotizan en bolsa incrementan sus beneficios en más de un 26 por ciento y la economía, según su Gobierno, va estupendamente.

Mano de obra, sí, cualificada y barata, con salarios muy bajos. Ese es el panorama laboral juvenil de aquellos que acceden a un empleo. Después nos preocupamos de que digan que los políticos no se preocupan por lo que opina la gente joven. El Gobierno, si no quiere fallar a los jóvenes, debe abordar medidas efectivas de transformación de este panorama, medidas que garanticen por ley el acceso a una vivienda digna, un derecho subjetivo y universal, subsidiación de tipos de interés para las hipotecas jóvenes, financiación de parte de la renta de alquiler. En definitiva, preocuparse menos por el techo presupuestario y más por garantizar un techo para los jóvenes de nuestro país. Asimismo, revisar las condiciones de trabajo ofertadas que sean correspondientes con la cualificación y la retribución. Existen soluciones a su alcance para hoy, para el presente, que no deben posponerse indefinidamente. Señor presidente, pronto su labor será sometida a examen y sin reválida. En sus manos y en las de su Gobierno está no fallar a los jóvenes.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias.

LA NECESARIA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL

2007-06-19T08:22:00.000-07:00

Después de más de 25 años de recuperación de los Ayuntamientos democráticos apenas se ha avanzado en el desarrollo de los principios de autonomía y suficiencia financiera previstos en nuestra Constitución para la administración local,
encontrándonos en uno de los niveles de competencias y recursos más bajos de Europa.

Las reformas efectuadas hasta la fecha no han solventado el núcleo del problema: la clarificación de competencias y transferencia de recursos, de acuerdo al principio de subsidiariedad,
cuya aplicación ha de significar que los servicios dependan de la administración más cercana y en mejores condiciones para prestarlos con eficacia, eficiencia y participación democrática.

Concretamente las modificaciones en materia de financiación han supuesto en la práctica una reducción de ingresos que nos conduce por el camino contrario a los preceptos de la Carta Europea de Autonomía Local.

Hablar de competencias, de eficiencia y eficacia en la gestión es hablar de recursos de financiación.
Actualmente el gasto del sector público se distribuye aproximadamente en 51% la Administración Central, 36% las Comunidades Autónomas y 13% la Administración Local, mientras que la media europea se sitúa por encima del 20%.

Esto revela una evidente contradicción, uno de los países más descentralizados de Europa, se queda en los dos primeros niveles de la organización del Estado,
mientras que los Ayuntamientos siguen sometidos a una financiación insuficiente y dependiendo de aportaciones o subvenciones finalistas,
que mantienen el sometimiento a la tutela y control de otras administraciones.

Los Ayuntamientos, como institución más cercana a la ciudadanía es la administración a la que se dirigen casi todas las demandas, de trabajo, vivienda, medio ambiente, mayores y servicios sociales en general.
Es por ello necesario que las reformas legales contemplen en toda su amplitud el principio de subsidiariedad
y además que toda transferencia o delegación competencial o encomienda de gestión que se lleve a cabo a favor de las Entidades Locales, se acompañe de recursos económicos y personales necesarios,
con la salvedad de que la transferencia de competencias deberá conllevar recursos de naturaleza incondicionada.

Es imprescindible potenciar el marco de la negociación abierto con el objeto de avanzar en el desarrollo de autonomía y suficiencia financiera de la Administración Local.
Concretamente con fecha 15 de marzo de 2005 se suscribió entre FEMP y Gobierno un acuerdo que debe desembocar en una reforma del modelo de financiación local.

Las noticias de prensa en estos últimos días también abundan sobre el tema.

Según esas informaciones, el presidente del Gobierno y el Ministro de Administraciones Públicas se han mostrado favorables a que en el futuro, sin concretar plazos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) participe en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que la FEMP quiere participar para que las reformas en la financiación autonómica sean paralelas y atiendan las necesidades de reforma de la financiación local.

El presidente de la FEMP asegura que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la compensación por las competencias impropias que asumen las entidades locales, l
a reforma de la financiación local en paralelo con la de la financiación autonómica,
o la creación de un fondo que compense a los municipios menores de 20.000 habitantes.
Estos compromisos se sumarían a acuerdos como la compensación adicional de 120 millones de euros a los ayuntamientos por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, o los 180 millones de euros para un fondo de acogida a inmigrantes.

Lo bien cierto es q los gobiernos locales han quedado en un segundo plano durante el proceso de descentralización que ha tenido lugar en España en las últimas dos décadas.

La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española con las reformas estatutarias
y la esperada reforma del sistema de financiación autonómica.

Pero, en paralelo, el actual sistema de financiación de las haciendas locales arrastra serios problemas estructurales
y la administración local asume competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica.

A pesar de que es probable la tramitación de una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local (que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 de Bases de Régimen Local),
aún no están contempladas nuevas formas de financiación.

Seguramente, la nueva Ley avanzará hacia una mayor concreción de las competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales, y previsiblemente mejorará los mecanismos de gestión municipal.
Pero no conocemos el compromiso firme del Gobierno para modificar la Ley de Haciendas Locales.

La iniciativa de ERC nos sirve para reclamar, una vez más, la reforma de las fuentes de financiación local,
para garantizar la redistribución de la renta y la suficiencia financiera.

Estas son nuestras orientaciones básicas (Programa marco municipal 2007 de IU):

1.- Es preciso desarrollar las competencias tributarias municipales para procurar mayor autonomía en la gestión de los tributos y adaptarlos a la realidad territorial y social de los municipios.
Las haciendas locales necesitan un espacio fiscal propio para poder ejercer la corresponsabilidad fiscal y aquí caben diversas modificaciones en la normativa de los tributos que existen en la actualidad. La iniciativa de ERC profundiza en esta cuestión.

A modo de ejemplo, nosotros proponemos que, además de la compensación plena a los municipios por la supresión parcial del IAE, se sustituya este tributo por uno que grave la capacidad económica o el beneficio y no la actividad.
El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) podría recoger márgenes suficientes para establecer recargos para las viviendas y solares desocupados, bonificaciones a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar, o reducciones para los inmuebles que incorporen sistemas para el ahorro energético. Son sólo unos ejemplos.

La política fiscal municipal ha de asegurar las dosis suficientes de progresividad para afianzar las políticas redistributivas, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente en los tributos y desarrollando servicios públicos de calidad.
Pero el actual espacio fiscal propio municipal limita la capacidad de intervención de los gobiernos locales. Por ello, insistimos, es prioritario ampliar el espacio fiscal local aumentando la capacidad normativa municipal.

2.- La participación de las entidades locales en los ingresos del Estado ha de cambiar. El actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población donde reside, genera grandes desigualdades.
Pensamos que es necesario establecer parámetros objetivos (la población sería uno básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial.

3.- Es necesario incrementar las transferencias de las Comunidades Autónomas para garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación debe garantizarse con criterios de calidad y considerando el coste efectivo.

Cumplir el principio constitucional de autonomía local implica que los municipios sean autónomos financieramente.

Esto supone, además de valorar adecuadamente los servicios asumidos, modificar las transferencias destinadas por las CC.AA. de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas.

La reforma del sistema de financiación territorial (autonómico y municipal) debería abordarse en su conjunto,
para garantizar la suficiencia financiera y la distribución de los recursos entre los distintos niveles de la Administración,
de acuerdo con los principios de autonomía, eficiencia, equidad y corresponsabilidad fiscal.

Ha llegado el momento de abordar cambios después de 25 años democracia en los que los Ayuntamientos han sido los grandes olvidados,
de abordar reformas en el Gobierno local y su financiación,
y de que este proceso de cambio no se dilate más tiempo.

Intervencion Isaura Navarro Ley acceso electronico administraciones publicas

2007-06-14T07:41:00.001-07:00

No sólo es una necesidad, también una obligación del Gobierno conseguir que las Administraciones Públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos. En otras palabras, que tengamos una administración moderna y avanzada, una administración del siglo XXI, a la altura de los tiempos en que actúa, y en este sentido se justifica la oportunidad de este proyecto de ley.

El Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, de forma que la Administración Pública asuma su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la información.

Pero esta incorporación de las nuevas tecnologías en el funcionamiento de las AAPP debe ir acompañada de los recursos necesarios para que los avances tengan una implantación universal, condiciones de igualdad, de forma que no se creen administraciones ni administrados de diferentes velocidades.

Para ello, es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a la AAPP ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero sobretodo, que la implantación de la nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad en la prestación de los servicios públicos que prestan las administraciones.

Es aquí fundamental la aplicación del principio de igualdad. El objetivo de nuestro GP ha sido que este derecho de acceso electrónico a las AAPP se consagrara en la ley como un derecho que todos los ciudadanos puedan ejercitar en condiciones de igualdad en las relaciones con la administración electronica. Y para ello presentamos una serie de enmiendas que fueron transaccionadas en el congreso y cuyo resultado nos ofrece un acuerdo positivo si bien la ley se queda en diversas cuestiones a mitad camino.

En concreto, Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica.

La fórmula escogida en la ley pactada con IU pretende apostar claramente por la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, IU preferiria que no estuviera por tratarse de una puerta a que las multinacionales se aprovechen de su posición dominante.
Esto es, permite que las administraciones publicas incrementen su cautividad tecnologica y su dependencia de un solo proveedor, generando un incremento innecesario del gasto público en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innecesario porque en todos los casos los formatos pueden ser fácilmente sustituibles por estandares abiertos existentes.

El objetivo de IU ha sido recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Y negociando las enmiendas reconocemos que hemos avanzado sustancialmente pero de modo insuficiente.

Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos.
Esto es algo tan básico como el hecho de que para utilizar cualquier servicio publico no sea imprescindible ser cliente de una determinada empresa.
Por muy extendida que esté esa empresa o muy barata que sea no es aceptable que para que los ciudadanos ejerzan sus derechos deban ser cliente de nadie en concreto.
Tampoco seria razonable que las administraciones públicas estuvieran obligadas a tener contratos con todas las empresas imaginables para poder atender las demandas de los ciudadanos.
Esta situación ya fue resuelta por la Ley General de Telecomunicaciones a través del concepto de neutralidad tecnológica "que obliga a las operadoras a usar estándares abiertos en la interconexión para no mantener cautivos a sus clientes”.
Nuestro objetivo siempre ha sido que esta ley no quedara en un mero derecho virtual o retórico ni generara un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible.
En esta línea y gracias a una enmienda de IU se incluyó la definición de Estándar Abierto, emulando la legislación comparada más avanzada.
Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos.
A juicio de IU, el software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos.
Hubiera sido para ello necesario incorporar que todas las Administraciones Públicas compartieran el software con una licencia que permitiese a cualquier ciudadano o empresa su uso para cualquier propósito, su copia, modificación y redistribución con o sin cambios. Siempre que las obras derivadas mantuviesen esa misma licencia.
Hacer esto supondría que aumentaría enormemente la base tecnológica con la que nuestras PYMES podrían ofrecer servicios a sus clientes, entre los que están otras empresas pero también las AAPP. Mejoraría drásticamente nuestra competitividad y sobre todo bajarían los costes de implantación de la e-administración -que todos pagamos- dado que el Estado dejaría de ser un cliente cautivo de unas pocas multinacionales.
También sería una forma perfecta de que las CCAA recibieran transferencia tecnológica (y económica, en forma de código fuente) de otras CCAA sin tener que pasar por la Administración General del Estado.
Pero la razón fundamental para hacer algo así es que ha sido pagado por todos y por tanto a todos pertenece.
Como vemos, la ley ha mantenido una serie de carencias que las enmiendas del senado no resuelven.
Respecto a las enmiendas que nos aporta el senado, todas ellas mejoran el texto si bien hemos de señalar que se centran en cuestiones más de redacción que en culminar la linea que marcó el congreso y cuya lógica acabo de exponer.

Estamos convencidos de que se podría haber hecho más, sin duda.

A pesar del profundo cambio operado en su tramitación, pues el texto original no recogia ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estandares abiertos, ni la politica de iteroperalbilidad de la UE basada en los mismos. Aunq lo más grave es que con el plantemiento original no se tenian en cuenta principios básicos constitucionales en su aplicación a los medios electrónicos.

Es por tanto una ley q se queda a mitad camino, tal y como denuncian las organizaciones sociales del ámbito, puesto que la eficiencia y economia del gasto público no está garantizada.
Tampoco el derecho al uso y aprovechamiento de los bienes publicos por parte de los ciudadanos y empresas.
Avances gracias a la tramitación parlamentaria y carencias pendientes es el resumen de una ley fundamental para avanzar en las relaciones entre la administración y los ciudadanos.

Debate Derechos y Deberes Guardia Civil

2007-06-06T03:34:00.000-07:00

Sesión plenaria núm. 241 celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007

Debates de totalidad de iniciativas legislativas: - Proyecto de Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
A nuestro entender, detrás del texto alternativo del Grupo Popular lo que realmente encontramos es su posición conservadora e inmovilista. Señorías del Partido Popular, no quieren esta reforma ni ninguna, con lo que le ha costado sacarla al Partido Socialista. Evidentemente, creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero la realidad es que aquí está y desde Izquierda Unida pretendemos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende -porque aún tienen capacidad para sorprendernos- cómo deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual. Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, en el Todo por la patria, y por tanto la negación de derechos. Desde la exposición de motivos hasta el último artículo se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El Partido Popular pretende reforzar o blindar la condición militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles, algo que ni quiere la mayoría de la Guardia Civil ni tiene, en la práctica, más sentido que la pura nostalgia. Podríamos decir que el Partido Popular ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil.
Estamos sencillamente ante una inédita negación de derechos, y además con toda una regulación precisa destinada a esa negación de derechos. Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos, no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles. Podríamos llamarla la ley de los sin derechos y más deberes de la Guardia Civil. Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas de las cuestiones a las que hacen referencia en su exposición de motivos: cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho, al contrario, sus obsesiones son delimitar su alcance; o cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades, reconduciéndola a las limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales. La filosofía, por tanto, de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta a la pretendida defensa de esta institución de la que ustedes hacen tanta bandera, tanta gala. También presentan como novedosa la creación del consejo personal de la Guardia Civil, que no es más que la sustitución del ya fracasado consejo asesor de personal de la Guardia Civil y con los mismos defectos.

En realidad el Partido Popular esconde bajo esta propuesta una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto ejército, como apéndice de las Fuerzas Armadas, que como un cuerpo de seguridad del Estado, que es lo que se debe potenciar, esto es, la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil y de sus familias. El Partido Popular quiere presentarse aquí como el pitbull de las esencias de la Guardia Civil que ya no existe, viven de espaldas a lo que reivindican y a la realidad de miles de guardias civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos, pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los guardias civiles, y este debate coloca a cada uno en su sitio. Esto quizás para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y desde la más profunda disconformidad. Ahora se comprueba que quienes se arrogan permanentemente el papel de defensores son los mismos que desconfían de la Guardia Civil, son los mismos que desconfían de cada uno de sus miembros, como si la modernización o el reconocimiento de derechos pudiera poner en riesgo al Estado o al propio sistema democrático, cuando, señorías, la conclusión debe ser precisamente la contraria. Así, cuando regulan el abuso y el ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos, es un auténtico descrédito para la institución; cuando hablan de que la regulación de la libertad de expresión y de información es mucho más amplia - como usted, doña Alicia Sánchez-Camacho, ha dicho-, es falso. El artículo 7 que propone el Gobierno comparado con el artículo 10 que ustedes proponen, es mucho más amplio porque no limita. Ustedes lo único que hacen es limitar, recoger la referencia a la posibilidad de expresar críticas de carácter jurídico vinculadas a las tesis de defensa. Señorías, eso ya lo tenía la Guardia Civil, lo que se pretende es regular y ampliar derechos y no todo lo contrario.
No vengo a defender aquí el texto del Gobierno, que es muy mejorable, pero ustedes me lo ponen muy difícil. Pretenden un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de la Guardia Civil. Por eso yo me pregunto: ¿qué concepción tiene el Partido Popular de los miembros de la Guardia Civil, acaso los guardias civiles son ciudadanos de pleno de derecho o para ustedes son siervos? Lo que pretenden, y es en lo que se centran, es sencillamente abusar de la capacidad de sometimiento y una obediencia ciega de los miembros de la Guardia Civil, el Todo por la patria, a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes, señorías del Partido Popular, no avanzan, los miembros de la Guardia Civil, a su pesar, sí. En la misma línea, cuando regulan la libertad religiosa, queda sometida a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de uniformidad; lo mismo ocurre cuando regulan el derecho de reunión y de manifestación. Eso sí, le voy a reconocer que en su regulación avanzan mínimamente más que el proyecto del Gobierno, que parece pretender que los guardias civiles, según el artículo 8, no puedan organizar o asistir a manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical. Sería como decir que los miembros de la Guardia Civil no podrían ir de paisano a las manifestaciones contra la guerra de Irak o a cualquier otra en la que nos encontremos todos los ciudadanos que defendemos la libertad y los derechos. Es un absurdo. Ustedes, por lo menos, en su artículo 15 recogen la posibilidad de asistencia individual.Entiendo que esto mejora manifiestamente el texto que nos propone el Gobierno.
En cuanto al derecho de asociación, el contenido del artículo 16 del texto del Partido Popular incide en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial y que supondría vaciarlo de contenido. Lo mismo ocurre en el régimen de horario de servicio y en la conciliación, a la que usted ha hecho referencia, porque se somete a que sean compatibles con las funciones asignadas. Siempre es la excepción la regla general en la regulación que ustedes nos presentan. También cuando pretenden regular el conocimiento con la antelación suficiente de la jornada y el horario de trabajo, que queda supeditado a la excepción de causas justificadas de servicio. Siempre la ley de negación de derechos. Lo mismo cuando se habla del derecho a la vivienda, porque establecen una regulación basada en una situación superada por la realidad. El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas cuartel, que no pueden ser tenidas en muchas ocasiones por viviendas habitables porque no son dignas. La visión del Partido Popular es verdaderamente arcaica y signo inequívoco del concepto que tienen ustedes de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda. Así, en la regulación de las asociaciones profesionales el Partido Popular no ha podido ser más explícito en cuanto a la negación de este derecho sin más, lo vacían una y otra vez de contenido. Es decir, pretenden prohibir de hecho y de derecho el asociacionismo profesional en la Guardia Civil, sin negar que también ahí es muy mejorable el texto que nos presenta el Gobierno. Al final, parece que cuando ustedes hablan de asociacionismo lo que quieren es que tengan una asociación cultural del derecho a la petanca o algo parecido, y lo que nosotros pretendemos es que no se camufle el ejercicio de un derecho que además llevan tiempo ejercitando y que es una garantía de democratización de los guardias civiles, de su situación y de la defensa de derechos como tiene cualquier ciudadano y como debe ser.
Creemos que el Partido Popular se equivoca en su estrategia de camuflar sus intenciones de eliminar estos derechos porque la Guardia Civil les ha tomado la matrícula. Toda su propuesta dice muy poco a favor de una cultura democrática en el seno del Partido Popular, porque pretenden perpetuar la situación en la que nos encontramos en la actualidad bajo una pretendida regulación de derechos, que no es más que, como decía, la regulación de la negación de esos derechos. Es decir, ustedes ni siquiera quieren decir claramente aquí, porque de su discurso se ha deducido, la propuesta que recoge el texto que artículo tras artículo nos presentan.
En cualquier caso, el texto del Gobierno nos parece un avance absolutamente insuficiente. No podemos olvidar que este proyecto llega con un gran retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos una y otra vez por el Gobierno socialista y por los portavoces del Grupo Socialista. Llega después de movilizaciones, de la reivindicación del reconocimiento de los derechos de la Guardia Civil. Para nuestro grupo parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos. Por eso manifestamos nuestra satisfacción de que por fin tengamos esta tramitación y podamos abordarla y mejorarla.
En cualquier caso, quiero aprovechar este momento del debate para reconocer públicamente el esfuerzo y el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional, personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito de funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho, y más aún de la posibilidad de su reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, le ruego que concluya
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias a ellos estamos hoy aquí debatiendo y les doy la enhorabuena por la conquista de estos derechos.
Finalizo, señor presidente. Únicamente quiero decir que gracias a ellos vamos a avanzar como se merecen, por lo que este texto debe ser ampliamente mejorado en su tramitación. Tomo la palabra del señor ministro que ha hecho referencia a la posibilidad de negociar las enmiendas presentadas por los distintos grupos que no vienen más que a reivindicar aquello por lo que estas personas llevan tanto tiempo luchando. Escuchemos a los miembros de la Guardia Civil que saben muy bien lo que quieren y que van a apostar por la democratización por fin del cuerpo, por el ejercicio de sus derechos, por una conquista que el Partido Socialista debería apoyar ampliamente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.

Isaura Navarro interviene en defensa de los derechos de la guardia civil

2007-05-31T07:50:00.000-07:00

Detrás del texto alternativo del PP esta su posición conservadora e inmovilista. No quieren esta reforma ni ninguna. Y con lo que le ha costado sacarla al PSOE creemos que tampoco estaban muy dispuestos, pero aquí está y desde IU vamos aprovechar su tramitación para apoyarla y mejorarla en el sentido de avanzar en cuanto a los derechos y deberes de un colectivo tan castigado.

Volviendo al texto alternativo de la derecha, nos sorprende, porq aun tienen capacidad para sorprendernos como deja claro abiertamente que ni siquiera se conforman con la Guardia Civil actual.
Ustedes tienen su propio modelo de Guardia Civil, un modelo basado en la militarización, el todo por la patria y por tanto y la negación de derechos.

Desde la Exposición de Motivos hasta el último artículo, se puede comprobar la existencia de una postura notoria y clara: El PP pretende reforzar o blindar la naturaleza militar de la Guardia Civil, la condición de militares de los guardias civiles. Algo que ni quiere la mayoría de la guardia civil, ni tiene en la práctica más sentido que la pura nostalgia.

Podríamos decir que el PP ha venido a esta Cámara a presentar un manifiesto por la remilitarización de la Guardia Civil. Pero el PP va más allá, estamos ante una regulación inédita de negación de derechos con además toda una regulación precisamente destinada a la regulación de la negación de derechos.

Como lo oyen, quieren hacer una ley para negar y restringir derechos no para regular derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

En este sentido, Son continuas las referencias al carácter militar de la Guardia Civil, a las limitaciones que dicho carácter impone o demanda, a juicio del Partido Popular, en relación con el estatus de ciudadanía de los guardias civiles.

Sin ambigüedades, el texto alternativo no hace ni una sola concesión.
No reconoce ni el más mínimo avance hacía mayores cotas de derechos y libertades para este colectivo de funcionarios o siquiera para la mejor prestación del servicio público de seguridad, que es la misión fundamental encomendada por la Constitución a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no otra.

La podrían llamar la ley de los sinderechos y másdeberes de la guardia civil.

Para concluir esta afirmación basta con examinar algunas cuestiones concretas en su exposición de motivos:

cuando aluden a la regulación restrictiva del derecho fundamental de asociación, sin que en ningún momento dediquen una sola línea a manifestar la necesidad y la oportunidad de regular este derecho.
Al contrario, su obsesión es delimitar su alcance.

O cuando hacen referencia a la regulación de derechos y libertades lo reconducen a las “limitaciones y particularidades necesarias para la protección de otros derechos, bienes e intereses constitucionales”.

La filosofía de dichas limitaciones denota una concepción de la Guardia Civil absolutamente opuesta con la pretendida “defensa” de la Guardia Civil de la que fraudulentamente ha venido haciendo bandera el Partido Popular.

O presentan como novedosa la creación del “Consejo de Personal de la Guardia Civil”, al que, sin pudor alguno, califica como “nuevo órgano colegiado”, que dice sustituye al Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil.

Como se ve, esta supuesta “novedad” pone de relieve que la regulación del derecho fundamental de asociación se aborda por parte del Partido Popular sin creer en que éste obedezca al reconocimiento de un estatus de ciudadanía a los Guardias Civiles, moderno y actual, sino que es un mal menor, que debe ser regulado de manera rígida y con un perfil bajo.

En realidad, lo que el PP esconde bajo esta propuesta es una postura de rígido inmovilismo y de preponderancia de una visión más cercana a la consideración de la Guardia Civil como un cuarto Ejército, como un apéndice de las Fuerzas Armadas, más que como un Cuerpo de Seguridad del Estado, en el que se debe potenciar la democracia interna, los mecanismos de participación de sus miembros y la mejora de las condiciones de prestación de los servicios y de la calidad de vida de los guardias civiles y de sus familias.

El PP quiere presentarse como guardián, como el “pitbull” de las esencias de una Guardia Civil que ya no existe.

Viven de espaldas a la realidad de miles de Guardias Civiles, obcecados en la defensa de los privilegios y prebendas de unos pocos.
Pero es el momento de que nos retratemos ante la sociedad y ante los Guardias Civiles.
Este debate va a colocar a cada cual en su sitio.

Y hoy el mensaje que el PP va a transmitir de forma clara, con luz y taquígrafos, es el de estar anclado en el pasado, aislado y obsesionado con establecer barreras frente al más mínimo avance hacía la desmilitarización de la Guardia Civil, a la modernización de la institución y la revisión del estatuto laboral y profesional de sus miembros. de lo contrario no se justifican tantas prevenciones, recelos y reservas.

Esto quizas para ustedes es un halago, yo lo digo desde la más profunda crítica y disconformidad.

Ahora se comprueba que quienes se irrogan permanentemente el papel de “defensores de la Guardia Civil”, son los mismos que desconfían de la misma, como si su modernización y el reconocimiento de derechos fundamentales y libertades públicas a sus miembros, pudiera poner en riesgo al Estado, o al propio sistema democrático,
Cuando la conclusión debe ser la contraria.

Asi, Ya en el articulado, la lectura de los apartados 3 y 4 del artículo 3 y singularmente el artículo 5 (Abuso y ejercicio fraudulento de derechos y libertades reconocidos), es un auténtico descrédito para la Institución y para los guardias civiles que la integran.

Estamos ante una regulación gravemente ofensiva para los miles de guardias civiles que trabajan cotidianamente para garantizar, muchas veces en precarias condiciones y con riesgo de su propia vida, la seguridad ciudadana de todos los españoles y españolas, con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes.

Otro tanto cabe decir con la regulación, en el artículo 10, de la libertad de expresión y de información, que queda severísimamente restringida.

El contenido de los apartados 3 y 4 son paradigma de la falta de credibilidad en la labor y profesionalidad de los guardias civiles. Sin duda, la referencia a la posibilidad de expresar críticas, eso si, “de carácter jurídico y vinculadas a las tesis de defensa, en el marco de la impugnación de actos o actuaciones de superiores u órganos del Instituto Armado”, supone, además de desconocer la realidad de estas cuestiones, un manifiesto retroceso en el marco de las libertades públicas de los guardias civiles, que son peor tratados que ningún otro servidor público.

Son derechos sin derechos y punto, era más honesto una enmienda de devolución.

¿Qué concepción tiene el Partido Popular de los guardias civiles? ¿Acaso son los guardias civiles ciudadanos de pleno derecho o siervos? ¿Cree el Partido Popular en la Guardia Civil y en los hombres y mujeres que la integran? A la vista del texto que presenta el PP, es evidente que no, pero si cree en su capacidad para el sometimiento y la obediencia ciega. El todo por la patria a la antigua usanza, ni más ni menos. Ustedes no avanzan, los miembros de la guardia civil sí.

En la misma línea de lo expresado anteriormente, la lectura del artículo 13, apartado 1 es un nuevo ejemplo de regulación restrictiva de una libertad pública, la libertad religiosa, que queda sometida “a las necesidades del servicio, organizativas y de uso de la uniformidad”. Increíble pero cierto… así pretende regular el PP los derechos fundamentales de los Guardias Civiles.

La rancia concepción militarista de la Guardia Civil contamina todo el texto y denota, una vez más, la infravaloración que se tiene del personal de la guardia civil, auspiciada bajo la concepción de “militar de carrera” que al parecer para ustedes lo justifica todo.

La regulación de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación (artículo 15) que propone el Partido Popular es claramente contraria a la Constitución.
Se habla de prohibición, lo que supone – a la vista de las causas que la justifican – la imposibilidad real de ejercer el derecho de reunión y, además, el de asociación, que basa gran parte de su eficacia en el ejercicio real del derecho de reunión.

En cuanto al derecho de asociación, el contenido del apartado 4 del artículo 16 del texto del PP, incide, nuevamente, en una concepción del derecho que deliberadamente desvirtúa su contenido esencial, y que supondría vaciar de contenido el derecho fundamental de asociación, de forma contraria a lo establecido en la Constitución.
Y todo ello porque el PP no cree en absoluto que deba reconocerse este derecho a los miembros de la Guardia Civil, y si se hace, ha de ser con la intención de cercenarlo por completo.

En cuanto a la regulación del régimen de horario de servicio, el artículo 30, en su apartado 3, es reincidente en la concepción verdaderamente limitativa de derechos que caracteriza al texto defendido por el Partido Popular.

En esta ocasión, las medidas dirigidas a la conciliación de la vida familiar y laboral de los guardias civiles se supeditan a que dichas medidas “sean compatibles con las funciones asignadas”, con lo que se abre la puerta a que los y las guardias civiles queden al margen de la aplicación de dichas medidas en un ámbito tan importante para la mejora de la calidad de vida de los agentes y de sus familias.

Lo mismo sucede en lo que regula el apartado 4. El derecho a conocer con antelación suficiente la jornada y horario de trabajo, queda supeditado a “causas justificadas de servicio””.

La Ley de negación de derechos que nos propone el PP, alcanza limites insospechados cuando regula en el artículo 33 que el derecho a la vivienda queda condicionado y circunscrito a “residir en las viviendas y pabellones de que disponga la Institución”. Es decir, no habrá ninguna obligación de establecer políticas activas para favorecer que los guardias civiles tengan vivienda propia y puedan salir de las casas-cuarteles.
Esta concepción está ampliamente superada por la realidad.
Vuelve a verse que el PP no considera digno de que se vean favorecidos por determinaciones en el ámbito de la vivienda -que ya se han adoptado en otros colectivos de funcionarios- al guardia civil y a su familia

El Partido Popular apuesta claramente por los guetos, que en muchos casos es lo que son las casas-cuarteles, que además no pueden ser tenidas por viviendas habitables si además, no son dignas.

La visión que tiene el PP del grave problema de la vivienda que padecen los guardias civiles es verdaderamente arcaica y es signo inequívoco de la conceptuación de los guardias civiles y de sus familias como ciudadanos de segunda.

Respecto a una de las cuestiones fundamentales como es la regulación de las asociaciones profesionales, el PP no ha podido ser más explícito, aunque seguramente no fuera su intención, porque parece que trata de maquillar su verdadero objetivo: la negación del este derecho, sin más.

Lo que el PP nos propone supone vaciar de contenido el derecho de asociación profesional, estableciendo la posibilidad de incidir en los ámbitos internos de funcionamiento de las asociaciones, lo que supone un gravísimo ataque a su independencia y a su régimen democrático y plural.

Es decir, Si trasladamos a las asociaciones el marco regulador de derechos y libertades de los guardias civiles que prevé el texto alternativo y sobre el que debatimos esta mañana, simplemente estaremos certificando su desaparición.

Lo que el PP pretende es, en realidad, prohibir, de hecho y de derecho, el asociacionismo profesional en la Guardia Civil.

Esta concepción es la que impregna el resto de artículos que regulan la vida de las asociaciones profesionales de guardias civiles, a las que ni tan siquiera se les reconoce el derecho de representar a sus asociados.

En realidad, la concepción del asociacionismo es la de ser algo residual, asociación de petanca?.

Se reconocen las asociaciones pero no se privilegia su posición como entes que son cauces de participación de los guardias civiles en los asuntos que les afectan.
Un guardia civil, de manera individual, puede hacer prácticamente lo mismo que toda una asociación profesional.
ese es el concepto de asociacionismo del PP.

Pero creemos que esta vez el PP se equivoca en su estrategia de “camuflar” sus intenciones de eliminar el asociacionismo porque los Guardias Civiles les han tomado la matricula.

Después de presentar este texto, es evidente cuáles son sus intenciones: impedir, dificultar y desincentivar la participación en el movimiento asociativo, algo que hecho desde los poderes públicos es grave
porque significa alterar las reglas del juego del sistema democrático,
en el que la participación de los ciudadanos se canaliza a través del asociacionismo.

La regulación de lo que se denomina “Consejo de Personal de la Guardia Civil” se entiende desde la particular visión y concepción de la que parte el texto del PP y a la que ya hemos hecho cumplida mención. Este órgano no es otra cosa que la redenominación del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, vigente en la actualidad, aunque ciertamente fallecido en su utilidad y en su legitimidad y representatividad, que está bajo cero.
Recordemos que en las últimas elecciones celebradas en junio del año pasado, de un censo de 77.853 agentes, únicamente votaron 1.269, lo que supone el 1,63% de la plantilla.

Dice muy poco a favor de la cultura democrática del PP (si la hubiera) el hecho de perpetuar sistemas que han llevado a la abstención masiva de los guardias civiles en los procesos electivos, como es el caso del Consejo Asesor de Personal (o el Consejo de Personal como ahora quieren rebautizarlo) que como decimos, ha demostrado sobradamente que carece de eficacia, de representatividad y de legitimidad.

Finalmente, no aportamos nada nuevo, si decimos que el PP va más allá del inmovilismo. Ni siquiera quiere mantener la lamentable situación actual de los guardias civiles.
Es la vuelta atrás. Más militarismo. Menos derechos y menos libertades.

La utilización de un marco regulador que ha quedado deslegitimado y que supone exteriorizar que la visión del Grupo Popular es la de considerar a los guardias civiles no como ciudadanos. Para el PP la Guardia Civil es una institución que no merece avanzar, modernizarse y mejorar.

Nuestra posición en contra de la enmienda de totalidad por un lado responde al rechazo más absoluto al modelo de Guardia Civil diseñado por el PP y por otro a la oportunidad que representa el Proyecto de ley actualmente en trámite para saldar una deuda con los guardias civiles en esta Legislatura.

Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de IU-ICV considera un avance,
pero avance muy insuficiente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.

no olvidemos que este Proyecto llega con retraso a la Cámara, incumpliendo los plazos comprometidos y después de movilizaciones reivindicando el reconocimiento de los derechos de los Guardias Civiles.

Pero para nuestro Grupo Parlamentario es el momento de que respondamos positivamente a una reivindicación histórica de este colectivo de funcionarios públicos,

por eso manifestamos nuestra satisfacción de que ¡por fin! vayamos a tramitar la reforma del régimen disciplinario y a regular los derechos y deberes de los guardias civiles.

Es más nuestro GP quiere aprovechar este debate para reconocer públicamente el esfuerzo y también el sufrimiento de todos aquellos guardias civiles que han luchado con todas las consecuencias por el reconocimiento de los derechos constitucionales de los guardias civiles, entre ellos el del asociacionismo profesional.

Personas con nombres y apellidos que han dado la cara por la dignificación del cuerpo y por la conquista de derechos en un ámbito con un funcionamiento de subordinación jerárquica tan elevado y partiendo de la negación absoluta de cualquier derecho y menos de su reivindicación.
Gracias a ellos estamos hay aquí debatiendo esta ley
y les doy la enhorabuena por su conquista de derechos.

Precisamente nuestro GP siempre ha sido coherente y firme en la defensa de los derechos constitucionales y laborales de los Guardias Civiles, en la modernización, democratización y desmilitarización de la Guardia Civil a través de la creación de un único cuerpo de policía de carácter civil que respondiera al modelo de descentralización del Estado español (nosotros diríamos que se adaptase al proceso “federalizante”)
Ahí están los debates, que ponen a cada Grupo Parlamentario en su sitio.

Por eso para IU-ICV el texto del Proyecto de ley, es un punto de partida, es un texto de mínimos en el que no solo debe regular derechos sino también hacer posible su ejercicio.
Srias del PSOE, ministro ¿De qué sirve reconocer el asociacionismo profesional si no tienes medios para ejercer este derecho, si no tienes locales en los cuarteles, si no dispones de personal liberado?

Este es el momento de reconocer derechos constitucionales a los guardias civiles sin más limitaciones que las que tienen los demás cuerpos de policía en España. Este es el compromiso de nuestro Grupo Parlamentario, que reiteramos una vez más en este Debate.

Por ello es inaceptable que se mantengan abiertos los expedientes disciplinarios contra los guardias civiles que ejercieron su derecho constitucional a manifestarse libremente.
Y esperamos que el Gobierno los paralice, evite que se acose a guardias civiles que se han significado con el asociacionismo
y no se someta a las presiones de quienes quieren conservar sus privilegios encasillados en una estructura militar que hoy por hoy carece de sentido.

Por este motivo, vamos a mantener una posición exigente en la tramitación de este Proyecto de Ley de derechos y deberes; porque este proyecto es determinante en la vida diaria de los guardias civiles,
en sus condiciones de trabajo y su calidad de vida;
y también es determinante en el futuro de la Institución para la mejor prestación de servicio público de seguridad que le tienen encomendado su conciudadanos.

Como es previsible vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por Grupo Popular,

“Aquellos que hablan de la Constitución a todas horas, como si fuera suya, son quienes no creen en ella porque no quieren que entre en los cuarteles de la Guardia Civil.”

Viva Cuba libre de injerencias. Intervención Isaura Navarro

2007-05-10T05:04:00.000-07:00

Pleno del Congreso de los Diputados del 8 de marzo de 2007
Moción motivo de Interpelación Urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el apoyo del Gobierno a los defensores de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos en Cuba.
Intervención de Isaura Navarro Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Los católicos creen que el Papa es el representante de Dios en la tierra y le siguen con fe ciega; ustedes, señorías del PP, deben creer que son los representantes de Bush en España y le siguen a Irak, a Guantánamo y a donde haga falta (Aplausos.-Rumores.), incumpliendo normativa española y burlando toda la protección de los derechos humanos, siempre emulando al Gobierno norteamericano. A Izquierda Unida la política exterior estadounidense no nos produce el mismo efecto que a ustedes, no es ninguna novedad; es más, nos parece un cáncer para la humanidad, pues solo trae hambre, muerte, destrucción, guerras, desigualdad y pobreza extrema; ustedes son aquí sus portavoces, y se les antoja que el Gobierno español haga lo mismo, que baile en todos los asuntos de política exterior al son que marca el Gobierno norteamericano. Desde Izquierda Unida no creemos que eso sea ni lo mejor para Cuba, ni lo mejor para los cubanos, ni lo mejor para España; al contrario. Celebramos la recuperación de las relaciones con un país que debe ser amigo y hermano, un pequeño país en territorio pero grande en espíritu, y del que tenemos mucho que aprender, como de su labor solidaria en el mundo. Un ejemplo: mientras Estados Unidos envía tropas e invade países, Cuba envía médicos, ofrece estudios de medicina (Rumores.), en la actualidad becas a más de 12.000 estudiantes de 83 países. ¿Sabían ustedes todo eso? ¿Saben cuál es la realidad cubana? Seguramente no. (Rumores.) Mientras Cuba hace todo eso, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos libera al terrorista Posada Carriles que atentó contra un avión comercial, entre otras muchas acciones de su sangrienta trayectoria terrorista, y que costó la vida a 73 personas. ¿Esa es la política de derechos humanos que ustedes defienden? Nunca les he visto presentar ninguna iniciativa sobre este señor y su liberación. Nada dicen al respecto, como nada dicen sobre el caso de los cinco jóvenes cubanos encarcelados ilegalmente en Estados Unidos que no hacían más que luchar contra el terrorismo. Nada dicen de las relaciones entre el presidente de Colombia y el paramilitarismo, un país con el mayor número de desplazados del mundo, con datos dramáticos de vulneración de derechos humanos. ¿Dónde están las iniciativas sobre Colombia? Estas son pruebas de que a ustedes no les preocupan los derechos humanos, ni Cuba ni ningún lugar. Lo que les preocupa es que Cuba es un país referente en Latinoamérica en erradicar el analfabetismo, en sanidad pública, en educación para todos, en solidaridad, por lo tanto en igualdad; todo eso a pesar del bloqueo norteamericano.Es evidente que estos valores no tienen por qué gustarles a ustedes ni tienen por qué gustar a todo el mundo, pero a nosotros nos parecen relevantes. Es más, ustedes consideran un negocio cualquier tarea que haya de cumplir el Estado, como sanidad y educación, por eso apoyan la enseñanza privada y otorgan la gestión de los hospitales a las entidades privadas, al igual que hace Estados Unidos, siempre su referente. Los latinoamericanos están cansados de esa política, están cansados de escucharles a ustedes hablar de libertad cuando en realidad lo que quieren es la libertad del más fuerte para golpear al más débil. Los latinoamericanos ven en Cuba un referente, están cansados de ser golpeados y explotados, de Estados reducidos a la mínima expresión que nada les aporta, de la explotación ajena de sus recursos naturales, del neoliberalismo radical que ustedes representan y que les ha llevado a niveles de pobreza y de desigualdad intolerables.
Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, cada vez más países respiran un bullicio de verdadera libertad, y eso es lo que a ustedes les irrita. Los valores que inspiraron la revolución cubana se extienden a pesar de sus campañas anticubanas catastrofistas permanentes en la era de la propaganda, y seguramente eso es lo que les pone nerviosos, que Latinoamérica despierte y demuestre que sí hay una alternativa. Señor Moragas, ¡Viva Cuba libre de injerencias norteamericanas! ¡Viva la revolución cubana! (Rumores y protestas.)

Intervención Ministro de Industria sobre el cierre de las emisiones de TV3 en el Pais Valencià

2007-05-08T09:24:00.000-07:00

Intervención Ministro de Industria:
En cuanto a TV3, señores Vilajoana y Cerdà y señora Navarro, estoy totalmente a favor de que se vea en la Comunidad Valenciana, como no puede ser de otra forma. En esto no les quepa ninguna duda a ninguno de los diputados y diputadas presentes, ni a ninguno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que les gusta ver TV3. Lo que ocurre es que tenemos que encontrar una solución que sea factible y que además en la medida de lo posible sea estable. El señor Cerdà, que lo ha vivido en primera persona, ha hecho una descripción fantástica y muy precisa de cuál ha sido la evolución siempre en este principio jurídico que es un tanto extraño, que es el de mirar para otro lado. Todo esto es lo que creo que tenemos resolver. Creemos que tenemos el instrumento necesario para resolverlo, y así se lo he dicho a los gobiernos de la Generalitat de Catalunya y de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. He hablado con el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya y con el conseller y el president de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Hay un mecanismo que el señor Cerdà no ha mencionado curiosamente. Él ha hablado de Navarra, de Madrid, de Castilla e incluso ha hablado del Canal 9 con relación a Valencia, pero no ha hablado de un convenio que sí existe y que funciona, que es el de la Generalitat de Catalunya con Baleares. Creemos que este es el mecanismo que permite la solución. Ya he dicho antes que la solución pasa por establecer una solución adecuada para el tema del segundo multiplex autonómico. Saben que en estos momentos nosotros tenemos dos temas que debemos resolver. Aparte de este tema concreto hay otro tema global por el cual estamos en un proceso de consulta con todas las comunidades autónomas que es el tema de la televisión digital móvil. Para hacer la televisión digital móvil necesitamos una banda de espectro que sea lo más común posible sobre todo el territorio. Esta es una cuestión técnica de buscar en el espectro una zona no ocupada que tenga el mayor territorio posible. También hay un compromiso de que todas las comunidades autónomas tengan el segundo multiplex. Por tanto, por aquí es por donde proponemos que se resuelva el tema. Entonces lo que sí pido -así se lo he dicho a los consellers, con mi compromiso de que buscaremos este segundo multiplex para Valencia- es que se pongan de acuerdo con un convenio que estabilice las relaciones para que no tengamos un sistema que se base en mirar hacia otro lado.

QUE PIDE IU PARA EL CENTRO DE PRODUCCION DE RTVE EN EL PAÍS VALENCIANO

2007-05-04T10:08:00.000-07:00

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano para su debate en la Comisión Mixta de Control Parlamentario Corporación RTVE y Sociedades.

Hasta este momento, el Centro de Producción de Televisión Española en el País Valenciano radicado en Paterna es uno de los tres Centros de producción existentes, junto a los de Canarias y Cataluña, así denominados por la dimensión de sus dotaciones humanas y técnicas, que les permite un alto volumen de producción y emisión. Además, el Centro de Paterna es la sede desde dónde se emite las 24 horas del día el Canal Temático Docu TVE (antes denominado Hispavisión Grandes Documentales). El Centro poseía delegaciones provinciales en Castellón (un redactor y un camarógrafo) y Alicante (dos redactores y dos camarógrafos). El Centro emitía tres tipos de programación, denominadas convencional, ampliada y extraordinaria.

La parrilla convencional es la que incluía una programación que emitían todos los Centros Territoriales y el de Producción de la Comunidad Valenciana compuesta, de lunes a viernes, por dos ediciones informativas territoriales (de 13,55 a 14,25 por TVE-1 y de 20,30 a 21,00 por La2) mientras que, cada sábado, esta programación se complementaba con una desconexión informativa adicional que ampliaba, en formato de reportaje, las noticias más destacadas de la semana. Además, cada día se producían y se siguen produciendo en el Centro una media de 4 piezas para los distintos telediarios nacionales y para el Canal 24 Horas.

La parrilla ampliada era una programación específica para la Comunidad Valenciana, que se producía y emitía en cumplimiento del Convenio de Colaboración que había suscrito entre el Grupo RadioTelevisión Española y la Generalitat Valenciana por el cual en 2005 la Generalitat aportó 600.000 euros. Eran programas de distinto carácter: deportivo (Rumbo a la America's Cup), de divulgación científica (Innova2), institucionales (Parlament), culturales (Umbrales), entre otros. Estos programas ocupaban una franja horaria de emisión de 10 horas semanales en La2.

Los espacios clasificados bajo la programación extraordinaria solían contener eventos de especial interés para la audiencia de la Comunidad Valenciana, como actos institucionales, deportivos, culturales y tradicionales.

El Canal Docu TVE (antes Grandes Documentales—Hispavisión) emitido desde Paterna es el canal dedicado a la cultura y los movimientos sociales de raíz hispana, con una emisión basada en documentales, tanto de producción propia de Televisión Española como una selección de las mejores obras de otros productores españoles y latinoamericanos, Docu TVE es el Canal Temático de mayor difusión de Televisión Española, ya que se emite tanto en España como .en todo el continente americano, con distribución vía satélite y por cable.

Desde la puesta en marcha de las instalaciones de Paterna en el año 1994 nunca se cubrió la plantilla prevista que en diciembre de 2006 estaba compuesta por 106 trabajadores.

En referencia a Radio Nacional de España, en sus centros existentes en el País Valenciano en diciembre de 2006 disponía de 58 trabajadores a los que habría que sumar varios "falsos" autónomos: en el de Valencia 33 personas mientras que en las emisoras territoriales de Elche y Alicante trabajaban 9 personas en cada una y en la de Castellón disponía de 7 trabajadores.

Cuando finalice en 2008 el ERE, en el C.P TVE de Paterna según la plantilla propuesta por la empresa quedarán 52 trabajadores (una reducción del 51%) que deben ocuparse, según la propuesta de la empresa, de la emisión durante 24 horas del canal temático Docu TVE y de la producción de un informativo diario de lunes a viernes de veinte minutos de duración con lo que la cobertura informativa diaria se ha reducido en más de un 50% al pasarse de emitir dos informativos diarios a uno solo. Además, deben seguirse produciendo las noticias que cada día soliciten los Telediarios y otros espacios informativos de ámbito nacional.

Con respecto a la programación ampliada financiada con el convenio con la Generalitat Valenciana, la nueva Corporación todavía no ha mostrado sus intenciones al respecto. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha destinado en sus Presupuestos 2007 una partida de 600.000 € para un posible Convenio con RTVE.

La reducción de empleo en RNE es relevante: el Centro de Valencia queda con 20 trabajadores (40% de reducción) mientras que las emisoras territoriales se convierten en Unidades Informativas comunes para radio y televisión: Alicante se queda con 8 trabajadores, Castellón con 6 y Elche con 2.

Tal y como ha manifestado CCOO, considerando que RTVE en el País Valenciano debe jugar un papel fundamental en la proyección de la diversidad cultural y lingüística valenciana en el resto del Estado para hacer frente al reto de una articulación y cohesión estatales, promovidas desde la cultura y la información, no se puede volver a una visión centralista en la que pequeñas corresponsalías elaboren la información procedente de las comunidades autónomas, restringida a sucesos y deportes.

Así, consideramos que la plantilla propuesta para el Centro de Paterna es insuficiente. Plantea un número personal para hacer un informativo autonómico diario, de lunes a viernes, que ni siquiera tiene en cuenta el carácter bilingüe de nuestra Comunidad al olvidar un puesto de traductor y corrector, teniendo en cuenta que la propia Ley indica que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de las Comunidades Autónomas. La exigua dotación de personal propuesta impediría elaborar piezas completas para los informativos nacionales por la tarde y en fines de semana por una mera cuestión de disponibilidad horaria de los trabajadores, e incluso las piezas de última hora para el TD1 tendrían problemas.

En consecuencia, se propone la siguiente plantilla basada en la aplicación de la legislación laboral aplicable en la actualidad (XVII Convenio Colectivo que fija una jornada semanal de 35 horas):

PLANTILLA DE TVE NECESARIA PARA CUMPLIR LAS PROPUESTAS DE FUNCIONES:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37

Para interpretar las cifras hay que tener en cuenta las 35 horas de la jornada semanal y la necesidad de mantener operativas las instalaciones del Centro durante las 24 horas del día, los 365 días del año para poder emitir el Canal Temático Docu TVE de emisión ininterrumpida, lo que exige un severo régimen de turnos y una disponibilidad horaria para cubrir los frecuentes acontecimientos informativos. Además, hay que tener en cuenta el “Acuerdo Paterna” firmado con la Dirección en 1995 que modificaba las condiciones de trabajo del Centro para proporcionar una flexibilidad operativa de la que carece el resto de la empresa. Así, por ejemplo, establece un catálogo de puestos de trabajo que fusionan las funciones de distintas categorías profesionales: Reporteros Gráficos incluye cámaras ENG y cámaras de estudio, Técnicos Electrónicos incluye Control Central, Mantenimiento y Continuidad 24 horas del canal Docu TVE, por mostrar algunos ejemplos.

En el Pais Valenciano hay que destacar su lengua, su importancia demográfica, social y económica.

Respecto al canal temático Docu TVE, en el Acuerdo para la Constitución de la Corporación RTVE se garantiza mantener la emisión en Paterna, pero es necesario volver a realizar en Paterna la postproducción de todos los elementos de continuidad del canal (autopromociones, cabeceras, ajustes. , ), reportajes y programas que se deriven de la emisión de ese canal, en el que cabria una mayor presencia de la realidad de la Comunidad Valenciana. Y por supuesto, la emisión desde el Centro de las dos o más programaciones diferenciadas que pudieran existir tanto en horario como en contenidos, para lo cual se necesita un equipo de producción adecuado, aparte del dedicado a informativos.

A la vista de lo expuesto resulta imprescindible el mantenimiento y reconocimiento como Centro de Producción, por lo cual, defendemos la continuidad como mínimo de la última programación patrocinada por la Generalitat Valenciana continuando la herencia de unos Acuerdos de Colaboración que incluso con gobiernos de distinto signo durante los últimos trece años han permitido realizar programas y series de indudable éxito, artístico y económico. Un nuevo convenio que eliminando las intolerables interferencias políticas y pretensiones de control informativo del firmado por el gobierno de Camps permitiera la especialización en un tipo de programas de servicio público del género de informativos no diarios, que fueran susceptibles de ser explotados económicamente (distribuidos a las nuevas televisiones públicas de carácter municipal) y a su vez cumplieran la obligación como radiotelevisión pública al servicio de los ciudadanos valencianos. De esta manera, podríamos hablar de ser el motor del desarrollo de la Televisión Digital Terrestre que no puede quedar exclusivamente en manos privadas.

Respecto a RNE, consideramos se debe mantener e incluso aumentar su actual estructura territorial en Alicante Castellón, Elche y Valencia de tal manera que Radio 5 mantenga su carácter de “todo noticias” estatal, Autonómica y local. Las necesidades informativas del País Valenciano, que un medio tan cercano e inmediato en su respuesta a la noticia proporciona, no pueden reducirse. Además, la radio es el medio que con la aplicación de los desarrollos tecnológicos ya existentes puede hacer realidad la interactividad de unos medios informativos que deben estar orientados a impulsar la sociedad de la información.

Por todo ello, se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.- Que el Centro Territorial de RTVE del País Valenciano, ubicado en Paterna, sea reconocido como Centro de Producción, al igual que los centros de Cataluña y Canarias.

2.- Que la Corporación RTVE dote el centro de Paterna de personal suficiente para hacer frente a las tareas que le corresponden como centro de estas características, evitando la externalización de funciones. En concreto se pide la siguiente plantilla:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
3
9
REPORTERO GRAFICO
12
7
5
PRODUCTOR
2
0
2
TÉC. SUP. PRODUCCIÓN
2
2
0
DOCUMENTALISTA
4
2
2
REALIZADOR
2
2
0
JEFE DE EMISIONES
3
0
3
TÉC. SUP. REALIZACIÓN
6
5
1
TÉC. SUP VÍDEO
10
10
0
TÉC. SUP SONIDO
4
4
0
TÉC. SUP ELECTRÓNICO
24
14
10
TÉC SUP. ADMINISTRACIÓN
3
1
2
GRAFISMO
2
0
2
TRADUCTOR
1
0
1
TOTAL
87
50
37

3.- Que la Corporación RTVE cumpla los acuerdos de colaboración entre la Generalitat Valenciana y RTVE de modo que permita continuar con la producción de programas y series de éxito cultural, artístico y comercial.

4.- Que la estructura de personal y territorial de RNE respecto a la propuesta actual de la dirección en el País Valenciano, se vea incrementada con el fin de dar cumplimiento a las necesidades informativas reales.

PLANTILLA DE RNE VALENCIA PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
12
7
5
TÉC. SUP. DE SONIDO
8
6
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
4
4
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
2
1
1
TOTAL
26
18
8

PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA CASTELLÓN PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
4
0
4
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
1
2
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TÉC. SUP. DE IMAGEN
1
0
1
TOTAL
10
2
8

PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ALICANTE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
5
3
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
1
0
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
1
0
TÉC. SUP. DE IMAGEN
2
1
1
TOTAL
12
8
4

PLANTILLA DE LA CORPORACION RTVE PARA ELCHE PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS NECESIDADES INFORMATIVAS:

CATEGORIAS

ACTUAL
VACANTES
INFORMADOR
3
1
2
TÉC. SUP. DE SONIDO
3
2
1
TÉC. SUP . ELECTRÓNICO
1
0
1
TÉC. SUP. ADMINISTRACIÓN-PRODUCCIÓN
1
0
1
TOTAL
8
3
5

Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, 30 de abril de 2007

Fdo.: Isaura Navarro Casillas Fdo.: Joan Herrera Torres
Diputada del G. P. IU-ICV Portavoz G.P. IU-ICV

Todas las noticias publicadas sobre el acuerdo de la Ley de la Memoria

2007-04-20T06:47:00.000-07:00

UN PASO HACIA UNA LEY JUSTA

PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquistaEl proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).

El PSOE desbloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC
MEMORIA HISTÓRICA. EL ACUERDO PSOE-IU ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA LA NULIDAD DE LAS SENTENCIAS SUMARÍSIMAS

SERVIMEDIA , 19-4-07

El PSOE e IU-ICV alcanzaron hoy un acuerdo sobre la ley de memoria histórica que declara la ilegitimidad de todos y cada uno de los tribunales de represión franquista y abre una vía para que los represaliados recurran a la justicia para reclamar la nulidad de las sentencias sumarísimas.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz del PSOE, Diego López Garrido confirmó este acuerdo, que declara "la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

El documento entregado hoy a los periodistas indica que esa "ilegitimidad" se deriva de que tales procesos fueron "contrarios a Derecho y vulneran las más elementales exigencias del derechos a un juicio justo", con "vicios de forma y fondo".

En ese mismo artículo se menciona expresamente las sentencias dictada por el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Tribunales de Responsabilidades Políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta técnica del Estado y del Gobierno y el Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos.

Igualmente, continúa el texto, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales y órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Se reconoce además "el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los apartados anteriores".

Este derecho será "compatible" con otros derechos y medidas reparadoras "reconocidas en normas anteriores, así como el ejercicio de las acciones a que hubiera lugar ante los tribunales de justicia".

Los represaliados tendrán derecho a "solicitar la declaración de personas afectadas y, en su defecto, su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".

También podrán solicitar esta declaración las instituciones públicas, previo acuerdo de su órgano colegiado de gobierno, respecto de quienes no tengan familiares o cónyuge y hubiesen desempeñado cargos o actividades relevantes en la misma.

Estas declaración se podrá solicitar al Ministerio de Justicia y para ello las personas o instituciones afectadas tendrán que aportar toda la documentación sobre los hechos o el procedimiento que obre en su poder, así como aquellos antecedentes que se consideren oportunos.

La ley tiene por objeto "reconocer y ampliar" derechos a favor de padecieron "persecución y violencia" por motivos políticos o ideológicos y recuperar la memoria de los represaliados.

Pretende también "el fomento de los valores y principios democráticos", y la recuperación y preservación de todos los documentos relativos a ese período histórico. Reconoce el "carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal".

Además, esta norma será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, aunque "no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública, ni dará lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
PSOE e IU desbloquean la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de la justicia franquista
El proyecto legislativo eliminará la figura del comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas, y condenará de forma expresa la dictadura
EL PAIS - CARLOS E. CUE - Madrid - 19/04/2007
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar la ilegitimidad de los tribunales y los procesos judiciales llevados a cabo por motivos ideológicos durante la Guerra Civil y el franquismo, según han informado fuentes parlamentarias.
El proyecto legislativo impulsado por el Gobierno se arrastraba por el Congreso después de que todos los grupos excepto el Partido Popular (que se opone) mostraran su apoyo a la iniciativa pero dejaran claro que no les gustaba cómo estaba redactada. A ninguno le convencía que la ley creara un comité de notables para rehabilitar el buen nombre de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
El comité de notables, descartado
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados. El grupo presidido por Gaspar Llamazares propuso reconocer de forma oficial “el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista”. Y, además, declarar “la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas”.
El pacto alcanzado por el PSOE e IU descarta la figura del tribunal de notables a cambio de esa declaración general de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. Además, IU logra que se eliminen algunas menciones que igualaban a los dos bandos en contienda, así como la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información..
Condena expresa del franquismo
Además, en el preámbulo de la ley se hará una condena expresa al régimen franquista por deseo de la coalición, y el texto convertirá el conocimiento de lo acaecido durante la dictadura y el fomento de los valores democráticos en política pública (es decir, constituirá un deber para las instituciones hacerlo).
El Gobierno trata ahora de sumar a este pacto al resto de grupos parlamentarios, aunque considera que será difícil convencer a ERC y prácticamente imposible arrancar el apoyo del PP.
RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica
Incorporar una nueva referencia a la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas
EL MUNDO .- EFE MADRID

El PSOE e IU-ICV han llegado a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de Ley de Memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la "ilegitimidad" de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como "irrenunciable" la supresión de los llamados juicios sumarísimos del franquismo.
En el artículo 3 del nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la "ilegitimidad" de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, "por motivos ideológicos o políticos", condenas o sanciones.
Se declaran "ilegítimas", asimismo, las resoluciones de estos organismos dictadas contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores y principios democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
Se suprimen los artículos 5, 6 y 7 del proyecto del Gobierno, de manera que se descarta la creación de la figura de un tribunal de notables encargado de analizar cada caso concreto y reconocer individualmente a cada una de las víctimas.
'Restañar las heridas'
En una comparecencia en el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, hizo un llamamiento al resto de grupos, incluido el PP, para que se incorporen a este acuerdo, al entender que puede aglutinar el consenso general.
Hay que "restañar las heridas, todas las heridas", de quienes fueron perjudicados por "un régimen no democrático, una dictadura represora y una terrible Guerra Civil", dijo el portavoz del PSOE, para quien el acuerdo es un avance "significativo" y "determinante".
En el tramo final de la reunión en la que se fraguó el acuerdo entre López Garrido y los representantes de IU-ICV, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, estuvo presente el portavoz del grupo parlamentario de ERC, Agustí Cerdá, que, aunque tuvo conocimiento del texto, decidió no sumarse al pacto.
Fuentes de esta formación explicaron que, si bien todavía tienen que estudiar con detalle la nueva redacción de los artículos del proyecto, en principio no recogen la "anulación" de causas que ellos insistían en reclamar junto a IU y por ello no se adhieren.
PSOE e IU acuerdan que la ley de memoria histórica anule los juicios franquistas
20MINUTOS.ES. 19.04.2007 -
Se desbloquearía así el proceso de aprobación de la ley.
Los juicios sumarisimos dividían a la izquierda.
El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada "Ley de Memoria Histórica" que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias.
Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados "juicios sumarísimos" celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías.
Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto, que pasaría por anular estas sentencias judiciales.
Críticas del PP
El diputado recalcó la "contradicción" e "hipocresía" en la que se incurre al pretender la superación de viejas heridas "removiendo el barro" a través de un proyecto que "disfraza de iniciativa de concordia lo que no es más que un paso adelante en el proceso de ruptura del pacto de convivencia".
De hecho, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar al PSOE y a sí mismo", por haber "roto" con la "reconciliación" que han defendido en el pasado tanto él mismo como líderes de la izquierda, entre ellos Felipe González o Javier Solana.
Las sentencias de Companys y Puig Antich podrán ser anuladas con la Ley de Memoria Histórica
El texto pactado entre PSOE e IU-ICV permite a las familias de los condenados acudir a los tribunales ordinarios para revisar las sentencias franquistas, según Joan Herrera
19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ADN
El PSOE e IU-ICV han alcanzado este jueves un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. Según Joan Herrera, portavoz del grupo parlamentario IU-ICV, el acuerdo puede permitir, por ejemplo, la anulación del juicio sumarísimo al presidente de la Generalitat catalana en tiempos de la República, Lluís Companys. El consejo de guerra contra el anarquista Salvador Puig Antich, ejecutado en 1974, también podría quedar sin efecto, puesto que las familias de los reos podrán acudir a los tribunales ordinarios para que se revisen sus casos."Si la ley se aprueba tal como está pactada, España quedará equiparada a otros países europeos en lo que se refiere a la condena de los regímenes fascistas", asegura Herrera. Según el diputado, queda pendiente acordar el futuro del Valle de los Caídos, que IU-ICV quiere convertir en un museo por la paz, los archivos de la represión, las fosas comunes y los símbolos franquistas.Anulación de juiciosInicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo. Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios. La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Con este acuerdo, la ley ya obtendría la mayoría de votos del Congreso gracias a los apoyos del PSOE e IU.ERC no se sumaEsquerra Republicana no hace suyo el acuerdo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos, según fuentes de ERC. El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura". Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes". Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".El PNV quiere más cambiosEl portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ve bien el pacto alcanzado entre PSOE e IU-ICV sobre la conocida como Ley de Memoria Histórica para declarar "injustas" las condenas políticas e "ilegítimos" los tribunales del franquismo que las dictaron, pero insiste en la necesidad de retocar otros puntos del proyecto de ley como los referidos a los símbolos de la dictadura, la devolución del patrimonio incautado a los partidos y el acceso a los archivos.
PSOE e IU desbloquean la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica

19 de abril de 2007.- EUROPA PRESS - Diario ABC

Con la sombra de la polémica, PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo que desbloquea la tramitación parlamentaria de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto defnitivo incluye, entre otros puntos, declarar "injustas" las condenas políticas del franquismo e "ilegítimos" los tribunales que las emitieron.

El pacto se limita a los siete primeros artículos del proyecto de ley, que regulan el objeto de la ley, un reconocimiento general a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y la posibilidad de obtener una declaración de reparación personal.

Según la redacción pactada, "se declara la ilegitimidad de los tribunales y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, durante la Guerra Civil, se hubieran constituido para imponer, por motivos ideológicos o políticos, condenas o sanciones de carácter personal, así como la de sus resoluciones".

Por ello, "se declara la ilegitimidad, por vicios de forma y fondo, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de responsabilidades políticas de la Junta de Defensa Nacional, de la Junta Técnica del Estado y el Gobierno, y Tribunal de Orden Público, así como todos los Consejos de Guerra realizados por motivos ideológicos o políticos".
Igualmente, "se declaran ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos ideológicos o políticos por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".

Ilegitimidad de los tribunales

En una disposición adicional en la que siguen trabajando PSOE e IU-ICV y que aún no está cerrada se justificará la ilegitimidad de los tribunales con una relación de las disposiciones del franquismo, desde los bando de guerra de Burgos, que están afectadas por esta declaración.

A partir de esos mimbres, se reconoce el derecho a obtener una "Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes sufrieron estas condenas "injustas" de tribunales "ilegítimos".

Esa declaración, que no tendrá efectos económicos, será expedida por el Ministerio de Justicia, con lo que se suprime el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes y que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.

Por las víctimas

El acuerdo también precisa el objeto de la ley dejando claro que su pretensión es "reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos".

Recalca también que el objetivo de ampliar ese reconocimiento es "fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales".

En ese sentido, "se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecido durante la Guerra Civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos relacionados con ese periodo histórico y depositados en archivos públicos".

IU y PSOE desbloquean la Ley de Memoria, que ilegitimará los juicios del franquismo
Jueves 19 de abril de 2007.laRepublica.es
El PSOE e Izquierda Unida han debloqueado la Ley de la Memoria Histórica al acordar que los juicios realizados durante el franquismo deben ser declarados ilegítimos.
El presidente del grupo parlamentario de IU-ICV y el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, dan una rueda de prensa a las en estos momentos para hablar de la cuestión.
Izquierda Unida envió al PSOE una alternativa a su propuesta inicial de que los juicios del franquismo fueran anulados y reconocer de forma oficial "el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal y colectiva producidas por razonas ideológicas y políticas durante la Guerra Civil por parte de los sublevados, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura franquista". Proponía además declarar "la ilegitimidad, material y formal, de los consejos de guerra, del tribunal de represión de la masonería y del comunismo y de los tribunales de responsabilidades políticas".
El acuerdo alcanzado eliminará la figura del tribunal de notables a cambio de una declaración de ilegitimidad de los procesos judiciales llevados a cabo durante el franquismo. IU ha logrado que se eliminen algunas menciones que igualaban a ambos bandos, y la obligación de ocultar el nombre de los verdugos a todo aquél que quiera acceder a esa información.
Según Emilio Silva, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria, en declaraciones a laRepublica.es, y aunque aun no conoce todos los detalles y no puede realizar una declaración institucional de su asociación, cree con este acuerdo podrán revisarse todos los juicios políticos del franquismo.
Además, las exhumaciones y la búsqueda de desaparecidos será asumida como política de Estado, por lo que debería haber, de este modo, fondos para llevarlas a cabo.
El preámbulo de la nueva ley condenará expersamente el régimen de Franco, por deseo y a propuesta de IU.
PSOE e IU-ICV llegan a un acuerdo para desbloquear la Ley de Memoria Histórica19 de abril de 2007 .- Diario La Razón.- Efe - Madrid.- El PSOE e IU-ICV llegaron hoy a un acuerdo para desbloquear la tramitación de la llamada «Ley de Memoria Histórica» que pretende reconocer a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes parlamentarias. Hasta ahora, el principal escollo planteado por los grupos IU-ICV y ERC para sacar adelante este proyecto de ley era su demanda para anular los denominados «juicios sumarísimos» celebrados durante la dictadura sin las debidas garantías. Según las fuentes, PSOE e IU-ICV han alcanzado un punto de encuentro en torno a este asunto que será explicado a última hora de esta mañana en sendas ruedas de prensa por sus respectivos portavoces parlamentarios.

El PSOE debloquea la Ley de Memoria Histórica junto a IU y sin el apoyo de ERC

19-04-2007 - Diariocrítico/Agencias

El PSOE e IU-ICV han alcanzado un acuerdo para que la Ley de Memoria Histórica incluya una declaración de "ilegitimidad" de las condenas y sanciones de los tribunales del franquismo, paso previo para desbloquear la tramitación parlamentaria de este proyecto en el Congreso. ERC no se unió al acuerdo.

Inicialmente, IU-ICV abogaba por la anulación de todos los juicios políticos del franquismo, incluyendo los de los antiguos Tribunales de Orden Público (TOP), así como la declaración de "imprescriptibilidad" de crímenes contra la humanidad en la dictadura y la creación de una Fiscalía específica para alentar la reparación a las víctimas y perseguir la apología del franquismo.

Este acuerdo parcial supondría retirar el Comité de Notables que preveía el proyecto del Gobierno para revisar individualmente los expedientes, que ya había sido cuestionado por los grupos minoritarios.

La fórmula acordada ha sido comunicada este mediodía a los demás grupos parlamentarios de la oposición, salvo el PP, que mantiene su oposición frontal a la Ley de Memoria Histórica. Las minorías se han comprometido a estudiarla.

ERC no se suma al acuerdo

Esquerra Republicana, socia del Gobierno en el Congreso, ha sido informado del acuerdo alcanzado por PSOE e IU-ICV, pero no lo hace suyo porque sigue echando en falta la anulación de los juicios sumarísimos.

El grupo parlamentario de ERC había presentado un amplio paquete de enmiendas a la conocida como Ley de Memoria Histórica en las que, además de reclamar la anulación de los juicios sumarísimos, pedía reconocer el "carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier otra forma de violencia sufridas como consecuencia de la defensa del orden constitucional republicano, así como las padecidas durante la dictadura".

Aduciendo la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y la actuación de los tribunales españoles en la persecución de los producidos en otros países, ERC planteaba también que los "crímenes contra la humanidad" cometidos por la dictadura "no queden impunes".

Igualmente, reclamaba entre otras cosas que las víctimas del franquismo puedan llevar sus casos a los tribunales para que se persiga a los 'genocidas' del régimen y que el Rey "formalice solemnemente en nombre del Estado español las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".

Intervencion Ley acceso electronico de los ciudadanos a las administraciones publicas

2007-04-13T01:59:00.000-07:00

La señora NAVARRO CASILLAS: Ante una realidad que evidencia el masivo uso de las nuevas tecnologías, la actualidad de la Administración hasta hoy no se corresponde con las posibilidades que precisamente estas nuevas tecnologías ofrecen. Esta ley aspira a consagrar el derecho a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Para que esta ley no quede en un mero derecho virtual o retórico ni genere un nuevo mercado en el ámbito de las Administraciones Públicas que implique un mayor coste para el ciudadano a través del erario público y una falta de optar por el mecanismo o sistema más igualitario, práctico, eficiente y accesible, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una serie de enmiendas que pretenden lograr una Administración económica y que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia, tal como se establece en toda la legislación española a este respecto, incluso de acuerdo con una proposición no de ley aprobada en el Pleno que incorporaba enmiendas de nuestro grupo parlamentario y propuesta por el grupo que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción del software libre.

Es la esencia de esta proposición no de ley la que también inspira las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó y que les constan al resto de grupos parlamentarios. Se trata de que en la administración, con independencia de que esta sea central, autonómica o local, se utilice de forma preferente el software libre o los estándares abiertos. El software también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos pues no es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado por la administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos porque ese software lo pagaremos entre todos. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha logrado así, a través de nuestras enmiendas y con una negociación con el resto de grupos y, especialmente, el grupo mayoritario, una garantía de seguridad en el traspaso de datos y su lectura precisamente a través de soportes y formatos que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Estamos siempre en el mismo ámbito. Desde nuestro punto de vista para que la conservación de la información en soporte electrónico se dé de una manera adecuada, la utilización del software libre y de estándares abiertos facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, soportes o descatalogación. Esto se recoge a través de la transaccional de la enmienda número 28 y otras. Entendemos que el derecho del ciudadano a elegir los sistemas para relacionarse con las administraciones públicas debe estar recogido y así lo está a través de nuestras enmiendas siempre y cuando estén dentro del marco que establecemos en el nuevo redactado de la ley, es decir, el uso de estándares abiertos o, en su caso, de aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. El objetivo de todo esto es recoger el principio de igualdad que se establece gracias a la transaccional a la enmienda número 37, en el acceso electrónico a los servicios de las administraciones públicas. Consideramos que la única manera de garantizar la igualdad en este ámbito es la clara opción por el software libre o los estándares abiertos informáticos, que evitan que se discrimine a los ciudadanos debido a su elección tecnológica. La fórmula escogida, que es a la que he dado redacción, es la fórmula de la transaccional y que se repite una y otra vez en las enmiendas transaccionadas a este respecto, pretende que sea más clara expresar la obligación de las administraciones públicas al comunicarse con los ciudadanos de usar los estándares abiertos. La excepción que se recoge a la misma, es decir: así como y en su caso y de forma complementaria, se refiere al caso en el que no existan estándares abiertos para ese uso y el hecho de que se puedan usar otros que no sean estándares abiertos solo de fórmula complementaria. Esto es un valor añadido para la emisión de la misma información o servicio. Como digo, el objetivo de todas estas transaccionales es recoger y garantizar que no habrá ninguna discriminación por razones de elección tecnológica de la persona o empresa. Ese es el objetivo de todas estas enmiendas, de la fórmula escogida en las transaccionales. Se trata de apostar por una opción clara y contundente, por el software libre y los estándares abiertos tal y como se recogió en la proposición no de ley aprobada por unanimidad.
Con la enmienda número 48 se pretende evitar que cada administración determine unos estándares de formatos y requisitos diferentes garantizando la interoperabilidad y así se recoge en la transaccional que también se ha pactado con el grupo mayoritario y el resto de grupos. La enmienda número 49 pretende sustituir el registro del destinatario por el de origen que es del que se tiene constancia. Esta enmienda no tienen hoy por hoy ninguna transaccional y el objetivo de la misma es que la fecha que el ciudadano tiene constancia es la de origen y no la del destinatario, es decir, cuando uno presenta un escrito en una administración la fecha de la presentación es la que al ciudadano le sirve de referencia.

Tancament TV3

2007-03-27T02:26:00.000-07:00

Si voleu participar per evitar que la censura de temps predemocràtics impere al nostre país, ací teniu un link per mostrar el vostre rebuig al tancament de la TV3 al País Valencià:

http://e-criteri.cat/index.cfm?plana=participa.cfm?ID=2

Interpelacion Isaura Navarro financiación Iglesia Católica

2007-03-26T05:04:00.000-07:00

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, PARA QUE EL GOBIERNO EXPLIQUE LOS CONTENIDOS DE LA NEGOCIACIÓN CON LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MARCO DE LA AUTOFINANCIACIÓN DE LA MISMA Y LAS DEMÁS CREENCIAS RELIGIOSAS RESPONDIENDO AL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO.(Número de expediente 173/000165.)
El señor PRESIDENTE: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para que el Gobierno explique los contenidos de la negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias religiosas, respondiendo al artículo constitucional referido a la libertad ideológica, religiosa y de culto. (Rumores.) Para la defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente, cuando las condiciones del debate lo permitan, tiene la palabra la señora Navarro. (La señora vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, por favor, tratamos de continuar con la sesión plenaria. Les rogaría que si desean ausentarse del hemiciclo lo hagan con celeridad y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, como les decía, continuamos con la sesión plenaria. Les rogaría que permitieran a su compañera la señora Navarro hacer uso de la palabra para defender esta moción consecuencia de interpelación.
Adelante, señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción versa sobre una cuestión que hoy por hoy, en aplicación de nuestra Constitución española y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tendría que tener lugar; versa también sobre un acuerdo entre el Gobierno socialista y la jerarquía de la Iglesia católica, que se aparta del mandato constitucional, un acuerdo que simboliza un serio paso atrás, consolidando la tan cuestionada sobrefinanciación de la Iglesia católica con todos los gobiernos que han ido pasando, y finalmente la Iglesia católica ha conseguido su gran objetivo, que era esa consolidación.
(Rumores.) La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señora Navarro, un momento.Señorías, por favor, una de sus compañeras está intentando utilizar sus minutos en la tribuna. Les rogaría un poco de respeto y de silencio.
Adelante, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Qué se ha pedido a cambio de esa sobrefinanciación? Prácticamente nada. Porque la nada es que la Iglesia católica tenga que cumplir con una normativa que lleva quince años incumpliendo, que es el pago del IVA, y tendremos que verlo, porque es algo que se debía haber hecho hace quince años. Su incumplimiento no es más que un reflejo de lo que ocurre en el Estado español: que la Iglesia católica mueve su dinero y sus bienes a sus anchas, sin ningún control del Estado, ni siquiera el dinero público, como el Rey; sin ningún control, absolutamente ninguno. Pagará el IVA, dicen, pero, ¿qué control hay sobre los demás impuestos? Como digo, absolutamente ninguno. Esta moción exige un control sobre el dinero que reciben del Estado, el dinero que se recibe de todos los contribuyentes, porque no solo es el que se recibe a través de la famosa casilla, sino que son múltiples e incalculables las vías por las que el imperio de la Iglesia católica adquiere dinero público, lo que el ministro de Justicia, en contestación a la interpelación de este grupo parlamentario, llamó vías de cooperación, y lo que también llama así el Partido Popular en la enmienda que ha presentado a la moción de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, haciendo uso de un clarísimo eufemismo.Este Gobierno, señorías, tenía un gran espacio para la negociación, pero no ha sido así. A los profesores de religión -un claro ejemplo- les seguimos pagando entre todos incluso las indemnizaciones que se dan por ceses cuyos motivos desde Izquierda Unida nunca compartiremos y contrarios a la laicidad simplemente de una relación laboral. Ninguna exigencia se ha alcanzado tampoco sobre el cumplimiento de las múltiples resoluciones de la Agencia de Protección de Datos sobre anotaciones en los libros de bautismo y las peticiones de baja por apostasía a la Iglesia católica. Desde 2004 se están dictando por parte de la Agencia de Protección de Datos resoluciones que son reiteradamente incumplidas y precisamente aquí tengo un ejemplo de contestación del Arzobispado de Valencia donde se dice que no piensan cumplir con la petición realizada.De este modo se incumple el mandato que una y otra vez reitera la Agencia de Protección de Datos, pero nada dice el Gobierno al respecto. Tampoco hay ningún acuerdo sobre mecanismos de apostasía que permitan el cumplimiento de un mandato tanto de los tratados internacionales como de nuestro derecho interno, además de cumplir con una demanda ciudadana que es manifestada en las calles una y otra vez. Al contrario, se requiere un mecanismo para darse de baja de la Iglesia, pero que después no diga la Iglesia católica que un 90 por ciento de los ciudadanos españoles son católicos porque me imagino que entonces se estarán basando en cifras que no responden a la realidad y sí más bien a la realidad trastocada a través de la negativa a dar de baja de la Iglesia católica. Por no hablar de la asignatura de religión, última concesión de este Gobierno.
¿A qué juega este Gobierno, señorías? Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds preferimos que la Iglesia se manifieste una y otra vez en las calles, preferimos volver a ver a todos los curas, obispos, arzobispos, mientras se aprueben leyes progresistas que permitan a este país avanzar y librarse del lastre de 40 años de dictadura y poder eclesiástico. Eso es lo que queremos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y no queremos volver a ver a ningún miembro del Gobierno besando las manos a esos obispos, arzobispos y demás; no queremos ver en el presente el pasado. Por ello hoy por hoy algunos seguimos luchando por el cumplimiento sencillo de la Constitución española. Seguimos luchando -y por eso presentamos esta moción- por la renegociación del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede derivado del concordato, por el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la autofinanciación real de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas. Eso sí, mientras se mantenga la casilla, que también se dé el 0,7 a las ONG.
Señorías, pedimos nitidez, transparencia y control sobre el dinero público que maneja la Iglesia católica, incluida la intervención del Tribunal de Cuentas. Pedimos garantías de que el uso a que se destine el dinero sea el fin preestablecido de la subvención y que no se destine a invertir en Bolsa y a otros menesteres a los que se dedica la Iglesia católica, porque desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds aspiramos a una sociedad libre y laica donde todos, con independencia de la confesión religiosa que profesen o no, directa o indirectamente, seamos tratados igual por el Estado. ¿Ustedes saben lo que se está financiando -no son ni siquiera obras de caridad- con el dinero público que se entrega a la Iglesia católica? Se financia un modo de vida y un modelo de sociedad, que se pretende ir consolidando, que rechaza los avances científicos como la investigación genética y las biotecnologías; que rechaza el divorcio; que no permite el uso del preservativo ni siquiera para frenar los avances del sida; que rechaza el uso de los demás anticonceptivos; que discrimina a los homosexuales; que condena a la mujer al ostracismo y al machismo, llegando a justificar incluso el maltrato; que consolida la pobreza y que, para colmo, no te permite darte de baja. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos dejar claro que estamos profundamente en contra de seguir financiando un modelo de sociedad que no compartimos y por ello presentamos esta moción que representa los objetivos históricos de esta formación política y de Iniciativa per Catalunya. Les aseguro que no cesaremos en nuestras reivindicaciones.
Gracias.La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.Muchas gracias.
Señorías, pasamos a la defensa de las dos enmiendas presentadas.Comenzaremos con el señor Rodríguez en defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.Señoras y señores diputados, evidentemente el Estado español no es un Estado laico. Lo grave es que por el camino que va tampoco es un Estado aconfesional. Realmente se está dando una involución que está llegando a establecer como dogma de normalidad política lo que es confesional católico y todos los demás tendremos que apuntarnos a una especie de objeción de conciencia. No otra cosa es que sigan perviviendo símbolos de una determinada confesión religiosa en lugares públicos, especialmente en la escuela; no otra cosa es que tenga validez civil de forma mecánica el matrimonio canónico; no otra cosa es la presencia de muchos miembros de la Iglesia católica -de curas- en las Fuerzas Armadas o en los servicios de carácter sanitario y no otra cosa es que la enseñanza de la religión católica sea una asignatura evaluable y computable a efectos incluso de promoción de un curso a otro e incluso que haya profesores de esta asignatura que están pagados por el erario público pero que están regidos, a la hora de la verdad, por la institución eclesiástica del catolicismo.
Estamos realmente ante una involución donde prácticamente se considera normal poder discutir las decisiones democráticamente asumidas por los poderes públicos democráticos, en concreto por este Congreso de los Diputados, de tal forma que se está intentando que una determinada moral, un determinado tipo de religión, con la política incluso descarada de tipo terrenal que se defiende, pase como normal, reciba todas las bendiciones, reciba la subvención pública y, además, resulte anómalo cualquier otro tipo de planteamiento laico o aconfesional. Por esto, el Bloque Nacionalista Galego considera que es necesario todo lo que la moción de Izquierda Unida presenta pero además con dos añadidos fundamentales. Uno de ellos es modificar el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas, que realmente resulta increíble no en un gobierno socialista, sino en un gobierno puramente democrático. El segundo añadido es la elaboración de una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa porque todos estaremos de acuerdo en que si hay libertad religiosa será para todas las religiones. Si el Estado es aconfesional, será en relación con todas las religiones, aunque parta del supuesto, desgracia por lo demás que impide que haya un Estado laico, de que los valores religiosos son de consideración política. Esta es una de las deficiencias fundamentales de la Constitución española, después lógicamente manipulada al servicio de una confesionalidad descarada. Por lo tanto, consideramos que es necesaria la modificación del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa para por lo menos adaptarla a un Estado claramente aconfesional de carácter prescriptivo y en consonancia con circunstancias socioreligiosas de la sociedad actual, en parte mucho más laica, mucho más desacralizada, en parte seguramente mucho más confesional fundamentalista y, al mismo tiempo, plural, desde el punto de vista de manifestación de religiones que tradicionalmente no tenían presencia en nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en qué papel tienen que ocupar las religiones en relación con las instituciones de carácter público y en relación con la legitimidad de esos poderes públicos a la hora de establecer leyes. Creo que no es de recibo una Iglesia católica insaciable que no solo defiende su moral, sino que es capaz de salir a la calle disputando y discutiendo lo que el poder público democrático establece de forma legal y de forma totalmente legítima porque es el único establecido para dictaminar normas de conducta que nos afecten a todos. Por lo tanto, la legalidad es él quien la prescribe, no ningún tipo de iglesia y menos la Iglesia católica, que en este caso es la preponderante.
Es un debate muy importante. El Gobierno no debería desatender esta cuestión porque no nos cabe la menor duda de que a través de un determinado tipo de planteamientos lo que se está haciendo es un ataque al Estado democrático plural, un ataque al Estado -ya no digamos laico- aconfesional. Señorías, tratándose de dinero público y tratándose de leyes aprobadas en este Parlamento, nosotros - no solo el Gobierno- debemos ser los primeros interesados en que se nos respete como representantes legítimos de los distintos pueblos del Estado español.Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Rodríguez.La segunda enmienda la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será el señor Tomé el que en su nombre tome la palabra para defenderla.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar la moción sobre el nuevo marco para la autofinanciación de la Iglesia católica que ha presentado Izquierda Unida. No lo vamos a hacer porque no compartimos las premisas de las que se parte ni las conclusiones a las que se quiere llegar.Creemos que se quiere superar el principio de libertad religiosa y de cooperación entre los poderes públicos y la Iglesia católica y las demás confesiones, que consagra el artículo 16 de la Constitución, para imponer una visión ideológica laicista y antiliberal que ignora la realidad plural de nuestra sociedad y aspira a relegar a la religión fuera del espacio social o público sometiendo a las confesiones a sospecha y a vigilancia por parte de los poderes públicos. En este sentido, la portavoz de Izquierda Unida ha vuelto a reclamar hoy una regulación civil de la apostasía, propuesta que evoca, aunque seguro que en términos distintos, la realidad de otros siglos. También desde el Partido Socialista, en un reciente manifiesto, se pretende prevenir a la sociedad contra graves fracturas y atentados contra los derechos humanos que derivarían en nuestro país del hecho religioso. Desde el mismo ámbito se reclama la prohibición de la celebración en los colegios de la Navidad en contra de una tradición histórica, cultural y social plenamente arraigada en nuestra sociedad.
Señorías, nuestra Constitución proclama la libertad religiosa, libertad para creer, para no creer o para dejar de creer, una auténtica libertad ideológica y de culto para los individuos y las comunidades sin más límites en sus manifestaciones que las que se derivan del orden público.En consecuencia, nuestro Estado se declara aconfesional, es decir, incompetente en materia religiosa y neutral en cuanto a creencias, convicciones o cosmovisiones de carácter ideológico. Cuando la Constitución ordena que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española lo hace para proteger el ejercicio de un derecho que se reconoce con carácter individual y colectivo. Por eso, la aconfesionalidad, lo que en otras ocasiones se denomina laicidad, señorías, es coherente con la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica y las demás confesiones en razón de su arraigo social. Así lo proclama el artículo 16 de la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. La cooperación es también la práctica en la mayoría de las tradiciones constitucionales europeas y por eso a mi grupo el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal y su plasmación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 nos parecen satisfactorios. Nos parece satisfactorio que, conforme al principio constitucional de cooperación y a los acuerdos con la Santa Sede de 1979, a partir de ahora la asignación tributaria para el sostenimiento de la Iglesia católica gane estabilidad y objetividad, al tiempo que se refuerza la autofinanciación conforme a la voluntad manifestada por los contribuyentes.
La contribución de los poderes públicos al sostenimiento de la Iglesia católica tiene en nuestro país fundamentos históricos constitucionales, pero sobre todo creemos que esta cooperación se corresponde con el arraigo social, cultural e histórico de una institución que, entre sus actividades, impulsa acciones educativas, sanitarias, de lucha contra la marginación, cooperación al desarrollo, acciones culturales, de conservación del patrimonio artístico y cultural y también de transmisión de valores que están en la base de nuestra civilización y que contribuyen decisivamente a la convivencia libre, respetuosa, solidaria, pacífica y democrática; una acción en la que colaboran como voluntarios decenas de miles de españoles y que millones más reconocen y apoyan con independencia de sus creencias religiosas u opiniones políticas.Señorías del Grupo Socialista y de la mayoría gubernamental: la transición y el pacto constitucional nos han permitido a los españoles superar dos siglos de divisiones y enfrentamientos sobre la forma de Estado o sobre las llamadas cuestiones territorial, social o religiosa que hicieron fracasar los antecedentes constitucionales habidos, todos sin excepción.La sociedad española mira hoy al futuro y ustedes deberían evitar reabrir viejas cuestiones, ajustar cuentas pasadas o pretender imponer desde las instituciones modelos ideológicos. Vistos los manifiestos que ustedes han presentado, cada vez está más claro que su educación para la ciudadanía puede terminar siendo una educación para el socialismo y el laicismo. No es esa la mejor forma de defender el pluralismo de nuestra sociedad ni la libertad de conciencia ideológica y religiosa que proclama la Constitución.
Señores del Grupo Socialista, deben ustedes aclararse: o están por la ingeniería social o están, desde la responsabilidad exigible a quien ejerce la acción de gobierno, por el respeto a las creencias de los españoles y a la pluralidad de nuestra sociedad. Apoyen, señores de la mayoría, la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y prestaremos entre todos un servicio a la libertad, a la laicidad del Estado y a la claridad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Tomé.Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. Comenzaremos con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). ¿Desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desea usted intervenir, señor Andreu? Su señoría tomará la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El señor ANDREU DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción consecuencia de la interpelación urgente es fruto del debate del día 29 de noviembre del presente. Antes de iniciar mi exposición quiero precisar que hablo en nombre de un partido fundacionalmente y en la actualidad laico, escrupulosamente respetuoso, eso sí, con la libertad religiosa; pero hablamos en el marco de un Estado, el Reino de España, constitucionalmente aconfesional, respetuoso con todas las creencias religiosas.La moción consecuencia de la interpelación urgente era en su inicio y en su meollo sobre la financiación. El paso del 0,52 al 0,7 por ciento del IRPF supondría en cifras que en el presente año la Iglesia hubiera recibido por el 0,52 del IRPF 144 millones de euros y 24 millones más del Fondo de Compensación; con la nueva formulación del 0,70 por ciento se calcula que la financiación en el próximo año será de unos 170 millones de euros. La diferencia es mínima y traerá mucha más transparencia, además de incorporar la obligación del impuesto sobre el valor añadido en las cuentas de la Iglesia católica. Creemos que es mejor la situación del nuevo marco que la anterior, pero quisiéramos hacer una precisión sobre lo que se ha dicho al filo de la financiación. En el conjunto de los pueblos de España la Iglesia es plural y diversa. No solo hay una Iglesia de la COPE, que lo único que pretende es introducir las ideas de unidad de España y los criterios más arcaicos; hay otras iglesias, por lo menos en Cataluña, comprometidas con derechos nacionales y con derechos sociales y muy activas. En esta interpelación hemos encontrado afirmaciones del grupo proponente que nos parecen muy ancladas en el pasado. En la actual situación, respecto a la libertad religiosa, tendríamos que avanzar en la adecuación de este nuevo pluralismo religioso y multicultural que el hecho de la inmigración ha introducido en el Estado español, esta nueva realidad de personas procedentes de la inmigración que ha hecho que el porcentaje de religiones que no son la católica haya aumentado de manera importante en este país. Por eso creemos que es mucho más interesante avanzar con una ley orgánica de libertad religiosa que concrete esta nueva realidad multicultural y multirreligiosa que ha progresado en estos últimos años con la inmigración. Con independencia de la financiación, el grave problema que tenemos es reconocer a estas nuevas creencias introducidas en nuestro país los mismos derechos de que gozan la Iglesia católica y sus creyentes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Andreu, muchas gracias.Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y será el señor Xuclà quien tomará en su nombre la palabra para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación urgente.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y lo hago para expresar que mi grupo parlamentario cree que este es un tema bien resuelto tal y como está en estos momentos; que mi grupo parlamentario está de acuerdo en cómo resolvió el marco constitucional y la propia Constitución la libertad de culto y el Estado laico y respetuoso con el pluralismo y la libertad de creencias; que mi grupo parlamentario coincide con los acuerdos que actualmente el Estado tiene con distintas confesiones religiosas, entre ellas con la Iglesia católica, ya que si nos atenemos a la realidad puramente estadística, el sentimiento y la práctica de esta confesión son relevantes -si se me permite la expresión comedida, como mínimo- en el Estado español. A este grupo parlamentario le parece bien cómo el Gobierno español y, de forma muy especial, cómo el Gobierno socialista y la vicepresidenta del mismo está gestionando las relaciones con las distintas confesiones religiosas, concretamente con la Iglesia católica a la luz de estos últimos acuerdos que aportan mayor transparencia en estas relaciones.
En un debate como el de hoy, señorías, simplemente tenemos que recordar algunos valores constitucionales básicos que también casan con el objeto de debate que hoy nos trae aquí Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Primero, con un valor constitucional básico como es el de la libertad, libertad también para ejercer cualquier tipo de confesión religiosa y para alejarse absolutamente de una visión, cosmovisión o interpretación religiosa que se imponga de unos hacia otros. Una cosa es el respeto absoluto al carácter laico del Estado y de sus instituciones y otra practicar una actitud beligerante y activa laicista a favor o en contra de una determinada confesión, por lo que hoy en este debate el primer valor constitucional que queremos reivindicar es el de la libertad, también el de la libertad de expresión. Algunas manifestaciones de una parte de la Iglesia española, por su forma de expresión, me provocan personalmente, como nacionalista catalán, un importante rechazo, pero nosotros, que reivindicamos en cualquier parte y especialmente en estas Cortes Generales la libertad de expresión y de manifestación, no vamos a cuestionar esta libertad de expresión y de manifestación a nadie; libertad de expresión también de unas creencias religiosas que forman parte de la esfera privada de las personas que las profesan y que en función de esa libertad tienen todo el derecho a hacer expresión de esta fe y de estas creencias en la esfera pública.Finalmente, señorías, algo que no se inscribe en el ámbito del registro de los derechos fundamentales, pero que es básico en cualquier democracia de calidad, es el respeto. Señoría, el respeto no es un derecho ni es un derecho fundamental, pero debemos respetar esta libertad de expresión. En el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), integrado por dos partidos políticos, uno de tradición demócrata-cristiana y el otro inscrito en una tradición amplia de sensibilidades socialdemócratas, liberales y también demócrata-cristianas, pero no confesional y con unos miembros que tienen convicciones religiosas y otros que no, todos nosotros y muchos de esta Cámara podemos reconocer, como reconocemos a tantas otras personas, organizaciones y asociaciones, el papel y la función social globalmente positiva que están desarrollando religiones como la católica, ya que se nos invita a hablar de la religión católica en el conjunto del Estado español. Este es el punto de vista y la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y creo que todos ustedes deducirán de esta intervención que nuestro voto será negativo a los planteamientos revisionistas respecto al marco constitucional y a las leyes vigentes que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds nos plantea.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Xuclà, muchas gracias.Finalizamos, señorías, con la intervención de la señora Hermosín, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, también para fijar posición sobre esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora HERMOSÍN BONO: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna para defender la posición de mi grupo en esta moción que estamos discutiendo y que fue ya ampliamente contestada y creo que bien cumplimentada por el ministro de Justicia en el último Pleno. Casi vería ociosa la moción porque incluso el enunciado de la misma es un poco confuso, y me refiero a que habla de negociación con la jerarquía de la Iglesia católica en el marco de la autofinanciación de la misma y las demás creencias respondiendo al artículo constitucional. En fin, es una redacción que realmente sabemos de lo que va pero no es nada clara en su exposición. De lo que va es del artículo 16 de la Constitución española que, como todo el mundo sabe, en primer lugar consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental, en segundo lugar establece que ninguna confesión tiene carácter estatal, y a renglón seguido se refiere a las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Pues bien, este mandato constitucional es lo que realmente está siendo atendido y desarrollado por el Gobierno. No estamos sometidos a ningún credo o religión; la acción del Gobierno es totalmente autónoma y la Iglesia católica tiene que entender y aceptar, como así lo hace, las reglas del juego. Les gustará más o menos, y pruebas tenemos en esta legislatura en la actividad legislativa del Gobierno y de las Cortes en que hemos aprobado leyes como la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para materia de separación y divorcio; hemos aprobado la Ley que modifica el Código Civil en materia de matrimonio; hemos aprobado la Ley para la investigación con células madre y vamos a aprobar próximamente una ley de educación. En todas ellas ha habido expresiones claras y rotundas contrarias por parte de la jerarquía de la Iglesia católica, pero esas son las reglas del juego. Este Congreso aprueba lo que el Gobierno impulsa y a la Cámara le parece bien aprobar.
En cuanto al sistema de financiación, ya hablamos de este tema de manera muy similar en un debate que hubo aquí el año pasado o no sé en qué fecha, en el año 2005. La cuestión de la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 ni estaba en el programa electoral del Partido Socialista ni está en el horizonte de esta legislatura y nunca ha sido un compromiso adquirido por el presidente del Gobierno ni por ningún ministro. Ahora bien, la acción del Gobierno siempre ha estado encaminada a mejorar la transparencia y a hacer más autónoma la financiación de la Iglesia. Respecto al modelo de financiación existente he de señalar que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular -no se lo que dirá Izquierda Unida-, aunque agradezco lo que dice en positivo sobre el Gobierno, es engañosa porque aquí su portavoz no ha dicho lo que hay escrito en la enmienda. En la enmienda ha escrito que le gusta lo que ha hecho el Gobierno porque tiene un carácter indefinido. No es verdad. El modelo de financiación existente tiene un carácter transitorio y sometido a plazos.La Iglesia católica lo sabe y tiene que asumir el objetivo de lograr por sí misma los recursos necesarios para su sostenimiento y su autofinanciación. Por eso digo que la enmienda del Grupo Parlamentario Popular es engañosa, porque una cosa es lo que ha dicho en la tribuna su portavoz y otra cosa es lo que hay escrito. La última negociación que ha habido del Gobierno con la Iglesia católica -ya sabemos que liderada por la vicepresidenta del Gobierno- ha avanzado en ese sentido y va a ser positiva, como se va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado para 2007, con avances significativos como la eliminación de la exención del impuesto sobre el valor añadido, la eliminación en el modelo de cooperación económica de la cláusula trianual que venía prorrogándose desde 1988, dotando así a la cooperación económica de una mayor estabilidad, con un nuevo modelo, como he señalado, más encaminado a la autofinanciación; asimismo con la eliminación de la garantía de la sobrefinanciación, porque la Iglesia católica solamente contará con la financiación que le otorga la contribución voluntaria de los contribuyentes a través del IRPF y no dispondrá, como hasta ahora, de cantidades adicionales. Además, hay un compromiso de la Iglesia para que haga una memoria circunstanciada de la liquidación y, por tanto, vamos también hacia una mayor transparencia.Se me acaba el tiempo. No es casualidad, también fue un Gobierno socialista el que en el año 1992, con diversas leyes, llegó a acuerdos con la Comisión Islámica de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Ahora, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia también se coopera con estas religiones que tienen cierto arraigo social en nuestra sociedad. Hemos andado un camino importante y todavía nos queda más, y tenemos que andarlo juntos porque los objetivos que estamos defendiendo son los mismos. Los objetivos son los intereses colectivos y generales, el respeto a la pluralidad ideológica, el reconocimiento de la libertad de creencias y la protección de la libertad religiosa. El Estado laico hacia el que caminamos es el mejor marco político para la defensa de estos principios y valores.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señora Hermosín.En turno de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra la señora Navarro.La señora NAVARRO CASILLAS: Este grupo parlamentario acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y rechaza profundamente la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que dice que valora positivamente el nuevo sistema de financiación de la Iglesia católica...
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señora Navarro, le recuerdo que el debate ya está hecho y que su turno es simplemente para aceptar o rechazar las enmiendas.La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias.

Intervencion Isaura Navarro comisión Justicia, comparecencia Ministro

2007-03-26T04:55:00.000-07:00

El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro Casillas.

La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro su comparecencia y felicitarle por su nombramiento.
Mi grupo se siente satisfecho por esa intención de volver a la normalidad democrática en el ámbito de la justicia y quiere resaltar que para ello nos resulta imprescindible, además de la buena intención, el aumento de los presupuestos porque lo que la justicia necesita, y así se reclama por todos los profesionales de este ámbito, más medio, más jueces, más formación y más funcionarios. A mí siempre me ha parecido que si no se ha invertido en la justicia con carácter previo a este Gobierno quizá era porque no había intención de que funcionara correctamente. Pero, además, la justicia ha de ser independiente, algo que parece que todos tenemos muy claro pero que después no se trabaja por ello. Ni en el gobierno anterior del Partido Popular ni en los previos del Partido Socialista se fomentó esa independencia de la justicia, sino más bien al contrario. Sería el momento de dar marcha atrás y recuperar la independencia judicial necesaria para que nos demos cuenta de que por fin estamos en un verdadero estado democrático. Para ello, entendemos que el primer paso es la modificación del estatuto del ministerio fiscal, y por ello le preguntamos al señor ministro en qué etapa de la legislatura va a abordar esta reforma, porque nos parece fundamental el conocimiento de esa fecha.
Aplaudimos notablemente el pretendido cambio de que la instrucción sea llevada por el ministerio fiscal, pero siempre y cuando se haya procedido a la modificación del estatuto y de esa manera el fiscal sea una figura independiente, porque si no entraremos en esos juegos de dependencia que no creo que estén en el camino por el que el ministro ha expuesto que desea llevar el ministerio.
En cuanto a la reforma del Código Penal, está muy bien eso de desaznarizar todas las materias en las que el señor Aznar nos llevó muy atrás con las 12 reformas del Código Penal, que nos ha llevado a ese texto contradictorio y ampliamente criticado, desde mi punto de vista con mucha razón, por los juristas de prestigio. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que se aborde la reforma del Código Penal a la mayor brevedad posible porque nos preocupa y queremos volver a los términos de la Constitución española. Dentro de ese ámbito nos preguntamos, señor ministro, qué ocurre con la eutanasia. El artículo 143 del Código Penal, que creo que no ha sido mencionado.
FIN
JUSTICIA - Turno 16
25/05/04 Mª DEL MAR - ANA

(Termina la señora Navarro)

Y también nos gustaría saber si piensa llevar a la jurisdicción civil la ocupación de los inmuebles.
En cuanto a la otra política judicial que se ha expuesto, la modernización de la justicia, desde luego estamos absolutamente de acuerdo con ella, pero nos preguntamos si se van a adoptar medidas para que por ejemplo sea posible cumplir con la Ley del Menor, una ley que está bien, pero que carece de recursos económicos, tal y como ha ocurrido con otras reformas legislativas aprobadas por el Partido Popular, las cuales, como ha sido manifestado por el señor ministro, tenían un objetivo mediático y no cumplir con la garantía de los derechos de los ciudadanos.
Con respecto al aumento de las competencias de los tribunales superiores de Justicia, nos parece absolutamente correcto y también lo aplaudimos. Eso sí, quiero hacer hincapié en que al mismo tiempo sería necesario modificar los criterios de la unificación de doctrina. Como letrada, le puedo asegurar que unas veces los criterios son muy restrictivos y otras muy amplios, en función del interés particular de algunos magistrados por entrar a juzgar ciertos supuestos. Así pues, estaría bien que, dado que se aumentan las competencias de los tribunales superiores de Justicia para que el Tribunal Supremo sea casacional, cumpliesen con esa función en unos supuestos más amplios.
Por lo que se refiere a la modificación de las medidas para tener en cuenta los rendimientos de los jueces y de los fiscales, creemos que es absolutamente necesario, señor ministro. Ahora bien, me gustaría saber cómo lo va a hacer para manifestarme a favor o en contra del criterio que adopte, pero la reforma es imprescindible.
En cuanto a la justicia gratuita, mi grupo quiere hacer una aportación, ya que entendemos que es imprescindible que se dé un efectivo cumplimiento a la justicia gratuita, que la justicia sea un verdadero servicio público, puesto que ahora mismo a través del turno de oficio, que es gestionado por los colegios profesionales, no lo es. El Estado debe ser quien se ocupe de otorgar y garantizar este derecho a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Como es bien sabido, quien tiene más dinero se puede pagar un abogado mejor que el que no tiene tanto, por lo que este último acude al turno de oficio y, dependiendo de si el colegio profesional funciona mejor o peor, se le asignará un letrado especializado o no, etcétera. Todos conocemos cómo funcionan estas cuestiones. Al igual que cuando uno se pone enfermo puede acudir a un centro de salud público al cien por cien, lo mismo debe ocurrir con la justicia, que debe ser gratuita al cien por cien y especializada. Para ello mi grupo parlamentario va a hacer una propuesta, en la cual se recoge el sistema por el que nosotros apostamos.
Con respecto a la reforma que afecta a los registradores de la propiedad, desde luego es necesario abordarla, pero la exposición que se ha hecho tiene una carencia que nos llama la atención. Se trata del estatuto del propio registrador de la propiedad, que es un funcionario público que cobra por arancel y que tiene la suerte de tener unos clientes fijos. El registro, como sabemos, es una garantía de orden y un derecho del ciudadano, pero después el registrador cobra precisamente por ese arancel, pudiendo llegar hasta los 12.000.000 de pesetas al mes, y existe un edificio público que hace la gestión, contrata al agente, etcétera. En fin, es una situación de privilegio absolutamente abusivo que no tiene por qué mantenerse. No tiene por qué haber un funcionario público que se aprovecha de esa gestión de servicio público, enriqueciéndose desmesuradamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplir con una tarea en beneficio de los ciudadanos, que tienen el derecho a realizar esa inscripción y a ser informados de las notas registrales. Por tanto, entendemos que es imprescindible abordar esta reforma.
Asimismo, consideramos imprescindible la formación de los jueces y además un mayor control de los mismos, puesto que ahora mismo existe casi una impunidad. Es decir, para que a un juez se le abra un expediente disciplinario como mínimo tiene que estar sin dictar una sentencia durante dos años y es en ese momento cuando se actúa, creando un caos absoluto en los juzgados. Debe haber un mayor control de los jueces, que su régimen disciplinario sea más estricto.
Por lo que se refiere a la libertad sexual, se ha hecho una exposición que mi grupo comparte, pero no nos ha quedado claro si la adopción va a formar parte de esos derechos a los que se ha referido el señor ministro. Es decir, ¿las parejas del mismo sexo van a poder adoptar legalmente? Porque, evidentemente, ahora ya lo hacen al margen de la existencia de un derecho explícito, puesto que uno adopta y después forman la pareja de hecho y crían al niño ambos. Sería imprescindible que se regulara este derecho.
Me sumo a las declaraciones que se han hecho relativas al indulto, puesto que se trata de una cuestión que a mi grupo le preocupa mucho. Es necesario establecer los supuestos en los que se puede conceder el indulto y otorgar una regulación específica. Ahora mismo el indulto es más o menos un vehículo de impunidad política, de manera que nos encontramos con casos como por ejemplo el del señor Cartagena, ex miembro del Gobierno del señor Zaplana en el País Valenciano, el cual está condenado por el Tribunal Supremo por robar dinero a las monjitas y está a la espera de que se le dé el indulto. Pues bien, a mi grupo le parece alarmante que exista la posibilidad de que un señor que actúa de esa manera se beneficie de un indulto.
Para finalizar, quisiera formularle una serie de preguntas y así recuperamos el tiempo empleado por otros compañeros. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna previsión para reducir las competencias de la Audiencia Nacional, Audiencia que a nosotros nos gustaría incluso que desapareciese a medio plazo. Ello surge de la liquidación de una jurisdicción excepcional, como son los tribunales de orden público. También nos parece fundamental conocer las previsiones del Gobierno en cuanto a la reconducción de la justicia militar, que entendemos debe desaparecer lo más rápidamente posible. Asimismo, quisiera saber si ha previsto alguna actividad relativa a la formación de los abogados para el turno de oficio del Tribunal Penal Internacional. Y finalmente quiero hacerle una propuesta sobre un código unificado de consumo, ya que los consumidores están padeciendo un sinfín de normas entre la normativa autonómica, la estatal y la europea que les impiden hacer uso del derecho que como ciudadanos tienen a ser defendidos precisamente en el campo del consumo, cuando nos encontramos en una sociedad en la que en el ámbito del comercio se abusa en desmedida de los ciudadanos. Por eso le hago esta propuesta y me gustaría que el señor ministro manifestase si ha previsto actuaciones con respecto a estas cuestiones.

Intervencion Isaura Navarro comparecencia secretario de estado de seguridad

2007-03-26T04:53:00.000-07:00

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra la señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero agradecer al secretario su comparecencia y decirle que desde mi grupo parlamentario le pediríamos que no caiga en los triunfalismos a los que nos ha tenido acostumbrados el Partido Popular, ni en la venta de humo, sino que cumpla los compromisos, ya referidos por el ministro del Interior y ahora reiterados en su persona, y actúe eficazmente contra el terrorismo, la delincuencia y otorgue a esta ciudadanía seguridad ciudadana. Pero seguridad ciudadana desde el prisma de la garantía de libertad y los derechos, porque la seguridad debe ser un valor instrumental para la libertad. Eso sólo es posible a través de la creación de un nuevo sistema policial, porque lo que hace falta es una nueva mentalidad.

Fin
COMISIÓN DE INTERIOR TURNO 16
15-9-04 CABEZALÍ
ANA

(Continúa la señora Navarro.)
Sabemos que el Partido Socialista no quiere abordar este nuevo sistema policial, pero iremos reiterando esta petición en cada comparecencia.
Entendemos que desde esa nueva visión que es necesaria, desde esa nueva mentalidad hace falta una nueva ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la recoja, porque el problema no es tanto de función como de estructura.
Desde luego encontrará el apoyo de nuestro grupo parlamentario para poner en relación las políticas de seguridad y las políticas sociales, que también es un aspecto en el que hacemos hincapié en todas nuestras comparecencias y en nuestro programa electoral, porque lo que hay que hacer es desarrollar políticas para prevenir los delitos, políticas que ataquen la raíz de los problemas, pues la protección pública entendemos que comienza por un buen desarrollo social. Además es un ámbito que en los últimos años de gobierno del Partido Popular ha sido altamente abandonado, por tanto, habría que hacer mucho hincapié en ese aspecto, en esas medidas concretas necesarias bajo una voluntad política que está en sus manos.
Respecto a la política antiterrorista, es evidente que es necesario hacer mejor las cosas de lo que se ha venido haciendo. Los resultados lo ponen de manifiesto. Entendemos que hay que ir a los orígenes del problema, no cuando ya nos encontramos con el delito consumado. Entonces habrá que buscar cauces eficaces de cooperación interministerial e interinstitucional en los cuatro bloques: el europeo, el estatal, el autonómico y el municipal.
No debemos olvidar, por supuesto, el terrorismo de ETA, que desde luego no ha terminado y quizás nos encontramos -nosotros entendemos que sí- ante un momento óptimo para buscar nuevas vías, salidas dialogadas a este conflicto o quizá el término de diálogo está muy manoseado y hay que buscar el de vías pacifistas, si se quiere, pero abrir nuevas vías de resolución del conflicto sí que sería necesario, buscando nuevos interlocutores en la sociedad vasca. Desde luego no me puedo extender en este campo, que sería infinito, pero sí que quería apuntar que espero que este nuevo Gobierno no se cierre la puerta ante nuevas vías de solución de este terrible conflicto.
También entendemos que es necesario que se hagan reformas legales en cuanto a los centros de internamiento de extranjeros, que se han convertido -como ya le comuniqué al ministro del Interior- en pequeños guantánamos al margen de la legalidad, donde se vulneran derechos, no hay ningún control judicial y ni siquiera hay un reglamento, que sería necesario, que regule la estancia de estos extranjeros. Además de esa situación que están padeciendo, nos encontramos con los métodos para capturar a estas pequeñas pateras que son de madera, que son muy débiles y aparecen las lanchas que con el oleaje hacen que los inmigrantes, que lo único que están buscando es un poco de esperanza para su vida, caigan al mar, que caigan todos, que algunos se levanten, que están desorientados. Entonces estaría bien que se formara a la gente y se actuara para que no tuvieran que sufrir estos ataques prácticamente que ponen en peligro su integridad física.
Volviendo al sistema policial, entendemos que éste no funciona. En el sistema policial español tendemos a detener a las moscas pero dejar pasar a los elefantes. En cuanto a las cifras de criminalidad, por una parte, se denuncia una de cada cinco infracciones, después hay muchas denuncias con autor desconocido, no se investigan. Todo eso nos lleva a un panorama borroso y desenfocado. Necesitaríamos conocer mejor cuál es la realidad para buscar métodos para actuar contra esta situación.
Necesitamos más medios y también más formación de los agentes y una formación adecuada, que hasta ahora no están recibiendo. Los mismos agentes lo denuncian reiteradamente, demandan una formación adecuada para el desempeño de sus trabajos y una mayor contundencia para los delitos fiscales, medioambientales o la seguridad laboral, que según los datos del informe anual del fiscal son los que han tenido un aumento espectacular y un alto grado de impunidad.
Lo mismo sucede, como ya ha sido comentado por el propio secretario, con la proliferación del crimen organizado, las famosas mafias. Desde luego España se ha convertido en un referente internacional del crimen organizado. Parece ser que hay más de 18.000 delincuentes en España vinculados a este tipo de mafias. Quizá será porque España es un país óptimo para que proliferen estas mafias, y eso es lo que nos tenemos que plantear.

FIN.
INTERIOR TURNO 17
15/09/04 TERE/ANA
((CONTINUA LA SEÑORA NAVARRO CASILLAS)
Consideramos absolutamente necesario un plan de actuación específico que se debata en sede parlamentaria para actuar contra este crimen organizado. Quizás uno de los motivos por los que se instalan con tanta facilidad en el Estado español, es por la facilidad para blanquear el dinero. De esa manera legalizan el producto de sus fechorías. También habría que atacar esta facilidad, para que no se diera y de esta manera se instalaran menos en nuestro país. El sistema policial necesita una revisión. Hay que avanzar en el nuevo modelo de policía, y en ese nuevo modelo desde luego no compartimos, como ya hemos reiterado, el nombramiento de un militar como director general de la Guardia Civil. Además, nos encontramos con el mando único al que usted ha hecho referencia, que se supone que va a llevar a cabo una coordinación, etcétera. Entendemos que no tiene ninguna repercusión operativa y esperábamos más hacia la unificación. Como sabe, nosotros apostamos por un sistema policial acorde a una estructura federal del Estado y apostamos por la unificación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, no tanta coordinación fallida hasta la fecha y humanamente, dicho por los propios agentes, imposible, porque son dos cuerpos distintos y no tienen posibilidades de coordinarse. Hay que trabajar por una verdadera unificación que nos llevaría a incrementar la efectividad de los cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, esperamos, como he dicho al principio de mi intervención, que cumpla sus compromisos en cuanto a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil, que no se les aplique el Código Penal militar, y en cuanto a la regulación del asociacionismo, las condiciones laborales, los turnos de trabajo, todos esos compromisos que se han llevado a cabo con los miembros de la Guardia Civil, pero que hasta ahora algo debe estar pasando, porque la asociación unificada de la Guardia Civil está bastante insatisfecha con las actuaciones llevadas a cabo desde el ministerio. De hecho, ahora mismo parece ser que están en proceso de elección de los miembros del consejo superior de personal y hay 30 provincias donde no se ha presentado nadie. Antes se presentaban unas 1.250 personas y ahora 50. Todo esto es un mecanismo de denuncia y de presión que están utilizando porque no están viendo un cumplimiento de estos compromisos. Desde aquí transmitimos esta denuncia al secretario de Estado y esperamos que no escondan la cabeza y afronten de una vez estas reformas, que son imprescindibles para los miembros de este cuerpo, que lo sufren en su situación personal y en el desarrollo de su trabajo, en la cotidianidad. Por tanto, las actuaciones deben ser urgentes y efectivas.

La señora PRESIDENTA: Señora, Navarro, le ruego vaya concluyendo.

La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, de acuerdo.
Nosotros entendemos que la crisis de los cuerpos policiales no se soluciona con más agentes -tenemos las ratios más altas, junto con Italia, de policía por número de habitantes-, sino con una mayor efectividad y desde luego con la unificación; de ahí la necesidad de una nueva Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También nos preocupan las demandas de fuentes de la lucha contra el terrorismo, es decir, lo de las escuchas telefónicas, el acceso a datos sensibles, los seguimientos, las grabaciones masivas, etcétera. Nosotros entendemos que se ha de proteger al ciudadano y queríamos saber qué valoración hace el secretario al respecto. Nos gustaría saber si los reajustes ante las prioridades contra el terrorismo internacional van a suponer un reajuste también en cuanto a la lucha en la disminución de recursos en la protección contra ETA. Me gustaría manifestar nuestro desacuerdo con el pacto antiterrorista firmado entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que se desprecia además a otras opciones políticas democráticas y legítimas.
F I N
INTERIOR t.18
15/9/04 kay/ana
(Termina la señora Navarro)
En cuanto a la violencia doméstica, en la que usted también ha hecho hincapié, nos preocupa si no será trasladar una excesiva responsabilidad en funciones policiales a los miembros de estas fuerzas cuando lo que están diciendo los criminólogos es que hay que buscar otros enfoques, y era el origen del problema y que desde luego la solución para actuar contra la violencia doméstica no es el aumento de plantilla. Y así lo dicen también los propios miembros de la Policía, que se sienten indefensos e incapaces de ayudar a esas mujeres que efectúan las denuncias. Habrá que buscar soluciones, señor secretario, porque, si no, no estaremos cumpliendo con esta tarea que nos corresponde.
Por último, ya para terminar, quiero preguntarle qué sucede con las Policías autonómicas y locales y las otras agencias con funciones policiales, si también se va crear alguna multiagencia para coordinarlos o si sencillamente se trata de la genérica obligación interadministrativa; qué está sucediendo en estos ámbitos de la vigilancia aduanera, la inspección laboral, el urbanismo, etcétera.

Intervencion Isaura Navarro ILP Foro de la Familia

2007-03-26T04:49:00.000-07:00

Congreso 27 de febrero de 2007

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES
DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
— PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE
MODIFICA EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA
DE MATRIMONIO Y ADOPCIÓN. (Número de
expediente 120/000005.)

El señor PRESIDENTE: Por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds la señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.

Quiero iniciar esta intervención manifestando el respeto que tienen las iniciativas legislativas populares para el grupo parlamentario que represento, Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya, siempre defensor de los mecanismos de participación ciudadana, e incluso somos los que propusimos que los representantes de la iniciativa pudieran defenderla en esta tribuna, pero ello no puede significar compartir siempre todo aquello que se presente.

Es más, esta iniciativa se aparta de la esencia de las iniciativas legislativas populares que tradicionalmente se presentan para conquistar derechos no para quitarlos, y mucho menos en nombre de la libertad, que es un término que utilizan una y otra vez en su iniciativa. Precisamente en este caso, como ya saben sus proponentes, desde Izquierda Unida no solo rechazamos profundamente el contenido de su propuesta —porque hay que recordar que esto no es el derecho canónico—, sino que la consideramos retrógrada, profundamente discriminatoria, como todas aquellas frases que vitoreaban ustedes en la manifestación de junio de 2005, y con un trasfondo indigno, como digo, del uso una y otra vez del término libertad. Al portavoz del Grupo Popular le diré que la Ley del matrimonio no fue la ley de Zapatero, es la ley de la igualdad, es una conquista social que tiene detrás a mucha gente que ha sufrido mucho por llegar hasta donde hemos llegado hoy y que seguirá luchando todo el camino que nos queda por recorrer.

En primer lugar, en la iniciativa se pretende una categorización de la naturaleza de las relaciones, es decir, cuando son entre personas de distinto sexo, la naturaleza matrimonial; del mismo sexo, la naturaleza distinta del matrimonio, algo raro, no se sabe, experimentos lo llaman en los correos electrónicos que han enviado. En consecuencia, el matrimonio del mismo sexo equivale a desnaturalizar el matrimonio, es decir, lo llaman un retroceso. Pues bien, este análisis sólo puede tener origen en el desconocimiento o el conocimiento sectario y lejano a un análisis sociológico e histórico sencillamente del ser humano, necesario cuando se habla de la naturaleza de las relaciones. El matrimonio, al igual que la familia, no son instituciones sociales inmutables porque corresponda así al orden natural de las cosas —que para los católicos sería el orden establecido por la voluntad de Dios—, ni tampoco obligatorias —lo digo por las estadísticas que se han citado aquí—, no se trataba de que todo el mundo se casase, se casará quien quiera, y para eso hacemos la ley, para la libertad y para la igualdad.

Volviendo al análisis de la iniciativa, como los antropólogos, sociólogos e historiadores han puesto de relieve, no existe ninguna institución social que se base exclusivamente en la naturaleza, todas son efecto de la actividad social e interrelación humana. Atendiendo a nuestras sociedades y culturas occidentales, los conceptos de filiación y alianza matrimonial se han ido disociando y han emergido nuevas formas de familias: familias mixtas, adoptivas, de acogida, familias que recurren a la procreación asistida, familias homoparentales. Esto es, la familia nuclear formada por un hombre y una mujer y sus hijos biológicos no constituye más que una parte de la historia de la cultura occidental. Además de ello, las reglas de filiación y los modos de familia son organizaciones que no se basan en lo que ustedes llaman natural ni en lo inmutable, porque ningún orden simbólico o social es inmutable, ni cabe presuponer que el matrimonio, así como la filiación que exista en su seno, remitan a la diferencia sexual, como ustedes pretenden en su iniciativa. Para las personas de orientación homosexual, como para todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, el derecho al matrimonio es un derecho fundamental, tanto en lo material, por las ventajas y privilegios que conlleva, como en lo simbólico, por lo que afecta a su conciencia de plena igualdad y dignidad, como seres humanos y ciudadanos que pagan sus impuestos. Señorías, de ningún modo se le puede negar a nadie el reconocimiento social de su unión con la persona que ha elegido ni el derecho a los sentimientos más nobles que experimenta el ser humano, esto es, la aventura del amor. Ampliar el matrimonio para adaptarlo a la realidad social no significa un demérito, como ustedes plantean en su iniciativa, ni va en detrimento del matrimonio, porque los derechos al alcance de todos los ciudadanos no son nunca un demérito. Si ustedes acuden a la denominación, les diré que, si tuviéramos que atender al significado etimológico, nos quedaríamos prácticamente sin lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en la palabra patrimonio. Al igual que el origen etimológico, el derecho en sentido amplio y el derecho matrimonial específicamente está sometido a cambios, como lo está nuestra sociedad. Piénsese que hasta hace treinta años se trataba de un vínculo indisoluble. Las leyes deben estar con la realidad, con la gente a la que van dirigidas, y los derechos deben ser de todos los ciudadanos.

La segunda cuestión que se pretende plantear en la iniciativa legislativa popular es impedir la adopción por parte de los matrimonios de orientación homosexual.

Ustedes hacen gran hincapié en distinguir tres situaciones: las parejas heterosexuales, que sí que pueden adoptar; las personas individuales, que sí que pueden adoptar; y las parejas homosexuales que no quieren que adopten. Esto es, bajo un presunto interés del menor ustedes consideran que es gravemente perjudicial para el menor vivir en un entorno familiar de amor y cariño si quienes ostentan legalmente la responsabilidad y custodia son dos personas del mismo sexo. Esto es, una persona de orientación homosexual sí puede adoptar o criar a sus hijos mientras viva solo y, por tanto, no exteriorice su amor y sentimientos. ¿Vale menos el amor homosexual que el amor heterosexual? Ustedes lo que dicen es que una pareja que se quiere y decide ampliar su familia es gravemente perjudicial para el menor, tanto que, según los proponentes, deberíamos directamente prohibirlo. Basándonos ¿en qué? Ni siquiera se han atrevido a ponerlo por escrito, pero sí que lo dijeron en su manifestación de junio de 2005, sí que tuvimos la desgracia de escucharlo. Lo cierto, señorías, es que no existe ningún motivo fundamentado para negar la posibilidad de que las familias homoparentales tengan el reconocimiento jurídico que, por cierto, a quien ampara es al menor. Solo en el área de San Francisco hay más de 5.000 hogares de parejas homosexuales que tienen hijos sin que nadie advierta ningún aspecto negativo predominante en los hijos de estas familias.

Como tampoco se ha encontrado correlación alguna entre el carácter gay o no gay de un hogar y la orientación sexual de los hijos. Lo cual no es sorprendente, pues, las personas de orientación homosexual se han criado en hogares heterosexuales. Además de no poder negar esta realidad, lo cierto es que también se protege el interés del menor planteándonos que, si uno de los dos fallece, el menor queda amparado por el otro padre o madre, y si se separan, también tendrá acceso a un régimen de visitas. Por tanto, solo así, al amparo de esta legislación, protegemos al menor; solo así se legisla en interés del menor y no en intereses individuales como lo son las creencias o las fobias que cada uno pueda tener, como se desprende de su iniciativa. En suma, las personas de orientación homosexual han sido víctimas inocentes de una represión injustificada e inhumana durante siglos, y aún hoy, por desgracia, lo siguen siendo. Son denigrados y humillados, incluso en los medios de comunicación, pero a ello este Parlamento no debe sumarse. Este Congreso debe proteger y amparar los derechos de todos los ciudadanos, sin discriminación alguna, incluido el derecho al amor y a tener una familia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro.

Isaura Navarro sobre el Estatuto Empleado Público

2007-03-26T04:30:00.001-07:00

EL PROYECTO DE ESTATUTO DEL EMPLEADO PÚBLICO

Quiero iniciar mi intervención saludando a unos protagonistas fundamentales de este texto, los representantes sindicales que hoy nos acompañan, Atentos al debate,
que durante la negociación lograron sustanciales mejoras e hicieron un trabajo digno de reseñar.

Por nuestra parte, desde Iu siempre hemos defendido la necesidad de existencia de un EE FPubl
Una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y unificara al máximo el régimen de laborales y funcionarios al servicio de las adm publ, lo que se ha venido a llamar empleado publ, que buscamos en el texto y, porq no decirlo, no lo encontramos.
Aquí el gob no fue valiente en su propuesta y no lo es el resultado final…

La reforma en profundidad de la Función Pública es necesaria para posibilitar un funcionamiento adecuado y eficaz de las Administraciones
Ademas de por la enorme significación del empleo público, que con 2,5 millones de trabajadores,
Es el sector mas estratégico dentro del mundo laboral.

Recordemos que
las medidas que se adopten afectarán no sólo a los empleados públicos,

sino también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los interesas de la ciudadanía.

Precisamente por ello funcionarios y adm publ necesitan un ee, pero no cualquier ee.
su contenido debe servir para mejorar, modernizar y profesionalizar la adm publ.

Es por ello que IU presentó más de 150 enmiendas, porque queremos un ee,
pero no cualquier ee,
un ee para la adm,
para el empleado publico,
para los ciudadanos.

Desde Iu apostamos por un ee para alcanzar una Adm publ profesional,
democrática, ágil y dirigida al ciudadano,
que garantice la calidad de los servicios públicos.

Porq desde Iu rechazamos hablar de supuesta modernización que encubra la aplicación a la gestión pública de técnicas de gestion empresarial con externalización de funciones propias de la Adm,
Que repercuten en un peor servicio al ciudadano
y mayor coste a la larga para todos.

Es por ello que ya le adelanto nuestro voto en contra de la creación y regulación de la figura del personal directivo,
IU se niega a amparar el grave error que se comete con este texto al crear una figura propia de la empresa, que

No es seleccionado bajo los principios de igualdad,mérito y capacidad,

- Abre una clara puerta al amiguismo
- y se olvida de la capacidad profesional de los empleados publicos.

- Como amigos estaran al margen del régimen disciplinario

- los sindicatos no pueden ni discutir ni ser informados de sus condiciones de empleo.

- Podrá percibir indemnizaciones por cese que pagaremos entre todos los ciudadanos

Es evidente que esta figura es uno de los elementos que junto a otros fomenta el clientelismo,
las actuaciones arbitrarias, y
la patrimonialización de las Administraciones por los partidos políticos o por las élites administrativas,

IU hizo enmiendas para eliminar todas estas prorrogativas, rechazadas por el PSOE.

Para IU La función directiva ha de ser desempeñada por empleados públicos suficientemente cualificados y seleccionados
respetando los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
-----------
Srias, a IU tambien nos preocupa la externalización de funciones que está generando un efecto negativo en la calidad del servicio
y convirtiendo las necesidades públicas en negocio.

La mercantilización de los servicios públicos,
y la temporalidad en las adm publ.

Siguiendo con las deficiencias de la ley,

Este ee no asegura unas bases comunes para todo el personal de las Administraciones publ, que permitan la necesaria homogenización mínima del empleo público.

Sr. Ministro, han perdido la oportunidad de crear una figura pública ÚNICA de empleado público.
Acabar con la dicotomía laborales/funcionarios

No sólo el nombre de la ley
y lo ya alcanzado con la reforma de la 9/87

Por todo ello,
IZQUIERDA UNIDA hizo una valoración crítica del proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público,

Si bien en la breve y veloz tramitación parlamentaria, aprobada con nocturnidad y en 2 semanas,
Muy cuestionable dada la envergadura del texto,

hemos logrado introducir mejorar sustanciales,
Que nos hacen apoyar parte del texto.

Parte porque en ningún caso vamos a colaborar en la aprobación del personal directivo…
que se le recuerde a usted, sr. Ministro por esto.

IU ha logrado mejoras sustanciales q repercutiran tanto en la reduccion de la temporalidad como en la mejora de las condiciones de empleo y en la igualdad entre h y mujer,
Mejoras que seran percibidas directamente por los funcionarios publ.

Hemos logrado:

- introducción de los planes de igualdad, un avance sustancial que ha de servir para alterar los datos que ofrecen las ADM PUbl, el techo de cristal es visible incluso en la función publica, el % de funcionarios/as es el mismo, pero los puestos de responsab lo ocupan, como no, ELLOS.
- Igualmente hemos introducido que en los casos de violencia de género se garantice el derecho al traslado.

- el acoso laboral, con porcentajes alarmantes en la función publica de más difícil solución hasta la fecha precisamente por la propia configuración del empleo y las relaciones de jerarquia.
q el permiso de paternidad incrementarlo a 15 días, se ira equiparando a los laborales
q los interinos cobraran por fin los trienios, discriminación histórica
q Se ha reducido gracias a una enmienda de Iu sustancialmente la movilidad forzosa con cambio de residencia.
El gobierno introdujo este punto al margen y despues de la negociación con los sindicatos, generando alarma por su prevision excesivamene abierta y laxa, que podia dar lugar a abusos.

Desde Iu rechazamos la movilidad forzosa por considerala un elemento contrario a la independencia del funcionario.

Es por ello que mostramos nuestra satisfacción por haber introducido tres limitaciones:
- que sea excepcional y motivada
- que se acuerde a través de planes de ordenación que impliquen cambio de residencia, que no de municipio
- que se de prioridad a la voluntariedad en los traslados

- También nos sentimos satisfechos por haber logrado eliminar el veto expreso a la participación de los sindicatos en los procesos de selección de personal. Un serio paso atrás que hemos eliminado.

- Fundamental: OEP obligatoria ejecución en 3 años, para cumplir y frenar la temporalidad.

o La OEP es el reflejo de las necesidades anuales de personal y se ejecuta con años y años de retraso, fomentando la temporalidad.

- La garantía de promoción para los adscritos a agrupaciones profesionales, nueva figura donde se enmarca el grupo E.

- No discriminación por orientación sexual

Se han recogido las demandas de todos los grupos respecto a:
- La promoción cruzada es un avance fundamental para que los laborarles puedan promocionarse a puestos de funcionarios.

- jubilación parcial para los funcionarios
fundamental para generar renovación y rejuvenecer las adm publ.

---------------

En definitiva,
desde nuestro firme compromiso con una reforma estatutaria, basada en la
potenciación del Servicio Público;

democratización de las Administraciones, introduciendo en ellas el principio de participación ciudadana en la gestión de lo público;

objetividad, integridad, imparcialidad y transparencia en las actuaciones;

erradicación del clientelismo y del poder arbitrario;

dignificación y profesionalización de la función pública

y efectividad en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Le manifestamos que este ee no es nuestro modelo,
pero que nos sentimos satisfechos con nuestras aportaciones que consideramos mejoran la calidad de trabajo
y el respeto hacia los derechos de los funcionarios publicos,

Que seguiremos luchando como Iu en las leyes de funcion publica de desarrollo de este ee,

Que Iu no renuncia a sus reivindicaciones

Ya dejamos claro nuestro posicionamiento,

nuestras críticas más relevantes

que se tradujeron en 150 enmiendas defendidas en comision
que reflejan

nuestro firme compromiso con lo público.

Con acabar con la temporalidad y el clientelismo en la adm.

Nuestro firme compromiso con los ciudadanos.

Isaura Navarro interpela sobre la especulación urbanística

2007-03-26T04:29:00.001-07:00

BORRADOR

PLENO TURNO 31
05/04/06

INTERPELACIONES URGENTES:
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INCIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA FAVORECER UN DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE, UN SECTOR INMOBILIARIO NO ESPECULATIVO Y LA LUCHA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCIÓN QUE LIGA DECISIÓN DEL PODER Y ACCIÓN INMOBILIARIA ESPECULATIVA. (Número de expediente 172/000177.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, finalizamos la sesión de preguntas de control y pasamos a la de interpelaciones urgentes. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para favorecer un desarrollo territorial sostenible, un sector inmobiliario no especulativo y la lucha eficaz contra la corrupción que liga decisión del poder y acción inmobiliaria especulativa. Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Navarro.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy aquí para tratar un problema que últimamente está acaparando la atención de los medios de comunicación en cuanto al caso de Marbella, pero que por desgracia acontece en toda la costa del Estado español, especialmente en el litoral del Mediterráneo. Ojalá fuera solamente el caso de Marbella, pero es evidente que no es así, y necesitamos un Gobierno que actúe decididamente para atajar este problema.
Señora ministra, usted sabe que en cuanto al tema de esta interpelación no era usted precisamente la ministra más adecuada para contestarnos, porque en primer lugar esperábamos al ministro de Justicia o al de Administraciones Pública, pero no a la ministra de Vivienda. A la vista del texto de la interpelación, esta cuestión no es precisamente de su competencia en mayor medida, si bien podemos discutir las materias que se recogen en la misma, pero parece ser que el Gobierno ha decidido camuflar la incomodidad que le genera este debate y, por tanto, evitarlo y no hacer del Parlamento el centro del debate político que se tiene que llevar a cabo sobre este problema. La gente necesita un Gobierno decidido para acabar con aquello en que se ha convertido la costa española, el paraíso de la corrupción en la política urbanística, el paraíso de las mafias, del dinero negro que estamos generando. Por cierto, mucha rapidez en el caso de Marbella, pero en 1995, en 1998 y en 2003 Izquierda Unida ya presentó iniciativas para actuar en este ayuntamiento y no se hizo nada ni por parte de este Gobierno -en los dos años que lleva- ni por el Gobierno anterior. Entrando en la cuestión objeto de la interpelación, en la costa se está produciendo un proceso terrible de depredación urbanística, construyendo urbanizaciones con campos de golf mediante la connivencia de ayuntamientos, diputaciones y gobiernos autonómicos, que se apartan radicalmente del interés general y defienden el interés de grandes empresas de la construcción inmobiliaria, generando la riqueza para unas empresas y afectando de manera terrible a todos los ciudadanos, que se ven desamparados ante un Gobierno que no actúa y traicionados por los representantes políticos con este gran desprestigio de la democracia que se está generando. Se organizan plataformas ciudadanas a nivel de comunidad, de municipios, y recientemente a nivel del Estado, que reclaman que el Gobierno actúe, que se les proteja en sus intereses como ciudadanos. Ahora mismo hay representantes políticos de ayuntamientos amenazados, funcionarios que tienen que dimitir precisamente por esta terrible situación que se ha generado y está creciendo en todo el litoral. Como decía, las competencias urbanísticas de los municipios y de las comunidades autónomas están siendo utilizadas no en beneficio de los ciudadanos ni de los municipios, sino en beneficio de estas constructoras, a las que, además, están ligadas de manera familiar o directa -porque hay concejales que forman parte directamente de estas constructoras- o con las que directamente se ponen de acuerdo. Señora ministra, el proceso urbanizador es largo. En primer lugar, hay una concentración del terreno- en el caso del País Valenciano ni siquiera hace falta, porque el agente urbanizador no necesita hacer una propuesta en un lugar donde ni tan siquiera tenga un metro cuadrado, pero en la mayoría de los lugares sí que es así-, hay compras, hay expropiaciones; después hay una recalificación de los terrenos, que suelen ser protegidos, porque, claro, esta gente no se va a los peores terrenos, sino que coge los de mayor valor ecológico, y después hay una aprobación de las modificaciones de los planes de ordenación urbana. Es decir, se trata de un proceso largo.

FIN

Pleno T.32
5-4-06
(continua la señora Navarro)
Entonces, ¿por qué la actuación de los mecanismos del Gobierno y del Poder Judicial es tan lenta o inexistentes? ¿Por qué hay una respuesta ineficaz por parte del Gobierno, de las administraciones públicas y de todos los ámbitos? ¿Por qué la policía y la fiscalía no investigan? ¿Por qué no investigan siquiera lo que sale en los medios de comunicación a diario? Todos los días leemos en la prensa escándalos urbanísticos, ciudadanos que reclaman que se les ampare en esta situación, expropiaciones abusivas que acaban en los tribunales y que se resuelven de aquí a no sé cuántos años. Señora ministra, doten de medios a la fiscalía, a la policía judicial y a la Agencia Tributaria. Incluso el colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda ha pedido que se les dedique a ello, que se les coordine. Quieren hacerlo, reclaman mecanismos para detectar los aumentos espectaculares de patrimonio que se están dando. Necesitamos también reformas legales; para empezar, del Código Penal. Prevaricación: ¿Dónde están los condenados por prevaricación? No hay. ¿Por qué no reformamos el Código Penal para que ampare realmente los derechos de los ciudadanos y el interés general? Necesitamos también transparencia para los cargos municipales. Hemos aprobado una ley de transparencia para determinados cargos, ¿y qué pasa con los cargos municipales? ¿Qué pasa con su patrimonio? Pongámoselo un poquito más difícil, señora ministra. En la actualidad se utilizan las competencias municipales urbanísticas para multiplicar por dos, por tres o por cuatro el número de habitantes; en el caso de Cabanes u Oropesa, por 24 el número de habitantes. Casas con precios totalmente inaccesibles para los ciudadanos o campos de golf que ocupan los mejores territorios requieren instalaciones de los servicios municipales, agua -de la que se estaba hablando hasta hace un momento-, infraestructuras, que garantiza el Ministerio de Fomento. En concreto, se autorizan o construyen infraestructuras que los corruptos y especuladores reclaman, y se construyen por parte del Ministerio de Fomento. Veamos un caso: el aeropuerto de Castellón. Hay un informe del director general de aviación anterior en el que dice que el aeropuerto de Castellón no es necesario. ¿Por qué se va a construir este aeropuerto? Dicen: Es un aeropuerto privado. Ya, es un aeropuerto con un contrato que dice que si no hay equis número de habitantes -que nunca va a haber en ese aeropuerto- lo vamos a pagar los ciudadanos del País Valenciano. Estupendo. Y eso lo autoriza el Ministerio de Fomento, como el vial Cabanes-Oropesa o la autopista Cartagena-Vera, que no tiene absolutamente ninguna justificación y la va a hacer el Ministerio de Fomento.
¿Qué ocurre con el Ministerio de Medio Ambiente? Hay una partida de veinte millones de euros para adquirir territorios del litoral. Todavía no se ha ejecutado. Urge la ejecución de esa partida, que tenía en principio ocho millones, y gracias a las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se incrementó en 20 millones de euros. En cuanto a la protección de humedales en el caso del ayuntamiento de Elche, hay una sentencia que declara ilegal lo que se está haciendo y se sigue construyendo. Desamparo absoluto de los ciudadanos. La desaladora que va a amparar el proyecto de Mundo Ilusión, la va a construir también la empresa Marina d’Or. ¿Por qué se les va a hacer una desaladora? ¿Para garantizar que puedan seguir especulando, que puedan seguir construyendo? En el País Valenciano, noventa campos de golf. Recursos hídricos: no tenemos. ¿Por qué no hay un informe vinculante que impida que si no hay agua no se puedan construir estos campos de golf, estas grandes urbanizaciones? Sacrifican, en definitiva, señora ministra, parajes naturales, bosques, recursos hídricos, zonas que deberían estar altamente protegidas. Todo se arrasa si no hay ningún tipo de limitaciones. Tenemos que buscar soluciones. Necesitamos leyes que protejan nuestro territorio, que protejan realmente el medio ambiente.
En cuanto a su ministerio, Vivienda, necesitamos urgentemente una ley del suelo. Así incluso lo ha reclamado la Unión Europea. Tenemos la ley conocida como la ley del todo urbanizable. Y mientras no hay ley del suelo, ¿qué ocurre? Que el precio de la vivienda en el caso del País Valenciano se ha incrementado en un 83 por ciento en los últimos seis años. Se expulsa a los ciudadanos, a los residentes reales ¿a cambio de qué? De darles dinero de indemnizaciones totalmente exiguas, y se quedan los terrenos los grandes constructores en connivencia permanente con el poder político. Los ciudadanos no pueden pagar esos precios de la vivienda; sí que tienen que pagar el coste de las infraestructuras a través de sus impuestos, también de los servicios municipales, que absorben los recursos públicos escasos detrayéndolos de los fines sociales. Así se crean islas de riqueza que no traen riqueza al entorno, están aisladas completamente, y se engaña a la gente creyendo que sí que la van a traer.

Fin

PLENO TURNO 33
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(Termina la señora Navarro.)
Así lo ha denunciado incluso la patronal de turismo, que ha dicho que este urbanismo caótico está provocando que algunos destinos turísticos españoles se estén quedando obsoletos; el sector hotelero también lo ha denunciado; The sunday times nos llama la costa de los horrores, donde no hay que ir. Mientras, la vivienda de protección oficial en el País Valenciano cae en un 68 por ciento en siete años y el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo del País Valenciano, dice que, si se le hubiera hecho caso, todo esto no habría ocurrido.
Ministra, se está destrozando el paisaje, se cambia huerta, humedales y parajes naturales por ladrillo y campos de golf, se hacen urbanizaciones clónicas por todas partes y se supone que la Administración, el Estado, debe regular los ritmos y la conveniencia de actuaciones urbanísticas. ¿Qué están haciendo, señora ministra? Reclamamos una moratoria urbanística, también lo ha dicho la Unión Europea, un desarrollo que responda a las necesidades de los ciudadanos y no al contrario, que nos permita que nuestra costa no sea campos de golf y paraje de la vela con dinero fácil para determinados empresarios amigos de. Mientras, se abandona la agricultura, no se invierte en I+D+i, se deslocalizan las empresas y nosotros nos vamos convirtiendo en el multicomplejo vacacional de otros. Eso es para lo que reclama esta gente el agua para todos, que debe ser algo así como agua para todos los negocios de mis amigos. Señora ministra, no lo podemos permitir, tenemos que frenar esta especulación urbanística que está generando no solo el descrédito de toda la clase política, sino un deterioro irreversible, insostenible, del medio ambiente, y nosotros no somos dueños de nuestro territorio, es un legado que dejamos a los que vengan detrás, tenemos la obligación de protegerlo, de representar a los ciudadanos, de proteger sus intereses, y esa obligación hoy por hoy no se está cumpliendo.
En cuanto a los casos de corrupción, lo dice la misma Unión Europea en su informe: el número de casos de corrupción confirmados sobre los que existen sospechas fundadas hace patentes las deficiencias de la ley y de su aplicación. ¿Y por qué hay tan pocos casos en los tribunales? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no cumplen con su trabajo? Simplemente les reclamamos eso.
Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón Piqueras): A usted, señora Navarro, muchas gracias.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de la Vivienda.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora diputada, en primer lugar tengo que manifestar que el Gobierno de España comparte la preocupación de los ciudadanos y del grupo interpelante por los casos de desarrollo territorial insostenible, por los casos de especulación urbanística que se producen y por los casos de corrupción que les acompañan, pero el Gobierno, además de compartir esta preocupación, está actuando desde el principio de esta legislatura, en dos años de Gobierno, desde el ámbito de sus competencias, poniendo en marcha medidas que combaten decididamente estas prácticas. Pero señorías, esa preocupación no debe llevarnos a renegar del desarrollo urbano y rural, que va íntimamente asociado al desarrollo económico y social, aunque sí debe abocarnos necesariamente a hacer una apuesta decidida, más allá de las declaraciones, por un desarrollo territorial y urbano sostenible, y desarrollo sostenible quiere decir desarrollo racional y sensato, a la par que viable en el largo plazo. Esa apuesta por un desarrollo territorial, urbano y rural sostenible debe ser un proyecto común a todos los poderes públicos, al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cada uno desde el ámbito de sus competencias y además comprometiendo medios propios.
Por lo que respecta a este Gobierno, tenemos muy claro que esta es una política prioritaria y de Estado, sobre todo en un país como el nuestro, señoría, como usted decía, que tiene una gran riqueza paisajística y ecológica y en el que una parte importante de nuestra economía descansa en el sector de la construcción y en el turismo. Como ya he dicho, no debemos renunciar a esa generación de riqueza, pero sí debemos encauzarla por unos parámetros mínimos de calidad ambiental y de cohesión social. Esa es la única manera de que sea duradera y de que pueda incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, asociado a ello está nuestro deber de luchar contra la especulación. El Gobierno está adoptando medidas para todo ello, y precisamente porque lo concibe como una política prioritaria y política de Estado, lo está haciendo de una manera transversal, como S.S. manifestaba a lo largo de su interpelación, por lo que ha implicado a los distintos departamentos ministeriales.
FIN
PLENO Turno 34
5/04/06

(Continua la señora ministra)

También como órgano colegiado, y por mencionarle la última medida, el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 4 de abril, a iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas, por primera vez en nuestra democracia acordó iniciar el procedimiento de disolución de un ayuntamiento.
Yo no voy a detallar evidentemente las líneas de acción de otros ministerios, aunque de forma breve voy a apuntar algunas de ellas en el conjunto de las medidas que adopta el Gobierno de España antes de extenderme también en determinadas medidas que llevamos a cabo desde el Ministerio de Vivienda. De esa manera, señoría, podrá juzgar en su globalidad la acción del Gobierno en esta materia.
En primer lugar, y en lo que compete, por ejemplo, por mencionar solo un caso concreto, al Ministerio de Justicia, el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo, promovió a un fiscal a la categoría de fiscal de Sala coordinador de medio ambiente y urbanismo, una medida. Esta iniciativa va a permitir coordinar a las distintas fiscalías en delitos de este tipo al mismo tiempo que se van a unificar criterios de actuación en esta materia. También está prevista mañana la aprobación en esta Cámara del proyecto de ley de montes, donde está prevista la fiscalía que estoy mencionando.
En segundo lugar, y en materia de política fiscal en cuanto compete al Ministerio de Economía y Hacienda se ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude, que prevé medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda, como la inclusión de la referencia catastral en la campaña del IRPF, que ha supuesto incrementar el número de declarantes fundamentalmente en alquileres en un 8,6 por ciento, 101.000 declarantes más, y que los rendimientos declarados crezcan. Del mismo modo, por ejemplo, en las escrituras públicas la inclusión de los medios de pago para dar mayor transparencia y control a todas y cada una de las operaciones. Exigimos también que los contratos de arrendamiento y suministro de energía eléctrica incluyan la referencia catastral de la vivienda.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente también se han llevado a cabo muchas iniciativas. Por ejemplo, la inversión para adquirir terrenos en el litoral, con el objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos espacios adyacentes para lo que están presupuestados, como decía S.S., 20 millones de euros en este ejercicio presupuestario. Del mismo modo se encuentra en el Senado el proyecto de ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente que va a exigir que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a una evaluación ambiental. Por último, en relación con este ministerio, por mencionar una medida más, existe ya un anteproyecto de ley reguladora de los derechos de acceso a la información de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
Le voy a mencionar también medidas que se llevan a cabo desde el Ministerio de la Vivienda a favor de la transparencia, el control y la lucha contra el fraude. Como bien conoce S.S. el Real Decreto de estructura orgánica del Ministerio de la Vivienda prevé que corresponde a éste la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de acceso a la vivienda, edificación, urbanismo, suelo y arquitectura. Como primer paquete de medidas en la lucha contra el fraude y la prevención del mismo en el Plan de Vivienda 2005-2008, que se aprobó en julio del año pasado, se establecen distintas medidas para garantizar la permanencia del parque de viviendas protegidas y evitar situaciones de especulación. El Plan de vivienda considera como un eje estratégico la utilización de los recursos de forma eficiente, y la lucha contra el fraude como uno de los ejes importantes para desarrollar con las comunidades autónomas. Se determina, por ejemplo, por primera vez la extensión del período de calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil, considerando al menos treinta años como tal, incrementándose por las comunidades autónomas y permitiendo al mismo tiempo la transmisión de viviendas protegidas a unos precios razonables para garantizar el cambio a otra vivienda que se adapte mejor a las necesidades cambiantes de un hogar. Además, como medida complementaria obligatoriamente las comunidades autónomas tienen que utilizar mecanismos como los registros de demandantes y adjudicatarios, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto para eliminar la posibilidad de sobreprecios y, por tanto, la posibilidad de fraude en la transmisión de viviendas. Sobre el tanteo y retracto el Ministerio de la Vivienda ha firmado un importante convenio financiero con el ICO (Instituto de Crédito Oficial) para poner recursos a disposición de las Administraciones y que puedan ejercer el derecho de tanteo y retracto.

FIN
PLENO T.35
05/04/2006
(Termina la señora ministra)
También se está financiando la puesta en marcha de ventanillas únicas de vivienda como sistemas de transparencia y de prevención del fraude en la vivienda protegida. Desempeñará un papel importante el Registro estatal de viviendas protegidas, con el objeto de tener un registro único de todas las ayudas concedidas por las administraciones públicas para la vivienda y detectar, por ejemplo, las duplicidades de ayudas, así como registrar a promotores, a constructores, a beneficiarios, a propietarios o a inquilinos. La aprobación del código técnico de la edificación, en cuanto calidad en la misma, también supone una medida de lucha contra el fraude, entendido también como la falta de calidad en la venta de las viviendas. Trabajamos también en el sector de la intermediación y en la regulación de nuevos seguros que puedan garantizar la compra-venta por parte de ciudadanos.
En tercer lugar, estamos coordinando una nueva política de gestión del suelo patrimonial del Estado, que está inspirada en el principio del desarrollo urbano sostenible, pero que está aportando millones de metros cuadrados de suelo para vivienda protegida y para otros equipamientos sociales. La sostenibilidad de esta política de suelo público del Estado se demuestra en la apuesta que con estas actuaciones hacemos por la cohesión social y, más en particular, por la vivienda protegida, así como por la calidad ambiental del medio urbano, donde procuramos aumentar notablemente la proporción de dotaciones y equipamientos. En este momento el Estado tiene comprometidos más de 10 millones de metros cuadrados para más de 33.000 viviendas protegidas. Señoría, le estoy hablando de desarrollo urbano sostenible, tanto en los suelos residenciales como en los suelos industriales que también transformamos; criterios de eficiencia energética, de iluminación de orientación, de recogida hidráulica y neumática de residuos, de vegetación autóctona, de carril bici, de mezcla de usos -usos económicos y usos residenciales-, de ciudad compacta.
Hay otra medida muy importante que actualmente está en fase de tramitación muy avanzada, que es el anteproyecto de ley del suelo, que apuesta claramente por un desarrollo territorial y urbano sostenible y por combatir la especulación. Sobre los principios inspiradores del anteproyecto de ley del suelo me gustaría destacar aquellos aspectos más importantes que pueden dar respuesta a una parte de su interpelación. Por ejemplo, la transparencia es un factor fundamental para acabar con determinadas prácticas y propiciar la correcta utilización de determinados instrumentos. El anteproyecto quiere conectar urbanismo y suelo con ciudadanía y la mejor forma de hacerlo es poner a disposición de los ciudadanos una información fidedigna y comprensible para ellos. Pero para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos la información pública no puede consistir únicamente en hacer públicos los acuerdos ya cerrados, sino que tiene que producirse antes de la adopción de acuerdos. Por eso exigiremos que todos los planes y convenios urbanísticos que se aprueben en España sean sometidos a información pública durante su tramitación; algo que actualmente no es así en todas partes. No queremos limitarnos a cumplir el derecho europeo. Podemos y debemos ir más allá si queremos asegurar que la participación ciudadana en materia urbanística sea efectiva. Tengamos presente que los planes y los demás instrumentos urbanísticos comprenden una documentación muy amplia, mucha de ella de carácter eminentemente técnico y de difícil comprensión para muchos y, sobre todo, para los ciudadanos. Por eso también exigiremos que la documentación que se someta a información pública incluya obligatoriamente un resumen ejecutivo que permita a los ciudadanos conocer de forma sencilla y sucinta en qué consiste, por ejemplo, el cambio de ordenación y en qué puede afectarle. También para dotar de la mayor transparencia posible a la información sobre el suelo disponible para edificar y conocer la evolución en el desarrollo del mismo ya está en macha el sistema de información urbana, que será compatible con los sistemas nacionales y europeos. En una sola década, como conoce S.S. y según determinados documentos como el ¿??, el suelo urbanizado en España ha aumentado en una cuarta parte. En Europa en 20 años ha aumentado solo el 20 por ciento. La sostenibilidad supone clasificar el suelo necesario e idóneo para satisfacer la demanda social detectada, pero también incluimos en la próxima tramitación del planeamiento el informe de impacto económico de la legislación vigente.
En definitiva, señoría, hay muchas medidas que ayudarán a luchar contra la corrupción y contra la especulación. (Aplausos.)

Fin
PLENO T-36
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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Seguimos con el turno de réplica de esta interpelación.
Comenzamos de nuevo por la señora Navarro en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Adelante, cuando quiera.

La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en el País Valenciano se ha ocupado en diez años más territorio que en toda su historia. Blasco lo llama dinamismo económico. No haga usted lo mismo. Se ha incrementado en un 47,1 por ciento el suelo urbanizado. El informe de la Unión Europea es demoledor y se reitera estos días la necesidad de que se modifique la nueva ley urbanística valenciana.
El colegio de arquitectos de Murcia recurre el desarrollo urbanístico de Murcia que prevé la construcción de 100.000 viviendas. En el caso de Orihuela, en el que la oposición denuncia que hay 8.000 casas ilegales, el fiscal ha denunciado al alcalde, del Partido Popular, a cinco concejales, a tres asesores y a cinco empresarios, uno de ellos propietario del famoso rolls y el bungalow donde reside el alcalde. Está denunciado por treinta casos de corrupción, pero siguen en el Ayuntamiento campando a sus anchas. No se preocupen, señorías, hay para todos. Hay ayuntamientos del Partido Socialista, hay ayuntamientos del Partido Popular, la mayoría de los planes urbanísticos que presentan tienen informe desfavorable en cuanto al agua, pero no pasa nada, se sigue adelante. En el caso de Elda, se ha aprobado el plan con los votos del PSOE, que gobierna, y cuatro concejales del PP incumpliendo el acuerdo, pero eran necesarios, qué curioso, 7.500 viviendas con un campo de golf. Por cierto, por el medio del campo de golf pasa el AVE. Es digno de ver, en medio de los hoyos del campo de golf, el recorrido del AVE. En Elche, un proyecto sin declaración de impacto ambiental, ¿por qué? ¿Por qué no tiene declaración de impacto ambiental? Se declara ilegal. El caso de Riba-roja, una operación urbanística que implica un incremento de la población de 12.000 personas. El Ayuntamiento de Granja, del Partido Popular, que tiene 2.000 habitantes se multiplica por dos en una zona de huerta. Torrevieja, según The Sunday Times, destino a evitar. Desde luego ahora mismo, sí; hace unos años no era así. Está siendo investigada por el fiscal Anticorrupción, pero también mientras el alcalde sigue campando a sus anchas. Tavernes, Guadassuar, El Puig, etcétera. En el caso de Alcoi, muy reciente, el secretario de territorio de la Generalitat Valenciana presuntamente, parece ser, ha comprado unos terrenos que se van a recalificar por un PAI que se va a hacer en esa misma zona, pero él no sabía nada. No lo sabemos si sabía algo o no, parece ser que sí.
Detrás de todos estos casos tengo aquí un dosier, señora ministra, le expongo los casos del País Valenciano, pero no solo es el País Valenciano, sino también Murcia, Almería y otras ciudades de Andalucía y las islas baleares. Amenazas y denuncias. Nosotros estamos siempre con los ciudadanos, porque, señora ministra, esto hay que pararlo. El caso de Castellón es el paradigma del marbellismo. Cabanes de Oropesa alberga Marina D'Or y el parque que está construyendo el señor Fabra, pero, eso sí, encargada la empresa de también Marina D'Or. Curioso. Dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes, donde se construyen estas edificaciones, trabajan para el dueño de Marina D'Or. El PSOE, lo mismo: dos hijas de los máximos dirigentes de Cabanes del PSOE también trabajan para el dueño de Marina D'Or. La secretaria general del PSOE de Oropesa también trabaja para el dueño de Marina D'Or. El resultado, PSOE más PP, más de 20 millones de metros cuadrados de urbanizaciones. Se multiplica la población por 24. Burriana, el alcalde socio político de Fabra. Dirige también el imperio inmobiliario del señor Fabra. En Burriana, con 35.000 habitantes, han recalificado suelo para más de 100.000 habitantes. El señor Fabra es titular de 19 cuentas bancarias y está autorizado en otras 75. Hacienda le investigó solamente en el año 1999 y dio con 146 ingresos anómalos alrededor de 110.947.000 millones de pesetas.
FIN.

PLENO TURNO 37
05/04/06

(Termina la señora Navarro Casillas)

En conclusión, Marbella es la costa española, es el cáncer que se extiende y necesitamos extirparlo. Hay marbellas grandes y pequeñas, con más o menos ilegalidades, pero con un común denominador: la especulación urbanística que asola el país, la corrupción política, las mafias del dinero negro, el serio deterioro de la democracia que estamos padeciendo. Las instituciones públicas son instrumento necesario y cómplices de la corrupción. Consumimos más del 50 por ciento del cemento que se produce en la Unión Europea y la vivienda es cada vez más cara, como la señora ministra bien sabe, inaccesible por tanto para la mayoría de los ciudadanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.

La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Aprobará este Congreso una ley del suelo que otorgue garantías que impidan estos abusos, que garantice los derechos de los ciudadanos frente a estos abusos? ¿Habrá un cambio de fiscalidad para la vivienda de segunda residencia, se va a promover esto por parte del Gobierno? ¿Este Gobierno va a cambiar y perseguirá de forma implacable la corrupción urbanística?
Señora ministra, necesitamos políticas reguladoras del mercado inmobiliario, un fomento real de las viviendas sociales, directrices de sostenibilidad, urbanismo al servicio de la ciudadanía que garantice un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, protección del patrimonio ecológico y cultural, planificación por encima de los promotores y con participación ciudadana, una ley del suelo que impida los abusos, endurecer las leyes penales, actuaciones de la Agencia Tributaria, coordinación de los distintos ministerios, persecución e investigación de los posibles delitos. En resumen, señora ministra, un Gobierno activo que cambie el panorama, que no permita que se incremente esta situación y que deje de decir, como ha dicho hoy el señor Blanco en una entrevista, que no pasa nada, porque sí está pasando.
Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias.
Cerramos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de la Vivienda.
Adelante.

La señora MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO (Trujillo Rincón): Gracias, señora presidenta.
Señoría, ha desplegado usted una amplia casuística en la que detecto que determinados municipios no aparecen en la misma. Tal vez, sería conveniente y necesario que S.S. consultara la hemeroteca y también mencionara otros municipios. De todas formas, tengo que decir que, por primera vez, un Gobierno, el Gobierno actual, está actuando en todos estos sectores aprobando medidas, y lo está haciendo, como no podía ser de otra forma y como yo he tratado de manifestar haciendo referencia a algunas iniciativas de todos los ministerios, de una manera coordinada y transversal. Anteriormente le he detallado a S.S. gran parte de las iniciativas que el Gobierno de España está poniendo en marcha para atender la preocupación de los ciudadanos por las malas prácticas que usted ha mencionado. Concretamente, le he hablado del anteproyecto de ley del suelo, que sienta unos principios jurídicos mínimos a los que debe sujetarse la ordenación del suelo para ser sostenible -esto es novedoso-; que exige, conforme a esos principios, que los nuevos desarrollos urbanísticos se sometan a evaluación ambiental y justifiquen su sostenibilidad económica -también es novedoso-; que establece garantías básicas de participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de ordenación territorial y urbanística y en su gestión, para que en el futuro sea más transparente -esto es novedoso, no existía-; que pone coto a lo que puede acordarse en los convenios urbanísticos para que no se abuse de los derechos de las personas afectadas -esto es novedoso y que va en la dirección que usted apuntaba, llevamos muchos años trabajando en esto y ahora lo hacemos desde el Gobierno-; que adopta medidas para combatir la retención especulativa de los suelos -esto es novedoso- y que, además, sienta un régimen de valoraciones basado en la realidad, donde las valoraciones tienen que tasar adecuadamente la situación real de los terrenos y también el riesgo y la inversión acometidos en su transformación -que es lo que hay que hacer si queremos de verdad combatir las prácticas especulativas-, y no en meras expectativas basadas solo en las previsiones de los planes.

FIN

PLENO TURNO 38
05/04/06

(Termina la señora ministra)
En suma, señoría, se trata de una acción global del Gobierno para luchar contra el fraude y la especulación en el mercado inmobiliario y también para lograr la sostenibilidad de nuestro desarrollo urbano, a lo que necesariamente ha de sumarse todo tipo de iniciativas de las restantes administraciones públicas.
También le quiero decir que este Gobierno confía plenamente en la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como vienen manifestándose, y también en la justicia para que el peso de la ley recaiga sobre aquellos que pretenden lucrarse con prácticas especulativas y fraudulentas. En ese sentido, el Gobierno de España, una vez más, está dando ejemplo con inmediatez, con rigor y con responsabilidad con todas las iniciativas que se están llevando a cabo. La suma de todas esas medidas, señoría, ofrecen una visión cabal del grado de compromiso de este Gobierno con la sostenibilidad en el desarrollo de nuestro territorio, de nuestras ciudades y, además, en la lucha contra el fraude y con la especulación. Un grado de compromiso que, como S.S. conoce, agota el espacio competencial del Estado y respeta el de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, aunque no vendría mal empezar a repensar todo esto, pero que ofrece nuestra colaboración y nuestro apoyo para poder abordar conjuntamente un problema que es de todos, porque a todos nos concierne y solo actuando todos en la misma dirección podemos resolverlo con eficacia.
En relación con el proyecto de ley del suelo confío que el trámite parlamentario que va a seguir este proyecto sirva para enriquecerlo y para que se sumen a él todas las fuerzas políticas interesadas en poner freno a la especulación, en apostar por la sostenibilidad de nuestro territorio y de nuestro urbanismo y en luchar contra la especulación. Espero, señorías, que en el trámite parlamentario esta ley se pueda enriquecer todavía mucho más para conseguir los objetivos que todos pretendemos.
Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias señora ministra. Gracias, señora Navarro.

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIAS DE CARÁCTER URGENTE PARA AFRONTAR LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA DE BIENES CULTURALES. (Número de expediente 172/000179.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de carácter urgente para afrontar la lucha contra la piratería de bienes culturales.
Para formular esta interpelación, tiene la palabra la señora Rodríguez- Salmones.

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Hay dos circunstancias en la interpelación que hoy formulamos, a la que no hemos querido ponerle un nombre ambiguo y la hemos llamado contra la piratería, que la hacen especialmente oportuna. Una de ellas es que cuando hace un poco más de veinte días aprobábamos en esta Cámara una modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, verdadero núcleo y columna vertebral para los autores, los creadores, tuvieron ustedes nuestro apoyo. Nos parece que es una buena ley, aunque creo que mejorable en el Senado, pero tuvo usted nuestro apoyo, y le anuncio que lo seguirá teniendo en esta misma línea. Por tanto, pongo eso por delante. La segunda circunstancia después de estos veinte días, es que hace un año aprobó el Gobierno lo que llamamos Plan antiperatería. Por tanto, estamos en dos caras de la misma moneda: cuando legislábamos hace veinte días tenía usted nuestro apoyo y cuando ahora hacemos nuestra labor de controlar al Gobierno tiene usted nuestra desaprobación, nuestra alarma y nuestra preocupación total. De nada vale hacer buenas leyes, leyes mejorables que nos parecen correctas, si luego los controles no existen y su aplicación es muy deficiente.
Señora ministra, nosotros creemos que en este momento en España el respeto a la propiedad intelectual es nulo, cero, es menos que cero y tenemos una enorme preocupación. Creemos que se está estableciendo, con la pasividad y la tolerancia del Gobierno, y no soy injusta cuando lo digo así, una situación de permisividad, de confusión y de enfrentamiento entre partes que nos está llevando a una situación, y no quiero poner adjetivos ni sobreactuar, pero usted misma lo dijo y uso sus palabras, si no la atajamos ya trágica.

Fin
PLENO TURNO 39
5.4.06

(Continúa la señora Salmones)

Esas fueron sus palabras en esta Cámara. Pues bien, nosotros creemos que al año de haber aprobado el Plan antipiratería este Plan ha tenido prácticamente un cumplimiento cero en Justicia, con la instrucción del fiscal, que era necesaria absolutamente, vital, comprometida y que no se ha hecho. Tampoco se ha cumplido en Interior, donde usted habló de que la policía hacía pinitos electrónicos; no, la policía hace un trabajo extraordinario y no le han dotado de los medios que estaban previstos en el plan. No se ha cumplido con las industrias. Señora ministra, usted habló de autorregulación, el Plan hablaba de autorregulación; han concertado ustedes reuniones para tomar café con las industrias y estas ya ni van, piden que se desconvoquen estas conversaciones, no han llevado a nada. Usted sabe que en Francia existe un acuerdo desde el año 2004 entre las industrias y el mundo de la cultura y es eficaz. Para qué contarle cómo funcionan de acuerdo en Estados Unidos, y es eficaz. ¿Cómo aquí no han logrado nada ni en Justicia ni en Interior ni con Industria?
En el Plan hablaban de acciones formativas. Se han hecho exclusivamente las que han dependido de los sectores privados, de los afectados. En todos los campos solamente se ha hecho esto. ¿Qué se ha hecho en la escuela? Me gustaría que la señora ministra de Educación pudiera contestar. Pero nos encontramos también con lo poco que se hace. Usted ha hecho dos campañas y nos han parecido bien, los anuncios eran bonitos, pero una fue de cuatro días y otra de cinco días. Con campañas de cuatro y de cinco días, señora ministra, no es que no cambiemos una mentalidad, no es que no informemos, es que no vendemos ni un bolígrafo. No hay acciones formativas, no hay acciones de mentalización ni de Justicia ni de Interior y ya lo de las conversaciones con Industria ha llegado a un grado patético: dicen unos y otros que toman café y nada más. Mientras que en otros países están llegando a acuerdos, aquí ha logrado usted un enfrentamiento entre sectores: los usuarios, los artistas y las nuevas tecnologías -estas que nos deslumbran-, en lugar de ir todos en el mismo barco parece que vamos enfrentados. Parto de la base, y que quede muy claro, que creo firmemente en lo del mismo barco y que porque queremos oir ríos de música y porque queremos ver cien películas al año y no doce, queremos precisamente que el sector de la cultura esté protegido, porque de su empobrecimiento vendrá el empobrecimiento de todos, así como también creemos que las nuevas tecnologías son la pieza indispensable. Vamos juntos. Usted tiene tolerancia, pasividad y enfrentamiento total entre los sectores.
¿Cuáles son las cifras? Voy a ser muy somera porque realmente no tengo tiempo. Usted viene del homenaje a Almodovar en París, al que yo me sumo, su película es extraordinaria. Usted sabe que en este momento puede haber miles y miles de personas pirateando su película -o puedo hacer yo desde mi ordenador ahí arriba-, y que a 100 metros de aquí -y reconozco la labor de los ayuntamientos, Madrid y Barcelona a la cabeza, y no hago partidismo, que han hecho muchísimo contra el top manta- puedo comprar ahora mismo la película de Almodovar. Ha habido momentos en los que 400.000 personas se han estado bajando la misma película. En el cine se está perdiendo el 30 por ciento en las ventas en DVD; en alquileres sabe usted cómo están cerrando, cómo se están perdiendo, señora ministra, los puestos de trabajo. ¿Pero qué decimos de la música? En España hay 500 millones de descargas de canciones, de ellos un millón es legal; un millón de 500. ¿Cómo califica usted, y le ruego que me lo diga, a Kazaa o e-Mule?

FIN.
PLENO T.40
05/04/2006

(Termina la señora Rodríguez-Salmones)

¿Qué me dice usted de que hace un cuarto de hora en mi ordenador ponía: descárgate gratis 13.000 millones de canciones? Frente a eso veo en el Gobierno una actitud de tolerancia y de pasividad. Todo esto nos ha llevado a una mala gestión. Usted ha hablado de esto y lo ha justificado con cuestiones que me parecen inadmisibles. Ha enunciado tópicos como el calvinismo de otros países o el amor por la música latina. No se refugie en el tópico, señora ministra. También ha hablado del precio. Esas justificaciones ambiguas encuentro que son inadmisibles. Esto es como cuando tantas veces nos han dicho a las en situaciones muy complicadas: Algo habrán hecho. ¿A ver si va a ser el precio? ¿A ver si es que los artistas abusan? Los artistas tienen derecho a hacer la difusión de su obra del modo que elijan, libre, sin soporte, remunerado, en vivo, a través de otros soportes, como quieran. Y usted tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley. ¿Por qué no se cumple la ley? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Hay tres circunstancias. Usted le tiene miedo al problema. Tiene usted un ministerio muy bonito y ha elegido el lado lucido del ministerio y llamar a las cosas por su nombre y decir lo que es legal y lo que es ilegal es impopular. Y huye de la impopularidad y de este magma de las nuevas tecnologías en la que no sé si se mueve muy bien y habla de la nebulosa de lo ilícito. Tampoco tiene usted, en nuestra opinión, el peso político suficiente para lograr que los ministerios de Industria, de Justicia y de Interior vayan juntos. Acuda al presidente del Gobierno, acuda a Presidencia o a donde le parezca pero usted tiene que liderar esto y no ha tenido ese peso político y estos ministerios pasan de usted. También se le escapa la gestión entre las manos como el agua entre los dedos, señora ministra. El primer año ha sido para pensar un plan que fue recibido con esperanza, pero no por nosotros. Pregunte ahora a los que recibieron bien el plan lo que piensan ahora. Primer año: Pensemos un plan, sin medidas, sin presupuesto y sin tiempos, pero un plan. Segundo año: Hoy, por primera vez, se reúne la Comisión Permanente. Qué tipo de gestión es la que hoy, un año después, se reúne la Comisión Permanente. Este plan ha tenido desarrollo nulo a lo largo de este año y nos preguntamos qué va a ser del siguiente y usted nos lo dice. Para el año 2007 tendremos un diagnóstico de la situación, un mapa de la piratería y un perfil del infractor. Entonces, ¿empezaremos en 2007 a luchar contra este problema? Señora ministra, vuelvo a repetir, en esta Cámara hemos hecho una buena ley -esperemos que en el Senado se mejore- pero esto es como si estuviéramos regulando la limitación de velocidad y una vez regulada se sentaran ustedes complacidos a ver cómo los coches circulan a 200 kilómetros por hora sin haber puesto ni un radar ni un control ni siquiera un aviso. Coja, señora ministra este volante. Nosotros le presentaremos una moción y espero que lleguemos a un acuerdo porque, como usted ha dicho -repito sus palabras- si no lo atajamos la situación será trágica.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Rodríguez-Salmones.
Continuamos con la contestación de la señora ministra de Cultura a esta interpelación del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
fin
PLENO TURNO 41
5.04.06

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, teniendo en cuenta que el problema es importante en todo el mundo, importante para nuestra cultura, por las dimensiones en las que nuestro idioma nos coloca, para nuestra música, para nuestro cine, para nuestros libros, tenía pensado que adquiriría otro tono, sobre todo porque en los ocho años de su Gobierno no se hizo nada, absolutamente nada. Usted no puede colocar ni una sola medida ni una sola decisión. El problema al que nos enfrentamos se agrava por minutos, porque estamos hablando de la rapidez de la sociedad de la información y de las tecnologías actuales, y esperaba una posición de control y de crítica, como es lógico, pero también de racionalidad y de realismo sobre la situación.
El 8 de abril del año pasado este Gobierno por primera vez asumió este problema como un problema político, por primera vez se enfrentó sin ningún miedo y de manera muy realista con todos los sectores a la situación que atravesábamos y por primera vez le trasladamos a la sociedad en general que este era un asunto de calado mayor para el futuro de la cultura de nuestro país. Conseguimos, con poco o con mucho peso, que 11 ministerios tomaran decisiones y estuvieran formando parte de un plan de atajo, de ayuda, de prevención, de coordinación y de decisiones que nos colocaran en una persecución de lo que coloquialmente llamamos piratería. Tanto es así que mi colega la ministra alemana del Gobierno saliente me lo solicitó para poder tener un modelo sobre el que trabajar, que mi colega la ministra de Portugal hace escasamente diez días nos solicitó una parte importante de estas medidas, incluida la campaña, para trasladarlas, traducidas las medidas al idioma portugués, y que en el documento que seguramente se va a aprobar en Cannes el día 22 ó 23 de mayo sobre medias para el cine y lo audiovisual se recomienda el plan del Gobierno español como una práctica recomendable para el resto de los gobiernos de la Unión Europea. Pero andamos siempre con este modelo de oposición en el que ustedes trabajan a veces seguramente que con falta de información.
No hemos esperado ni un solo minuto para tomar medidas, es más, el Ministerio de Justicia, que usted ha citado de manera explícita, a solo tres semanas, tres consejos de ministros después de este plan, tomó las primeras medidas que le correspondían, en algunos aspectos muy notables, y una de la que usted ha hablado en la circular de la Fiscalía General del Estado, en la que no podemos intervenir de manera directa, el 30 de marzo, es decir, no hace más que unos pocos días, adoptaron los fiscales de sala la definición exacta del borrador que en pocas semanas se va a convertir en una circular de coordinación de las previsiones, actuaciones, consideraciones y posicionamiento nuevo y mejor de la Fiscalía General del Estado frente a la persecución de estos delitos. Es verdad que se trata de un plano en el que hay que convocar a todos, a la iniciativa privada. Es verdad que aunque lo haya querido decir de esta manera -supongo que en otro foro distinto estaría de acuerdo conmigo-, usted sabe perfectamente que los sectores que se mueven en todo este entramado de producción de la cultura tienen intereses enfrentados entre sí y que colocar, como debe colocarse un Gobierno, en la coordinación de esos intereses lo máximo posible, incluidos diferentes departamentos ministeriales de un Gobierno, no es cosa fácil ni cosa rápida, y en un año se han conseguido muchas cosas, a las que voy a dar un repaso. Se planteaba que la única manera de trabajar en un plan en el que había que coordinar acciones de otras administraciones públicas y del sector privado necesitaba un lugar y un espacio de trabajo de cooperación y elaboración. Se crea por Real Decreto de 13 de octubre esa comisión intersectorial, que se reúne y que obviamente tiene una comisión ejecutiva, y yo le remitiría al acta de esa comisión intersectorial, señoría, para que usted tenga una información precisa de cómo por primera vez los diferentes sectores de iniciativa privada y los 11 ministerios de un Gobierno se sientan y de las conclusiones de aquella primera reunión, que fueron francamente alentadoras. Fueron alentadoras porque felicitaban a un Gobierno que se enfrentaba a este problema, que sentaba a 11 ministerios, que se sentaba con todos los sectores –repito-, algunos con contradicciones evidentes en la defensa legítima de sus intereses, que sentaba a la Administración local y autonómica, de manera específica a los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid, que sentaba a las entidades de gestión y a las asociaciones defensoras de estos derechos, al sector empresarial por primera vez, a los sectores de las industrias tecnológicas y de la información y también al sector de la comunicación, incluidos los consumidores de este país, como usuarios y ciudadanos, por primera vez.
fin
PLENO T. 42
05/04/06

(Continúa la señora ministra de Cultura.)

Le remito a lo que dijeron los sectores en aquella reunión absolutamente constructiva donde se sentaban por primera vez con un Gobierno en aquella fecha, el mes de noviembre, a poner blanco sobre negro las propuestas concretas de cada una de sus circunstancias. Es cierto –y usted me lo ha oído decir en muchas ocasiones- que hay que hacer un diagnóstico mucho más solvente del que aparece de forma fragmentada cada día en la prensa acerca de este problema, que no lo tiene este país ni este Gobierno porque existe desde hace muchos años, incluido los ocho años en los que gobernó su partido, y este país debería tener más y mejores datos de la economía de la cultura. No tenemos a estas alturas de la historia de este país ni siquiera un dato fidedigno que nos diga qué aportan las industrias culturales, el sector económico de la cultura, al PIB. Por primera vez este Gobierno lo va a tener a finales de año. Este Gobierno no trabaja sobre presiones y rumores del escaparate de la cultura sino sobre datos de diagnóstico bastante más certeros de lo que a algunos les gustaría. No es que sea un ministerio precioso sino que es un ministerio que realiza una acción política y pública de Estado absolutamente imprescindible para una sociedad democrática y desarrollada como la nuestra.
En el marco de la comisión intersectorial en el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria –y es una medida que no ha adoptado ningún país porque estamos hablando de blanqueo de dinero en toda la trama del tráfico ilegal que vulnera la propiedad intelectual de los creadores- se ha tomado, por primera vez en este país, una decisión para cruzar información de la Agencia Tributaria con la que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para intentar atajar el problema en uno de los aspectos que más nos importan. El ministro del Interior en rueda de prensa dio unos datos absolutamente estremecedores sobre el volumen de negocio mundial del tráfico ilegal de los bienes culturales -entre los que también están los de Patrimonio Histórico-, que está por delante incluso del de tráfico de drogas. En esta situación el Gobierno toma medidas –como ve S.S.- y decisiones que son complicadas e incluso lentas, pero de momento son las únicas conocidas en el marco de la Unión Europea que van al fondo de los problemas de los que a veces hablamos con mucha ligereza.
La Federación Española de Municipios y Provincias tiene firmado un convenio con este ministerio desde el 14 de octubre, que usted conocerá porque es una medida de este plan. Desde el 14 de octubre, y con financiación, la FEMP firmó un convenio para adoptar medidas de prevención y realizar campañas en la Administración local -que usted ha alabado mucho, yo también, pero se hace con la ayuda de este ministerio-, precisamente en un ámbito en donde las policías locales pueden hacer mucho en materia de reacción y de prevención. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han creado un registro -con la ayuda de la iniciativa privada, sobre todo con Promusicae y Asimelec- contra el uso irregular de las torres de duplicación, que es un problema gravísimo. Precisamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pueden basarse en este registro para intentar atajar este problema. Seguramente, que usted desconoce también este dato. Le estoy hablando de fechas que arrancan del día 8 de abril, fecha en que celebramos la existencia de este plan. Necesitamos datos de obtención de esta circunstancia porque es novedosa. En las encuestas de las instituciones sobre las que se recoge información por parte de la Administración General del Estado se requiere primero un planteamiento de recogida de esos datos técnicos, como usted se podrá imaginar, porque nunca se han recogido. Por primera vez tendremos a final de este año los primeros datos de la encuesta de hábitos culturales 2006-2007, del denominado mapa plan (¿), espacio de diagnóstico de la piratería en nuestro país. Estos datos implican no solamente a los sectores que habitualmente dan datos en los medios de comunicación, sino a otros sectores mucho más ocultos donde están las industrias de las nuevas tecnologías, a las que nos sentimos absolutamente cercanos, porque hay una parte importante del problema que deben resolver ellos.
Señorías, estos datos no son ni lentos ni rápidos; son una novedad en nuestro país y requieren el trabajo técnico correspondiente aunque habitualmente el más inquieto y el que más prisa tiene es el ministerio.

Fin.

PLENO T - 43
5-4-06

(Termina la señora ministra de Cultura.)

En cuanto a las medidas de sensibilización, de prevención y de mensajes permanentes a los ciudadanos sobre este asunto, lamento que S.S. tenga también una información insuficiente. Se han emitido 377 anuncios en las cadenas nacionales, en Telemadrid, porque la Comunidad Autónoma de Madrid se sumó a esta campaña que nosotros le ofrecimos gratuitamente en una actitud -diría- de lealtad por un problema importante. Hemos introducido -me parece muy importante, porque S.S. habla de las nuevas tecnologías y de Internet- 50.000 impresiones en Internet para poder trasladar precisamente todo el problema de la descarga ilegal, que usted comenta, a un lugar que nos preocupa de manera especial. Hemos invertido 1.290.000 euros en esta campaña, señoría. Le recuerdo que su partido tenía coste cero de inversión en este problema. Aunque solamente sea por sentido común, nos lo habremos gastado en una campaña que ha estado en diversos soportes, como revistas y anuncios de radio, de televisión y de cine, contando con todos los operadores privados que han asumido la campaña como suya y que todavía está funcionando en una amplia red de operadores privados que -repito- la han hecho suya. No hace falta que le diga a S.S. que la han hecho suya Promúsica, AF, DRO, casi todas las sociedades de gestión y casi todas las asociaciones de defensa de los derechos de los creadores de este país. Señoría, hemos hecho algo importante con la campaña de sensibilización, porque la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI, que se va a reunir en España este mes de mayo, ha recogido la campaña del Gobierno español en el ámbito internacional como una fórmula absolutamente recomendable que tendrían que adoptar otros gobiernos. Es más, dice literalmente el texto de la OMPI que es una acción necesaria e imprescindible, al modo que lo hace el español, para otros gobiernos.
Señoría, hemos elaborado la transposición de dos directivas que ustedes se dejaron sin cumplir y usted ha citado una de ellas. En junio estarán traspuestas dos directivas, la de la sociedad de la información y la directiva que va a afectar al respecto a los derechos de propiedad intelectual, que ustedes dejaron sin cumplir, y que tendrán todo el debate y toda la tramitación, obviamente, en sede política y en sede parlamentaria y en junio estarán traspuestas, con el retraso notable con el que hemos tenido para llegar a ellas.
Termino esta primera intervención pidiendo a S.S. cuidado cuando extrapolemos el caso español a otros en Europa, porque como lo comentamos los ministros en Europa, señoría, cada país tiene subcultura en su cultura, es decir, su cultura de hábitos dentro de la práctica y del disfrute de su propia cultura. Hay una cosa muy importante, Francia o Italia no se enfrentan de manera fundamental a lo que llamamos piratería de bienes culturales, se enfrentan fundamentalmente a la piratería de otros elementos de subcultura cercanos también a la cultura, en la que se juegan una parte importante de sus economías, de su PIB -me imagino que sabe de lo que le estoy hablando-, que es donde Francia e Italia tienen verdaderos problemas y naturalmente España tiene su propia especificidad. No podemos extrapolar el caso español al resto de los casos en Europa. No podemos, señoría, pero no por refugiarnos en la autocomplacencia o en la permisividad, que naturalmente este Gobierno no tiene, porque no hace falta que le dé datos a S.S. que ya conoce: las intervenciones de la Policía Nacional han sido 1.557, un 12 por ciento más; se han detenido a 3.272 personas; se han requisado casi 3 millones de CD y DVD; la Guardia Civil ha tenido 1.155 intervenciones; más que nunca. Por tanto, no es un Gobierno permisivo, es un Gobierno que se ha enfrentado a un problema muy complicado, que se ha ido de la mano notablemente en los últimos años, que no tiene parangón con otros países, por nuestro idioma, y que cada día vamos atajando, además con los sectores implicados, porque necesitamos que los sectores de las nuevas tecnologías nos indiquen, para empezar, qué otras tecnologías son las que pueden parar precisamente la ilegalidad que en muchos casos solo se para con una tecnología que contrarreste, porque no hay norma que contrarreste lo que no puede hacer en este caso una tecnología. Hay una Comisión al efecto y supongo que tendré la oportunidad de ponerle de manifiesto algunas de las decisiones que ha tomado en este año de vigencia del plan, muchas medidas del plan y, naturalmente, muchas expectativas del mismo. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Señora Rodríguez Salmones, comenzamos con su turno de réplica.

Fin
PLENO TURNO 44
5.04.06

La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no sé lo que esperaba usted de nosotros, pero le puedo decir que lo último que yo hubiera esperado de usted era la autosatisfacción. ¿Cuál es la medida? ¿Cómo mide usted su nivel de autosatisfacción? Es evidente que no por los resultados. Se mira usted a sí misma y nos dice que la ministra portuguesa y la ministra alemana del antiguo Gobierno le han pedido su plan. Pues entonces todos tan contentos. Si a usted le piden el plan, todos estamos tan contentos. Yo le digo que en España hay 500 millones de descargas ilegales y usted me dice que los datos son alentadores. Alentadores, ha dicho. ¡Es impresionante! ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos entre los diez países del mundo con más piratería, a nivel de Ucrania. ¿Pero qué me esta usted contando de los otros países que dice que le piden el plan? Le pedirán el plan, pero ¡anda que le van a copiar los resultados! Sabe usted que tienen resultados infinitamente mejores que los nuestros y me sigue usted hablando de la música latina. ¿Pero cómo es posible que tenga usted esa confusión? ¿Qué tienen que ver los 13.000 millones de descargas ilegales con la música latina, señora ministra? ¿Cómo puede decir usted eso? Ustedes dijeron: Somos el primer Gobierno del mundo que ha asumido la piratería como problema. Pues asuma las soluciones, señora ministra, no asuma la piratería como problema. ¿Pero qué es eso en un Gobierno? Usted tiene que asumir soluciones.
¿Sabe lo que nos ha dicho sobre las cosas que no conocemos? Yo pensaba que a lo mejor no conocíamos alguna de las medidas tomadas. Nos ha dicho que en breve -no sabemos cómo de breve- la Fiscalía va a estudiar un borrador o que ha estudiado ayer un borrador que se publicará en breve. Como cuando usted dice breve habla en términos anuales, en 2007 podremos tener la instrucción de la Fiscalía, que era la medida estrella hace un año. ¿Sabe lo que le digo? Si de algo estamos orgullosos no es de nuestros resultados, que no fueron buenos, porque este problema es muy difícil para usted y para cualquiera, pero lo que no puede haber es autosatisfacción cuando tenemos el nivel de Ucrania y de Bolivia, señora ministra. Nosotros modificamos el Código Penal, y sabe usted que eso es muy difícil; modificamos la Ley de Enjuiciamiento, y sabe usted que eso es muy difícil. Usted tenía que haber agilizado los juicios rápidos y no lo ha hecho. No estamos nada satisfechos. No incorporamos la directiva. ¿Sabe con cuántos países de Europa llevábamos ese retraso? Con todos los países europeos, con los países centrales. Sabe usted que se está haciendo en Alemania y que ahora se está haciendo en Francia. Fíjese usted qué bochorno más bien compartido con toda Europa, porque era muy complejo. Y encima tiene usted nuestro apoyo y todavía nos hace un reproche. Señora ministra, enfréntese usted con el problema.
Insisto, ¿cuál es la medida que toma usted para su propia satisfacción? ¿Los resultados? Me cita usted aquí asociaciones que hoy mismo la están suspendiendo, que le están dando un suspenso en la lucha contra la piratería. Hoy las tiene en los periódicos, pero me las cita usted como las que le aplauden. Señora ministra, este es un problema en el que yo le he brindado nuestro apoyo. Se trata del cumplimiento de unas leyes que nosotros estamos aprobando. Lo único que podemos pedirle es que asuma usted las cifras con las que se está enfrentando, que use su peso, el que tenga, poco o mucho, y que acuda al presidente del Gobierno. Interior está infradotando a la policía y usted lo sabe. Están llevando a cabo acciones modélicas contra viento y marea, solos y sin medios. Justicia no ha hecho nada e Industria se está riendo, como sucede cuando el ministerio de Industria está frente al de Cultura en este y en todos los campos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Finalizamos esta interpelación con el turno de dúplica de la señora ministra de Cultura.
FIN.
PLENO TURNO 45
05/04/06

La señora MINISTRA DE CULTURA (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señoría, es útil que reconozca que el problema se ha agravado en los ocho años en los que no se ha tomado ninguna medida. Me habla de modificación del Código Penal, pero el remate de la modificación del Código Penal pudieron llevarla a cabo ustedes, lo cual era muy importante. Debatir en el filibusterismo a veces propio y no deseable del Parlamento sobre palabras que he dicho o haya dejado de decir es algo que no me interesa, porque le he señalado que este Gobierno se enfrenta a ese problema, y si uno no se enfrenta a un problema con el realismo necesario, ya me dirá cómo puede encontrar algún tipo de soluciones o medidas. Esto nos llevaría a un debate prácticamente de puro mecanismo y método intelectual. Señoría, le guste a usted o no, afrontamos un problema con un calado mayor y más importante debido al idioma que tenemos; le guste o no le guste, porque representamos un idioma en la Unión Europea que hablan cerca de 500 millones de hispanohablantes en el mundo; le guste o no le guste, y eso complica las cosas como no se las complica a país como Alemania, como Francia o como Italia, con un espacio idiomático donde la cultura transita a través de la lengua, con un problema menor que el nuestro. Antes le he indicado a usted dónde está el problema que tienen otros países con la piratería, aunque no he profundizado porque no hace al caso, pero usted sabe perfectamente que España tiene que afrontar un problema que en buena medida está fuera de sus fronteras. En realidad ha estado usted todo el rato bordeando la situación. Me ha dado datos, pero yo le voy a dar otros, como que 2005 fue un año con un 3,5 por ciento más de espectadores españoles que fueron a ver su cine en todos los formatos en los que hoy se ve el cine: taquilla, alquiler y venta. Señoría, no le gustan los datos, pero así son, y pronto les daré información sobre el incremento de lectura, que digo yo que también forma parte del movimiento que se genera a partir de decisiones públicas y naturalmente con la fortaleza de la iniciativa privada.
Por otra parte, no es verdad que las directivas que tanto importan para proteger la creación en nuestro país y los derechos de la propiedad intelectual no estuvieran tan retrasadas en otros países como en España; sabe que no es así, como tantas otras cosas. Además S.S. sabe que una parte capital en este asunto es la autorregulación de los sectores en las nuevas tecnologías. Señoría, ese grupo se constituyó el 4 de mayo y el plan tiene fecha de 8 de abril. Se ha reunido en numerosas ocasiones y este Gobierno escucha y respeta que necesita que sea el propio sector quien encuentre hilos, como ocurrió en Francia, que le permita hallar soluciones en su propio espacio de autorregulación. Asimismo, S.S. tiene que saber que el propio Ministerio del Interior ha creado toda un área de trabajo, evidentemente dotada, en la que por primera vez en este país se trabaja con la intensidad suficiente sobre todos los delitos que se cometen respecto a la tecnología en red. Todo lo que ahí se avance será un avance para la piratería en este país, y todo lo que se haga en esa dirección también será parte de un segmento importante de las decisiones de este país. Señoría, el día que se presentó este plan dije que ni este es un tema fácil ni unilateral de un solo Gobierno ni un tema que podamos abandonar a los propios sectores privados, sino que es un tema de una extraordinaria complejidad. Usted ha hablado antes del precio, pero no sé de qué precio habla S.S., porque yo hablo del precio final que llega a los ciudadanos con arreglo a la renta per cápita y a los hábitos culturales de este país, donde determinados bienes culturales resultan caros para la renta media familiar o individual, y no me lo puede negar. Compare con otros lugares del mundo, al alza o la baja, porque estos son argumentos absolutamente potentísimos en muchas direcciones respecto de lo que estamos hablando, aunque usted los quiera minimizar porque en este caso no se quiera enfrentar con suficiente realismo y cordura a esta situación. Comprendo que usted no puede ser leal al Gobierno de este país, porque el papel que le han dado los ciudadanos es el de acción de control del Gobierno, pero este es un tema lo suficientemente importante para que seamos leales a la cultura y al país, independientemente del lugar en el que las urnas nos hayan colocado a todos nosotros.

FIN

Pleno T.46
5-04-06

(termina la señora ministra)
Le doy un dato para terminar. Es curioso -y antes en la intervención de otra compañera del Gobierno se ponía de manifiesto- que mientras que muchos ayuntamientos, otras administraciones públicas gobernadas por su partido, están cómodas en estas medidas -acogidas algunas y todas con financiación porque este es un plan que tiene prácticamente tres millones de euros de financiación-, usted no lo esté hoy, afrontando un problema por el que nuestro país se coloca con las cifras que se coloca y que yo no niego, entre otras razones, porque al no negarlas es cuando un Gobierno se coloca precisamente delante de ellas -cosa que no ocurrió durante ocho años- y escucha a los sectores cuando dicen: Hace ocho años, y más, pero estamos hablando de las dos últimas legislaturas -o de las tres-, donde muchas cosas en este país han ocurrido demasiado rápido. La complejidad es extrema, señoría, y yo le pido lealtad, si no al Gobierno -que no la tiene, evidentemente por razones de juego en la política- sí a este asunto, porque es la cultura de este país. (Aplausos.)

-DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), SOBRE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL DEL RÍO LLOBREGAT A SU PASO POR LA COMARCA DEL BAIX LLOBREGAT Y LA GESTIÓN DE LA LAGUNA LITORAL SURGIDA EN EL ÚLTIMO TRAMO DE SU ANTIGUO CAUCE. (Número de expediente 172/000180.)

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señora ministra.
Finalizamos, señorías, con la última interpelación del día de hoy, la urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sobre la restauración ambiental integral del río Llobregat a su paso por la comarca del Baix Llobregat y la gestión de la laguna litoral surgida en el último tramo de su antiguo cauce. Tiene la palabra para formular esta interpelación don Joan Tardá.

El señor TARDÁ I COMA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, las grandes conurbaciones urbanas suponen concentración de consumo energético, de tráfico, de consumo de agua, de producción de residuos, de contaminación, y su papel como polo de atracción suele provocar que el crecimiento urbanístico y de infraestructuras sea exponencial, con lo que también crece en sus impactos ambientales.
Hoy le emplazamos, señora ministra, a reflexionar sobre una comarca víctima de un proceso permanente de expansión urbana que no solo ha sufrido impactos territoriales, sino que también ha acarreado múltiples problemas de cohesión social: el Baix Llobregat. El Baix Llobregat ha sido una comarca fuertemente industrializada desde el siglo XIX, a la par que tierra de cultivos intensivos como consecuencia del aprovechamiento del río Llobregat. Con la implantación masiva de la industria a lo largo de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, la agricultura fue cediendo paso a la industrialización, al fenómeno de la inmigración y a un extraordinario crecimiento urbanístico.
Esta interpelación pretende, en primer lugar, que comprendan la realidad de la Vall Baixa del Llobregat, especialmente perjudicada por el crecimiento de Barcelona y sus infraestructuras de acceso; en segundo lugar, que entiendan la particular situación de la zona deltaica del Llobregat -piensen que más de un 56 por ciento de la población de Cataluña vive a 30 minutos por carretera del delta del Llobregat, una llanura aluvial que acoge espacios naturales de gran valor biológico-; y finalmente, en tercer lugar, pretendemos que compartan las propuestas urgentes que consideramos que hay que llevar a cabo para paliar un constante perjuicio socioambiental que se abate sobre el territorio mencionado.
Nuestra interpelación responde al hecho de la existencia de muchos proyectos en vía de ejecución por parte de la Administración del Estado, y por tanto, creemos que es el momento óptimo para que desde esta Cámara se emplace al Gobierno a tomar medidas urgentes que favorezcan la restauración ambiental, porque es necesario recuperar un patrimonio natural del Llobregat, que puede suponer unos beneficios medioambientales incalculables para la ciudadanía de la comarca. El régimen fuertemente torrencial del río había mantenido históricamente la zona inundable libre de construcción y esta condición ha favorecido: primero, la construcción de grandes infraestructuras de transporte; segundo, el encauzamiento y la marginalización del papel territorial del río; tercero, un deterioro progresivo de sus valores como ecosistema fluvial; y cuarto, un consiguiente olvido e ignorancia por parte de la población, que le ha dado la espalda, y les hablo con conocimiento de causa puesto que soy de Cornellà de Llobregat. Hoy en día el río Llobregat en el tramo que les comentamos está encorsetado –fíjense- por una autopista de ocho carriles -cuatro y cuatro-, una autovía de seis -tres y tres-, una línea de ferrocarril de vía estrecha, una línea convencional de mercancías, una línea de Renfe y actualmente están en obras dos ramales más de líneas de alta velocidad, una de mercancías y otra para pasajeros.

fin
PLENO TURNO 47
05/04/06
(Continúa el señor Tardá.)
En la declaración de impacto ambiental de la última autovía, hace diez años, se reconocían los graves daños ambientales que las infraestructuras estaban ocasionando en el sistema fluvial y el elevado estado de degradación de su entorno. En ese sentido se pretendió llevar a cabo un proyecto complementario de restauración, pero a todas luces fue inacabado y claramente insuficiente. De hecho, la irresponsabilidad del Ministerio de Fomento del señor Álvarez-Cascos fue extraordinaria. Esto motivó, como saben, la aprobación en esta Cámara, ya con ustedes en el Gobierno y con el apoyo del Partido Socialista, de una proposición no de ley presentada por nuestro grupo que recogía la necesidad de finalizar debidamente esta restauración, pero a día de hoy las cosas siguen sin resolverse, también tenemos que decirlo.
Como saben, el actual proyecto de ramal ferroviario del Llobregat, en su anejo 14 -y les hablo del tren de alta velocidad- de integración ambiental, pretende algo similar. Para los seis tramos que comprende la ejecución de este ramal entre Castellbisbal y Can Tunis se prevén 7 millones de euros para restauración ambiental. Por otra parte, se pactó una enmienda con Esquerra Republicana en la vigente ley de presupuestos, a la que dio apoyo el Partido Socialista, en la que se dotaba de 7 millones para un convenio con la Generalitat para la mejora y regeneración ambiental del Llobregat, con el compromiso -debo decir- escrito, aunque no me consta que sea oficial -también debo decirlo para ser honrados-, de que plurianualmente se destinaría un total de 27 millones de euros en tres años.
Señora ministra, no cabe duda de que la intención es buena, pero considere los antecedentes más inmediatos -hablaba de la autovía- y entenderá que debemos ser garantistas y comprometer acciones urgentes a raíz de esta interpelación. Nos consta que por fin se está llevando a cabo una fructífera colaboración entre las administraciones y que se está acabando de redactar un proyecto compartido de restauración del conjunto del tramo de la Vall Baixa e incluso de la creación de un consorcio para su desarrollo. Aun así, también nos consta que todavía no se ha materializado dicho convenio y que, por tanto, no se puede hacer efectiva la asignación presupuestaria prevista. Nuestro grupo cree que ya hay suficientes elementos de acuerdo y colaboración, sobre todo colaboración entre las partes, como para redactar y firmar el citado convenio. Esto es especialmente urgente, sobre todo si se quiere ser efectivo en la plausible ejecución de la partida del presente año. Los plazos de terminación de plataforma del tren de alta velocidad están llegando a su fin y, si se quiere hacer una correcta recepción de la obra, como debería ser, es urgente que se redacte y firme cuanto antes el citado convenio, y se debería establecer cómo se integran las intervenciones del ADIF en el proyecto global de restauración.
Otra cuestión. Nos referimos a que el Ministerio de Medio Ambiente tiene sobre la mesa la inminente licitación de un estudio sobre la recuperación ambiental de las riberas de la cuenca del Baix Llobregat, dotado en 270.000 euros, y hablamos de esto porque es fruto de otra enmienda de nuestro grupo en los presupuestos del año pasado que además fue posible gracias al entendimiento con el Partido Socialista. Creemos que este estudio debe formar parte del ámbito de actuación de este consorcio. Estamos hablando de aunar todos los esfuerzos en un solo objetivo.
Señora ministra, compartimos con usted la satisfacción de constatar cambios de rumbo en la actitud de diversas administraciones ante esta problemática, pero comprenderá que ya son muchos años de marginación y degradación del río Llobregat y que es necesario emplazar al Gobierno a que estas iniciativas sean llevadas a cabo sin más demora, sobre todo no demorar más, no vayamos a perder de nuevo las posibilidades presupuestarias que ya estuvieron incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año.
FIN

PLENO Turno 48
5/04/06

(Termina el señor Tardá)

Finalmente, señora ministra, paso a presentarle el último apartado de nuestra interpelación.
Usted conoce que en el año 1994 se firmó el llamado Plan Delta. El convenio que lo posibilitaba establecía una relación de planes y proyectos para convertir este ámbito geográfico en el principal centro distribuidor del Sur de Europa mediante la construcción de una plataforma logística, garantizando los valores paisajísticos y ambientales del territorio deltaico. Ciertamente difícil hacer compatible los dos intereses. Siempre hemos reconocido la dificultad de hacer cuadrar el círculo en temas de este ámbito.
Entre las declaraciones conveniadas había dos fundamentales: ampliación del puerto de Barcelona y potenciación de las infraestructuras ferroviarias para servir al puerto, en esto estábamos todos de acuerdo. Los dos objetivos son y serán preocupaciones de Esquerra Republicana, no en vano nuestro grupo ha presentado varias enmiendas para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril en Cataluña. Es más, coinciden nuestros objetivos y los suyos con los del Libro Blanco del transporte, es decir, potenciar la competitividad de las zonas logísticas, las catalanas en este caso, e impulsar un medio de transporte más eficaz y sostenible, como es el ferrocarril. Todo ello, no obstante, entendemos que no debe llevarse a cabo transformando de manera irreversible el medio natural.
Unos políticos progresistas, y usted sabe que como tal siempre la hemos considerado en Esquerra Republicana, no podemos ir con la cabeza alta si no somos capaces de plantear soluciones modernas e imaginativas, es decir, sostenibles. Todo esto, señora ministra, se lo digo porque usted es conocedora de que en el año 2003 se ejecutó una de las actuaciones que debían de permitir la ampliación del puerto de Barcelona, el desvío del río Llobregat, un desvío controvertido, a nuestro entender injustificado, por eso presentamos en su momento alternativas, nosotros y organizaciones como Depana, que pretendían hacer presente que era posible compaginar ampliaciones, crecimiento, con la no desviación del río, pero esto entiendo que es historia.
Lo que le planteamos hoy es que, una vez ejecutado el desvío, el siguiente paso era esperar que el cauce se secara, que se cubriera con tierras para poder empezar las obras de construcción de las vías de ferrocarril y de las dos estaciones previstas para contenedores, pero ha resultado que el río ha decidido no morir. De hecho ya no es río, sino que ha crecido una nueva laguna en igualdad de condiciones ecológicas, que no de protección, con las otras que existen en el Delta del Llobregat catalogadas como reserva y propuestas para engrosar la red Natura 2000. Pues bien, el antiguo cauce se ha convertido en laguna litoral que, según nuestro informe técnico, también según Depana, tiene unos valores ecológicos de alto nivel por encima de algunas de las reservas protegidas oficialmente. Todo ello a nuestro entender ha dado lugar a una nueva situación que el Govern de Cataluña ha tenido que afrontar sin garantías jurídicas. Por todo ello ahora se nos plantea el reto de ser capaces de gobernar como políticos modernos que se adaptan a las nuevas realidades, aunque sean sobrevenidas.
Por todo ello, señora ministra, vamos a presentarle una moción en el próximo Pleno a fin y efecto de poder básicamente hacer converger todas nuestras preocupaciones, que estamos convencidos de que se corresponden con las suyas.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchísimas gracias.
Continuamos con el turno de la señora ministra de Medio Ambiente para contestar a esta interpelación del señor Tardá.

FIN

PLENO T.49
5/04/06
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, conozco bastante el tema objeto de la interpelación. Era secretaria de Estado de Medio Ambiente en el año 1994 y desde la secretaría de Estado intentamos que las declaraciones de impacto ambiental que acompañaban a las distintas infraestructuras contuvieran las mejores medidas posibles para la corrección de impactos con el conocimiento que entonces teníamos de esos posibles impactos. Usted mismo ha señalado que el devenir ha hecho que aparezcan impactos diferentes de los previstos en aquel momento. Desde entonces hasta ahora, como también ha señalado, los resultados no nos pueden satisfacer. Queda mucho por hacer y puedo decirle que ha sido una preocupación del ministerio establecer nuevos vínculos con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para mejorar la actuación de carácter ambiental en toda la zona del Bajo Llobregat. Por ello el 5 de septiembre del año 2005 firmamos un primer convenio para el seguimiento de actuaciones ambientales incorporadas en las distintas declaraciones de impacto ambiental relativas a los proyectos que todavía estaban culminándose. Además ese marco de colaboración abrió en el diálogo entre las dos administraciones la preocupación sobre algunos aspectos puntuales, por ejemplo, la situación de los acuíferos o algunos temas que no se habían estudiado suficientemente. Por lo tanto, a partir de ese momento hemos intentando crear un marco de trabajo compartido con la Generalitat, en primer lugar, para atender la finalización de las obras que estaban ya en curso al inicio de esta legislatura.
Con posterioridad a ello, el 19 de diciembre del año pasado firmé una adenda al convenio suscrito en diciembre del año 1985; el primero de los convenios que enmarca las actuaciones del Bajo Llobregat, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y el departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya. Esta adenda pretendía incorporar a la autoridad portuaria en el desarrollo de determinadas actuaciones, teniendo en cuenta que eran necesarias obras de relleno. Ya una porción del antiguo cauce del río Llobregat se ha convertido en zona de servicio del puerto de Barcelona y en el otro tramo, aguas arriba del puente de Mercabarna, está afectado el sistema ferroviario de acceso al puerto de Barcelona y a la gran terminal de carga. En consecuencia, la autoridad portuaria se incorporó al ámbito de ese convenio con el objeto de garantizar que las citadas obras de relleno se llevaran a cabo de la forma técnicamente más correcta para compatibilizar los distintos sistemas generales -el viario, el ferroviario y el portuario- concurrentes en esta zona.
En lo que se refiere a la gestión de la laguna litoral surgida en el antiguo cauce, puedo comentarle que ya en la propia declaración de impacto ambiental del proyecto de encauzamiento del río Llobregat se dispone la creación de una zona húmeda con un sistema de carrizales, de canales y prados húmedos y lagunas como una de las medidas compensatorias por la pérdida de hábitats. Se establece también la necesidad de realizar un itinerario, varios observatorios compatibles con la conservación de un espacio público que, como usted también ha señalado, quedará integrado en la reserva natural parcial de La Ridarca Calaranna??y de la cepa del delta del Llobregat. Pues bien, esto está prácticamente finalizado y, mientras tanto, van acaeciendo otras circunstancias que hacen extraordinariamente conveniente que desarrollemos algunas actuaciones complementarias para mejorar la situación ambiental de la zona. Por ello, en su momento, apoyamos en la tramitación de los presupuestos para el año 2006 la enmienda a la que se ha hecho referencia. Señoría, precisamente la semana pasada la Generalitat nos devolvió el texto del borrador del convenio con las modificaciones que el Gobierno catalán ha querido incorporar. Este es el convenio específico para que llevemos a cabo las tareas que pueden ser cubiertas; en este mismo año por una cantidad de 7 millones de euros; en el próximo año de 9 millones de euros y en el año 2008 de 11 millones de euros, es decir, un total de 27 millones de euros.
Fin
PLENO T-50
05/04/06

(Termina la señora ministra.)

Por tanto, señoría, lo tenemos en estos momentos en instrumento de cooperación, pendiente solo de ser objeto de los trámites que me permitan firmarlo, deberá ir a Consejo de Ministros y por parte de la Generalitat hemos tenido, como señalo ya, un texto que le resulta conveniente. Aquí se establece que es la Generalitat la que ejecuta las obras derivadas del convenio y que hay una Comisión mixta entre las dos administraciones para la selección de los correspondientes proyectos. Por lo tanto, señoría, la moción que se derive de esta interpelación puede ser también una moción que tenga en cuenta ya ese marco de cooperación que se abre y que hará posible que este año sí tengamos proyectos que puedan emplear los recursos presupuestarios, cosa que no nos sucedió el año pasado, y que podamos abordar algunas de las cuestiones que S.S. ha mencionado durante la interpelación. Créame que el Ministerio de Medio Ambiente y yo tenemos el máximo interés en que se culminen adecuadamente las obras en esta zona que, efectivamente, ha sido castigada a lo largo de mucho tiempo con la construcción de numerosas infraestructuras. Ha tenido una grave pérdida en los valores de sus ecosistemas y también puedo señalarle que hemos intentado, y creo que usted es conocedor de ello, incorporar al máximo la opinión de organizaciones como Depana a la búsqueda de las mejores soluciones en un contexto ciertamente conflictivo y complejo donde hay muchos intereses que coinciden en el mismo territorio. En fin, esto es cuanto le puedo decir en esta primera intervención por mi parte respecto de la voluntad que ya se traduce, como señalo, en un borrador aceptado por la Generalitat hace pocos días y que, por lo tanto, pasamos de forma inmediata a tramitar.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora ministra.
Finalizamos con los turnos de réplica y dúplica. Comenzaremos con el del diputado interpelante que, como saben ustedes, es el señor Tardá. Tiene la palabra el señor Tardá.

El señor TARDÁ I COMA: Señora ministra, muy brevemente, vaya por delante el respeto con el que desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos contemplado su trabajo, su responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto al antiguo cauce del río, hoy día convertido por efectos imprevisibles de la naturaleza en una nueva zona húmeda, una nueva zona lacustre, debo decirles que efectivamente existe la preocupación, el reto quizá más que preocupación, de intentar hacer compatible el origen inicial de ese espacio, es decir, ubicar las vías de ferrocarril y las estaciones de contenedores con la posible reserva de al menos alguno de los espacios que forman parte de este territorio o zona húmeda imprevisible.
Entenderá que nuestro objetivo desde el punto de vista filosófico, y más viniendo de dónde venimos, de esta conurbación urbana, desgraciadamente tan degradada, nuestro objetivo es la reserva de los espacios libres. Es decir, entre los espacios naturales, que sería la opción óptima y los espacios humanizados o urbanizables, hoy día se abre un nuevo concepto, que es el concepto de los espacios libres. Aquellos espacios intersticiales, que años atrás eran rechazados y menospreciados, hoy día se convierten en espacios de gran interés potencial, incluso los espacios intersticiales entre las vías de comunicación, los yermos y las zonas agrícolas. Es decir, este valor absoluto que parte de lo relativo, como hemos visto en el patrimonio arquitectónico, en aquellas ciudades en donde este es escaso, adquiere una importancia extraordinaria. Entendemos que hay que afrontar el reto, aun cuando es un gran y nuevo problema imprevisible, pero hay que ver hasta qué punto es posible compaginar, repito, el objetivo inicial. Sería absurdo, ciertamente.
FIN.

PLENO TURNO 51
05/04/06

(Termina el señor Tardá i Coma)

Ha habido un desvío de río, ha habido una gran inversión económica, precisamente para liberar este espacio y poder ubicar allí las nuevas necesidades. Ahora existe esa zona húmeda, planteemos qué es lo que se puede hacer, si es que estamos en condiciones de ofrecer alguna alternativa. Nosotros consideramos que sí, que es posible.
Por otro lado, debo decirle que celebramos lo que nos ha dicho -cómo no íbamos a celebrarlo-, de hecho, nosotros pretendíamos ayudar, ser catalizadores de este proceso. Como comprenderá, nuestro grupo parlamentario y nuestro grupo político nos sentimos plenamente representados por nuestro Gobierno, el Gobierno de Cataluña, y en la medida en que avanza el proceso de colaboración entre el Gobierno catalán y el Gobierno español, miel sobre hojuelas. Ahora bien, también le tengo que decir que entendemos que hay la posibilidad de aunar esfuerzos, y por eso decíamos que hay que hacer posible la ejecución de toda la partida que hay en los presupuestos vigentes; así nos alejaríamos de la pequeña frustración que tuvimos el año pasado porque no fue posible. Sería interesante que lo contemplado por ADIF en las ejecuciones no acabara siendo contradictorio con lo que necesita una actuación conjunta, global y racionalizada, y por eso decíamos que quizá la autoridad catalana debería ser también competente respecto a cómo se ejecutan las partidas de ADIF. Por otro lado, tenemos pendiente el estudio de la recuperación ambiental de las riberas de cuenca del Llobregat, los 270.000 euros. Es decir, es un conjunto de medidas que se deberían, si se me permite la expresión, poner todas en un saco y hacerlas funcionar ya este año. Por nuestra parte, total colaboración.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Tardá, muchas gracias.
Señora ministra, su dúplica. Adelante.

La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidenta.
Gracias, señoría. Simplemente, quería señalar que la Generalitat ha solicitado ya al ministerio que estudie la posibilidad de desafectación de una parte del dominio público hidráulico y marítimo terrestre, en la zona de la desembocadura del Llobregat, para poder permitir los nuevos accesos ferroviarios y viarios en lo que era parte del antiguo cauce del río. Esa es la situación que tenemos ahora y todo ello, como usted bien señala, hay que contemplarlo desde una visión integral, en el marco de esa Comisión mixta que ya existe y con la posibilidad de emplear nuevos recursos presupuestarios, complementarios a los que se han venido aplicando para medidas correctoras previstas hace diez años y no plenamente desarrolladas durante este periodo. En toda esta comarca, sobre todo desde Martorell hasta el delta, hay muchas cosas por hacer y algunas se corresponden con actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente. En lo que se refiere a la recuperación de los cauces del río, va a haber un esfuerzo a través de ese estudio que se mencionaba. Confío plenamente en que, al igual que en otras cuestiones de gran complejidad que nos han ocupado, como está siendo, por ejemplo, la descontaminación del pantano de Flix, donde yo creo que estamos trabajando de manera muy positiva con la Generalitat y con los ayuntamientos de la comarca, podamos hacer algo parecido en este ámbito territorial, que sin duda se merece el esfuerzo de las administraciones y la recuperación ambiental y social derivada de la misma.
Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora ministra, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes, señorías. Les recuerdo que mañana la sesión se reanuda a las ocho de la mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.

FIN